Costo de la reforma constitucional (Roberto Laserna)

Es lamentable que hasta ahora los promotores de la reforma constitucional no hayan informado lo que puede costarle al país esa iniciativa. Tampoco la UCAC, la Repac, Udape o la Asamblea Constituyente hicieron nunca estimaciones de cuánto podría costarle al país cada una de las reformas y mucho menos el conjunto reunido en el proyecto que se votará en enero.

No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.

Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.

Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.

Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.

Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.

El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.

Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.

Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.

Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.

Fuente: La Razón

El ex guerrillero y la Constitución (Roberto Laserna)

El 20 de octubre de 2008, cuando el Congreso se reunía para dar forma al acuerdo político de transacción, y la Plaza Murillo se hallaba invadida por militantes del gobierno que disfrazaban su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, mi atención saltaba de la pantalla de televisión a un libro que tenía en las manos. Se trataba de “¡Qué solos se quedan los muertos!”, la novela de Ramón Rocha basada en la vida del Mariscal Sucre. Así, leí a saltos interrumpidos por las noticias de la Plaza Murillo la historia del primer intento de golpe de Estado en Bolivia, cuando un grupo de amotinados en abril de 1828 alcanzó a herir a Sucre, obligándolo a delegar el mando a su Ministro Urdininea.

Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.

Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.

¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!

El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.

¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).

Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.

Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.

¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?

La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.

El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.

Fuente: Los Tiempos