Inadimisibles negociaciones secretas

Resulta evidente que la única explicación a la tozudez gubernamental se encuentra en los documentos secretos suscritos con Chile

Con la tranquilidad que le da la inexistencia de una oposición política capaz de salirle al paso, y confiado en la posibilidad de hacer caer en la tentación del dinero fácil a los “indígena originarios campesinos” que habitan en el cantón Quetana de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, de modo que avalen sus decisiones, el gobierno del MAS está a punto de zanjar, a espaldas del país, la ya antigua controversia que nuestro país sostiene con Chile con motivo del uso de las aguas del manantial Silala.
De nada han servido las muchísimas voces de protesta que se han alzado para cuestionar la decisión gubernamental. Ni los dirigentes cívicos de Potosí, ni las opiniones de los expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema, ni las corrientes de la bancada parlamentaria del MAS, que encabezadas por el senador Gastón Cornejo protestan por la actitud gubernamental, han sido suficientes para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Resulta tan sorprendente la tuzudez con que el la Cancillería se empeña en firmar un acuerdo con Chile, que no es posible comprenderla si sólo se recurre a los elementos de juicio disponibles. Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet. Unos acuerdos que el gobierno se niega a hacer públicos y los oculta incluso a los parlamentarios de la bancada oficialista.
Hay pues suficientes motivos para temer que lo que se esconde tras las negociaciones con Chile es algo muchísimo más serio que lo relativo a las aguas del Silala. Se puede afirmar, por consiguiente, que lo que se está ocultando al país es todo un conjunto de acuerdos que bajo el rótulo de “Top Secret” están siendo negociados entre las cancillerías de ambos países.
Por lo poco que sabe del asunto, se trata de una “agenda de 13 puntos”, sólo uno de los cuales es el relativo a las aguas del Silala. En qué consisten los otros 12 es un secreto que el gobierno está dispuesto a mantener a toda costa, lo que de ningún modo puede ni debe ser admitido por lo mucho que está en juego.
La gravedad del asunto es obvia y más obvio aún que se trata de algo que incumbe a todos los bolivianos y no sólo a potosinos y mucho menos, como pretende el gobierno, a los poquísimos habitantes del cantón Quetena.
Es pues urgente que se cierren filas para evitar que el gobierno continúe negociando a espaldas del país asuntos tan importantes. Y ya que no se puede contar con una oposición política capaz de asumir la tarea, tendrán que ser las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) las que evitan que el gobierno se salga con la suya. El primer paso deberá ser exigir que se levante el secreto y que cualquier negociación se realice de cara al país.
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Inadimisibles negociaciones secretas

Resulta evidente que la única explicación a la tozudez gubernamental se encuentra en los documentos secretos suscritos con Chile

Con la tranquilidad que le da la inexistencia de una oposición política capaz de salirle al paso, y confiado en la posibilidad de hacer caer en la tentación del dinero fácil a los “indígena originarios campesinos” que habitan en el cantón Quetana de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, de modo que avalen sus decisiones, el gobierno del MAS está a punto de zanjar, a espaldas del país, la ya antigua controversia que nuestro país sostiene con Chile con motivo del uso de las aguas del manantial Silala.
De nada han servido las muchísimas voces de protesta que se han alzado para cuestionar la decisión gubernamental. Ni los dirigentes cívicos de Potosí, ni las opiniones de los expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema, ni las corrientes de la bancada parlamentaria del MAS, que encabezadas por el senador Gastón Cornejo protestan por la actitud gubernamental, han sido suficientes para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Resulta tan sorprendente la tuzudez con que el la Cancillería se empeña en firmar un acuerdo con Chile, que no es posible comprenderla si sólo se recurre a los elementos de juicio disponibles. Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet. Unos acuerdos que el gobierno se niega a hacer públicos y los oculta incluso a los parlamentarios de la bancada oficialista.
Hay pues suficientes motivos para temer que lo que se esconde tras las negociaciones con Chile es algo muchísimo más serio que lo relativo a las aguas del Silala. Se puede afirmar, por consiguiente, que lo que se está ocultando al país es todo un conjunto de acuerdos que bajo el rótulo de “Top Secret” están siendo negociados entre las cancillerías de ambos países.
Por lo poco que sabe del asunto, se trata de una “agenda de 13 puntos”, sólo uno de los cuales es el relativo a las aguas del Silala. En qué consisten los otros 12 es un secreto que el gobierno está dispuesto a mantener a toda costa, lo que de ningún modo puede ni debe ser admitido por lo mucho que está en juego.
La gravedad del asunto es obvia y más obvio aún que se trata de algo que incumbe a todos los bolivianos y no sólo a potosinos y mucho menos, como pretende el gobierno, a los poquísimos habitantes del cantón Quetena.
Es pues urgente que se cierren filas para evitar que el gobierno continúe negociando a espaldas del país asuntos tan importantes. Y ya que no se puede contar con una oposición política capaz de asumir la tarea, tendrán que ser las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) las que evitan que el gobierno se salga con la suya. El primer paso deberá ser exigir que se levante el secreto y que cualquier negociación se realice de cara al país.
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Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.
Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.
“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”
Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.
El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.
En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.
El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.

Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.
Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.
“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”
Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.
El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.
En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.
El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.

La expulsión de nuestros héroes

De lo que se trata es de matar a unos héroes para dar vida a otros, los que representan sólo a los indígenas. Los demás, están de más

Después de haber logrado exitosamente expulsar de las páginas de la historia de las luchas por la independencia a los protomártires chuquisaqueños, el pasado 25 de mayo, y de haber intentado hacer lo mismo, aunque sin tanto éxito, con Pedro Domingo Murillo y quienes con él fueron protagonistas de la insurrección paceña, el 16 de julio, el gobierno ha anunciado cuál será el siguiente paso que dará en el proceso de “descolonización”. Será la expulsión, de los billetes y monedas, de todos los mestizos y criollos para sustituirlos por héroes indígenas.
La instrucción ya ha sido impartida al Banco Central. El ente emisor tiene ahora la misión de hacer imprimir nuevos billetes y acuñar monedas con los rostros de Tupak Katari, Bartolina Sisa, Zarate Willca, Apihuayqui Tumpay y otros líderes indígenas que serán convocados para ocupar el lugar que hasta ahora ocuparon personajes involucrados en la construcción de la ex República de Bolivia.
Además de los héroes indígenas, en los nuevos billetes no deberá aparecer ninguna imagen que se pueda asociar con el pasado republicano, sino los sitios naturales que supuestamente tienen un carácter sagrado para los pueblos indígenas. Y por supuesto, la hoja de coca tendrá un lugar privilegiado.
Otra característica de los nuevos billetes y monedas será, según el proyecto, que en ellos no figure la palabra “república”, de la que se ha hecho todo un símbolo de esos 184 años que se pretenden erradicar de la memoria colectiva. Deberá quedar claro que el dinero es del “Estado Plurinacional”.
A primera vista, puede parecer poco cuestionable la idea de que los líderes indígenas sean incorporados, como un acto de justicia histórica, no sólo en los billetes y monedas sino en todo lo relacionado con una visión más completa de la historia de nuestro país. Es innegable que muchos personajes indígenas no recibieron el lugar que merecían en la historia oficial, y está muy bien que se repare esa injusta exclusión.
Nada habría que objetar, por eso, si la propuesta gubernamental consistiera en complementar la galería de nuestros héroes incluyendo a los hasta ahora excluidos. Lamentablemente no es ese el caso, pues lo que se propone no es incorporarlos “además de” sino “en vez de”. Es decir, lo que se propone es excluir a unos para incluir a otros. Matar los símbolos con los que hasta ahora nos identificamos para dar vida a los nuevos, los que representan sólo a los “indígena originario campesinos”. Los demás, están de más.
De lo que se trata este afán de reescribir la historia y reinventar sus símbolos es algo que el actual Vicepresidente lo ha expuesto claramente en más de una oportunidad. Se trata de “quitarles el alma” a las clases medias, a los “q’aras”, a los “blancoides”. Toda una “revolución cultural” ante la que empalidece la experiencia de la China maoísta.

La expulsión de nuestros héroes

De lo que se trata es de matar a unos héroes para dar vida a otros, los que representan sólo a los indígenas. Los demás, están de más

Después de haber logrado exitosamente expulsar de las páginas de la historia de las luchas por la independencia a los protomártires chuquisaqueños, el pasado 25 de mayo, y de haber intentado hacer lo mismo, aunque sin tanto éxito, con Pedro Domingo Murillo y quienes con él fueron protagonistas de la insurrección paceña, el 16 de julio, el gobierno ha anunciado cuál será el siguiente paso que dará en el proceso de “descolonización”. Será la expulsión, de los billetes y monedas, de todos los mestizos y criollos para sustituirlos por héroes indígenas.
La instrucción ya ha sido impartida al Banco Central. El ente emisor tiene ahora la misión de hacer imprimir nuevos billetes y acuñar monedas con los rostros de Tupak Katari, Bartolina Sisa, Zarate Willca, Apihuayqui Tumpay y otros líderes indígenas que serán convocados para ocupar el lugar que hasta ahora ocuparon personajes involucrados en la construcción de la ex República de Bolivia.
Además de los héroes indígenas, en los nuevos billetes no deberá aparecer ninguna imagen que se pueda asociar con el pasado republicano, sino los sitios naturales que supuestamente tienen un carácter sagrado para los pueblos indígenas. Y por supuesto, la hoja de coca tendrá un lugar privilegiado.
Otra característica de los nuevos billetes y monedas será, según el proyecto, que en ellos no figure la palabra “república”, de la que se ha hecho todo un símbolo de esos 184 años que se pretenden erradicar de la memoria colectiva. Deberá quedar claro que el dinero es del “Estado Plurinacional”.
A primera vista, puede parecer poco cuestionable la idea de que los líderes indígenas sean incorporados, como un acto de justicia histórica, no sólo en los billetes y monedas sino en todo lo relacionado con una visión más completa de la historia de nuestro país. Es innegable que muchos personajes indígenas no recibieron el lugar que merecían en la historia oficial, y está muy bien que se repare esa injusta exclusión.
Nada habría que objetar, por eso, si la propuesta gubernamental consistiera en complementar la galería de nuestros héroes incluyendo a los hasta ahora excluidos. Lamentablemente no es ese el caso, pues lo que se propone no es incorporarlos “además de” sino “en vez de”. Es decir, lo que se propone es excluir a unos para incluir a otros. Matar los símbolos con los que hasta ahora nos identificamos para dar vida a los nuevos, los que representan sólo a los “indígena originario campesinos”. Los demás, están de más.
De lo que se trata este afán de reescribir la historia y reinventar sus símbolos es algo que el actual Vicepresidente lo ha expuesto claramente en más de una oportunidad. Se trata de “quitarles el alma” a las clases medias, a los “q’aras”, a los “blancoides”. Toda una “revolución cultural” ante la que empalidece la experiencia de la China maoísta.

Si falla el padrón biométrico…

Unir fuerzas alrededor de esa causa podría ser la primera prueba para una coalición que se una alrededor de una causa y no una persona

Desde este espacio editorial, en más de una ocasión, hemos llamado la atención sobre el enorme riesgo en que se está poniendo la democracia boliviana al depositar todas las esperanzas de su preservación en el padrón biométrico. Y no porque pongamos en duda la necesidad y conveniencia de hacer todos los esfuerzos para devolver la transparencia a los procesos electorales, sino porque son muchas las razones que hacen temer que las dificultades que deberá afrontar el empadronamiento son mayores de las que se quiere creer.
Ante la posibilidad de que tales dificultades impidan que el proceso se desarrolle como sería de desear, el oficialismo, con el apoyo de una de las fracciones en que está dividida la bancada parlamentaria de Podemos, tiene lista una propuesta alternativa. Consiste, como es bien sabido, en realizar las elecciones con un padrón mixto.
La oposición, en cambio, dividida como está, no ha logrado articular un plan de acción para afrontar tal eventualidad, lo que refleja la falta de un liderazgo opositor que esté a la altura de las circunstancias.
Esa ausencia de liderazgo, que contrasta con la abundancia de candidatos, es la principal carencia de los proyectos políticos que están en gestación. Es tan grande el vacío que no hay quién dispute al oficialismo la iniciativa en el escenario político nacional.
De los muchos aspirantes a candidatos, hay uno sólo que, aunque tímidamente, se ha animado a proponer un camino a seguir ante la posibilidad de que el empadronamiento biométrico no se realice en los plazos previstos. Es Víctor Hugo Cárdenas, quien ha propuesto que ante tal eventualidad, las elecciones generales se posterguen.
Esa posibilidad ha sido de antemano descartada por el oficialismo. Y la oposición parlamentaria, como ya es habitual, se ha resignado sin dar batalla, dándose derrotada de antemano, dejándose vencer con el argumento de que postergar el acto electoral sería vulnerar un mandato constitucional.
Tal argumento, sin embargo, es de lo más deleznable por lo que no tendría que ser difícil que algún líder opositor encabece una campaña para desvirtuarlo. Razones y argumentos legales para tal propósito no faltan.
Es de esperar que no sea necesario llegar a ese punto, pero por una elemental previsión política los aspirantes a liderar en el futuro inmediato a la oposición tienen la obligación proponer un plan de acción alternativo al que, como se puede prever, el oficialismo pondrá en marcha a partir el 23 de agosto próximo.
Víctor Hugo Cárdenas ya ha propuesto contrarrestar la propuesta oficialista de utilizar un padrón mixto con la de postergar las elecciones. Corresponde ahora que la idea se plasme en un plan de acción. Unir fuerzas alrededor de esa consigna podría ser la primera prueba para una coalición que se una alrededor de una causa y no sólo de una figura individual.

Si falla el padrón biométrico…

Unir fuerzas alrededor de esa causa podría ser la primera prueba para una coalición que se una alrededor de una causa y no una persona

Desde este espacio editorial, en más de una ocasión, hemos llamado la atención sobre el enorme riesgo en que se está poniendo la democracia boliviana al depositar todas las esperanzas de su preservación en el padrón biométrico. Y no porque pongamos en duda la necesidad y conveniencia de hacer todos los esfuerzos para devolver la transparencia a los procesos electorales, sino porque son muchas las razones que hacen temer que las dificultades que deberá afrontar el empadronamiento son mayores de las que se quiere creer.
Ante la posibilidad de que tales dificultades impidan que el proceso se desarrolle como sería de desear, el oficialismo, con el apoyo de una de las fracciones en que está dividida la bancada parlamentaria de Podemos, tiene lista una propuesta alternativa. Consiste, como es bien sabido, en realizar las elecciones con un padrón mixto.
La oposición, en cambio, dividida como está, no ha logrado articular un plan de acción para afrontar tal eventualidad, lo que refleja la falta de un liderazgo opositor que esté a la altura de las circunstancias.
Esa ausencia de liderazgo, que contrasta con la abundancia de candidatos, es la principal carencia de los proyectos políticos que están en gestación. Es tan grande el vacío que no hay quién dispute al oficialismo la iniciativa en el escenario político nacional.
De los muchos aspirantes a candidatos, hay uno sólo que, aunque tímidamente, se ha animado a proponer un camino a seguir ante la posibilidad de que el empadronamiento biométrico no se realice en los plazos previstos. Es Víctor Hugo Cárdenas, quien ha propuesto que ante tal eventualidad, las elecciones generales se posterguen.
Esa posibilidad ha sido de antemano descartada por el oficialismo. Y la oposición parlamentaria, como ya es habitual, se ha resignado sin dar batalla, dándose derrotada de antemano, dejándose vencer con el argumento de que postergar el acto electoral sería vulnerar un mandato constitucional.
Tal argumento, sin embargo, es de lo más deleznable por lo que no tendría que ser difícil que algún líder opositor encabece una campaña para desvirtuarlo. Razones y argumentos legales para tal propósito no faltan.
Es de esperar que no sea necesario llegar a ese punto, pero por una elemental previsión política los aspirantes a liderar en el futuro inmediato a la oposición tienen la obligación proponer un plan de acción alternativo al que, como se puede prever, el oficialismo pondrá en marcha a partir el 23 de agosto próximo.
Víctor Hugo Cárdenas ya ha propuesto contrarrestar la propuesta oficialista de utilizar un padrón mixto con la de postergar las elecciones. Corresponde ahora que la idea se plasme en un plan de acción. Unir fuerzas alrededor de esa consigna podría ser la primera prueba para una coalición que se una alrededor de una causa y no sólo de una figura individual.

Los desafíos de la oposición

Es mucho lo que la oposición debe hacer para ponerse a la altura del reto. Escoger al mejor de los candidatos es sólo uno de ellos

Los resultados de una encuesta sobre la manera como la ciudadanía valora a los diferentes aspirantes a candidatos a la presidencia para las próximas elecciones generales, han dado lugar a múltiples comentarios y repercusiones. Han contribuido así a poner un poco de claridad en un escenario enturbiado por la excesiva cantidad de postulaciones, la mayor arte de las cuales, como se ha podido ver, carece de sólidas bases.

Entre los muchos datos que aporta el estudio que comentamos hay uno que es el principal. Es que ninguno de los aspirantes a candidatos reúne por sí sólo las condiciones necesarias para encabezar una fórmula vigorosa, por lo que sólo un esfuerzo conjunto hará posible que la oposición democrática logre hacer frente con alguna posibilidad de éxito a la fórmula oficialista.
Es tan evidente eso, que la presión de los amplios sectores de la población que esperan una alternativa política seria ya se ha dejado sentir. Ha quedado claro que todos los aspirantes a candidatos, menos uno, tendrán que renunciar a sus expectativas personales en aras de una causa superior.

Atendiendo esa demanda ciudadana, ya los principales aspirantes han expresado su predisposición a dar un paso al costado si así lo imponen las circunstancias. Sin embargo, todavía todos creen que deben ser la figura central de un frente amplio. Pese a ello, ya es un buen avance el que haya quedado clara la idea de que deberá ser sólo uno el que encabece una fórmula común.

Ese paso, pese a lo importante que es, no es sin embargo suficiente para despejar el riesgo de una dispersión de voluntades. Es que tras cada uno de los candidatos a la presidencia hay decenas de aspirantes a diputados y senadores y todos ellos, tras bambalinas, actúan con el propósito de beneficiarse con una postulación. Son tantos y tan mezquinos los intereses que se juegan en esa segunda línea, que serán sin duda un factor perturbador.

Una segunda constatación es que hace falta también elaborar un programa político sostenido en un cuerpo doctrinario, en un ideario que sea un punto de referencia, más allá de las elecciones y por encima de las cualidades o defectos de las personas.

Y tan o más importante que lo anterior es la necesidad de que el esfuerzo se plasme en una sólida organización política. La experiencia de los últimos tres años demuestra que de nada sirve una coalición si ésta tiene como único horizonte el acto electoral. Hace falta, además, que tenga la cohesión suficiente para no diluirse al día siguiente de las elecciones, como ocurrió con lo que fue Podemos.

Es pues mucho lo que la oposición debe hacer si quiere ponerse a la altura del reto que tiene al frente. Escoger al mejor de los candidatos es sólo uno de ellos.

Los desafíos de la oposición

Es mucho lo que la oposición debe hacer para ponerse a la altura del reto. Escoger al mejor de los candidatos es sólo uno de ellos

Los resultados de una encuesta sobre la manera como la ciudadanía valora a los diferentes aspirantes a candidatos a la presidencia para las próximas elecciones generales, han dado lugar a múltiples comentarios y repercusiones. Han contribuido así a poner un poco de claridad en un escenario enturbiado por la excesiva cantidad de postulaciones, la mayor arte de las cuales, como se ha podido ver, carece de sólidas bases.
Entre los muchos datos que aporta el estudio que comentamos hay uno que es el principal. Es que ninguno de los aspirantes a candidatos reúne por sí sólo las condiciones necesarias para encabezar una fórmula vigorosa, por lo que sólo un esfuerzo conjunto hará posible que la oposición democrática logre hacer frente con alguna posibilidad de éxito a la fórmula oficialista.
Es tan evidente eso, que la presión de los amplios sectores de la población que esperan una alternativa política seria ya se ha dejado sentir. Ha quedado claro que todos los aspirantes a candidatos, menos uno, tendrán que renunciar a sus expectativas personales en aras de una causa superior.
Atendiendo esa demanda ciudadana, ya los principales aspirantes han expresado su predisposición a dar un paso al costado si así lo imponen las circunstancias. Sin embargo, todavía todos creen que deben ser la figura central de un frente amplio. Pese a ello, ya es un buen avance el que haya quedado clara la idea de que deberá ser sólo uno el que encabece una fórmula común.
Ese paso, pese a lo importante que es, no es sin embargo suficiente para despejar el riesgo de una dispersión de voluntades. Es que tras cada uno de los candidatos a la presidencia hay decenas de aspirantes a diputados y senadores y todos ellos, tras bambalinas, actúan con el propósito de beneficiarse con una postulación. Son tantos y tan mezquinos los intereses que se juegan en esa segunda línea, que serán sin duda un factor perturbador.
Una segunda constatación es que hace falta también elaborar un programa político sostenido en un cuerpo doctrinario, en un ideario que sea un punto de referencia, más allá de las elecciones y por encima de las cualidades o defectos de las personas.
Y tan o más importante que lo anterior es la necesidad de que el esfuerzo se plasme en una sólida organización política. La experiencia de los últimos tres años demuestra que de nada sirve una coalición si ésta tiene como único horizonte el acto electoral. Hace falta, además, que tenga la cohesión suficiente para no diluirse al día siguiente de las elecciones, como ocurrió con lo que fue Podemos.
Es pues mucho lo que la oposición debe hacer si quiere ponerse a la altura del reto que tiene al frente. Escoger al mejor de los candidatos es sólo uno de ellos.

Las ideas en la carrera electoral

Tan importante como criticar los errores y defectos de nuestros líderes es destacar sus aciertos, aunque éstos sean excepcionales

Entre las muchas críticas que con razón se suelen hacer a los aspirantes a candidatos de la oposición para las próximas elecciones generales hay una que es probablemente la más importante aunque no la que más atención recibe. Se trata de la ausencia de un ideario, de propuestas, planes y programas alternativos a los que en abundancia tiene la fórmula oficialista.

En medio de tan gran vacío hay, sin embargo, una excepción. Y merece ser destacada porque para que las ideas reciban la atención que les corresponde es imprescindible que los medios de comunicación, y a través de ellos la opinión pública, exijan a quienes pretenden gobernar el país algo más que una vocación de caudillos.

La excepción a la que nos referimos es la campaña “Pongamos a Bolivia a Trabajar” que desde hace ya varios meses realiza Samuel Doria Medina para elaborar, con la participación de diversos grupos de ciudadanos involucrados en actividades productivas, una proyecto de futuro basado en el espíritu emprendedor de la gente.

Muchas cosas se le pueden criticar al jefe de Unidad Nacional. El que después de tanto tiempo dedicado a la actividad política no haya logrado construir una estructura orgánica sólida es una de ellas. Es tan grave esa falencia, que limita enormemente sus posibilidades de éxito.

Pero tan importante como criticar los errores y defectos de nuestros líderes es destacar sus aciertos. Y al hacerlo, no puede dejar de destacarse lo meritorio que es ir más allá de las consabidas críticas al régimen gobernante para complementarlas con una propuesta alternativa.

Tal manera de encarar la pugna por hacerse merecedor de la confianza y el apoyo de quienes esperan un buen liderazgo opositor ya le ha dado buenos réditos al empresario paceño. Como lo indican las encuestas sobre la aceptación de los diferentes aspirantes a candidatos, ha logrado ubicarse como entre los favoritos. Ha logrado articular un mensaje que por lo que se ve es muy bien acogido por la ciudadanía y eso, en un ambiente caracterizado por la pobreza del debate ideológico, es algo digno de resaltar.

Es de esperar, por eso, que los otros aspirantes a candidatos no esperen mucho tiempo antes de hacer algo similar. Como ya se ha visto, ninguno de ellos puede contar con su imagen personal como elemento aglutinador de la oposición, por lo que resulta imprescindible que la competencia tenga en las ideas y propuestas el elemento principal.

Mientras tanto, aunque el jefe de Unidad Nacional no lograra encabezar una fórmula capaz de asumir el reto que le espera debido a las limitaciones mencionadas, sí se puede afirmar que ya se ha ganado un lugar privilegiado en escenario político del próximo futuro. Ojalá que el capital político así acumulado sea puesto al servicio de una causa superior y no de intereses personales.

Las ideas en la carrera electoral

Tan importante como criticar los errores y defectos de nuestros líderes es destacar sus aciertos, aunque éstos sean excepcionales

Entre las muchas críticas que con razón se suelen hacer a los aspirantes a candidatos de la oposición para las próximas elecciones generales hay una que es probablemente la más importante aunque no la que más atención recibe. Se trata de la ausencia de un ideario, de propuestas, planes y programas alternativos a los que en abundancia tiene la fórmula oficialista.
En medio de tan gran vacío hay, sin embargo, una excepción. Y merece ser destacada porque para que las ideas reciban la atención que les corresponde es imprescindible que los medios de comunicación, y a través de ellos la opinión pública, exijan a quienes pretenden gobernar el país algo más que una vocación de caudillos.
La excepción a la que nos referimos es la campaña “Pongamos a Bolivia a Trabajar” que desde hace ya varios meses realiza Samuel Doria Medina para elaborar, con la participación de diversos grupos de ciudadanos involucrados en actividades productivas, una proyecto de futuro basado en el espíritu emprendedor de la gente.
Muchas cosas se le pueden criticar al jefe de Unidad Nacional. El que después de tanto tiempo dedicado a la actividad política no haya logrado construir una estructura orgánica sólida es una de ellas. Es tan grave esa falencia, que limita enormemente sus posibilidades de éxito.
Pero tan importante como criticar los errores y defectos de nuestros líderes es destacar sus aciertos. Y al hacerlo, no puede dejar de destacarse lo meritorio que es ir más allá de las consabidas críticas al régimen gobernante para complementarlas con una propuesta alternativa.
Tal manera de encarar la pugna por hacerse merecedor de la confianza y el apoyo de quienes esperan un buen liderazgo opositor ya le ha dado buenos réditos al empresario paceño. Como lo indican las encuestas sobre la aceptación de los diferentes aspirantes a candidatos, ha logrado ubicarse como entre los favoritos. Ha logrado articular un mensaje que por lo que se ve es muy bien acogido por la ciudadanía y eso, en un ambiente caracterizado por la pobreza del debate ideológico, es algo digno de resaltar.
Es de esperar, por eso, que los otros aspirantes a candidatos no esperen mucho tiempo antes de hacer algo similar. Como ya se ha visto, ninguno de ellos puede contar con su imagen personal como elemento aglutinador de la oposición, por lo que resulta imprescindible que la competencia tenga en las ideas y propuestas el elemento principal.
Mientras tanto, aunque el jefe de Unidad Nacional no lograra encabezar una fórmula capaz de asumir el reto que le espera debido a las limitaciones mencionadas, sí se puede afirmar que ya se ha ganado un lugar privilegiado en escenario político del próximo futuro. Ojalá que el capital político así acumulado sea puesto al servicio de una causa superior y no de intereses personales.

Incertidumbre que no se despeja

Abundan los motivos para dudar de la sinceridad con que unos y otros expresan sus deseos de que el empadronamiento se realice exitosamente

Dando una muy elocuente prueba de lo importantes que son las instituciones independientes del poder político para la preservación de un sistema democrático, el “Órgano Electoral Plurinacional”, la antigua Corte Nacional Electoral, ha salido al paso de las pretensiones gubernamentales de echar por tierra la construcción del Patrón Biométrico, con lo que además de haber impedido otro triunfo político del MAS ha mantenido viva la confianza del país en su idoneidad.
Ha sido muy oportuna la firmeza con la que los vocales se han opuesto al propósito oficialista, pues si el asunto quedaba en manos de las bancadas opositoras en el Congreso Nacional, hubiera sido inevitable que se aseste un nuevo golpe a la ya tan debilitada democracia boliviana.
El asunto, sin embargo, no ha quedado del todo resuelto. Lo que se ha abierto es sólo una tregua cuya fecha de expiración ya ha sido fijada. Es el 23 de agosto, cuando se evaluará el avance del proceso de empadronamiento. Y la amenaza se mantiene en pie. Si hasta esa fecha no se constata que el registro biométrico puede ser concluido exitosamente se volverá a poner en duda la realización de unas elecciones que merezcan la confianza colectiva.
No es pues nada fácil la posición en que se ha puesto al Órgano Electoral. Muy por el contrario, y a pesar de las ya comprobadas buenas intenciones de quienes conforman tal institución, son muchas las dudas que todavía existen sobre la posibilidad de que el empadronamiento avance según el cronograma fijado. Y mayores aún son las razones para temer que, aunque eso ocurriese, no sea suficiente para garantizar la transparencia que se espera.
Los motivos para las dudas son muchos. Los pobres resultados que hasta ahora ha arrojado la aplicación del sistema de registro biométrico para el control del pago de la renta de vejez, el que funciona con un margen muy alto de error, hacen temer que algo similar ocurra cuando se ponga a prueba el nuevo sistema. Experiencias de otros países también permiten prever que es muy grande la posibilidad de que llegado el momento, el nuevo padrón no funcione como se espera.
A las dificultades técnicas se suman las políticas. Es que abundan los motivos para dudar de la sinceridad con que tanto el oficialismo como las múltiples fracciones de la oposición declaran su predisposición a participar en las elecciones de diciembre con un nuevo padrón. El oficialismo, por razones ya conocidas; y la oposición, porque al no haber logrado organizarse adecuadamente puede caer en la tentación de buscar una postergación del acto electoral.
Así, todo parece indicar que en el fondo, nadie quiere en verdad que el proceso avance exitosamente. Lo que hace temer que dentro de un mes estemos en la misma incertidumbre, con la agravante de que el tiempo para enmendar errores estará ya prácticamente agotado.

Incertidumbre que no se despeja

Abundan los motivos para dudar de la sinceridad con que unos y otros expresan sus deseos de que el empadronamiento se realice exitosamente

Dando una muy elocuente prueba de lo importantes que son las instituciones independientes del poder político para la preservación de un sistema democrático, el “Órgano Electoral Plurinacional”, la antigua Corte Nacional Electoral, ha salido al paso de las pretensiones gubernamentales de echar por tierra la construcción del Patrón Biométrico, con lo que además de haber impedido otro triunfo político del MAS ha mantenido viva la confianza del país en su idoneidad.
Ha sido muy oportuna la firmeza con la que los vocales se han opuesto al propósito oficialista, pues si el asunto quedaba en manos de las bancadas opositoras en el Congreso Nacional, hubiera sido inevitable que se aseste un nuevo golpe a la ya tan debilitada democracia boliviana.
El asunto, sin embargo, no ha quedado del todo resuelto. Lo que se ha abierto es sólo una tregua cuya fecha de expiración ya ha sido fijada. Es el 23 de agosto, cuando se evaluará el avance del proceso de empadronamiento. Y la amenaza se mantiene en pie. Si hasta esa fecha no se constata que el registro biométrico puede ser concluido exitosamente se volverá a poner en duda la realización de unas elecciones que merezcan la confianza colectiva.
No es pues nada fácil la posición en que se ha puesto al Órgano Electoral. Muy por el contrario, y a pesar de las ya comprobadas buenas intenciones de quienes conforman tal institución, son muchas las dudas que todavía existen sobre la posibilidad de que el empadronamiento avance según el cronograma fijado. Y mayores aún son las razones para temer que, aunque eso ocurriese, no sea suficiente para garantizar la transparencia que se espera.
Los motivos para las dudas son muchos. Los pobres resultados que hasta ahora ha arrojado la aplicación del sistema de registro biométrico para el control del pago de la renta de vejez, el que funciona con un margen muy alto de error, hacen temer que algo similar ocurra cuando se ponga a prueba el nuevo sistema. Experiencias de otros países también permiten prever que es muy grande la posibilidad de que llegado el momento, el nuevo padrón no funcione como se espera.
A las dificultades técnicas se suman las políticas. Es que abundan los motivos para dudar de la sinceridad con que tanto el oficialismo como las múltiples fracciones de la oposición declaran su predisposición a participar en las elecciones de diciembre con un nuevo padrón. El oficialismo, por razones ya conocidas; y la oposición, porque al no haber logrado organizarse adecuadamente puede caer en la tentación de buscar una postergación del acto electoral.
Así, todo parece indicar que en el fondo, nadie quiere en verdad que el proceso avance exitosamente. Lo que hace temer que dentro de un mes estemos en la misma incertidumbre, con la agravante de que el tiempo para enmendar errores estará ya prácticamente agotado.

La expansión iraní en latinoamérica (Miguel E. Gómez Balboa)

“Bolivia es un país que está ubicado estratégicamente y representa un importante aliado para Irán que puede actuar como catalizador de la creciente cooperación de Irán con otros gobiernos izquierdistas o populistas de América Latina. Irán no tiene interés en acuerdos bilaterales con Bolivia, sino en sus reservas de uranio”

Lea el texto completo en: Revista Domingo de La Prensa