Los debates de cada día

Fijar la agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es la base de una estrategia que le da muy buenos réditos al oficialismo

Una de las características de todos los proceso electorales que se han desarrollado en nuestro país durante los últimos años es el afán con que unos candidatos exigen a otros debatir sobre sus programas de gobierno mientras otros los eluden.

Los desafíos a debatir han dado resultados diferentes. En unos casos, como la recordada exitosa campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993, cuando partiendo casi de la nada llegó a ganar la elección es un ejemplo. La base de su ofensiva fue desafiar a un debate al Gral. Banzer y éste, empeñado en evitarlo, fue cayendo vertiginosamente en las intenciones de voto. Exactamente lo mismo pasó en 2002, sólo que la víctima de Goñi ese año fue Manfred Reyes Villa.

Jorge Tuto Quiroga quiso hacer lo mismo en 2005, y ya sabemos cómo le fue. Ahora, es el candidato del Plan Progreso, el mismo que basó su estrategia en eludir el debate cuando era candidato de NFR, quien insiste en que se debata.

Cuando los candidatos hablan de debatir se refieren a una sola cosa. A que el país los vea confrontar sus respectivas propuestas ante las cámaras de televisión. No ven, o no quieren ver, que los verdaderos debates, los que en realidad definen las inclinaciones de quienes no tienen definido su voto con anticipación, se produce todos los días en los más diversos escenarios.

Los debates que realmente importan son los que tienen lugar en las charlas cotidianas de la gente. En la sobremesa del almuerzo o la cena, entre amigos en toda reunión social, en medios de transporte público, en las calles y plazas donde la gente intercambia opiniones sobre la política nacional.

Los temas alrededor de los que giran esas conversaciones en las que la gente expone sus preferencias, sus dudas, sus críticas a los candidatos y sus propuestas no son fruto del azar. Son el resultado de una agenda temática que resulta de las iniciativas, de las acciones u omisiones de los candidatos y sus asesores. Definir esa agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es pues la base de una buena estrategia de comunicación. Quien tome la iniciativa lleva las de ganar.

En el caso de la campaña que se inicia, resulta evidente que quien tiene la iniciativa, y por lo tanto tiende a ganar la batalla que tiene lugar en las mentes y corazones de los potenciales votantes, es el gobierno. Con la misma habilidad con que lo ha hecho durante los últimos años logra dirigir la atención colectiva hacia unos asuntos y desviarla de otros.

Así, el oficialismo logra que los medios de comunicación, y tras ellos la ciudadanía atiendan los temas que le convienen y no atienda los que no le convienen. Y la oposición, mansamente, se deja llevar al territorio escogido por su rival. Ahora, por ejemplo, el tema de debate colectivo escogido es el de los votos de los bolivianos en el exterior. Pero del desempleo, del fracaso de la política hidrocarburífera, de los muchísimos puntos débiles de la gestión gubernamental y sus proyecciones al futuro, no hay quién hable. Y si alguien habla, no hay quién lo atienda. La agenda temática es pues, una batalla que está siendo perdida por la oposición.

Una falsa disyuntiva

Mientras no haya una oposición políticamente organizada no habrá padrón, por perfecto que éste sea, que garantice la transparencia


Un mes y medio después de haberse aprobado la Ley Electoral que tendría que regir las elecciones de diciembre próximo, y cuando el tiempo ya corre aceleradamente en contra del cronograma electoral, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse del escenario político nacional, lo que en gran medida se debe a que se da por cierta una disyuntiva tan falsa como peligrosa.

Nos referimos a la supuesta necesidad de elegir entre ir a las urnas con el antiguo y cuestionado padrón electoral o hacerlo con uno nuevo, el biométrico. Se da por hecho que el primero es sinónimo de fraude y el segundo de transparencia. Y que uno haría inevitable un triunfo del MAS y el otro posibilitaría el éxito de alguna de las múltiples fracciones en que está dividida la oposición.

Esa es una falsa disyuntiva porque de lo que en realidad se trata es de conservar o perder una institucionalidad democrática que garantice los derechos de todos quienes participen en ella. Y eso es algo que depende de muchos factores, entre los que el padrón no es el más importante ni mucho menos.

Como nuestra propia experiencia lo demuestra, el actual padrón bien manejado y debidamente depurado y supervisado, puede reunir ampliamente las condiciones de transparencia y fiabilidad que se requieren. Que eso ocurra o no sólo depende de la eficiencia con que se controle el uso que de él se haga. Por el contrario, hay también abundantes ejemplos, como el venezolano, que indican que un padrón biométrico no es en sí mismo garantía de nada.

Un padrón biométrico mal administrado y no supervisado puede ser incluso más peligroso que el tradicional. Si cae en malas manos, puede ser un formidable instrumento al servicio del fraude pues a través de él se pueden activar mecanismos de manipulación informática cuyo control requeriría habilidades y recursos mucho mayores que los que hacen falta para depurar, supervisar y sanear el actualmente existente.

La diferencia entre unas elecciones confiables y unas que no lo sean no depende de la tecnología que se utilice sino de la capacidad que tengan los partidos políticos, y la ciudadanía en general, de ejercer su derecho y cumplir su obligación de participar activamente en la supervisión del proceso.

En un país en el que en los hechos ya está vigente un régimen monopartidista, en el que no existe una oposición organizada capaz de hacerle frente a la organización oficialista, en el que impunemente se prohíbe la actividad opositora en gran parte del territorio, en el que la coerción posibilita votaciones casi unánimes, resulta fútil, por decir lo menos, hacer del padrón electoral el meollo del problema.

Mientras no haya una oposición capaz de asumir un rol activo en el control y supervisión del proceso no habrá padrón, por perfecto que éste sea, que garantice la preservación de la democracia.