¿Será el ahorro de tiempo en los viajes (ahorro ni siquiera demostrado en nuestro caso) la prioridad actual de los bolivianos?. La más chistosa ocurrencia (no la única) que he leído en el programa de gobierno 2010-2015 del MAS es el proyecto del ?tren bala? en el altiplano, que inclusive ofusca al controvertido proyecto del satélite.
Empezaré por repasar la información, escasa, imperfecta y confusa que, como de costumbre, se proporciona ?al pueblo?; esta vez por parte del Viceministro de Transporte. Se trataría de un tren entre La Paz y Oruro, que costaría como dos satélites, gracias a un financiamiento del país productor (China, ¿cuándo no?), viajaría a una ?velocidad promedio entre 150 y 200 km/h? y recorrería los 230 km que separan las dos urbes entre 45 y 75 minutos, dependiendo de la fuente periodística. El proyecto y la noticia merecen unas cuantas observaciones.
Primero “menudo detalle” el tren no debería salir de La Paz sino de El Alto, caso contrario perdería 45? sólo en salvar los 500 metros de altura entre las dos ciudades. Sin embargo, los que no podrán evitar perder esos 45? serán los pasajeros de La Paz que deberán desplazarse a El Alto, ?movimientos sociales? permitiendo.
Segundo, cuando se habla de velocidades promedio, una incertidumbre de 50 km/h es excesiva. Me inclino por los 200 km/h: sólo en ese caso sería posible, en teoría, llegar a Oruro en algo más de una hora, pero nunca en 45?. Aparentemente, le falló la física básica al viceministro, quien, además podía haber explicado si la menor potencia de los motores, por la altura, será compensada por la menor resistencia del aire.
Tercero, debemos convenir que de ?bala? el nuevo tren no tiene nada. Las balas viajan a velocidades supersónicas (más de 1.000 km por hora) y los trenes de alta velocidad a más de 250 km/h. Considerando el tiempo que se pierde para entrar o salir de las ciudades (las estaciones de trenes suelen estar en el centro, a diferencia de los aeropuertos), nuestro tren bala debería alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h.
Ahora bien, ¿por qué me parece un disparate mayúsculo ese proyecto? Porque ese tren debe desplazarse sobre una superficie lo más plana posible (y el altiplano es más alto que plano), no debe tener pasos de nivel (o sea la línea férrea debe estar totalmente aislada con vallas, túneles y viaductos por motivos obvios) y tiene consumos de electricidad, costos de operación y gastos de mantenimiento elevadísimos (los boletos en Europa cuestan más de Bs 100 por 100 km). Entre El Alto y Oruro tenemos una carretera que “proyecto sumamente loable” está a punto de ser ampliada a cuatro carriles, buses que salen cada media hora a un costo de Bs 10 por 100 km y paran innumerables veces para mayor servicio a los pasajeros de las ciudades intermedias.
Me pregunto si el proyecto es una ocurrencia aislada de algún funcionario despistado u otro despiste funcional al olvido de la cantada reversión al Estado de los ferrocarriles, una medida reiterada y justificadamente (creo yo) postergada.
En fin, dejando de lado los aspectos políticos, hay una duda más en torno al proyecto: ¿será el ahorro de tiempo en los viajes (ahorro ni siquiera demostrado en nuestro caso) la prioridad actual de los bolivianos (especialmente de los más pobres y necesitados)?
Fuente: La Razón
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sábado, 31 de octubre de 2009
miércoles, 1 de julio de 2009
Ejecución presupuestaria (Roberto Laserna)
Hay un tema en el centro del debate que combina política y gestión pública: el de la ejecución presupuestaria. El Gobierno actualizó la controversia con un decreto que revierte los recursos que las prefecturas no gasten en seguridad ciudadana.
Esto agrava un problema ya serio.
En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.
La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).
El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.
Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.
El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.
La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.
En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?
En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.
Fuente: Los Tiempos
Esto agrava un problema ya serio.
En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.
La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).
El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.
Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.
El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.
La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.
En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?
En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.
Fuente: Los Tiempos
viernes, 28 de noviembre de 2008
Los menonitas y el estado pluricultural (Roberto Laserna)
Cada día que pasa hay algún dato nuevo para reconocer cuál es la naturaleza profunda del proyecto de cambio que impulsan algunas de las autoridades del gobierno. Y poco a poco se descubre que es una naturaleza autoritaria, intolerante y antidemocrática. La última muestra está en la decisión de expulsar "por las buenas" a los menonitas, por ser "extremadamente conservadores".
Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.
Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.
¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.
¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.
La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.
Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?
Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.
Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.
Fuente: Los Tiempos
Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.
Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.
¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.
¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.
La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.
Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?
Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.
Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.
Fuente: Los Tiempos
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