La polarización de la política promovida por el oficialismo como estrategia de posicionamiento fue exitosa. Resulta que una gran mayoría de la población gradualmente deja de mirar la realidad y la sustituye por las representaciones de realidad que el Gobierno construye a través de los medios hasta llegar a un punto en el que los spots televisivos y discursos políticos son la ratificación de que “estamos mejor”.
Por supuesto, quedan otros más realistas pero dispuestos a mantener sus tradiciones que dicen: “Los otros también robaban, al menos ahora alguito nos llega”; algunos creen que es mejor “acomodarse” porque creen que “tira para rato”, y como se afirmó entre ciertas filas empresariales: “Al menos seremos los últimos en la lista” y se vuelven funcionales. Hay unos cuantos que nunca creyeron que aquí había cambio y los hay de izquierda y de derecha. Hay otros que no les interesa si hay o no cambio mientras sus intereses sigan intactos, y estamos los que creímos que era posible el cambio y le apostamos para arribar a un doloroso desencantamiento, lo que no impide mantener los mismos criterios de evaluación que siempre aplicamos —a los de antes y a los de ahora— para determinar si el Gobierno es un buen gobierno (más allá de si nos guste o no), si la oposición es una buena oposición (más allá de cuánto nos disguste), si los partidos o los sindicatos cumplen sus funciones, si el cambio de tipo de registro en el padrón garantiza que sea confiable, etc., etc.
Qué se ve: siguen los oportunistas acomodándose en las listas no por principios o por un proyecto, sino porque sigue en boga la concepción del “Estado-botín” —nuevos piratas con las mismas y viejas prácticas—; sigue la gente “con precio” dispuesta a venderse, aunque unos cobran $us 5.000 por levantar la mano y otros cobran $us 9.000.000 para salir en las fotos; siguen los que cierran los ojos ante la corrupción mientras no afecte sus intereses; siguen los que se aprovechan del hambre de los pobres para manipularlos y usarlos; siguen los entornos de lacayos grandilocuentes que dicen lo que necesitan decir y hacen lo que hay que hacer para que los caudillos aspirantes a líderes dependan de ellos…
El escenario para diciembre incluye: el uso y abuso de recursos y bienes públicos por parte del Gobierno y un nuevo Órgano Electoral Plurinacional que deberá sancionar a sus candidatos —ja, ja, ja— y hasta puede inhabilitarlos —ja, ja, ja—; los delegados del OEP deben evitar el voto comunitario que va contra la ley y los derechos ciudadanos —ja, ja, ja—; deberán anular las mesas donde se presenten los “capataces electorales” —ja, ja, ja—; si se produce algún desorden, el OEP podrá convocar a la Policía o a las FFAA sin depender de los ministros de Gobierno y Defensa —ja, ja, ja, ja, ja, ja—; y si en algún punto del país la comunidad impide la campaña de algún candidato, allí no se instalarán mesas para votar —ja, ja, ja—; se suman los observadores, quienes sólo pueden ir a mirar donde no hay lío, porque de lo contrario corren el riesgo de ser linchados.
La crisis en pleno. La única manera de no contribuir al acabose es participar, ir a votar y cuidar el voto, cada uno en su mesa, quedarse al recuento y fotografiar el resultado del escrutinio en su mesa. Esta vez el OEP tendrá que publicar los resultados por mesa y podremos compararlos con nuestras fotitos.
Fuente: La Prensa
01/11/09
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domingo, 1 de noviembre de 2009
miércoles, 28 de octubre de 2009
Tiempo de campaña electoral (Alcides Parejas Moreno)
Siempre he tenido una especial atracción por el mundo del circo. Cuando era niño quedé fascinado cuando vi. la película “El espectáculo más grande del mundo”, en el que se presentaba un circo con tres pistas! ¡No podía creer que existiera tal cosa! A partir de ese momento uno de mis sueños era ver un circo en el que simultáneamente pudiera asistir a tres funciones diferentes! Cuando empezó el período electoral volví a pensar en mi sueño circense y una vez más se me hizo realidad.
Los períodos electorales son realmente especiales, pero fundamentalmente estresantes; son mágicos porque son espacios en los que se desnudan todas las miserias y maldades del ser humano. De pronto pareciera que el país se convierte en una enorme carpa de circo, pero no de tres sino de cinco, diez pistas en las que se va sucediendo la tragicomedia electoral. Los espectadores, que somos todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos obligados a ser tales, lo primero que sentimos es que el tiempo se acelera considerablemente. A este aceleramiento contribuyen los medios de comunicación social (periódicos, radios, televisión), pues permanentemente nos están recordando, dramáticamente, la cantidad de días que faltan para llegar al domingo 6 de diciembre.
Me propongo en esta columna, y hasta que llegue el día señalado, hacer algunos comentarios de lo que ha ido ocurriendo en las diferentes pistas de nuestro enorme circo. Algo que es una constante en todas las pistas es la campaña mediática; es una constante, pero totalmente desigual. Sólo una de las pistas recibe toda la luz de los reflectores; las otras pistas quedan en penumbras o simplemente se vuelven invisibles. La campaña mediática del MAS opaca a todas las demás y no sólo por la cantidad de veces que los spots son pasados por todos los canales de televisión o los jingles en las radios, sino por su calidad tanto técnica como de concepción. Además, se trata de una campaña absolutamente desigual, pues por primera vez en la historia de nuestro país un presidente en ejercicio es al mismo tiempo candidato. Lo malo de esta cuestión no es el hecho en sí mismo, sino el no respetar las reglas del juego y convertir la campaña en un acto perverso en el que los espectadores nunca sabemos cuándo se presenta el presidente y cuándo el candidato. Para echarle más leña al fuego, resulta que las campañas mediáticas de los otros candidatos son tan pobres de contenido y con tan poca llegada que es como si fueran invisibles.
Durante esta semana creo que lo más destacable ha sido el asunto del narcotráfico. Creo que es un tema fundamental como para que se lo convierta en un simple hecho de propaganda electoral. Los datos que se han manejado estos días sobre el aumento de hectáreas dedicadas al cultivo de coca, la cantidad de droga incautada y el escalofriante aumento del consumo en el país lleva necesariamente a pensar que estamos convirtiéndonos en un Estado narco. Me pregunto: si es un tema tan importante, cómo es que los partidos opositores no dirigen una buena parte de su artillería mediática contra este flagelo? Los espectadores estamos cansados de las explicaciones oficiales de que el Estado es eficiente porque incautan cientos de toneladas de droga, y nos preguntamos, ¿por qué no usa esa eficiencia en reducir la coca excedentaria en vez de fomentarla? No es verdad como tan suelto de cuerpo afirma del señor García Linera que en tiempos de Bánzer había mayor cantidad de coca.
Mientras que el tema droga pareciera que no le molesta mucho al gobierno del MAS, pareciera que el caso Rosza lo está enredando cada vez más y eso lo está poniendo nervioso. El hecho deque dos países europeos se hubieran metido en el baile complica enormemente el panorama, pues puede tener consecuencias insospechadas. Además, frecuentemente aparecen nuevas evidencias que echan por tierra todo el montaje que hizo el gobierno en torno al tema. Las declaraciones del fiscal Sosa son cada vez más confusas y contradictorias; no me extrañaría que en poco tiempo se convirtiera en un elemento no deseado y desaparezca de la pista escénica.
Ya esta semana fue la hora de los payasos en la pista central. Los payasos llegaron haciendo tal barullo que todos los medios de comunicación –de manera especial la televisión—les han dado una cobertura inusitada. (he preguntado a algunos medios el porqué de esta actitud, pero las respuestas son tan confusas y contradictorias como las del fiscal Sosa). Los payasos que hasta hace poco tenían en su libreto hacer escarnio de Evo Morales y su gobierno (con cancioncita incluida), ahora –después de una súbita y dramática conversión como la de los grandes santos de la historia—se han pasado a los “dueños del cambio”.
Y así estamos, a cada vez menos días del 6 de diciembre!
Los períodos electorales son realmente especiales, pero fundamentalmente estresantes; son mágicos porque son espacios en los que se desnudan todas las miserias y maldades del ser humano. De pronto pareciera que el país se convierte en una enorme carpa de circo, pero no de tres sino de cinco, diez pistas en las que se va sucediendo la tragicomedia electoral. Los espectadores, que somos todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos obligados a ser tales, lo primero que sentimos es que el tiempo se acelera considerablemente. A este aceleramiento contribuyen los medios de comunicación social (periódicos, radios, televisión), pues permanentemente nos están recordando, dramáticamente, la cantidad de días que faltan para llegar al domingo 6 de diciembre.
Me propongo en esta columna, y hasta que llegue el día señalado, hacer algunos comentarios de lo que ha ido ocurriendo en las diferentes pistas de nuestro enorme circo. Algo que es una constante en todas las pistas es la campaña mediática; es una constante, pero totalmente desigual. Sólo una de las pistas recibe toda la luz de los reflectores; las otras pistas quedan en penumbras o simplemente se vuelven invisibles. La campaña mediática del MAS opaca a todas las demás y no sólo por la cantidad de veces que los spots son pasados por todos los canales de televisión o los jingles en las radios, sino por su calidad tanto técnica como de concepción. Además, se trata de una campaña absolutamente desigual, pues por primera vez en la historia de nuestro país un presidente en ejercicio es al mismo tiempo candidato. Lo malo de esta cuestión no es el hecho en sí mismo, sino el no respetar las reglas del juego y convertir la campaña en un acto perverso en el que los espectadores nunca sabemos cuándo se presenta el presidente y cuándo el candidato. Para echarle más leña al fuego, resulta que las campañas mediáticas de los otros candidatos son tan pobres de contenido y con tan poca llegada que es como si fueran invisibles.
Durante esta semana creo que lo más destacable ha sido el asunto del narcotráfico. Creo que es un tema fundamental como para que se lo convierta en un simple hecho de propaganda electoral. Los datos que se han manejado estos días sobre el aumento de hectáreas dedicadas al cultivo de coca, la cantidad de droga incautada y el escalofriante aumento del consumo en el país lleva necesariamente a pensar que estamos convirtiéndonos en un Estado narco. Me pregunto: si es un tema tan importante, cómo es que los partidos opositores no dirigen una buena parte de su artillería mediática contra este flagelo? Los espectadores estamos cansados de las explicaciones oficiales de que el Estado es eficiente porque incautan cientos de toneladas de droga, y nos preguntamos, ¿por qué no usa esa eficiencia en reducir la coca excedentaria en vez de fomentarla? No es verdad como tan suelto de cuerpo afirma del señor García Linera que en tiempos de Bánzer había mayor cantidad de coca.
Mientras que el tema droga pareciera que no le molesta mucho al gobierno del MAS, pareciera que el caso Rosza lo está enredando cada vez más y eso lo está poniendo nervioso. El hecho deque dos países europeos se hubieran metido en el baile complica enormemente el panorama, pues puede tener consecuencias insospechadas. Además, frecuentemente aparecen nuevas evidencias que echan por tierra todo el montaje que hizo el gobierno en torno al tema. Las declaraciones del fiscal Sosa son cada vez más confusas y contradictorias; no me extrañaría que en poco tiempo se convirtiera en un elemento no deseado y desaparezca de la pista escénica.
Ya esta semana fue la hora de los payasos en la pista central. Los payasos llegaron haciendo tal barullo que todos los medios de comunicación –de manera especial la televisión—les han dado una cobertura inusitada. (he preguntado a algunos medios el porqué de esta actitud, pero las respuestas son tan confusas y contradictorias como las del fiscal Sosa). Los payasos que hasta hace poco tenían en su libreto hacer escarnio de Evo Morales y su gobierno (con cancioncita incluida), ahora –después de una súbita y dramática conversión como la de los grandes santos de la historia—se han pasado a los “dueños del cambio”.
Y así estamos, a cada vez menos días del 6 de diciembre!
domingo, 18 de octubre de 2009
Campañas, medios y alzamiento (Jimena Costa)
Lo mejor que le ha podido suceder a los dueños de medios de comunicación en Bolivia es Evo Morales: ningún gobierno ha sido mejor cliente de los medios de comunicación con campañas electorales casi anuales y con campañas políticas los 365 del año, todos los años.
No ha sucedido lo mismo a comunicadores y periodistas, quienes han sido permanentemente maltratados y agredidos por la cabeza del Gobierno y por el resto de las extremidades, quienes disciplinadamente han decidido arremeter contra la libertad de expresión, especialmente cuando ésta expresa oposición al Gobierno y a su proyecto de poder.
Los últimos días, a través de un canal de televisión (Cadena A), varios periodistas se encuentran mostrando pruebas relacionadas a la investigación sobre el caso del supuesto terrorismo de los alzados armados separatistas, y sorprende que semejantes noticiones no hayan tenido el eco correspondiente en otros medios dada la envergadura de la información que circula. Resulta que se pone en evidencia que la Comisión del Parlamento no puede cumplir seriamente con sus tareas porque el Fiscal asignado al caso no les remite la información requerida, resulta que el Fiscal no había sido Blanca Nieves ni que el Estado húngaro se había desentendido de su súbdito que murió en el Hotel Las Américas, resulta que hay quienes no han dejado de ser proclives al terrorismo, y resulta que Rambo había tenido la particularidad de no poder hablar cuando le duele el codo. ¡Tremenda limitación que le produce el apoyo y solidaridad de varias autoridades oficialistas!
Normalmente, un carnaval como éste tendría grandes repercusiones mediáticas, sin embargo no ha pasado casi nada, y no sólo porque el oficialismo ha comprado o copado varios medios, sino porque si todos los medios le ponen la atención debida esto tendría graves efectos sobre la campaña y la reelección de Morales, quien puede optar por dejar de contratar a ciertos medios para que difundan su propaganda política y electoral, lo que, claro, afectaría gravemente los bolsillos de los dueños, y no todos los dueños son bolivianos, de modo que tampoco les afecta quién se va o quién se queda, si hay o no terroristas, ni averiguar quién los trajo.
¿Será que a los empresarios bolivianos les importa más su bolsillo que contribuir a generar conciencia sobre un tema tan importante como éste? ¿Será que no les preocupa que el narcotráfico y el terrorismo ponen en riesgo su propia seguridad y la de sus familias? Ellos mismos podrán darnos la respuesta, y tal vez confirmar esa percepción generalizada de que a algunos empresarios nunca les ha importado el país sino sólo lo que obtienen de él.
Sabemos que detrás de los medios existen intereses y detrás de la política también, unos tienen interés de llenarse los bolsillos, otros de quedarse en el poder, otros de quedarse en el poder para llenarse los bolsillos y otros “ingenuos” creen que los que llegan al poder “si son como ellos” algún día les van a llenar los bolsillos.
El problema mayor hoy es que, como antes, predomina el interés particular de quienes están en el poder y resulta que seguimos y seguiremos en crisis mientras cada quien siga calculando basado en el interés particular. Otra ratificación de que el cambio sigue pendiente.
Fuente: La Prensa
No ha sucedido lo mismo a comunicadores y periodistas, quienes han sido permanentemente maltratados y agredidos por la cabeza del Gobierno y por el resto de las extremidades, quienes disciplinadamente han decidido arremeter contra la libertad de expresión, especialmente cuando ésta expresa oposición al Gobierno y a su proyecto de poder.
Los últimos días, a través de un canal de televisión (Cadena A), varios periodistas se encuentran mostrando pruebas relacionadas a la investigación sobre el caso del supuesto terrorismo de los alzados armados separatistas, y sorprende que semejantes noticiones no hayan tenido el eco correspondiente en otros medios dada la envergadura de la información que circula. Resulta que se pone en evidencia que la Comisión del Parlamento no puede cumplir seriamente con sus tareas porque el Fiscal asignado al caso no les remite la información requerida, resulta que el Fiscal no había sido Blanca Nieves ni que el Estado húngaro se había desentendido de su súbdito que murió en el Hotel Las Américas, resulta que hay quienes no han dejado de ser proclives al terrorismo, y resulta que Rambo había tenido la particularidad de no poder hablar cuando le duele el codo. ¡Tremenda limitación que le produce el apoyo y solidaridad de varias autoridades oficialistas!
Normalmente, un carnaval como éste tendría grandes repercusiones mediáticas, sin embargo no ha pasado casi nada, y no sólo porque el oficialismo ha comprado o copado varios medios, sino porque si todos los medios le ponen la atención debida esto tendría graves efectos sobre la campaña y la reelección de Morales, quien puede optar por dejar de contratar a ciertos medios para que difundan su propaganda política y electoral, lo que, claro, afectaría gravemente los bolsillos de los dueños, y no todos los dueños son bolivianos, de modo que tampoco les afecta quién se va o quién se queda, si hay o no terroristas, ni averiguar quién los trajo.
¿Será que a los empresarios bolivianos les importa más su bolsillo que contribuir a generar conciencia sobre un tema tan importante como éste? ¿Será que no les preocupa que el narcotráfico y el terrorismo ponen en riesgo su propia seguridad y la de sus familias? Ellos mismos podrán darnos la respuesta, y tal vez confirmar esa percepción generalizada de que a algunos empresarios nunca les ha importado el país sino sólo lo que obtienen de él.
Sabemos que detrás de los medios existen intereses y detrás de la política también, unos tienen interés de llenarse los bolsillos, otros de quedarse en el poder, otros de quedarse en el poder para llenarse los bolsillos y otros “ingenuos” creen que los que llegan al poder “si son como ellos” algún día les van a llenar los bolsillos.
El problema mayor hoy es que, como antes, predomina el interés particular de quienes están en el poder y resulta que seguimos y seguiremos en crisis mientras cada quien siga calculando basado en el interés particular. Otra ratificación de que el cambio sigue pendiente.
Fuente: La Prensa
domingo, 4 de octubre de 2009
Doble voto y Estado etno-nacionalista (Jimena Costa)
Cuando se discutía la Ley Electoral Transitoria y la incorporación de las circunscripciones “especiales” indígena originario campesinas, ya se planteaba el problema operativo de cómo se iba a determinar quién votaba con cuál papeleta, ya que la nueva Constitución introduce tal figura y señala que serán circunscripciones rurales, pero no toma en cuenta que los indígena originarios están en todas partes y no sólo en el campo, ni toma en cuenta que también hay “interculturales” en el campo.
La Ley Electoral transfiere a la Corte Nacional Electoral la responsabilidad de diseñar las circunscripciones “especiales” —o sea definir sus límites— en siete de los nueve departamentos, para que los indígena originarios del campo elijan a representantes “especiales”; por tanto, la Corte debe garantizar que los “interculturales” que viven en el campo sigan votando por un común y corriente uninominal.
Esto implica varias cosas: la primera y fundamental es que se discrimina a los indígenas y originarios que viven en las ciudades y que se los obliga a votar como el común de los mortales.
La segunda y operativamente trascendental es que la Corte debió asegurarse de que en el momento del registro en el padrón biométrico, cada ciudadano dé a conocer su auto identificación étnica para saber si le correspondía votar por un representante “especial” o por un simple uninominal. Esto debió suceder especialmente en el campo, pero dado que a los seres humanos nos ataca la locura de movernos dentro del planeta, por previsión, era razonable que todos nos auto identifiquemos para saber qué papeleta debemos recibir, según la nación a la que uno pertenezca.
La tercera y más absurda cosa es que como la Corte no se ocupó del tema antes del registro de los cuatro millones y más de electores, ahora debe resolver el problema para garantizar que no se produzca el doble voto cuando no se sabe quién se autoidentifica cómo y a cuál de las 36 naciones pertenece, o si es un pobre intercultural que no puede elegir a nadie “especial”.
Esto es parte del escenario del 6 de diciembre. No se trata sólo del hecho de que uno de los ocho candidatos abuse de los recursos públicos en su campaña, o de que algunos dirigentes prohíban el ingreso a sus feudos a los opositores, se trata de que muchos de los jurados y presidentes de mesa, delegados de la Corte, delegados de partido y aún observadores que se encuentren en el área rural, tendrán que observar cuidadosamente a cada elector para saber qué papeleta darle, ya que, por supuesto, no pueden votar a la vez por un uninominal y por un especial.
La Corte debe garantizar que en ningún rincón del territorio nacional se instalen paralelamente ánforas para ambos tipos de representantes —especial y uninominal—, porque ésa es una invitación al doble voto, y ya sabemos que donde mayores irregularidades se vieron en el revocatorio y en el referéndum de enero fueron en las zonas rurales.
Si la Corte omitió el detallito de la autoidentificación, ni siquiera étnica, sino nacional —porque no tenemos 36 etnias, sino 36 naciones—, deberán encontrar la forma de no poner en duda la confianza en los resultados, invitando al doble voto.
En conclusión, por múltiples razones y por primera vez en la historia, el Carnaval del próximo año no será en febrero, sino este diciembre, y no se sorprendan que muchos tengan que disfrazarse para que en la mesa sepan qué papeleta darles para que ejerzan su derecho ciudadano.
Fuente: Los Tiempos
La Ley Electoral transfiere a la Corte Nacional Electoral la responsabilidad de diseñar las circunscripciones “especiales” —o sea definir sus límites— en siete de los nueve departamentos, para que los indígena originarios del campo elijan a representantes “especiales”; por tanto, la Corte debe garantizar que los “interculturales” que viven en el campo sigan votando por un común y corriente uninominal.
Esto implica varias cosas: la primera y fundamental es que se discrimina a los indígenas y originarios que viven en las ciudades y que se los obliga a votar como el común de los mortales.
La segunda y operativamente trascendental es que la Corte debió asegurarse de que en el momento del registro en el padrón biométrico, cada ciudadano dé a conocer su auto identificación étnica para saber si le correspondía votar por un representante “especial” o por un simple uninominal. Esto debió suceder especialmente en el campo, pero dado que a los seres humanos nos ataca la locura de movernos dentro del planeta, por previsión, era razonable que todos nos auto identifiquemos para saber qué papeleta debemos recibir, según la nación a la que uno pertenezca.
La tercera y más absurda cosa es que como la Corte no se ocupó del tema antes del registro de los cuatro millones y más de electores, ahora debe resolver el problema para garantizar que no se produzca el doble voto cuando no se sabe quién se autoidentifica cómo y a cuál de las 36 naciones pertenece, o si es un pobre intercultural que no puede elegir a nadie “especial”.
Esto es parte del escenario del 6 de diciembre. No se trata sólo del hecho de que uno de los ocho candidatos abuse de los recursos públicos en su campaña, o de que algunos dirigentes prohíban el ingreso a sus feudos a los opositores, se trata de que muchos de los jurados y presidentes de mesa, delegados de la Corte, delegados de partido y aún observadores que se encuentren en el área rural, tendrán que observar cuidadosamente a cada elector para saber qué papeleta darle, ya que, por supuesto, no pueden votar a la vez por un uninominal y por un especial.
La Corte debe garantizar que en ningún rincón del territorio nacional se instalen paralelamente ánforas para ambos tipos de representantes —especial y uninominal—, porque ésa es una invitación al doble voto, y ya sabemos que donde mayores irregularidades se vieron en el revocatorio y en el referéndum de enero fueron en las zonas rurales.
Si la Corte omitió el detallito de la autoidentificación, ni siquiera étnica, sino nacional —porque no tenemos 36 etnias, sino 36 naciones—, deberán encontrar la forma de no poner en duda la confianza en los resultados, invitando al doble voto.
En conclusión, por múltiples razones y por primera vez en la historia, el Carnaval del próximo año no será en febrero, sino este diciembre, y no se sorprendan que muchos tengan que disfrazarse para que en la mesa sepan qué papeleta darles para que ejerzan su derecho ciudadano.
Fuente: Los Tiempos
domingo, 20 de septiembre de 2009
Sin palabra (Jimena Costa)
Los bolivianos en el exterior nunca deberían votar para elegir a un presidente que no los gobierna, sino elegir diputados especiales extraterritoriales que representen sus intereses...
Si bien quedan pocos que creen en la palabra de los políticos y todavía algunos de ellos tenían palabra, el hecho de que los acuerdos se rompan a conveniencia es un serio problema de la política, de la democracia, de la transparencia electoral y del futuro de los ciudadanos bolivianos.
Resulta que la Ley Electoral Transitoria pactada en el Parlamento señala que se les extiende el plazo de permanencia en sus cargos a las autoridades electorales que cumplan su periodo para evitar entorpecer el ya complicado proceso electoral con el nuevo padrón. Sin embargo, el Gobierno rompió el acuerdo y nombró nuevos delegados presidenciales en las cortes departamentales y uno de ellos, al parecer, hasta con prontuario; pero más allá del detallito, resulta que no se respetó el acuerdo.
Hace meses que escuchamos al senador Carlos Böhrt y a otros voceros del oficialismo reivindicando las virginales virtudes del “plan de contingencia” que incluye aprobar el uso del padrón mixto, que por supuesto garantiza que el presidente Morales gane la elección con el 76% de los votos y con fraude, ya que el biométrico dificulta un poco la manipulación —aunque no mucho—, pero cualquier día de nuevo se incumple la palabra empeñada en el pacto político establecido para aprobar la ley, y aprueban el mixto, que es aún peor que el viejo y amañado padrón manual.
Ahora para colmo, después de que se acordara que el voto de los bolivianos en el exterior debe ser el 6% del padrón nacional —alrededor del 211.000 personas—, resulta que con el pretexto de haber sido engañados por “la derecha y la ultraderecha” —como repite tanto el senador Félix Rojas— quieren ampliar el número de electores, que desvirtúan por completo la decisión de los bolivianos que optaron por quedarse en su país. En el referéndum de enero votaron 31.711 personas en Pando, 128.479 personas en Beni, 177.306 personas en Tarija, 200.982 personas en Oruro, es decir que la distorsión ya es imperdonable. Los bolivianos en el exterior nunca deberían votar para elegir a un presidente que no los gobierna, sino elegir diputados especiales extraterritoriales que representen sus intereses, de modo que lo que Gobierno y oposición pactaron en abril fue un absurdo. Si se trata de corregir los errores —como dicen los oficialistas que se hacen embaucar con la oposición—, deberían corregirse varios:
Por ejemplo, los bolivianos en el exterior no deben votar por Presidente sino por diputados especiales extraterritoriales —insisto—; el número de escaños debe ser proporcional a la población en cada departamento, de modo que se debe redistribuir escaños entre departamentos; debe corregirse la sobrerrepresentación rural que implica que el 30% de la población total del país que es rural podrá acceder al 58% de escaños uninominales, mientras que los habitantes de las zonas urbanas quedan severamente subrepresentados; debe restituirse el equilibrio entre regiones, ya que los tres departamentos de occidente tienen 60 escaños (La Paz, Oruro, Potosí), los del valle tienen 53 (Cochabamba, Chuquisaca, Tarija) y los de oriente también 53 (Pando, Beni, Santa Cruz); podría seguir…
El tema de fondo es que si se quiere hacer bien las cosas
—con lo que estoy plenamente de acuerdo—, todo pasa por postergar las elecciones del 6 de diciembre y corregir los problemas con racionalidad e inteligencia y no nada más cambiar cada día la estrategia en la desesperación de pensar que pueden perder el chupete, y que claro, con elecciones limpias y con reglas de juego justas, tal vez nunca podrían volver al poder.
Fuente: Los Tiempos
Si bien quedan pocos que creen en la palabra de los políticos y todavía algunos de ellos tenían palabra, el hecho de que los acuerdos se rompan a conveniencia es un serio problema de la política, de la democracia, de la transparencia electoral y del futuro de los ciudadanos bolivianos.
Resulta que la Ley Electoral Transitoria pactada en el Parlamento señala que se les extiende el plazo de permanencia en sus cargos a las autoridades electorales que cumplan su periodo para evitar entorpecer el ya complicado proceso electoral con el nuevo padrón. Sin embargo, el Gobierno rompió el acuerdo y nombró nuevos delegados presidenciales en las cortes departamentales y uno de ellos, al parecer, hasta con prontuario; pero más allá del detallito, resulta que no se respetó el acuerdo.
Hace meses que escuchamos al senador Carlos Böhrt y a otros voceros del oficialismo reivindicando las virginales virtudes del “plan de contingencia” que incluye aprobar el uso del padrón mixto, que por supuesto garantiza que el presidente Morales gane la elección con el 76% de los votos y con fraude, ya que el biométrico dificulta un poco la manipulación —aunque no mucho—, pero cualquier día de nuevo se incumple la palabra empeñada en el pacto político establecido para aprobar la ley, y aprueban el mixto, que es aún peor que el viejo y amañado padrón manual.
Ahora para colmo, después de que se acordara que el voto de los bolivianos en el exterior debe ser el 6% del padrón nacional —alrededor del 211.000 personas—, resulta que con el pretexto de haber sido engañados por “la derecha y la ultraderecha” —como repite tanto el senador Félix Rojas— quieren ampliar el número de electores, que desvirtúan por completo la decisión de los bolivianos que optaron por quedarse en su país. En el referéndum de enero votaron 31.711 personas en Pando, 128.479 personas en Beni, 177.306 personas en Tarija, 200.982 personas en Oruro, es decir que la distorsión ya es imperdonable. Los bolivianos en el exterior nunca deberían votar para elegir a un presidente que no los gobierna, sino elegir diputados especiales extraterritoriales que representen sus intereses, de modo que lo que Gobierno y oposición pactaron en abril fue un absurdo. Si se trata de corregir los errores —como dicen los oficialistas que se hacen embaucar con la oposición—, deberían corregirse varios:
Por ejemplo, los bolivianos en el exterior no deben votar por Presidente sino por diputados especiales extraterritoriales —insisto—; el número de escaños debe ser proporcional a la población en cada departamento, de modo que se debe redistribuir escaños entre departamentos; debe corregirse la sobrerrepresentación rural que implica que el 30% de la población total del país que es rural podrá acceder al 58% de escaños uninominales, mientras que los habitantes de las zonas urbanas quedan severamente subrepresentados; debe restituirse el equilibrio entre regiones, ya que los tres departamentos de occidente tienen 60 escaños (La Paz, Oruro, Potosí), los del valle tienen 53 (Cochabamba, Chuquisaca, Tarija) y los de oriente también 53 (Pando, Beni, Santa Cruz); podría seguir…
El tema de fondo es que si se quiere hacer bien las cosas
—con lo que estoy plenamente de acuerdo—, todo pasa por postergar las elecciones del 6 de diciembre y corregir los problemas con racionalidad e inteligencia y no nada más cambiar cada día la estrategia en la desesperación de pensar que pueden perder el chupete, y que claro, con elecciones limpias y con reglas de juego justas, tal vez nunca podrían volver al poder.
Fuente: Los Tiempos
domingo, 13 de septiembre de 2009
Hacia una reedición del reciente pasado
Todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador
La presentación de las listas de candidatos que terciarán en pos de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, unos, y de una senaduría o diputación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los demás, ha terminado de configurar el escenario político nacional de los próximos años.
Las ocho fórmulas inscritas --más de lo que cabía suponer tras el retiro de algunos de los aspirantes a representar a la oposición— muestran un cuadro que se puede dividir en tres grandes bloques. Uno, del que forman parte cuatro candidaturas que por lo irrelevantes que son no merecen ni ser tomadas en cuenta. El segundo, del que forman parte Unidad Nacional y Alianza Social, que en el mejor de los casos logrará una que otra diputación, sin ninguna posibilidad de influir en el futuro inmediato. Y el tercero, que es el realmente importante, compuesto por el MAS y Plan Progreso, donde tiende a concentrarse el grueso de la votación del oficialismo y de la oposición respectivamente.
En el primer bloque mencionado sobresale el caso de Gente, la agrupación que intentó presentar la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas y que a último momento puso su sigla a disposición de líderes disidentes del MAS y antiguos rivales de Evo Morales, como Román Loayza y Felipe Quispe, lo que ha dejado una muy penosa sombra de duda sobre la integridad ética de Cárdenas y la gente que lo rodeó en su afán.
Tan brusco viraje hace sospechar que el despecho, el resentimiento y la mezquindad fueron tan grandes que motivaron una actitud que da cuenta de la fragilidad del ideario, los principios y valores de un grupo de personas que en algún momento parecieron merecedores de la confianza de quienes vieron en ese proyecto político una fuente de esperanza. Es de esperar que Cárdenas pueda explicar el papel que jugó, si jugó alguno, en tan vergonzosa pirueta política.
La consolidación del Plan Progreso como principal, si no única opción opositora, por su parte, deja más dudas que certezas sobre la solidez de una coalición que, por lo menos hasta ahora, no presenta nada más que el “antievismo” como elemento aglutinador de sus miembros y potenciales votantes. El riesgo de que se repita la experiencia Podemos a partir del día siguiente de la votación es demasiado grande, y así lo confirma la composición de sus listas de candidatos. Puede llegar a ser una exitosa fórmula electoral, pero nada permite suponer que de ahí pase a convertirse en un instrumento político de verdad.
En ese contexto, todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador.
La presentación de las listas de candidatos que terciarán en pos de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, unos, y de una senaduría o diputación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los demás, ha terminado de configurar el escenario político nacional de los próximos años.
Las ocho fórmulas inscritas --más de lo que cabía suponer tras el retiro de algunos de los aspirantes a representar a la oposición— muestran un cuadro que se puede dividir en tres grandes bloques. Uno, del que forman parte cuatro candidaturas que por lo irrelevantes que son no merecen ni ser tomadas en cuenta. El segundo, del que forman parte Unidad Nacional y Alianza Social, que en el mejor de los casos logrará una que otra diputación, sin ninguna posibilidad de influir en el futuro inmediato. Y el tercero, que es el realmente importante, compuesto por el MAS y Plan Progreso, donde tiende a concentrarse el grueso de la votación del oficialismo y de la oposición respectivamente.
En el primer bloque mencionado sobresale el caso de Gente, la agrupación que intentó presentar la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas y que a último momento puso su sigla a disposición de líderes disidentes del MAS y antiguos rivales de Evo Morales, como Román Loayza y Felipe Quispe, lo que ha dejado una muy penosa sombra de duda sobre la integridad ética de Cárdenas y la gente que lo rodeó en su afán.
Tan brusco viraje hace sospechar que el despecho, el resentimiento y la mezquindad fueron tan grandes que motivaron una actitud que da cuenta de la fragilidad del ideario, los principios y valores de un grupo de personas que en algún momento parecieron merecedores de la confianza de quienes vieron en ese proyecto político una fuente de esperanza. Es de esperar que Cárdenas pueda explicar el papel que jugó, si jugó alguno, en tan vergonzosa pirueta política.
La consolidación del Plan Progreso como principal, si no única opción opositora, por su parte, deja más dudas que certezas sobre la solidez de una coalición que, por lo menos hasta ahora, no presenta nada más que el “antievismo” como elemento aglutinador de sus miembros y potenciales votantes. El riesgo de que se repita la experiencia Podemos a partir del día siguiente de la votación es demasiado grande, y así lo confirma la composición de sus listas de candidatos. Puede llegar a ser una exitosa fórmula electoral, pero nada permite suponer que de ahí pase a convertirse en un instrumento político de verdad.
En ese contexto, todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Un nuevo escenario político
Como hace cuatro años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición
La publicación de las listas de candidatos y candidatas a diputados y senadores de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional ha abierto una nueva etapa del proceso que alcanzará su punto culminante el 6 de diciembre próximo. Y aunque todavía se puede prever que habrá muchas modificaciones, las líneas centrales de lo que cada fórmula ofrece ya están definidas.
Un primer dato que por su relevancia no puede pasar inadvertido es que se ha sellado la muerte del viejo sistema de partidos. Ya no queda ni un rastro de él. Hasta el MNR, que era el último sobreviviente, recibió, o se infligió a sí mismo, el tiro de gracia, con lo que sigue el camino por el que lo precedieron ADN, MIR, PDC, UCS, NFR y todos los que en algún momento jugaron un rol protagónico. Su desaparición del escenario político cierra definitivamente una era de la historia de nuestro país.
No menos significativa es la inexistencia de organizaciones políticas que hayan logrado llenar tan enorme vacío. Podemos y Unidad Nacional, los dos proyectos políticos que nacieron hace algunos años con ese propósito, no lograron superar la etapa embrionaria y hoy languidecen víctimas de sus propios desaciertos.
Es verdad que Unidad Nacional, a diferencia de Podemos, por lo menos ha logrado estar presente en la contienda electoral. Pero ha llegado a este punto tan débil, que las pocas señales de vida que todavía da no alcanzan para que este partido pueda considerarse heredero de quienes lo antecedieron. Si en cinco años no logró trascender la soledad y el voluntarismo de su jefe y propietario, no hay porqué pensar que pueda hacerlo en el futuro. Las pocas figuras relevantes que aparecen en sus listas no alcanzan para una valoración más optimista.
En tales circunstancias, todo parecería indicar que están dadas otra vez, como en 2005, todas las condiciones necesarias para la aparición de una nueva organización política que llene el vacío que por ahora deja al Movimiento al Socialismo como partido monopólico.
En efecto, la notable facilidad y velocidad con que alrededor de Manfred Reyes Villa y Leonardo Fernández se concentraron decenas de agrupaciones cívicas, ciudadanas y liderazgos individuales, hasta convertirlo en pocos días en la principal fuerza opositora, indica cuán grande es la demanda de una parte de la sociedad de una opción alternativa a la que ofrece el oficialismo.
La experiencia enseña, sin embargo, que hay una enorme distancia entre una exitosa coalición electoral y un proyecto político serio. La debacle de Podemos es el ejemplo más reciente pero no el único. Es que reunir votos alrededor de un caudillo y de una coyuntural causa electoral, en este caso el “antievismo”, no alcanza para dar vida a una organización que se proyecte más allá del corto plazo.
Por segunda vez en los últimos años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición. De los próximos pasos que den quienes organizan la coalición naciente dependerá que eso ocurra, o que los fracasos del pasado se repitan tras la primera prueba.
La publicación de las listas de candidatos y candidatas a diputados y senadores de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional ha abierto una nueva etapa del proceso que alcanzará su punto culminante el 6 de diciembre próximo. Y aunque todavía se puede prever que habrá muchas modificaciones, las líneas centrales de lo que cada fórmula ofrece ya están definidas.
Un primer dato que por su relevancia no puede pasar inadvertido es que se ha sellado la muerte del viejo sistema de partidos. Ya no queda ni un rastro de él. Hasta el MNR, que era el último sobreviviente, recibió, o se infligió a sí mismo, el tiro de gracia, con lo que sigue el camino por el que lo precedieron ADN, MIR, PDC, UCS, NFR y todos los que en algún momento jugaron un rol protagónico. Su desaparición del escenario político cierra definitivamente una era de la historia de nuestro país.
No menos significativa es la inexistencia de organizaciones políticas que hayan logrado llenar tan enorme vacío. Podemos y Unidad Nacional, los dos proyectos políticos que nacieron hace algunos años con ese propósito, no lograron superar la etapa embrionaria y hoy languidecen víctimas de sus propios desaciertos.
Es verdad que Unidad Nacional, a diferencia de Podemos, por lo menos ha logrado estar presente en la contienda electoral. Pero ha llegado a este punto tan débil, que las pocas señales de vida que todavía da no alcanzan para que este partido pueda considerarse heredero de quienes lo antecedieron. Si en cinco años no logró trascender la soledad y el voluntarismo de su jefe y propietario, no hay porqué pensar que pueda hacerlo en el futuro. Las pocas figuras relevantes que aparecen en sus listas no alcanzan para una valoración más optimista.
En tales circunstancias, todo parecería indicar que están dadas otra vez, como en 2005, todas las condiciones necesarias para la aparición de una nueva organización política que llene el vacío que por ahora deja al Movimiento al Socialismo como partido monopólico.
En efecto, la notable facilidad y velocidad con que alrededor de Manfred Reyes Villa y Leonardo Fernández se concentraron decenas de agrupaciones cívicas, ciudadanas y liderazgos individuales, hasta convertirlo en pocos días en la principal fuerza opositora, indica cuán grande es la demanda de una parte de la sociedad de una opción alternativa a la que ofrece el oficialismo.
La experiencia enseña, sin embargo, que hay una enorme distancia entre una exitosa coalición electoral y un proyecto político serio. La debacle de Podemos es el ejemplo más reciente pero no el único. Es que reunir votos alrededor de un caudillo y de una coyuntural causa electoral, en este caso el “antievismo”, no alcanza para dar vida a una organización que se proyecte más allá del corto plazo.
Por segunda vez en los últimos años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición. De los próximos pasos que den quienes organizan la coalición naciente dependerá que eso ocurra, o que los fracasos del pasado se repitan tras la primera prueba.
martes, 8 de septiembre de 2009
Los futuros asambleístas
La lista de los candidatos a asambleístas podrá ser interpretada como una declaración de intenciones del frente o partido que los postule
La atención de gran parte del país, a partir de hoy y durante los próximos días, estará sin duda concentrada en las listas de candidatos a senadores y diputados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será la primera prueba para las fórmulas contendientes, pues el rol que les espera a los futuros legisladores es tan o más importante que el de los binomios que encabezan las listas.
En ese contexto, cada nombre que figure en las “franjas de seguridad” será todo un mensaje al país. Los antecedentes de cada candidato, y ahora más que nunca de cada candidata, podrán interpretarse como una declaración de intenciones del frente o partido que los postule.
En el caso del Movimiento al Socialismo, las características individuales de sus candidatos, sin dejar de ser importantes, pueden ser consideradas secundarias porque quienes acepten incorporarse a su futura bancada de legisladores lo hacen con un plan de acción previamente definido con toda claridad. Ya saben qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Su tarea consistirá en poner en plena vigencia la nueva Constitución Política del Estado mediante la aprobación de las leyes necesarias para su aplicación.
Para las fórmulas de la oposición, en cambio, el panorama no es nada claro. Hasta ahora no han presentado al país una propuesta sobre lo que se proponen hacer con la Constitución Política ahora vigente, lo que deja un margen excesivamente amplio para que cada asambleísta, en el futuro, actúe según su propio criterio.
Tal falta de definiciones sobre el tema fundamental, el único que está realmente en juego, es sin duda el punto más débil de las fórmulas opositoras. Al no haber una propuesta que sirva como elemento aglutinador de las futuras bancadas, es enorme el riesgo de que la suma de votos y de legisladores no se plasme en una acción común cuando llegue el momento de elaborar, apoyar o rechazar cada una de las muchas leyes cuyo tratamiento los espera.
Una clara muestra de lo que eso puede significar la dio Podemos durante los últimos años. Esa agrupación nunca logró mantener la cohesión interna en sus propias filas, lo que dio lugar a una dispersión de voluntades y ésta, a su vez, esterilizó completamente su labor parlamentaria. La falta de ideas rectoras fue una falencia que nunca logró superar, lo que arrojó los resultados ya conocidos.
Dadas las características de la “hipercoalición” que se proponen ocupar el lugar que dejó Podemos, es muy grande el riesgo de que esa experiencia se repita. Por eso, las cualidades y defectos, ideas, visiones e intereses individuales de cada postulante del frente opositor darán la pauta de lo que se puede y lo que no se puede esperar de quienes tendrán en sus manos la construcción del andamiaje legal que regirá los destinos del país durante los próximos años.
La atención de gran parte del país, a partir de hoy y durante los próximos días, estará sin duda concentrada en las listas de candidatos a senadores y diputados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será la primera prueba para las fórmulas contendientes, pues el rol que les espera a los futuros legisladores es tan o más importante que el de los binomios que encabezan las listas.
En ese contexto, cada nombre que figure en las “franjas de seguridad” será todo un mensaje al país. Los antecedentes de cada candidato, y ahora más que nunca de cada candidata, podrán interpretarse como una declaración de intenciones del frente o partido que los postule.
En el caso del Movimiento al Socialismo, las características individuales de sus candidatos, sin dejar de ser importantes, pueden ser consideradas secundarias porque quienes acepten incorporarse a su futura bancada de legisladores lo hacen con un plan de acción previamente definido con toda claridad. Ya saben qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Su tarea consistirá en poner en plena vigencia la nueva Constitución Política del Estado mediante la aprobación de las leyes necesarias para su aplicación.
Para las fórmulas de la oposición, en cambio, el panorama no es nada claro. Hasta ahora no han presentado al país una propuesta sobre lo que se proponen hacer con la Constitución Política ahora vigente, lo que deja un margen excesivamente amplio para que cada asambleísta, en el futuro, actúe según su propio criterio.
Tal falta de definiciones sobre el tema fundamental, el único que está realmente en juego, es sin duda el punto más débil de las fórmulas opositoras. Al no haber una propuesta que sirva como elemento aglutinador de las futuras bancadas, es enorme el riesgo de que la suma de votos y de legisladores no se plasme en una acción común cuando llegue el momento de elaborar, apoyar o rechazar cada una de las muchas leyes cuyo tratamiento los espera.
Una clara muestra de lo que eso puede significar la dio Podemos durante los últimos años. Esa agrupación nunca logró mantener la cohesión interna en sus propias filas, lo que dio lugar a una dispersión de voluntades y ésta, a su vez, esterilizó completamente su labor parlamentaria. La falta de ideas rectoras fue una falencia que nunca logró superar, lo que arrojó los resultados ya conocidos.
Dadas las características de la “hipercoalición” que se proponen ocupar el lugar que dejó Podemos, es muy grande el riesgo de que esa experiencia se repita. Por eso, las cualidades y defectos, ideas, visiones e intereses individuales de cada postulante del frente opositor darán la pauta de lo que se puede y lo que no se puede esperar de quienes tendrán en sus manos la construcción del andamiaje legal que regirá los destinos del país durante los próximos años.
lunes, 7 de septiembre de 2009
El mutis por el foro (Jimena Costa)
Esta semana empiezan a hacerse públicos los avances del proceso de formación de un bloque opositor que busca constituirse en una alternativa en este complejo escenario rumbo a las elecciones del 6 de diciembre. Como suele ser un proceso político en el que actúan muchas fuerzas, es un proceso por demás complejo que no viene de algunas reuniones, ni éstas han sido ni son secretas, que requiere de largas horas de conversaciones y discusiones y que acaba logrando acuerdos mínimos, pero que gradualmente avanzan.
Escuché múltiples especulaciones al respecto, y parece sano hacer una breve explicación.
El objetivo de formar un frente único parecía imposible desde un inicio y esto ya se ha probado en la realidad. No todos quieren entrar y por supuesto no todos deben estar dentro, no es una bolsa común sino una estrategia política de fortalecimiento bajo lógica democrática, que implica pues la presencia de disensos en un ambiente de diversas organizaciones, fuerzas políticas y aun de intereses.
La meta fue y sigue siendo lograr un bloque que no sea sólo un binomio de unidad sino una alternativa que ofrecerle al país para continuar el cambio hacia la construcción de un Estado permanente autonómico e incluyente. Por tanto había que pensar y actuar bajo nuevas formas de hacer política y es ahí donde se presenta el bloque como portador de un cambio.
La primera fase fue la de lograr pensar el proceso a partir de las regiones, dado que el sistema de partidos aún no ha superado su crisis. La crisis política nos marca el rumbo, debe actuarse a partir de la realidad existente y no de las construcciones imaginarias de la realidad. Hoy las bancadas opositoras casi no existen, pero existen las brigadas, hoy los partidos no cuentan con liderazgos propios que ofrecerle al país —con pocas excepciones— y las organizaciones políticas más fuertes se conforman de una mezcla de partidos, actores prefecturales, organizaciones cívicas y ciudadanas en los departamentos. Es allí donde se inició el proceso.
Las fuerzas políticas opositoras empezaron a organizarse a partir de los departamentos, a diferente ritmo y de distinto modo.
Estas coaliciones departamentales empiezan a pronunciarse y a tomar decisiones, recién entonces entran los candidatos, que por supuesto avanzaron en la construcción de sus propuestas en los departamentos. Ya existe un bloque, con algunos departamentos completamente articulados, otros por terminar el proceso, otros en proceso, con algunos de los candidatos en carrera, con la incorporación de las diversas fuerzas y actores políticos que no están en carrera, y con la voluntad de lograr resultados con el consenso de los nueve departamentos, en un momento de regionalización de la política donde ningún candidato tiene fuerza nacional pero algunos de ellos tienen una base territorial de respaldo. La primera decisión es formar el bloque. La segunda decisión es que serán los bloques departamentales articulados los que preparen las listas de candidatos con sus mejores hombres y mujeres. La tercera decisión es que el binomio será de consenso y los demás candidatos se mantendrán en el bloque aunque no sean elegidos, todos trabajando por la misma causa.
El proceso continúa, sigue siendo una tarea compleja, pero para abrigar la esperanza de muchos ciudadanos ya existe el tan mentado bloque de oposición democrática con el propósito de constituirse en la alternativa.
Jimena Costa
Analista
Fuente: Los Tiempos
Escuché múltiples especulaciones al respecto, y parece sano hacer una breve explicación.
El objetivo de formar un frente único parecía imposible desde un inicio y esto ya se ha probado en la realidad. No todos quieren entrar y por supuesto no todos deben estar dentro, no es una bolsa común sino una estrategia política de fortalecimiento bajo lógica democrática, que implica pues la presencia de disensos en un ambiente de diversas organizaciones, fuerzas políticas y aun de intereses.
La meta fue y sigue siendo lograr un bloque que no sea sólo un binomio de unidad sino una alternativa que ofrecerle al país para continuar el cambio hacia la construcción de un Estado permanente autonómico e incluyente. Por tanto había que pensar y actuar bajo nuevas formas de hacer política y es ahí donde se presenta el bloque como portador de un cambio.
La primera fase fue la de lograr pensar el proceso a partir de las regiones, dado que el sistema de partidos aún no ha superado su crisis. La crisis política nos marca el rumbo, debe actuarse a partir de la realidad existente y no de las construcciones imaginarias de la realidad. Hoy las bancadas opositoras casi no existen, pero existen las brigadas, hoy los partidos no cuentan con liderazgos propios que ofrecerle al país —con pocas excepciones— y las organizaciones políticas más fuertes se conforman de una mezcla de partidos, actores prefecturales, organizaciones cívicas y ciudadanas en los departamentos. Es allí donde se inició el proceso.
Las fuerzas políticas opositoras empezaron a organizarse a partir de los departamentos, a diferente ritmo y de distinto modo.
Estas coaliciones departamentales empiezan a pronunciarse y a tomar decisiones, recién entonces entran los candidatos, que por supuesto avanzaron en la construcción de sus propuestas en los departamentos. Ya existe un bloque, con algunos departamentos completamente articulados, otros por terminar el proceso, otros en proceso, con algunos de los candidatos en carrera, con la incorporación de las diversas fuerzas y actores políticos que no están en carrera, y con la voluntad de lograr resultados con el consenso de los nueve departamentos, en un momento de regionalización de la política donde ningún candidato tiene fuerza nacional pero algunos de ellos tienen una base territorial de respaldo. La primera decisión es formar el bloque. La segunda decisión es que serán los bloques departamentales articulados los que preparen las listas de candidatos con sus mejores hombres y mujeres. La tercera decisión es que el binomio será de consenso y los demás candidatos se mantendrán en el bloque aunque no sean elegidos, todos trabajando por la misma causa.
El proceso continúa, sigue siendo una tarea compleja, pero para abrigar la esperanza de muchos ciudadanos ya existe el tan mentado bloque de oposición democrática con el propósito de constituirse en la alternativa.
Jimena Costa
Analista
Fuente: Los Tiempos
domingo, 6 de septiembre de 2009
Naciente “hipercoalición” opositora
El principal reto de la naciente coalición es ahora compatibilizar la cantidad, que la tiene, con la calidad que por ahora no se ve
La semana que concluye ha sido sin duda una de las políticamente más intensas de los últimos tiempos. Una avalancha de noticias, que se inició con el lanzamiento del binomio Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández, marcó el inicio de una reconfiguración del escenario político cuyos alcances, aunque todavía no se puede ver en toda su magnitud, dejarán honda huella en el futuro nacional.
La consolidación de una sólida fórmula de oposición, a la que una tras otra se fueron sumando decenas de líderes regionales, agrupaciones ciudadanas, y los resabios de partidos políticos que en los hechos dejaron hace tiempo ya de existir, ha sentado las bases de una concentración del voto opositor y dejado en el camino a muchos otros aspirantes que fracasaron en su intento de encabezar un frente alternativo al partido oficialista.
Desde el punto de vista cuantitativo, es incuestionable el éxito que logró Manfred Reyes Villa. Fue tan fulminante el efecto mediático que consiguió, que dejó a sus rivales aturdidos, sin poder mantener vivas sus expectativas. Fue tan desventajosa la situación en que quedaron, que el candidato del MNR, Germán Antelo, Víctor Hugo Cárdenas y Jorge Quiroga no tuvieron más remedio que reconocer su derrota y dar un paso al costado para dejar el camino expedito a quien fue más eficiente en la tarea de reclutar aliados.
Han quedado sin embargo muchas dudas sobre el aspecto cualitativo de la coalición resultante. Es que son tantas y tan heterogéneas las corrientes políticas que decidieron unirse alrededor de la figura de Manfred Reyes Villa, que resulta inevitable recordar las limitaciones que experiencias similares mostraron en el pasado.
Las decisiones que deberán tomarse durante las próximas horas, las que faltan para que venza el plazo para la inscripción de los candidatos a diputados y senadores que acompañarán al binomio principal, serán sin duda la primera prueba de fuego para la cohesión de un frente cuya principal, si no única fortaleza, radica en el “antievismo” que aglutina a sus integrantes. Intentar satisfacer las ambiciones de las casi veinte agrupaciones políticas que disputan un espacio en la “franja de seguridad”, será el primer gran desafío para los constructores de esta “hipercoalición”.
Serán seguramente muchas las aspiraciones que queden defraudadas y muchos los fracasos que abonen el potencial éxito de la coalición naciente. El MNR, que por primera vez en los últimos 70 años estará ausente de un acto electoral es sin duda el mayor de los perdedores. Tuto Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas tampoco serán los últimos en quedar a la vera del camino, excluidos de un “Arca de Noe” que no podrá albergar a todos los que quisieran un lugar en ella.
Los próximos días, cuando se conozca a los candidatos a senadores y diputados, estará más clara la naturaleza de una coalición cuyo principal desafío es ahora compatibilizar la cantidad, que la tiene, con la calidad. Es de esperar que los elegidos estén a la altura de las expectativas que los preceden.
La semana que concluye ha sido sin duda una de las políticamente más intensas de los últimos tiempos. Una avalancha de noticias, que se inició con el lanzamiento del binomio Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández, marcó el inicio de una reconfiguración del escenario político cuyos alcances, aunque todavía no se puede ver en toda su magnitud, dejarán honda huella en el futuro nacional.
La consolidación de una sólida fórmula de oposición, a la que una tras otra se fueron sumando decenas de líderes regionales, agrupaciones ciudadanas, y los resabios de partidos políticos que en los hechos dejaron hace tiempo ya de existir, ha sentado las bases de una concentración del voto opositor y dejado en el camino a muchos otros aspirantes que fracasaron en su intento de encabezar un frente alternativo al partido oficialista.
Desde el punto de vista cuantitativo, es incuestionable el éxito que logró Manfred Reyes Villa. Fue tan fulminante el efecto mediático que consiguió, que dejó a sus rivales aturdidos, sin poder mantener vivas sus expectativas. Fue tan desventajosa la situación en que quedaron, que el candidato del MNR, Germán Antelo, Víctor Hugo Cárdenas y Jorge Quiroga no tuvieron más remedio que reconocer su derrota y dar un paso al costado para dejar el camino expedito a quien fue más eficiente en la tarea de reclutar aliados.
Han quedado sin embargo muchas dudas sobre el aspecto cualitativo de la coalición resultante. Es que son tantas y tan heterogéneas las corrientes políticas que decidieron unirse alrededor de la figura de Manfred Reyes Villa, que resulta inevitable recordar las limitaciones que experiencias similares mostraron en el pasado.
Las decisiones que deberán tomarse durante las próximas horas, las que faltan para que venza el plazo para la inscripción de los candidatos a diputados y senadores que acompañarán al binomio principal, serán sin duda la primera prueba de fuego para la cohesión de un frente cuya principal, si no única fortaleza, radica en el “antievismo” que aglutina a sus integrantes. Intentar satisfacer las ambiciones de las casi veinte agrupaciones políticas que disputan un espacio en la “franja de seguridad”, será el primer gran desafío para los constructores de esta “hipercoalición”.
Serán seguramente muchas las aspiraciones que queden defraudadas y muchos los fracasos que abonen el potencial éxito de la coalición naciente. El MNR, que por primera vez en los últimos 70 años estará ausente de un acto electoral es sin duda el mayor de los perdedores. Tuto Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas tampoco serán los últimos en quedar a la vera del camino, excluidos de un “Arca de Noe” que no podrá albergar a todos los que quisieran un lugar en ella.
Los próximos días, cuando se conozca a los candidatos a senadores y diputados, estará más clara la naturaleza de una coalición cuyo principal desafío es ahora compatibilizar la cantidad, que la tiene, con la calidad. Es de esperar que los elegidos estén a la altura de las expectativas que los preceden.
jueves, 27 de agosto de 2009
Las dos vertientes del monopartidismo
El monopartidismo no es sólo resultado del espíritu totalitario del oficialismo. La ceguera de la oposición es otra causa del fenómeno.
Enorme revuelo en el escenario político nacional han causado las declaraciones de un dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, , según las que los “sectores sociales” afines al MAS de esa ciudad habrían decidido impedir que los partidos de la oposición hagan proselitismo o abran casas de campaña en “su” territorio.
Como era de esperar, los muy numerosos candidatos de la oposición son los que con más entusiasmo se rasgaron las vestiduras y elevaron al cielo sus quejidos lastimeros. No pudieron, sin embargo, dejar de dar la impresión de que en el fondo los complace ese tipo de amenazas pues todos ya están buscando pretextos para justificar el estrepitoso fracaso que, al paso que van, los espera en diciembre.
Desgraciadamente, el fondo del asunto, cuya gravedad es mucho mayor de lo que se podría suponer si se lo atribuye sólo a los exabruptos de un dirigente alteño, pasa desapercibido para los muchos candidatos opositores. Es que más allá del desparpajo con que algunos individuos vierten sus amenazas, en los hechos hace ya mucho tiempo que en gran parte del territorio nacional está vigente un régimen de partido único.
Se ha llegado a ese punto por dos caminos. Uno de ellos es la eficiencia con que el MAS, a través de todas las organizaciones sociales que controla, ha logrado monopolizar la actividad política. El segundo es la absoluta y total ausencia de una organización de oposición capaz de hacer frente a ese avasallamiento.
Está ya tan consolidada en gran parte de territorio nacional la red de “control social” mediante la que se recurre a todo tipo de métodos coercitivos para coartar la libertad de acción política de quienes no se someten a los “pactos de unidad”, que el MAS ya no requiere amenazar. Ya los hechos son más contundentes que cualquier amenaza.
En ese contexto, la incontinencia verbal de algunos dirigentes, más que a una declaración de intenciones del oficialismo, puede ser atribuida a las pugnas internas que se producen en las filas de los “movimientos sociales” en pos de las candidaturas a diputados y senadores en las listas del MAS. Son pues sólo la manifestación más externa de algo más profundo.
Mucho más grave que la franqueza con que algunos dirigentes dan cuenta de lo que es ya una realidad, es la incapacidad de la oposición para hacer frente a ese avasallamiento con algo más que estériles quejas. No hay ni una sola organización capaz de intentar siquiera hacerse presente con casas de campaña, líderes intermedios ni candidatos en los territorios controlados por el MAS, y eso no es sólo por culpa del espíritu totalitario de los militantes del oficialismo. Es también, y sobre todo, consecuencia de la ceguera de una oposición que dispersa y dilapida sus esmirriadas fuerzas en vergonzosas pugnas personales.
Enorme revuelo en el escenario político nacional han causado las declaraciones de un dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, , según las que los “sectores sociales” afines al MAS de esa ciudad habrían decidido impedir que los partidos de la oposición hagan proselitismo o abran casas de campaña en “su” territorio.
Como era de esperar, los muy numerosos candidatos de la oposición son los que con más entusiasmo se rasgaron las vestiduras y elevaron al cielo sus quejidos lastimeros. No pudieron, sin embargo, dejar de dar la impresión de que en el fondo los complace ese tipo de amenazas pues todos ya están buscando pretextos para justificar el estrepitoso fracaso que, al paso que van, los espera en diciembre.
Desgraciadamente, el fondo del asunto, cuya gravedad es mucho mayor de lo que se podría suponer si se lo atribuye sólo a los exabruptos de un dirigente alteño, pasa desapercibido para los muchos candidatos opositores. Es que más allá del desparpajo con que algunos individuos vierten sus amenazas, en los hechos hace ya mucho tiempo que en gran parte del territorio nacional está vigente un régimen de partido único.
Se ha llegado a ese punto por dos caminos. Uno de ellos es la eficiencia con que el MAS, a través de todas las organizaciones sociales que controla, ha logrado monopolizar la actividad política. El segundo es la absoluta y total ausencia de una organización de oposición capaz de hacer frente a ese avasallamiento.
Está ya tan consolidada en gran parte de territorio nacional la red de “control social” mediante la que se recurre a todo tipo de métodos coercitivos para coartar la libertad de acción política de quienes no se someten a los “pactos de unidad”, que el MAS ya no requiere amenazar. Ya los hechos son más contundentes que cualquier amenaza.
En ese contexto, la incontinencia verbal de algunos dirigentes, más que a una declaración de intenciones del oficialismo, puede ser atribuida a las pugnas internas que se producen en las filas de los “movimientos sociales” en pos de las candidaturas a diputados y senadores en las listas del MAS. Son pues sólo la manifestación más externa de algo más profundo.
Mucho más grave que la franqueza con que algunos dirigentes dan cuenta de lo que es ya una realidad, es la incapacidad de la oposición para hacer frente a ese avasallamiento con algo más que estériles quejas. No hay ni una sola organización capaz de intentar siquiera hacerse presente con casas de campaña, líderes intermedios ni candidatos en los territorios controlados por el MAS, y eso no es sólo por culpa del espíritu totalitario de los militantes del oficialismo. Es también, y sobre todo, consecuencia de la ceguera de una oposición que dispersa y dilapida sus esmirriadas fuerzas en vergonzosas pugnas personales.
martes, 25 de agosto de 2009
Bloque alternativo (Jimena Costa)
Esta semana empiezan a hacerse públicos los avances del proceso de formación de un bloque opositor que busca constituirse en una alternativa en este complejo escenario rumbo a las elecciones del 6 de diciembre. Como suele ser un proceso político en el que actúan muchas fuerzas, es un proceso por demás complejo que no viene de algunas reuniones, ni éstas han sido ni son secretas, que requiere de largas horas de conversaciones y discusiones y que acaba logrando acuerdos mínimos, pero que gradualmente avanzan.
Escuché múltiples especulaciones al respecto, y parece sano hacer una breve explicación.
El objetivo de formar un frente único parecía imposible desde un inicio y esto ya se ha probado en la realidad. No todos quieren entrar y por supuesto no todos deben estar dentro, no es una bolsa común sino una estrategia política de fortalecimiento bajo lógica democrática, que implica pues la presencia de disensos en un ambiente de diversas organizaciones, fuerzas políticas y aun de intereses.
La meta fue y sigue siendo lograr un bloque que no sea sólo un binomio de unidad sino una alternativa que ofrecerle al país para continuar el cambio hacia la construcción de un Estado permanente autonómico e incluyente. Por tanto había que pensar y actuar bajo nuevas formas de hacer política y es ahí donde se presenta el bloque como portador de un cambio.
La primera fase fue la de lograr pensar el proceso a partir de las regiones, dado que el sistema de partidos aún no ha superado su crisis. La crisis política nos marca el rumbo, debe actuarse a partir de la realidad existente y no de las construcciones imaginarias de la realidad. Hoy las bancadas opositoras casi no existen, pero existen las brigadas, hoy los partidos no cuentan con liderazgos propios que ofrecerle al país —con pocas excepciones— y las organizaciones políticas más fuertes se conforman de una mezcla de partidos, actores prefecturales, organizaciones cívicas y ciudadanas en los departamentos. Es allí donde se inició el proceso.
Las fuerzas políticas opositoras empezaron a organizarse a partir de los departamentos, a diferente ritmo y de distinto modo.
Estas coaliciones departamentales empiezan a pronunciarse y a tomar decisiones, recién entonces entran los candidatos, que por supuesto avanzaron en la construcción de sus propuestas en los departamentos. Ya existe un bloque, con algunos departamentos completamente articulados, otros por terminar el proceso, otros en proceso, con algunos de los candidatos en carrera, con la incorporación de las diversas fuerzas y actores políticos que no están en carrera, y con la voluntad de lograr resultados con el consenso de los nueve departamentos, en un momento de regionalización de la política donde ningún candidato tiene fuerza nacional pero algunos de ellos tienen una base territorial de respaldo. La primera decisión es formar el bloque. La segunda decisión es que serán los bloques departamentales articulados los que preparen las listas de candidatos con sus mejores hombres y mujeres. La tercera decisión es que el binomio será de consenso y los demás candidatos se mantendrán en el bloque aunque no sean elegidos, todos trabajando por la misma causa.
El proceso continúa, sigue siendo una tarea compleja, pero para abrigar la esperanza de muchos ciudadanos ya existe el tan mentado bloque de oposición democrática con el propósito de constituirse en la alternativa.
Fuente: Los Tiempos
Escuché múltiples especulaciones al respecto, y parece sano hacer una breve explicación.
El objetivo de formar un frente único parecía imposible desde un inicio y esto ya se ha probado en la realidad. No todos quieren entrar y por supuesto no todos deben estar dentro, no es una bolsa común sino una estrategia política de fortalecimiento bajo lógica democrática, que implica pues la presencia de disensos en un ambiente de diversas organizaciones, fuerzas políticas y aun de intereses.
La meta fue y sigue siendo lograr un bloque que no sea sólo un binomio de unidad sino una alternativa que ofrecerle al país para continuar el cambio hacia la construcción de un Estado permanente autonómico e incluyente. Por tanto había que pensar y actuar bajo nuevas formas de hacer política y es ahí donde se presenta el bloque como portador de un cambio.
La primera fase fue la de lograr pensar el proceso a partir de las regiones, dado que el sistema de partidos aún no ha superado su crisis. La crisis política nos marca el rumbo, debe actuarse a partir de la realidad existente y no de las construcciones imaginarias de la realidad. Hoy las bancadas opositoras casi no existen, pero existen las brigadas, hoy los partidos no cuentan con liderazgos propios que ofrecerle al país —con pocas excepciones— y las organizaciones políticas más fuertes se conforman de una mezcla de partidos, actores prefecturales, organizaciones cívicas y ciudadanas en los departamentos. Es allí donde se inició el proceso.
Las fuerzas políticas opositoras empezaron a organizarse a partir de los departamentos, a diferente ritmo y de distinto modo.
Estas coaliciones departamentales empiezan a pronunciarse y a tomar decisiones, recién entonces entran los candidatos, que por supuesto avanzaron en la construcción de sus propuestas en los departamentos. Ya existe un bloque, con algunos departamentos completamente articulados, otros por terminar el proceso, otros en proceso, con algunos de los candidatos en carrera, con la incorporación de las diversas fuerzas y actores políticos que no están en carrera, y con la voluntad de lograr resultados con el consenso de los nueve departamentos, en un momento de regionalización de la política donde ningún candidato tiene fuerza nacional pero algunos de ellos tienen una base territorial de respaldo. La primera decisión es formar el bloque. La segunda decisión es que serán los bloques departamentales articulados los que preparen las listas de candidatos con sus mejores hombres y mujeres. La tercera decisión es que el binomio será de consenso y los demás candidatos se mantendrán en el bloque aunque no sean elegidos, todos trabajando por la misma causa.
El proceso continúa, sigue siendo una tarea compleja, pero para abrigar la esperanza de muchos ciudadanos ya existe el tan mentado bloque de oposición democrática con el propósito de constituirse en la alternativa.
Fuente: Los Tiempos
domingo, 9 de agosto de 2009
Fiestas patrias (Jimena Costa)
Escuché varias veces en estos días que no hay nada que festejar, que todo está peor y que es absurdo celebrar la fundación de la República de Bolivia, al mismo tiempo que hemos “dejado atrás el Estado republicano, colonial y neoliberal”, como dice la nueva Constitución, y de ser así, el 6 de agosto ya no existe. Volvemos a foja cero. ¿También vamos a reinventar el fuego y la rueda? Existe mucho de razón en esas afirmaciones, pero creo que hay múltiples razones para seguir festejando el cumpleaños de la patria:
1) Para pesar de muchos, no se puede dejar atrás el Estado republicano por decreto.
2) Los niños siguen desfilando con escarapelas tricolores y no cuadriculadas.
3) La kantuta sigue tricolor.
4) No se incluyó la hoja de coca en el escudo nacional.
5) Todavía se mantienen las banderas departamentales.
6) Todavía siguen existiendo nueve departamentos.
7) Todavía hay Parlamento.
8) Existen estatutos autonómicos respaldados con el voto popular.
9) Todavía vendemos gas.
10) El superávit casi cubre la deuda pública.
11) Vamos a tener nuevo padrón.
12) El Presidente tendrá que aprender aymara o quechua para cumplir con la CPE (yo también).
13) Todavía existen al menos una docena de Quijotes que quieren tomar las riendas del país.
14) Hay pluralismo y juventud entre los candidatos.
15) No hemos roto relaciones con Perú.
16) Una mujer es Prefecta electa por el voto popular.
17) Todavía tenemos agua.
18) Todavía llegan turistas…
Hay muchas más cosas que festejar, son dos siglos de razones acumuladas y, aunque en algunos momentos puedan sentir que estamos retrocediendo, también hemos avanzado:
1) Antes había muchos bolivianos que no se identificaban con el Estado boliviano; hoy sí se identifican con él y debemos lograr que eso se mantenga más allá del turno de un gobierno.
2) Antes no nos preocupaba mucho la democracia; ahora que sus instituciones están en riesgo, la defendemos.
3) Antes no nos rasgábamos las vestiduras por la nación boliviana; ahora que hay 36 naciones y la boliviana no aparece, la extrañamos.
4) Antes éramos República, ahora también pero con más ganas.
5) Antes sólo nos interesaba el Estado para plantearle demandas, hoy nos interesa que sus instituciones funcionen.
Entre otros temas, es importante resaltar que la crisis se ha profundizado de tal forma que ya se presentan las salidas, llegamos al fondo, y sólo queda empezar a salir. Estamos en una transición y, aunque nos ha llevado 200 años, se presenta el momento de empezar a construir el Estado permanente, que tenga como sus dos motores principales un diseño autonómico departamental y la inclusión de todos los bolivianos y bolivianas en calidad de iguales, y con igual acceso a las oportunidades.
Es un gran momento para dejar de lamentarnos por la opresión colonial o la pérdida del Litoral y concentrar la energía en los recursos humanos, en la gente, en esos potenciales emigrantes y darles condiciones para quedarse. Es un gran momento, tenemos la tarea de reconstruir la República. ¿A ustedes les gustan los retos?
Fuente: La Prensa
1) Para pesar de muchos, no se puede dejar atrás el Estado republicano por decreto.
2) Los niños siguen desfilando con escarapelas tricolores y no cuadriculadas.
3) La kantuta sigue tricolor.
4) No se incluyó la hoja de coca en el escudo nacional.
5) Todavía se mantienen las banderas departamentales.
6) Todavía siguen existiendo nueve departamentos.
7) Todavía hay Parlamento.
8) Existen estatutos autonómicos respaldados con el voto popular.
9) Todavía vendemos gas.
10) El superávit casi cubre la deuda pública.
11) Vamos a tener nuevo padrón.
12) El Presidente tendrá que aprender aymara o quechua para cumplir con la CPE (yo también).
13) Todavía existen al menos una docena de Quijotes que quieren tomar las riendas del país.
14) Hay pluralismo y juventud entre los candidatos.
15) No hemos roto relaciones con Perú.
16) Una mujer es Prefecta electa por el voto popular.
17) Todavía tenemos agua.
18) Todavía llegan turistas…
Hay muchas más cosas que festejar, son dos siglos de razones acumuladas y, aunque en algunos momentos puedan sentir que estamos retrocediendo, también hemos avanzado:
1) Antes había muchos bolivianos que no se identificaban con el Estado boliviano; hoy sí se identifican con él y debemos lograr que eso se mantenga más allá del turno de un gobierno.
2) Antes no nos preocupaba mucho la democracia; ahora que sus instituciones están en riesgo, la defendemos.
3) Antes no nos rasgábamos las vestiduras por la nación boliviana; ahora que hay 36 naciones y la boliviana no aparece, la extrañamos.
4) Antes éramos República, ahora también pero con más ganas.
5) Antes sólo nos interesaba el Estado para plantearle demandas, hoy nos interesa que sus instituciones funcionen.
Entre otros temas, es importante resaltar que la crisis se ha profundizado de tal forma que ya se presentan las salidas, llegamos al fondo, y sólo queda empezar a salir. Estamos en una transición y, aunque nos ha llevado 200 años, se presenta el momento de empezar a construir el Estado permanente, que tenga como sus dos motores principales un diseño autonómico departamental y la inclusión de todos los bolivianos y bolivianas en calidad de iguales, y con igual acceso a las oportunidades.
Es un gran momento para dejar de lamentarnos por la opresión colonial o la pérdida del Litoral y concentrar la energía en los recursos humanos, en la gente, en esos potenciales emigrantes y darles condiciones para quedarse. Es un gran momento, tenemos la tarea de reconstruir la República. ¿A ustedes les gustan los retos?
Fuente: La Prensa
miércoles, 5 de agosto de 2009
Fracaso del igualitarismo (Roberto Laserna)
Las revoluciones, casi siempre impulsadas por la lucha contra la desigualdad, están condenadas al fracaso. No importa cuán radical sea la redistribución de riquezas que ellas logren ni cuánta violencia ejerzan para prevenir la acumulación, la desigualdad renace desde su propio núcleo.
El único éxito de largo plazo que tienen las revoluciones es no intencionado, y consiste en abrir espacios para la movilidad social. Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es muy alto si se lo compara con los procesos graduales de cambio social y económico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos, además, evitan la confusión entre desigualdad e injusticia, y generan una equidad más sólida y duradera.
El secreto de Herbert Klein
La primera parte de la tesis anterior está sustentada en un libro publicado en 1981: La revolución y el renacimiento de la desigualdad. Una teoría aplicada a la Revolución Nacional en Bolivia. Es sorprendente que este libro no se conozca en nuestro país, considerando la obsesión que tenemos con las reformas del 52 y que tiene como coautor a un reconocido “bolivianista”: Herbert Klein. El otro es Jonathan Kelley.
Ellos sostienen que Bolivia prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones. Su libro se basa en datos referidos a la generación que vive la revolución y a la que le sigue, obtenidos de una encuesta realizada a 1130 jefes de hogar en seis comunidades de altiplano, valles y llanos, las que fueron detalladamente estudiadas por antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas entre 1965 y 1966.
Estos estudios permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein, que miden las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la revolución y muestran que los cambios radicales que implicaron la redistribución de tierras, la reorientación del gasto fiscal y la expropiación de ahorros por la inflación tuvieron impacto igualitario. Pero también descubren la corta duración de ese impacto, y detectan el rápido renacimiento de la desigualdad, la cual incluso alcanza niveles más acentuados.
Igualitarismo imposible
Las revoluciones fracasan porque pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándola a los que tienen más y dándola a los que no la tienen, pero no pueden redistribuir otras riquezas no materiales como la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que están desigualmente distribuidas, tarde o temprano también se manifiestan materialmente. Y es que las sociedades no son estáticas y, como otras de sus características, las desigualdades se producen y reproducen continuamente. Son al mismo tiempo causa y resultado. Las riquezas (y las pobrezas) materiales y no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
El fracaso de la revolución no se debe, en consecuencia, a la traición de sus líderes, a la desviación ideológica de sus conductores o a la ineficiencia de sus administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento de la nueva desigualdad o esconderla, pero al costo de una inmensa represión, a veces sólo política, pero muchas veces también cultural y económica.
El libro demuestra que había desigualdad antes y que hubo desigualdad después, en niveles incluso más profundos, pero no reconoce que se trata de una “nueva” desigualdad. Nueva no sólo en magnitud sino también en las causas que la originan y en los estratos sociales que la viven. En la estructura que emerge de la revolución los recursos que permiten la acumulación ya no son los de antes, son distintos, y los individuos o grupos que los controlan y utilizan son también nuevos.
Si bien es cierto que las revoluciones se hacen para luchar contra la desigualdad y fracasan en ese intento, no es menos cierto que una intención oculta de los revolucionarios es romper los obstáculos a la movilidad social. Y lo logran.
Lo importante es la equidad
En realidad, si todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad, tienen cierto éxito en su motivación más profunda y no siempre explícita: todas reemplazan a unos ricos por otros, sacan a algunos grupos del poder y encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Su problema es que confunden la desigualdad con la inequidad, cuando la importante es esta última, que alude a la dimensión de injusticia que puede haber en la desigualdad. Una desigualdad es injusta solamente cuando es impuesta y resulta insuperable.
Las revoluciones y los revolucionarios ignoran esa diferencia y tratan de resolver las injusticias eliminando las desigualdades, lo que ya ha resultado trágico para millones de personas.
La alternativa que enseña la historia es que, siendo la desigualdad inevitable, el antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino la movilidad social.
Y aunque ésta puede considerarse un pequeño “éxito” dentro del gran fracaso de las revoluciones, no llega a justificarlas debido a los elevados costos que éstas imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia; y costos económicos, de rezago en el crecimiento. En esto, Bolivia es también un caso modelo: en términos reales, el PIB per cápita del año 1965 era inferior al de principios de los años 50.
En suma, si bien la revolución nacional fracasó en su igualitarismo y desató cierta movilidad social, no la pudo ampliar debido al estancamiento de la economía provocado por ella misma, por sus convulsiones y el debilitamiento de las instituciones.
Es necesario aprender las lecciones que esto nos deja ahora que estamos viviendo bajo una nueva obsesión igualitarista. Para ello, debemos ir más allá de la desigualdad y preocuparnos por lo que verdaderamente importa, que es la equidad. Nuestra propia historia y la de otros países muestran que la podemos conseguir, en forma gradual pero segura, si abrimos nuestra economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las libertades individuales, si impulsamos el crecimiento de la economía.
En síntesis, el voluntarismo político puede generar lo opuesto a lo que se busca. La justicia social se la alcanza de mejor manera y es más perdurable con la gradualidad del desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.
Fuente: La Razón
El único éxito de largo plazo que tienen las revoluciones es no intencionado, y consiste en abrir espacios para la movilidad social. Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es muy alto si se lo compara con los procesos graduales de cambio social y económico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos, además, evitan la confusión entre desigualdad e injusticia, y generan una equidad más sólida y duradera.
El secreto de Herbert Klein
La primera parte de la tesis anterior está sustentada en un libro publicado en 1981: La revolución y el renacimiento de la desigualdad. Una teoría aplicada a la Revolución Nacional en Bolivia. Es sorprendente que este libro no se conozca en nuestro país, considerando la obsesión que tenemos con las reformas del 52 y que tiene como coautor a un reconocido “bolivianista”: Herbert Klein. El otro es Jonathan Kelley.
Ellos sostienen que Bolivia prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones. Su libro se basa en datos referidos a la generación que vive la revolución y a la que le sigue, obtenidos de una encuesta realizada a 1130 jefes de hogar en seis comunidades de altiplano, valles y llanos, las que fueron detalladamente estudiadas por antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas entre 1965 y 1966.
Estos estudios permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein, que miden las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la revolución y muestran que los cambios radicales que implicaron la redistribución de tierras, la reorientación del gasto fiscal y la expropiación de ahorros por la inflación tuvieron impacto igualitario. Pero también descubren la corta duración de ese impacto, y detectan el rápido renacimiento de la desigualdad, la cual incluso alcanza niveles más acentuados.
Igualitarismo imposible
Las revoluciones fracasan porque pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándola a los que tienen más y dándola a los que no la tienen, pero no pueden redistribuir otras riquezas no materiales como la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que están desigualmente distribuidas, tarde o temprano también se manifiestan materialmente. Y es que las sociedades no son estáticas y, como otras de sus características, las desigualdades se producen y reproducen continuamente. Son al mismo tiempo causa y resultado. Las riquezas (y las pobrezas) materiales y no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
El fracaso de la revolución no se debe, en consecuencia, a la traición de sus líderes, a la desviación ideológica de sus conductores o a la ineficiencia de sus administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento de la nueva desigualdad o esconderla, pero al costo de una inmensa represión, a veces sólo política, pero muchas veces también cultural y económica.
El libro demuestra que había desigualdad antes y que hubo desigualdad después, en niveles incluso más profundos, pero no reconoce que se trata de una “nueva” desigualdad. Nueva no sólo en magnitud sino también en las causas que la originan y en los estratos sociales que la viven. En la estructura que emerge de la revolución los recursos que permiten la acumulación ya no son los de antes, son distintos, y los individuos o grupos que los controlan y utilizan son también nuevos.
Si bien es cierto que las revoluciones se hacen para luchar contra la desigualdad y fracasan en ese intento, no es menos cierto que una intención oculta de los revolucionarios es romper los obstáculos a la movilidad social. Y lo logran.
Lo importante es la equidad
En realidad, si todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad, tienen cierto éxito en su motivación más profunda y no siempre explícita: todas reemplazan a unos ricos por otros, sacan a algunos grupos del poder y encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Su problema es que confunden la desigualdad con la inequidad, cuando la importante es esta última, que alude a la dimensión de injusticia que puede haber en la desigualdad. Una desigualdad es injusta solamente cuando es impuesta y resulta insuperable.
Las revoluciones y los revolucionarios ignoran esa diferencia y tratan de resolver las injusticias eliminando las desigualdades, lo que ya ha resultado trágico para millones de personas.
La alternativa que enseña la historia es que, siendo la desigualdad inevitable, el antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino la movilidad social.
Y aunque ésta puede considerarse un pequeño “éxito” dentro del gran fracaso de las revoluciones, no llega a justificarlas debido a los elevados costos que éstas imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia; y costos económicos, de rezago en el crecimiento. En esto, Bolivia es también un caso modelo: en términos reales, el PIB per cápita del año 1965 era inferior al de principios de los años 50.
En suma, si bien la revolución nacional fracasó en su igualitarismo y desató cierta movilidad social, no la pudo ampliar debido al estancamiento de la economía provocado por ella misma, por sus convulsiones y el debilitamiento de las instituciones.
Es necesario aprender las lecciones que esto nos deja ahora que estamos viviendo bajo una nueva obsesión igualitarista. Para ello, debemos ir más allá de la desigualdad y preocuparnos por lo que verdaderamente importa, que es la equidad. Nuestra propia historia y la de otros países muestran que la podemos conseguir, en forma gradual pero segura, si abrimos nuestra economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las libertades individuales, si impulsamos el crecimiento de la economía.
En síntesis, el voluntarismo político puede generar lo opuesto a lo que se busca. La justicia social se la alcanza de mejor manera y es más perdurable con la gradualidad del desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.
Fuente: La Razón
jueves, 2 de julio de 2009
La política, clave del éxito o del fracaso
Chile y Uruguay, con sus respectivos éxitos, enseñan la importancia de la política y de los partidos políticos para la buena marcha de un país
Según el estudio “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado. Hay dos países latinoamericanos que se destacan entre los 212 que son objeto de evaluación por el organismo internacional. Se trata de Chile y Uruguay, cuyos éxitos en materias como participación y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, cualidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.la lucha contra la corrupción son dignos de ser imitados no sólo por los demás países de la región sino incluso por muchos europeos y asiáticos.
El informe del Banco Mundial no es el único que llega conclusiones tan halagüeñas para ambos países. Desde hace ya muchos años los indicadores económicos chilenos se destacan entre los más exitosos del mundo y lo mismo ocurre en áreas relacionadas con el desarrollo humano, como educación, salud, deportes, esperanza de vida, entre muchos otros. Uruguay tiene similares motivos para enorgullecerse aunque, a diferencia de Chile, sus buenos indicadores tienen unos antecedentes que se remontan a muchas décadas atrás.
Una prueba del éxito chileno es que según funcionarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la institución que agrupa a los países más desarrollados del mundo, Chile podría ser aceptado a fin de año como miembro pleno del selecto club de los 30 países más ricos.
Ante tan elocuentes resultados, resulta pertinente indagar sobre los factores que confluyeron para que Uruguay y Chile se destaquen del resto de la América Latina. Pero entre todos, hay sin duda uno que es el principal, el que creó las condiciones necesarias para que todos los demás se refuercen mutuamente en una dinámica siempre ascendente. Ese factor, la clave del éxito, es la alta calidad de sus prácticas políticas.
Chile y Uruguay a diferencia de otros países de la región, fueron capaces de construir un muy sólido sistema de partidos políticos, cada uno de los cuales es una verdadero pilar de su andamiaje institucional. Son partidos políticos que como no podía ser de otro modo tienen grandes discrepancias en muchos temas, pero ninguna es mayor que un conjunto de coincidencias alrededor de temas básicos, como la economía de mercado y el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática.
Algo en lo que todos están de acuerdo, de un extremo al otro del espectro, es en que la solidez de su sistema político es la clave de todos sus demás éxitos, y que los partidos su pilar fundamental. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en países como el nuestro, donde la política es la actividad más desacreditada y despreciada nada menos que por sus principales protagonistas.
Según el estudio “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado. Hay dos países latinoamericanos que se destacan entre los 212 que son objeto de evaluación por el organismo internacional. Se trata de Chile y Uruguay, cuyos éxitos en materias como participación y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, cualidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.la lucha contra la corrupción son dignos de ser imitados no sólo por los demás países de la región sino incluso por muchos europeos y asiáticos.
El informe del Banco Mundial no es el único que llega conclusiones tan halagüeñas para ambos países. Desde hace ya muchos años los indicadores económicos chilenos se destacan entre los más exitosos del mundo y lo mismo ocurre en áreas relacionadas con el desarrollo humano, como educación, salud, deportes, esperanza de vida, entre muchos otros. Uruguay tiene similares motivos para enorgullecerse aunque, a diferencia de Chile, sus buenos indicadores tienen unos antecedentes que se remontan a muchas décadas atrás.
Una prueba del éxito chileno es que según funcionarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la institución que agrupa a los países más desarrollados del mundo, Chile podría ser aceptado a fin de año como miembro pleno del selecto club de los 30 países más ricos.
Ante tan elocuentes resultados, resulta pertinente indagar sobre los factores que confluyeron para que Uruguay y Chile se destaquen del resto de la América Latina. Pero entre todos, hay sin duda uno que es el principal, el que creó las condiciones necesarias para que todos los demás se refuercen mutuamente en una dinámica siempre ascendente. Ese factor, la clave del éxito, es la alta calidad de sus prácticas políticas.
Chile y Uruguay a diferencia de otros países de la región, fueron capaces de construir un muy sólido sistema de partidos políticos, cada uno de los cuales es una verdadero pilar de su andamiaje institucional. Son partidos políticos que como no podía ser de otro modo tienen grandes discrepancias en muchos temas, pero ninguna es mayor que un conjunto de coincidencias alrededor de temas básicos, como la economía de mercado y el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática.
Algo en lo que todos están de acuerdo, de un extremo al otro del espectro, es en que la solidez de su sistema político es la clave de todos sus demás éxitos, y que los partidos su pilar fundamental. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en países como el nuestro, donde la política es la actividad más desacreditada y despreciada nada menos que por sus principales protagonistas.
domingo, 28 de diciembre de 2008
Costo de la reforma constitucional (Roberto Laserna)
Es lamentable que hasta ahora los promotores de la reforma constitucional no hayan informado lo que puede costarle al país esa iniciativa. Tampoco la UCAC, la Repac, Udape o la Asamblea Constituyente hicieron nunca estimaciones de cuánto podría costarle al país cada una de las reformas y mucho menos el conjunto reunido en el proyecto que se votará en enero.
No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.
Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.
Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.
Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.
Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.
El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.
Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.
Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.
Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.
Fuente: La Razón
No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.
Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.
Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.
Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.
Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.
El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.
Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.
Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.
Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.
Fuente: La Razón
domingo, 16 de noviembre de 2008
El ex guerrillero y la Constitución (Roberto Laserna)
El 20 de octubre de 2008, cuando el Congreso se reunía para dar forma al acuerdo político de transacción, y la Plaza Murillo se hallaba invadida por militantes del gobierno que disfrazaban su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, mi atención saltaba de la pantalla de televisión a un libro que tenía en las manos. Se trataba de “¡Qué solos se quedan los muertos!”, la novela de Ramón Rocha basada en la vida del Mariscal Sucre. Así, leí a saltos interrumpidos por las noticias de la Plaza Murillo la historia del primer intento de golpe de Estado en Bolivia, cuando un grupo de amotinados en abril de 1828 alcanzó a herir a Sucre, obligándolo a delegar el mando a su Ministro Urdininea.
Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.
Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.
¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!
El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.
¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).
Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.
Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.
¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?
La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.
El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.
Fuente: Los Tiempos
Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.
Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.
¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!
El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.
¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).
Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.
Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.
¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?
La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.
El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.
Fuente: Los Tiempos
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