Condenan cierre de medios de comunicación

Organismos como la SIP y reporteros sin fronteras se pronuncian por la medida contra los medios





El gobierno interino de Honduras ordenó el cierre de Radio Globo y del Canal de 36 de televisión. Militares custodian las instalaciones de dichos medios.

EL DIARIO DE HOY/AGENCIAS .-

Las medidas adoptadas por el gobierno interino de Roberto Micheletti contra los medios de comunicación ha levantado una ola de protestas, siendo las organizaciones de periodistas las primeras en manifestar su rechazo al cierre de la emisora Radio Globo y Canal 36, ambos de cobertura nacional.

Grupos de militares ocuparon el lunes por la madrugada las instalaciones de la emisora Radio Globo, dirigida por el periodista David Romero, y la televisora Canal 36, del periodista Esdrás Amado López, por órdenes del gobierno y en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales.

Tras la llegada de Micheletti al poder, la emisora y el canal prácticamente habían sido los únicos medios hondureños en difundir en directo entrevistas y comparecencias del depuesto Manuel Zelaya durante su estadía en el extranjero y, a partir del lunes de la semana pasada, desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se mantiene refugiado. Asimismo, habían transmitido manifestaciones de los zelayistas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda condena contra el decreto del Gobierno de Honduras que prohíbe las libertades públicas como los derechos de asociación, reunión y de expresión; considerando, especialmente, como "medida absurda" que las autoridades puedan disponer la censura y cierre de aquellos medios que pudieran estar "perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando sicológicamente a sus auditorios".

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dijo que, "más allá de las políticas editoriales que puedan tener los medios, absolutamente todos deben tener la libertad de informar como lo manda el Art. 72 de la Constitución". Agregó que el decreto es una "medida absurda" que le da una licencia especial al Gobierno para determinar sobre cualquier medio qué se puede o no informar, cómo quiere que se haga y, "peor aun, limita la capacidad de todo hondureño de informarse con total libertad".

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que la SIP vino protestando por todo tipo de atropellos contra medios de comunicación y periodistas, generados por las autoridades así como por grupos afines a Zelaya, al tiempo que recordó que fueron numerosas las condenas de la SIP contra el gobierno de Zelaya por sus políticas contrarias a la libertad de prensa.

Rivard pidió que "se restablezca la señal de los medios afectados, y que el estado de excepción no legitime la censura" ni viole "el derecho del público a saber".

La vicecanciller del gobierno interino de Honduras, Martha Lorena Alvarado de Casco, que ayer fue entrevistada por El Diario de Hoy, manifestó que "la medida (el cierre de medios) es un caso muy sensible y que no abonan a ninguna causa, pero que Micheletti ya recapacitó y aclaró que su intención no es la de censurar".

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la suspensión de "las últimas libertades públicas" en Honduras dejó a los medios "a merced del cierre total". En la misma línea, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), insistió que otros medios también pueden sufrir represalias similares a las de Radio Globo y Canal 36.

Algunas, como Radio Progreso, han decidido voluntariamente interrumpir su actividad "ante amenazas", enfatizó la FIP, que subrayó que el director de la radioemisora, el sacerdote Ismael Morenao, ha sido amenazado de muerte.

Asimismo, lamentó que reporteros de las agencias internacionales de noticias de Reuters y Associated Press (AP) fueran obligados a salir de las inmediaciones de la embajada de Brasil.

"Los hondureños tienen el derecho a estar informados sobre lo que está ocurriendo en el país en este momento tan delicado", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del Comité de Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.