Oposición violenta vs. oposición democrática

Se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos en sí mismos repudiables

Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.

Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.

Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”

También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.

Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.

Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.

La dimensión internacional del terrorismo

Los organismos internacionales no deben soslayar su obligación de intervenir en el caso boliviano

A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.

Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.

Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.

La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.

Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.

Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.