ALVARO RÍOS ROCA
Muchos, con afanes eminentemente políticos, han engatusado a nuestra población y le han hecho creer que es muy viable industrializar el gas y que casi todo el energético bajo el subsuelo (40 a 100 TPC con mucha exploración, capital y tecnología) debe industrializarse. Empero, a continuación trataremos de hacer un análisis pragmático, económico y técnico del porqué de las frustraciones de este sueño de muchos bolivianos.
Tal vez así podamos entender porqué casi cinco años después de las revueltas y protestas para su no exportación e industrialización, pero hasta ahora no ocurre nada y no hay siquiera un estudio serio de factibilidad con rentabilidad y recuperación de costos. Pregonamos que tampoco pasará nada en los próximos 3 a 5 años.
En esta entrega nos ocuparemos sobre el gas metano (95% del gas natural) y la próxima lo haremos sobre el gas etano (5% del gas natural), que a nuestro entender es la verdadera industrialización y que la echamos a perder por haber perdido mercados de exportación.
Principiemos manifestando categóricamente que el uso principal del gas natural metano a nivel mundial es para quemarlo en plantas termoeléctricas, en la industria, en comercios y domicilios y en vehículos. Así, podemos probárselo a cualquiera con datos y cifras que casi el 90% del gas natural metano en el mundo se quema en los usos indicados y un 10% del gas metano es transformado para producir amoniaco o metanol en forma comercial. No vamos a siquiera emitir comentario sobre el GTL, que aun sigue en etapa experimental y queriendo ser comercial (5 a 10 años mas).
Para transformar rentablemente el gas natural metano en “metanol o amoniaco”, en primer lugar se requiere de plantas de escala, mucha seguridad jurídica y también de un puerto o lugar con acceso a transporte muy económico como barco o tren para llegar a los mercados competitivamente. Soñemos por un momento que la seguridad jurídica del país esta muy bien y que Puerto Suárez es una opción.
Los precios de gas metano necesarios para hacer viable esta transformación son generalmente mucho mas bajos (a veces una relación de 3 a 1) que para quemarlos. Es decir que si decidimos industrializar recibiríamos cerca a 1 US$/MMBTU Vs. 3 US$/MMBTU por exportar y perder mucho en regalías e impuestos.
Lo más complicado en Bolivia es cerrar el circuito exploratorio con impuestos de 50% y obtener rentabilidad en la exploración y explotación con los precios que se requieren para la industrialización del gas metano.
En la industria química, en el laboratorio todo es posible, pero lastimosamente en la vida real donde se involucran aspectos económicos, financieros los sueños se torna realidades muy rápidamente.
Nuestra recomendación es que no forcemos a que YPFB haga lo que no es posible con las regalías y tributos actuales o sin subsidiar primero con precios mas elevados la exportación porque perderá recursos y perderemos todos los bolivianos cuando nuestra estatal quiebre.
El autor es actual socio director de Gas Energy Latin America. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
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lunes, 28 de septiembre de 2009
Litio: cuidado con los "expertos" (Editorial de El Nacional de Tarija)
"La industrialización del salar necesita una perspectiva interdisciplinaria a fin de evitar desviaciones no deseadas del propósito del proyecto. En la actual estrategia del Ministerio de Minería y Metalurgia se percibe, por ejemplo, un aparente apego a lo técnico antes que a lo económico, cuando lo que se requiere es una combinación de ambas orientaciones. Este sesgo se hace mucho más visible en el denominado Comité Científico, donde no parece haber cabida para profesionales provenientes de las ciencias sociales o económico-financieras".
La cita corresponde a una nota de opinión publicada por este medio de comunicación, cuyo autor es Juan Carlos Zuleta Calderón, reconocido especialista en temas energéticos. El autor alertó en la misma nota que ciertos "expertos" que ofician de analistas sobre el tema del litio de Uyuni pretenden desvalorizar el potencial del Salar indicando que el alto contenido de manganeso (18 partes de manganeso por una de litio) sería un problema para el proyecto boliviano de explotación de esa riqueza.
Según el especialista citado, la cuestión es precisamente al revés, toda vez que el manganeso sirve para hacer aleaciones livianas que serían demandadas precisamente para ayudar a alivianar el peso de las baterías de litio e incluso el peso de los vehículos, los que podrían utilizar aleaciones livianas en sustitución de partes de acero.
Corresponde tener siempre presente, aprendiendo de nuestros errores y nuestra experiencia histórica, el rol que jugaron los famosos "expertos" en fundición de estaño. Éstos tuvieron un rol protagónico para frenar a toda costa la instalación de nuestra propia fundición en Vinto, Oruro. Inventaban toda suerte de objeciones "técnicas" y hasta le encontraban defectos a la ley y composición de los minerales de estaño.
La terca realidad los desenmascaró, no sin antes de que el país tuviese que sufrir graves pérdidas como consecuencia de la antipatriótica labor de aquellos sujetos. Pero una de las alertas también importantes que hace Zuleta se refiere a la indispensable incorporación del componente económico financiero en la configuración del plan de acción del país en torno al litio. Esto quiere decir que hace falta incorporar especialistas en el desarrollo del negocio propiamente dicho. ¿Sabrá algo de ello un ingeniero minero?
"Ni el proyecto piloto ni la estrategia integral de industrialización serán viables si sus responsables sólo se ocupan de los aspectos técnicos del asunto, ignorando lo que acontece en el mercado, cuyas condiciones podrían ser incluso determinantes para el éxito del emprendimiento". La previsión es certera. Es preciso que los gobernantes actuales tomen humildemente conciencia de las limitaciones que tienen al respecto y, asegurándose los servicios de profesionales comprometidos con el interés patrio, conformen un equipo realmente multidisciplinario de alto nivel que perfile el negocio para Bolivia.
Que no nos ocurra como con los contratos petroleros de octubre de 2006. Estos documentos, según varias fuentes, fueron faccionados por "expertos" franceses vinculados a una de las transnacionales que, curiosamente, era también firmante de los mismos y que, para colmo, fueron denominados los "contratos más duros del mundo" por uno de los inefables "asesores", esta vez de este Gobierno. Esa frase, por si acaso, hizo tronar carcajadas en varias partes del mundo.
¿Cuál la forma de asegurarnos la participación organizada de grupos multidisciplinarios? La conformación de una entidad corporativa (la Corporación Boliviana del Litio, se propuso en algún momento), concebida para funcionar con los más altos estándares de cualquier corporación empresarial privada moderna, con capacidad para desarrollar el negocio y financiarlo en las condiciones más ventajosas, asegurando "el rol que otros sectores (manufacturero-industrial, energía, transportes, agropecuario, educación, etc.) podrían tener en un proyecto tan significativo para el país".
Lo corporativo, aclaremos, no significa poner en la publicidad institucional esa palabrita (la estatal petrolera cree actualmente que confunde a la ciudadanía con esa "estrategia"). Conlleva el desarrollo de un marco legal especializado para hacerlo funcionar, el que garantiza, entre otras cosas, mecanismos adecuados de toma de decisiones colectivas y minimiza al máximo los riesgos de corrupción e interferencias políticas adversas.
Esta idea no implica ninguna apuesta ni ningún experimento. Se trata de una moderna y estratégica forma de encarar el desarrollo de un aparato productivo estatal. Las empresas corporativas son un ejemplo de eficiencia en países como Brasil o Noruega, y tienen símiles en economías como la chilena.
En un principio del actual régimen se recordó el historial de las iniciativas productivas estatales que acabaron en desastres debido a la improvisación, la falta de profesionalismo y la corrupción. En ese marco se planteaba la urgencia de romper con aquellos viejos errores que colmaron de deudas, pérdidas y frustraciones al país. Pero, lamentablemente, dos años más tarde el caso Catler – Uniservice mostraba que otra lección de la historia había sido completamente ignorada.
Tras ese desastre, aparecieron “expertos” con alma de aves de rapiña que pretendieron re decorar el fracaso del proceso privatizador-entreguista llamado capitalización. Es decir, sugirieron algo así como volver de las brasas al sartén. ?Llega entonces otra prueba para el país, y sobre todo para las autoridades del Ejecutivo. Ojalá está vez se sepa diferenciar entre “expertos” y expertos. Sin duda, la mejor vara de evaluación será el interés patrio.
La cita corresponde a una nota de opinión publicada por este medio de comunicación, cuyo autor es Juan Carlos Zuleta Calderón, reconocido especialista en temas energéticos. El autor alertó en la misma nota que ciertos "expertos" que ofician de analistas sobre el tema del litio de Uyuni pretenden desvalorizar el potencial del Salar indicando que el alto contenido de manganeso (18 partes de manganeso por una de litio) sería un problema para el proyecto boliviano de explotación de esa riqueza.
Según el especialista citado, la cuestión es precisamente al revés, toda vez que el manganeso sirve para hacer aleaciones livianas que serían demandadas precisamente para ayudar a alivianar el peso de las baterías de litio e incluso el peso de los vehículos, los que podrían utilizar aleaciones livianas en sustitución de partes de acero.
Corresponde tener siempre presente, aprendiendo de nuestros errores y nuestra experiencia histórica, el rol que jugaron los famosos "expertos" en fundición de estaño. Éstos tuvieron un rol protagónico para frenar a toda costa la instalación de nuestra propia fundición en Vinto, Oruro. Inventaban toda suerte de objeciones "técnicas" y hasta le encontraban defectos a la ley y composición de los minerales de estaño.
La terca realidad los desenmascaró, no sin antes de que el país tuviese que sufrir graves pérdidas como consecuencia de la antipatriótica labor de aquellos sujetos. Pero una de las alertas también importantes que hace Zuleta se refiere a la indispensable incorporación del componente económico financiero en la configuración del plan de acción del país en torno al litio. Esto quiere decir que hace falta incorporar especialistas en el desarrollo del negocio propiamente dicho. ¿Sabrá algo de ello un ingeniero minero?
"Ni el proyecto piloto ni la estrategia integral de industrialización serán viables si sus responsables sólo se ocupan de los aspectos técnicos del asunto, ignorando lo que acontece en el mercado, cuyas condiciones podrían ser incluso determinantes para el éxito del emprendimiento". La previsión es certera. Es preciso que los gobernantes actuales tomen humildemente conciencia de las limitaciones que tienen al respecto y, asegurándose los servicios de profesionales comprometidos con el interés patrio, conformen un equipo realmente multidisciplinario de alto nivel que perfile el negocio para Bolivia.
Que no nos ocurra como con los contratos petroleros de octubre de 2006. Estos documentos, según varias fuentes, fueron faccionados por "expertos" franceses vinculados a una de las transnacionales que, curiosamente, era también firmante de los mismos y que, para colmo, fueron denominados los "contratos más duros del mundo" por uno de los inefables "asesores", esta vez de este Gobierno. Esa frase, por si acaso, hizo tronar carcajadas en varias partes del mundo.
¿Cuál la forma de asegurarnos la participación organizada de grupos multidisciplinarios? La conformación de una entidad corporativa (la Corporación Boliviana del Litio, se propuso en algún momento), concebida para funcionar con los más altos estándares de cualquier corporación empresarial privada moderna, con capacidad para desarrollar el negocio y financiarlo en las condiciones más ventajosas, asegurando "el rol que otros sectores (manufacturero-industrial, energía, transportes, agropecuario, educación, etc.) podrían tener en un proyecto tan significativo para el país".
Lo corporativo, aclaremos, no significa poner en la publicidad institucional esa palabrita (la estatal petrolera cree actualmente que confunde a la ciudadanía con esa "estrategia"). Conlleva el desarrollo de un marco legal especializado para hacerlo funcionar, el que garantiza, entre otras cosas, mecanismos adecuados de toma de decisiones colectivas y minimiza al máximo los riesgos de corrupción e interferencias políticas adversas.
Esta idea no implica ninguna apuesta ni ningún experimento. Se trata de una moderna y estratégica forma de encarar el desarrollo de un aparato productivo estatal. Las empresas corporativas son un ejemplo de eficiencia en países como Brasil o Noruega, y tienen símiles en economías como la chilena.
En un principio del actual régimen se recordó el historial de las iniciativas productivas estatales que acabaron en desastres debido a la improvisación, la falta de profesionalismo y la corrupción. En ese marco se planteaba la urgencia de romper con aquellos viejos errores que colmaron de deudas, pérdidas y frustraciones al país. Pero, lamentablemente, dos años más tarde el caso Catler – Uniservice mostraba que otra lección de la historia había sido completamente ignorada.
Tras ese desastre, aparecieron “expertos” con alma de aves de rapiña que pretendieron re decorar el fracaso del proceso privatizador-entreguista llamado capitalización. Es decir, sugirieron algo así como volver de las brasas al sartén. ?Llega entonces otra prueba para el país, y sobre todo para las autoridades del Ejecutivo. Ojalá está vez se sepa diferenciar entre “expertos” y expertos. Sin duda, la mejor vara de evaluación será el interés patrio.
sábado, 26 de septiembre de 2009
“¿De qué vamos a vivir”?
“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi
Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.
Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.
Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.
Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.
Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.
Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.
Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.
Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.
Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.
viernes, 18 de septiembre de 2009
¿Qué vamos a hacer con tanto gas? (Luis Betancourt Oteyza)
Esta insólita pregunta se la hizo Chávez ante la estupefacta prensa española e internacional al recibir la noticia del descubrimiento de un nuevo e importante yacimiento de gas en el golfo de Venezuela. El hallazgo es obra de la exploración de la empresa española REPSOL, asociada a la italiana ENI, trabajando para la desvencijada PDVSA, y explica el remate del lujoso viaje en Madrid. Chávez concluía así un costosísimo periplo por África y Asia en visista a los dictadores y terroristas más emblemáticos del momento; sólo quedó a un lado el hoy mediatizado Mugabe de Zimbawe, titular de la más prestigiosa condecoración venezolana, para vergüenza de la memoria de Bolívar. Fue una visita a los panas del delito y el terror. Una exhibición de cinismo y desplante incivilizado. Un homenaje al totalitarismo comunista y nazi. Cosas normales en Chávez y sus secuaces del chavismo, y por eso no merecen más comentarios. Basta.
Lo resaltante, como anotábamos al inicio de estas reflexiones, es su ofensiva pregunta de nuevo rico bonchón, de recién vestido jaquetón, a la prensa de una nación que carece de recursos energéticos propios y a la que hay que enrostrar cómo su gobierno socialista sacrifica los principios por los llamados intereses, como justificaría cualquier diplomático. Sin embargo, hay algo en la echona pregunta que escuece los ánimos de la sensibilidad humana; se cuela un dejo de traición en esa expresión petulante y burlona. Y es que el mundo entero se pregunta atónito: ¿Por qué, como el botarate irresponsable, que sin techo ni servicios de salud para él y su familia, ahogados en basura y amenazados de muerte diariamente por delincuentes nacidos de la impunidad y el desempleo, se pregunta retadoramente que qué hace con la lotería que se acaba de ganar? ¿Se la bebe en caña viajando con su combo o se la gasta en francachelas con sus amigos del Sur? Me imagino el disgusto de los reporteros presentes y la lástima que debieron sentir por los hijos de Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre; también ellos se preguntan: ¿Qué les pasa a los herederos de los orgullosos ejércitos libertadores, que antaño nos arrebataron esas colonias y hoy soportan bobamente este remedo de Idi Amin Dadá? Todos nos explicamos el toque técnico en Madrid, el regocijo de Zapatero y su Rey, lo que no podemos entender es qué hace en Venezuela todavía Boves II.
betaluis@gmail.com
Fuente: www.analitica.com
Lo resaltante, como anotábamos al inicio de estas reflexiones, es su ofensiva pregunta de nuevo rico bonchón, de recién vestido jaquetón, a la prensa de una nación que carece de recursos energéticos propios y a la que hay que enrostrar cómo su gobierno socialista sacrifica los principios por los llamados intereses, como justificaría cualquier diplomático. Sin embargo, hay algo en la echona pregunta que escuece los ánimos de la sensibilidad humana; se cuela un dejo de traición en esa expresión petulante y burlona. Y es que el mundo entero se pregunta atónito: ¿Por qué, como el botarate irresponsable, que sin techo ni servicios de salud para él y su familia, ahogados en basura y amenazados de muerte diariamente por delincuentes nacidos de la impunidad y el desempleo, se pregunta retadoramente que qué hace con la lotería que se acaba de ganar? ¿Se la bebe en caña viajando con su combo o se la gasta en francachelas con sus amigos del Sur? Me imagino el disgusto de los reporteros presentes y la lástima que debieron sentir por los hijos de Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre; también ellos se preguntan: ¿Qué les pasa a los herederos de los orgullosos ejércitos libertadores, que antaño nos arrebataron esas colonias y hoy soportan bobamente este remedo de Idi Amin Dadá? Todos nos explicamos el toque técnico en Madrid, el regocijo de Zapatero y su Rey, lo que no podemos entender es qué hace en Venezuela todavía Boves II.
betaluis@gmail.com
Fuente: www.analitica.com
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Bolivia cae al puesto 120 en ranking competitivo
Estudio. El país ocupa el penúltimo lugar en la región. Los economistas y los privados advierten el destrozo de la institucionalidad y más riesgos para las inversiones. El Gobierno guarda silencio
Hilton Heredia García
Por tercer año consecutivo el país vuelve a descender en el ranking de competitividad a escala mundial. Un informe emitido por el Foro Económico Mundial desvela que Bolivia pasó del puesto 118 al 120 en un estudio que contempla a 133 países durante el periodo 2009-2010. En el contexto de Sudamérica, Bolivia ocupa el penúltimo lugar, uno menos que Paraguay. La noticia alertó a economistas, empresarios privados, exportadores y empresas petroleras que advierten que en el país se destrozó la institucionalidad y no hay condiciones reales y la seguridad jurídica para efectuar inversiones.El informe divulgado ayer y en el que se destaca la posición de Chile que ostenta el puesto 30 y líder de la región, deja establecido que los puestos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay son los peor ubicados por la falta de calidad en sus instituciones, la burocracia, la delincuencia, las infraestructuras y el nivel educativo, entre otros factores. En comparación con Chile, las ventajas de este país sobre la región continúan por el lado de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la eficiencia en el mercado laboral y de bienes, así como por la mayor sofisticación del mercado financiero. Al respecto, el director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, afirmó que Bolivia retrocedió casi en todos los ámbitos, a excepción de educación y la macroeconomía. “En 2007 estábamos en el puesto 105, luego bajó al 118 y ahora estamos en el puesto 120; éste es un retroceso permanente, lo cual confirma que el país pierde aceleradamente la poca competitividad que tenía. Aquí el principal responsable es el Gobierno”, criticó.Por su lado, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Waldo López, enfatiza que el Gobierno sigue destrozando la institucionalidad, no sigue un modelo económico, hay poca infraestructura e innovación, por lo tanto los resultados tienden a disminuir.“Cada vez estamos más atrasados. Este índice ve las condiciones básicas de de- sarrollo y el país está perdiendo una oportunidad histórica en una coyuntura favorable. “La competitividad es resultado de la acción conjunta entre Estado y privados, pero la responsabilidad del modelo económico y la política a seguir es tarea del Gobierno”, agregó.A su turno, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó: “Bolivia pierde créditos frente a otros países ante los ojos de los inversionistas y de los agentes económicos que se fijan en este tipo de valoración. La competitividad es una señal de cómo están progresando o no las políticas públicas de los países, es un tango que se baila entre dos (Estado y privados), pero las señales deben ser enviadas por el Gobierno. Esto puede perjudicar la llegada de inversionistas y se afecta las posibilidades de desarrollo y la generación de empleo. Indudablemente esto tiene que ver directamente con la seguridad jurídica e incentivos”.Por su parte la unidad de Comunicación del Ministerio de Planificación indicó que el ministro Noel Aguirre se pronunciará hoy. Se argumentó que la autoridad se encontraba en reuniones con su equipo técnico. En el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco se obtuvo respuesta sobre el tema hasta el cierre de la presente edición.
El estudio
- Riqueza. El Informe de competitividad global es publicado anualmente por el Foro Económico Mundial en Davos Suiza. El organismo define la competitividad global como la aptitud de un país o empresa para generar más riqueza para su gente que sus competidores en los mercados mundiales.- Medición. Entre los factores que se miden están: la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la calidad de las instituciones, la eficiencia de los mercados, el potencial de innovación y la educación básica en cada uno de los países.
En portada
«Seré más selectiva con el modelaje»
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Los frutos de la “nacionalización”
Es sorprendente la facilidad con que el gobierno enarbola la “nacionalización” como una bandera electoral, pese a los resultados
Desde que el 1 de mayo de 2006 el gobierno del Movimiento al Socialismo decidió “nacionalizar” los hidrocarburos, no ha habido día sin que una mala noticia dé cuenta del avance de un proceso que conduce a un inminente descalabro del sector en el que más esperanzas se habían depositado para el futuro de nuestro país.
La magnitud del daño hecho a la principal base de la economía nacional todavía no ha sido comprendida en su verdadera dimensión por el grueso de la ciudadanía, porque gracias a la desmesurada elevación de los precios del petróleo en el mercado internacional, algo que nada tiene que ver con al política económica gubernamental, los ingresos provenientes de las exportaciones fueron extraordinariamente buenos. A eso se sumó la ligereza con que de diversas maneras el gobierno distribuyó entre los sectores más necesitados de la población los recursos así obtenidos.
Sin embargo, y más allá de las apariencias, abundan los datos que obligan a ver con mucho pesimismo el futuro. Dos noticias conocidas durante las últimas horas, dan cabal idea de lo que eso significa.
Una de ellas, es la contenida en el Plan Quinquenal de inversiones 2010-2026 elaborado por YPFB, según la que durante los próximos seis años el Gobierno deberá gastar 2.584 millones de dólares para importar líquidos de los hidrocarburos (gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, GLP) si no concluye dos refinerías, dos plantas gasíferas y la ampliación del transporte, una inversión de al menos 1.413 millones de dólares. El país podría además comprar por primera vez del exterior petróleo crudo.
Este documento, que delinea la estrategia que YPFB asumirá en los próximos 15 años ante la demanda creciente de gas natural y líquidos derivados del petróleo y la falta de oferta, fue entregado por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB al presidente Evo Morales para su aprobación.
La segunda noticia a la que nos referimos confirma lo que ya se veía venir. Es que YPFB no podrá cumplir el contrato de exportación de gas natural firmado con Argentina que establece 27 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a partir del año 2010, debido a la baja producción, la demanda para la industrialización nacional y los requerimientos de las plantas de separación de combustibles.
En rigor de verdad, ninguna de las informaciones que comentamos tendría que sorprender a nadie, pues todos los expertos en la materia, desde hace ya mucho tiempo, nos advirtieron que ese y no otro es el único resultado que se puede esperar de la manera como está siendo administrado el sector. Lo que sí sorprende es que a pesar de tan elocuente realidad, la “nacionalización” siga siendo presentada por el gobierno como una de sus principales banderas en la campaña electoral en curso. Y más sorprendente aún, que no haya quién se le ponga al frente para desenmascarar tanta impostura.
Desde que el 1 de mayo de 2006 el gobierno del Movimiento al Socialismo decidió “nacionalizar” los hidrocarburos, no ha habido día sin que una mala noticia dé cuenta del avance de un proceso que conduce a un inminente descalabro del sector en el que más esperanzas se habían depositado para el futuro de nuestro país.
La magnitud del daño hecho a la principal base de la economía nacional todavía no ha sido comprendida en su verdadera dimensión por el grueso de la ciudadanía, porque gracias a la desmesurada elevación de los precios del petróleo en el mercado internacional, algo que nada tiene que ver con al política económica gubernamental, los ingresos provenientes de las exportaciones fueron extraordinariamente buenos. A eso se sumó la ligereza con que de diversas maneras el gobierno distribuyó entre los sectores más necesitados de la población los recursos así obtenidos.
Sin embargo, y más allá de las apariencias, abundan los datos que obligan a ver con mucho pesimismo el futuro. Dos noticias conocidas durante las últimas horas, dan cabal idea de lo que eso significa.
Una de ellas, es la contenida en el Plan Quinquenal de inversiones 2010-2026 elaborado por YPFB, según la que durante los próximos seis años el Gobierno deberá gastar 2.584 millones de dólares para importar líquidos de los hidrocarburos (gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, GLP) si no concluye dos refinerías, dos plantas gasíferas y la ampliación del transporte, una inversión de al menos 1.413 millones de dólares. El país podría además comprar por primera vez del exterior petróleo crudo.
Este documento, que delinea la estrategia que YPFB asumirá en los próximos 15 años ante la demanda creciente de gas natural y líquidos derivados del petróleo y la falta de oferta, fue entregado por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB al presidente Evo Morales para su aprobación.
La segunda noticia a la que nos referimos confirma lo que ya se veía venir. Es que YPFB no podrá cumplir el contrato de exportación de gas natural firmado con Argentina que establece 27 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a partir del año 2010, debido a la baja producción, la demanda para la industrialización nacional y los requerimientos de las plantas de separación de combustibles.
En rigor de verdad, ninguna de las informaciones que comentamos tendría que sorprender a nadie, pues todos los expertos en la materia, desde hace ya mucho tiempo, nos advirtieron que ese y no otro es el único resultado que se puede esperar de la manera como está siendo administrado el sector. Lo que sí sorprende es que a pesar de tan elocuente realidad, la “nacionalización” siga siendo presentada por el gobierno como una de sus principales banderas en la campaña electoral en curso. Y más sorprendente aún, que no haya quién se le ponga al frente para desenmascarar tanta impostura.
viernes, 3 de julio de 2009
Otro paso hacia la miseria
Lo único cierto es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria
Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.
Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.
miércoles, 1 de julio de 2009
Ejecución presupuestaria (Roberto Laserna)
Hay un tema en el centro del debate que combina política y gestión pública: el de la ejecución presupuestaria. El Gobierno actualizó la controversia con un decreto que revierte los recursos que las prefecturas no gasten en seguridad ciudadana.
Esto agrava un problema ya serio.
En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.
La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).
El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.
Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.
El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.
La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.
En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?
En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.
Fuente: Los Tiempos
Esto agrava un problema ya serio.
En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.
La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).
El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.
Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.
El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.
La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.
En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?
En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.
Fuente: Los Tiempos
martes, 2 de junio de 2009
Lo que es bueno para GM…
Si “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.” habrá que suponer que no será la última empresa en ser nacionalizada
… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.
La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.
Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.
Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.
Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.
A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?
… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.
La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.
Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.
Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.
Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.
A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?
martes, 31 de marzo de 2009
Los primeros efectos de la crisis
Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables
La última edición del Informe Nacional de Coyuntura que periódicamente publica la Fundación Milenio, ofrece abundantes datos, a cuál más alarmante, sobre los primeros efectos de la crisis económica mundial en nuestro país y especialmente en la “locomotora” de la economía nacional, que es Santa Cruz.
“Por supuesto, Bolivia no estaba blindada y empezó a sentir los efectos de la crisis mundial con la reducción de las exportaciones en enero de 2009, la caída de las remesas en el último trimestre de 2008 y el cierre de varias operaciones mineras en Potosí”, indica, Destaca, además, el hecho de que la economía cruceña será la más afectada, pues los dos pilares sobre los que ésta se sostiene, el sector agroindustrial y el manufacturero, verán drásticamente disminuidos sus mercados.
Los datos oficiales del INE dan cuenta de la magnitud de ese fenómeno, En enero de 2009, las exportaciones cruceñas disminuyeron en 51 por ciento con respecto a similar periodo en 2008. Los principales productos de exportación de Santa Cruz que tuvieron un impacto negativo son: la soya y sus derivados que cayeron de 41 millones de dólares a12 millones; los combustibles de 27 millones a menos de 5 millones, el gas natural de 35 millones a 29 millones y los productos alimenticios de 16 millones a menos de 5 millones de dólares.
A lo anterior se suma la disminución de los precios del gas natural, lo que tendrá un fuerte impacto en el balance financiero del aparato público ya sea éste Gobierno Central, departamental y municipal. En cambio, el sector privado estará afectado por la disminución de las exportaciones no tradicionales.
Por ejemplo, los derivados de la soya disminuyeron su valor en un 30 por ciento desde el precio más alto obtenido en 2008 hasta el 20 de marzo de 2009, los precios de los productos alimenticios como el arroz, maíz, sorgo se redujeron en 35 por ciento, 47 por ciento y 46 por ciento respectivamente.
Otro factor que incidirá drásticamente en la economía nacional es la disminución del flujo de remesas provenientes de los bolivianos que emigraron a trabajar en el exterior, principalmente a Estados Unidos, España e Italia, países que han dejado de ser proveedores de fuentes de trabajo.
Como se puede constatar a la luz de esas cifras, Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables, por lo que todas las previsiones indican que los próximos meses y años traerán crecientes dificultades.
Y como si los factores externos no fueran suficientes, a ellos se suma la política económica del actual gobierno, o la ausencia de ella, que en nada contribuye a contrarrestar los efectos negativos de la crisis global sino, por el contrario, los agudiza.
miércoles, 13 de febrero de 2008
El país más desigual... (Roberto Laserna)
Bolivia no es ciertamente un modelo de equidad, pero está muy lejos de ser es “el país más desigual”, como afirman muchos informes de organismos internacionales y no pocos documentos políticos. Es que en ellos la desigualdad se define en base a la distribución del ingreso. Pero en una economía heterogénea como la nuestra, en la que una parte de lo que satisface las necesidades de la gente proviene de bienes producidos en el hogar o de transacciones e intercambios no monetarios, resulta más apropiado observar la distribución del consumo. Cuando se procede de esta manera se confirma que en Bolivia la pobreza es un problema mucho más grave que la desigualdad.
La estructura del consumo, que define mejor que los ingresos monetarios la situación económica real de las familias, nos informa que el coeficiente de Gini de Bolivia es del 43.8%, que es mucho más bajo que el 57.8% que se le atribuye al país e incluso inferior al de países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica.
La fuente más importante de datos respecto de la situación de las familias bolivianas es la encuesta de hogares que aplica el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Ver gráfico)
La base de datos disponible más reciente es la del año 2005.
Esta encuesta es larga y muy detallada, y el personal puede aplicarla en varias visitas a los hogares a fin de completar la información. A los ingresos y gastos se dedica mucho tiempo en la encuesta, pues se trata de obtener información que a veces el propio hogar desconoce si no lleva una contabilidad rigurosa de lo que recibe, vende y compra. Por lo tanto, la información de los ingresos y gastos totales que la familia recibe cada mes no provienen de una sola pregunta, sino de las sumas que se hacen al procesar la encuesta con las respuestas que se han dado acerca de los ingresos y gastos de todos los miembros del hogar. También se hacen esfuerzos para cuantificar el valor monetario de las transferencias gratuitas, de los bienes que se producen y consumen dentro del hogar y de los intercambios de bienes por bienes o bienes por servicios entre familias.
Los especialistas tienen mayor confianza en los datos de gastos que en los de ingresos, debido a que la gente tiende a mencionar cifras inferiores de ingresos. El temor de que los datos se usen para cobrarles impuestos es lo que explica con más frecuencia esa “subdeclaración”, cuando no otros temas de conveniencia personal o grupal. En cambio los gastos se registran con más detalle (cuánto compra de pan al día, cuánto paga de alquiler al mes, etc.), por lo que se obtienen datos más confiables. Y dado que se toma en cuenta el autoconsumo y los intercambios no monetarios, la información sobre gastos proporciona una mejor aproximación a la situación económica real de las personas.
Comparemos las estructuras de ingresos y gastos en Bolivia, en base a la encuesta de hogares del 2005.
En el cuadro que acompaña este artículo se muestra la población dividida en diez grupos de similar dimensión demográfica y ordenados según sus niveles de consumo (deciles, les llaman los estadísticos). En las dos primeras columnas están los porcentajes de ingresos y de gastos que corresponden a cada decil, y en las dos últimas los niveles promedio de ingreso y gasto mensuales por persona.
DECIL --% del Ingreso----% del Gasto---Ing mensual----Gasto mensual
-----------de Hogares ------per capita------per capita -------per capita
---------------1-------------------2----------------3------------------4----------
10% mas
bajo--------0.29--------------1.67------------65.7----------------70.4-----
2 -----------1.09--------------3.03-----------118.0---------------128.0----
3 -----------2.20--------- ----4.06-----------164.9---------------170.8---
4 -----------3.43---------- ---5.14 -----------219.6---------------218.5
5 -----------4.70 -------------6.42 -----------268.3 --------------270.9
6 -----------6.28 -------------7.80 -----------334.4 --------------329.3
7 -----------8.35 -------------9.57 -----------466.7 --------------404.3
8 ----------11.49 ---------- -12.01 -- ---------588.4 --------------507.9
9 ----------16.86 -----------16.34 -- ---------692.2 ----- --------688.0
10% mas
alto -------45.31 -----------33.95 ----------1896.2 ------------1435.7
-------------100 -----------100.00 -----------475.9 ------------- -422.3 -----------
Gini -------- 57.8% --------43.8% ----------48.5% --------------43.8%
Notas: 1 es Ingreso de los hogares por deciles de ingreso, 2 es gastos por persona por deciles de gastos, 3 es ingreso promedio por persona en cada decil de gasto, 4 es gasto por persona por decil de gasto. Datos de la Mecivi 2005, INE
En general suele concentrar la atención en la columna 1, que muestra las proporciones de ingresos monetarios que perciben los hogares, ordenados desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Vista así, la desigualdad es enorme. Mientras el 10% más pobre de la población recibe solamente el 0.29% de los ingresos, en el otro extremo se encuentra el 10% más rico, que percibe el 45.31% de los ingresos. La distancia, medida por ingreso familiar mensual, es enorme. El decil más rico recibe en promedio 154 veces más que los hogares más pobres. Estos datos suelen expresarse a través de un coeficiente de desigualdad, que se llama de Gini, y que con estos datos alcanza al 57.8%. Es justamente de este dato que ha salido la idea de “el país más desigual”, que se repite tanto en los documentos políticos como en los de la cooperación internacional.
Prestemos ahora atención a las columnas 2 y 4, a las que pocas veces se hace referencia a pesar de que, como anticipamos, se considera que esos datos son más representativos de la verdadera situación económica de la gente.
La columna 2 muestra la desigualdad real. El 10% más pobre gasta el 1.67% del total de los gastos de las familias, y el 10% más rico gasta casi el 34% de ese total. Hay desigualdad pero es menor a la que se vio en el caso de los ingresos. En el decil más pobre el gasto promedio mensual por persona es de 70 bolivianos, en tanto que los más ricos tienen un gasto mensual por persona de 1436 bolivianos, 20 veces más (y no las 154 veces que se veía en la medición del ingreso que tampoco tomaba en cuenta los tamaños de las familias).
Como se afirmó antes, el indicador de desigualdad de Gini calculado con estos datos es del 43.8%, catorce puntos más cerca de la igualdad que el Gini de ingresos.
El gráfico reproduce la misma información mediante las denominadas curvas de Lorenz. Mientras más se acerca la línea a la diagonal, la desigualdad es menor. Los ingresos familiares están representados por la curva con puntos. Los gastos por persona por la línea con cuadrados. Estos tienen una distribución más igualitaria como lo muestra su mayor cercanía a la diagonal.
Por supuesto que hay desigualdades, y no se las puede ni debe ignorar. Pero tampoco se las debe exagerar porque se corre el riesgo de reproducir los errores que las generaron.
Además de los problemas de método que tienen que ver con la recolección y el procesamiento de los datos, que explican en parte las diferencias, esta información refuerza la necesidad de tomar en cuenta la economía del ch´enko que caracteriza a Bolivia. El concepto del ch´enko se refiere a la heterogeneidad estructural y la coexistencia de sistemas de producción y de racionalidades económicas muy diferentes que se relacionan de forma compleja, aprovechándose y obstruyéndose mutuamente. En el análisis estadístico es relevante tomar en cuenta este concepto porque nos recuerda que los datos monetarios dan visibilidad a sólo una parte de la economía, manteniendo al resto en la oscuridad estadística. La desigualdad de ingresos se refiere a esa parte visible, en tanto que la de los gastos toma en cuenta también, por lo menos en alguna medida, a la parte de la economía más oscura o menos monetizada.
Esta información, en definitiva, exige repensar las prioridades de política económica en el país y superar los prejuicios con que se ha mirado el pasado reciente. El problema principal de Bolivia no es la desigualdad sino la pobreza y, por lo tanto, el desafío principal que tenemos por delante es el de la creación de riqueza, no el de su distribución. Tal vez la distribución pueda estar entre los objetivos de los organismos públicos, pero la creación de riqueza solamente se puede alcanzar cuando se convierte en un objetivo de la sociedad en su conjunto. Nunca una burocracia estatal ha sido capaz de cumplir la tarea de crear riqueza en la escala que se necesita para superar la pobreza. Las sociedades, en cambio, sí lo han sido… y muchas veces.
=========
Fuente: Pulso
La estructura del consumo, que define mejor que los ingresos monetarios la situación económica real de las familias, nos informa que el coeficiente de Gini de Bolivia es del 43.8%, que es mucho más bajo que el 57.8% que se le atribuye al país e incluso inferior al de países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica.
La fuente más importante de datos respecto de la situación de las familias bolivianas es la encuesta de hogares que aplica el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Ver gráfico)
La base de datos disponible más reciente es la del año 2005.
Esta encuesta es larga y muy detallada, y el personal puede aplicarla en varias visitas a los hogares a fin de completar la información. A los ingresos y gastos se dedica mucho tiempo en la encuesta, pues se trata de obtener información que a veces el propio hogar desconoce si no lleva una contabilidad rigurosa de lo que recibe, vende y compra. Por lo tanto, la información de los ingresos y gastos totales que la familia recibe cada mes no provienen de una sola pregunta, sino de las sumas que se hacen al procesar la encuesta con las respuestas que se han dado acerca de los ingresos y gastos de todos los miembros del hogar. También se hacen esfuerzos para cuantificar el valor monetario de las transferencias gratuitas, de los bienes que se producen y consumen dentro del hogar y de los intercambios de bienes por bienes o bienes por servicios entre familias.
Los especialistas tienen mayor confianza en los datos de gastos que en los de ingresos, debido a que la gente tiende a mencionar cifras inferiores de ingresos. El temor de que los datos se usen para cobrarles impuestos es lo que explica con más frecuencia esa “subdeclaración”, cuando no otros temas de conveniencia personal o grupal. En cambio los gastos se registran con más detalle (cuánto compra de pan al día, cuánto paga de alquiler al mes, etc.), por lo que se obtienen datos más confiables. Y dado que se toma en cuenta el autoconsumo y los intercambios no monetarios, la información sobre gastos proporciona una mejor aproximación a la situación económica real de las personas.
Comparemos las estructuras de ingresos y gastos en Bolivia, en base a la encuesta de hogares del 2005.
En el cuadro que acompaña este artículo se muestra la población dividida en diez grupos de similar dimensión demográfica y ordenados según sus niveles de consumo (deciles, les llaman los estadísticos). En las dos primeras columnas están los porcentajes de ingresos y de gastos que corresponden a cada decil, y en las dos últimas los niveles promedio de ingreso y gasto mensuales por persona.
DECIL --% del Ingreso----% del Gasto---Ing mensual----Gasto mensual
-----------de Hogares ------per capita------per capita -------per capita
---------------1-------------------2----------------3------------------4----------
10% mas
bajo--------0.29--------------1.67------------65.7----------------70.4-----
2 -----------1.09--------------3.03-----------118.0---------------128.0----
3 -----------2.20--------- ----4.06-----------164.9---------------170.8---
4 -----------3.43---------- ---5.14 -----------219.6---------------218.5
5 -----------4.70 -------------6.42 -----------268.3 --------------270.9
6 -----------6.28 -------------7.80 -----------334.4 --------------329.3
7 -----------8.35 -------------9.57 -----------466.7 --------------404.3
8 ----------11.49 ---------- -12.01 -- ---------588.4 --------------507.9
9 ----------16.86 -----------16.34 -- ---------692.2 ----- --------688.0
10% mas
alto -------45.31 -----------33.95 ----------1896.2 ------------1435.7
-------------100 -----------100.00 -----------475.9 ------------- -422.3 -----------
Gini -------- 57.8% --------43.8% ----------48.5% --------------43.8%
Notas: 1 es Ingreso de los hogares por deciles de ingreso, 2 es gastos por persona por deciles de gastos, 3 es ingreso promedio por persona en cada decil de gasto, 4 es gasto por persona por decil de gasto. Datos de la Mecivi 2005, INE
En general suele concentrar la atención en la columna 1, que muestra las proporciones de ingresos monetarios que perciben los hogares, ordenados desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Vista así, la desigualdad es enorme. Mientras el 10% más pobre de la población recibe solamente el 0.29% de los ingresos, en el otro extremo se encuentra el 10% más rico, que percibe el 45.31% de los ingresos. La distancia, medida por ingreso familiar mensual, es enorme. El decil más rico recibe en promedio 154 veces más que los hogares más pobres. Estos datos suelen expresarse a través de un coeficiente de desigualdad, que se llama de Gini, y que con estos datos alcanza al 57.8%. Es justamente de este dato que ha salido la idea de “el país más desigual”, que se repite tanto en los documentos políticos como en los de la cooperación internacional.
Prestemos ahora atención a las columnas 2 y 4, a las que pocas veces se hace referencia a pesar de que, como anticipamos, se considera que esos datos son más representativos de la verdadera situación económica de la gente.
La columna 2 muestra la desigualdad real. El 10% más pobre gasta el 1.67% del total de los gastos de las familias, y el 10% más rico gasta casi el 34% de ese total. Hay desigualdad pero es menor a la que se vio en el caso de los ingresos. En el decil más pobre el gasto promedio mensual por persona es de 70 bolivianos, en tanto que los más ricos tienen un gasto mensual por persona de 1436 bolivianos, 20 veces más (y no las 154 veces que se veía en la medición del ingreso que tampoco tomaba en cuenta los tamaños de las familias).
Como se afirmó antes, el indicador de desigualdad de Gini calculado con estos datos es del 43.8%, catorce puntos más cerca de la igualdad que el Gini de ingresos.
El gráfico reproduce la misma información mediante las denominadas curvas de Lorenz. Mientras más se acerca la línea a la diagonal, la desigualdad es menor. Los ingresos familiares están representados por la curva con puntos. Los gastos por persona por la línea con cuadrados. Estos tienen una distribución más igualitaria como lo muestra su mayor cercanía a la diagonal.
Por supuesto que hay desigualdades, y no se las puede ni debe ignorar. Pero tampoco se las debe exagerar porque se corre el riesgo de reproducir los errores que las generaron.
Además de los problemas de método que tienen que ver con la recolección y el procesamiento de los datos, que explican en parte las diferencias, esta información refuerza la necesidad de tomar en cuenta la economía del ch´enko que caracteriza a Bolivia. El concepto del ch´enko se refiere a la heterogeneidad estructural y la coexistencia de sistemas de producción y de racionalidades económicas muy diferentes que se relacionan de forma compleja, aprovechándose y obstruyéndose mutuamente. En el análisis estadístico es relevante tomar en cuenta este concepto porque nos recuerda que los datos monetarios dan visibilidad a sólo una parte de la economía, manteniendo al resto en la oscuridad estadística. La desigualdad de ingresos se refiere a esa parte visible, en tanto que la de los gastos toma en cuenta también, por lo menos en alguna medida, a la parte de la economía más oscura o menos monetizada.
Esta información, en definitiva, exige repensar las prioridades de política económica en el país y superar los prejuicios con que se ha mirado el pasado reciente. El problema principal de Bolivia no es la desigualdad sino la pobreza y, por lo tanto, el desafío principal que tenemos por delante es el de la creación de riqueza, no el de su distribución. Tal vez la distribución pueda estar entre los objetivos de los organismos públicos, pero la creación de riqueza solamente se puede alcanzar cuando se convierte en un objetivo de la sociedad en su conjunto. Nunca una burocracia estatal ha sido capaz de cumplir la tarea de crear riqueza en la escala que se necesita para superar la pobreza. Las sociedades, en cambio, sí lo han sido… y muchas veces.
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Fuente: Pulso
domingo, 23 de julio de 2006
Inflación y Desigualdad (Roberto Laserna)
La inflación suele ser definida como un aumento en el nivel de precios, lo cual concentra la atención del debate y de la política en el Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, es necesario recordar que también es un mecanismo de redistribución de ingresos. Y es que la inflación aumenta los precios pero a ritmos y velocidades diferentes, perjudicando más a unos que a otros, y cambiando la estructura de distribución de ingresos. Por lo tanto, la inflación incide en la desigualdad, con frecuencia profundizando las brechas y agravando la pobreza.
Vale la pena indagar si algo así está ocurriendo con el actual proceso inflacionario.
El gráfico que acompaña este texto muestra la evolución de los precios promedio tomando como base el mes de febrero de 2006. La línea más gruesa muestra que el IPC aumentó, en los 17 meses que transcurrieron hasta junio 2007, en un 8.01%. Este es el nivel general de inflación que se ha registrado en el periodo actual de gobierno. Los datos, proporcionados por el INE, muestran que hubo un ligero descenso en los primeros meses, y que luego los precios aumentaron lentamente pero con dos momentos de aceleración, diciembre 2006 a febrero 2007 y abril a junio de este año.
El IPC se basa en una canasta compuesta por 9 grandes grupos de bienes y servicios, desde los alimentos hasta los servicios profesionales y los de recreación. Cada grupo se divide además en subgrupos más específicos.
Esa desagregación permite observar los ritmos de variación de los precios por grupos de bienes y servicios y detectar cuáles son los que tienen mayor o menor incidencia. Y también permite detectar quiénes, en la sociedad, pueden estar siendo más o menos afectados, porque las canastas de consumo de las familias no son iguales al promedio. Al contrario, son muy diferenciadas.
Si observamos nuevamente el gráfico encontramos otras líneas que muestran de qué manera cambiaron los precios de algunos grupos importantes de bienes. Algunos, como los servicios profesionales, no aumentaron, es decir, tuvieron inflación cero. Pero hay otro grupo que tuvo un aumento del 13.54% (los costos de mantenimiento de la vivienda). Entre los dos extremos se sitúan todos los demás grupos.
El gráfico no incluye todas las series para no dibujar un exceso de líneas, y deja solamente las extremas y algunas que permiten ilustrar lo que está sucediendo. De todos esos grupos llama la atención uno que es muy importante, que es el de los alimentos que se consumen en el hogar. Los datos indican que los precios de los alimentos han aumentado bastante más (en un 12.03%) que los precios promedio (8.01%), en tanto que los precios de los bienes de esparcimiento y cultura han aumentado menos (3.2%).
Esto quiere decir que las familias que destinan una mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos fueron más golpeadas por la inflación que las familias que tienen un consumo más diversificado y que incluye, por ejemplo, salidas al cine o al teatro.
En general, las familias más pobres son las que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, en tanto que las familias más ricas son las que tienen un consumo más diversificado. Esto quiere decir que la inflación que estamos viviendo está afectando con más fuerza a las familias más pobres. En términos reales, de capacidad adquisitiva, las está empobreciendo. Por ejemplo, los 1000 bolivianos que podían ganar en febrero del 2006 hoy les representan solamente 892 en términos de los nuevos precios de los alimentos. Los que tienen una canasta de consumo más amplia han perdido también poder adquisitivo, pero probablemente en una proporción incluso menor a la del promedio y hasta es posible que hayan mejorado sus niveles de ingreso. No es el caso de los profesionales, vale decirlo, porque el gráfico muestra que sus honorarios no han aumentado en todo el periodo, de modo que en términos reales hoy están ganando menos que a comienzos del 2006.
En conclusión, si la inflación debe preocupar, no es solamente porque señala problemas en los mercados, como la escasez o la disminución de la producción, o aumentos de demanda por exceso de circulante, sino también porque afecta de manera desigual a las familias y puede provocar, como en el periodo que analizamos, que los pobres se empobrezcan aún más.
Afortunadamente, en declaraciones del Ministro de Planificación del Desarrollo el gobierno ha demostrado que está consciente de este problema, pero debe tomar en cuenta también que no es acallando el debate como se lo resolverá y mucho menos interviniendo en el mercado con subsidios, controles policiales o persecución a intermediarios y comerciantes, que es lo se hizo en el pasado resultando que, al final, los remedios agravaron la enfermedad.
Fuente: Pulso
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