Un aspecto que ha preocupado a los bolivianos en los últimos años ha sido el relacionado a la estabilidad política y la paz social. Varios analistas han señalado que una parte sustancial del voto que favoreció al MAS en diciembre del 2005 fue motivada por la convicción de que un gobierno presidido por Evo Morales enfrentaría menos conflictos y podría ofrecer mayor certidumbre.
El recuerdo de los momentos de extrema tensión que el país vivió en abril del año 2000, en septiembre y octubre de ese mismo año, en febrero y octubre del 2003, y en junio del 2005, dio credibilidad al argumento de que los denominados movimientos sociales serían mejor controlados por un gobierno que los representara. Incluso algunos de sus dirigentes dejaron entrever esa posibilidad en los debates electorales.
Los primeros meses de la gestión del Presidente Morales, sin embargo, muestran una tendencia opuesta a la esperada. Los conflictos no solamente no han disminuido, sino que muestran indicios de afectar seriamente a la gobernabilidad.
En el gráfico que acompaña a este artículo puede observarse una comparación que abarca todo el periodo democrático. Las barras verticales señalan el número de conflictos mensuales que en promedio se registró en las diferentes gestiones gubernamentales. Ahí se observan dos momentos pico -cada uno con más de 50 eventos conflictivos mensuales-, que fueron los gobiernos de Siles Zuazo y Carlos Mesa. También se ve que el momento de mayor calma estuvo en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, con poco más de 10 al mes. A partir de ahí puede observarse que se produjeron dos saltos importantes: con Bánzer, cuyo promedio más que duplicó al del anterior, y con Mesa, que a su vez duplicó al de Bánzer. Ambos, Bánzer y Mesa, tuvieron una característica en común: la tolerancia al conflicto. Ambos, además, la anunciaron, en lo que podía considerarse una suerte de reconocimiento oficial al derecho de protestar aún cuando existiera riesgo evidente de afectar al resto de la sociedad.
Considerando esos antecedentes, no debería sorprender que el actual gobierno, que comparte esa misma práctica, se esté enfrentando a una creciente movilización de los grupos organizados.
El gráfico ofrece un dato adicional, no menos importante. La curva sobrepuesta registra el porcentaje de eventos de los que se tiene información y en los que sus protagonistas lograron los objetivos más importantes que buscaban. En ese sentido, es una curva que muestra no solamente la tolerancia gubernamental al conflicto sino, sobre todo, su disposición a otorgar concesiones bajo presión.
Como puede observarse, hay una cierta coincidencia entre ambas series: a mayor nivel de éxito para los protagonistas, mayor frecuencia de conflictos, y viceversa. Esto tampoco puede considerarse una novedad, pues es previsible que las concesiones que se otorgan a unos estimulen la acción de los otros.
El riesgo está en que se genere una espiral que agote las posibilidades de seguir haciendo concesiones o dando satisfacción a quienes presionan. Es imposible saber si esa espiral ya se ha iniciado o si todavía será posible canalizar los conflictos por medios institucionales.
Un gobierno tiene habitualmente varias opciones y puede combinarlas de acuerdo a los recursos de que dispone, sean éstos de carácter económico o político.
Sin embargo, al evaluar sus acciones, un gobierno no solamente debería tomar en cuenta los recursos con que cuenta para asegurar su propia estabilidad, sino también su responsabilidad como garante del interés general. Esto quiere decir que el gobierno tiene la obligación de prestar particular atención a aquellos grupos de la sociedad que no tienen capacidad de ejercer presión conflictiva y que corren el riesgo de ser discriminados de la gestión pública, sufriendo la postergación de sus intereses y necesidades. Pero no podrá hacerlo mientras los débiles y vulnerables sean invisibilizados por la acción conflictiva de los demás.
Esto implica reconocer que la democracia tiene un componente crucial, tan importante como el de la participación y la representación, que es el de la institucionalidad y el respeto a la ley.
La ley puede ser buena o mala, pero tiene la ventaja de que es explícita y transparente, y puede ser cambiada de acuerdo a procedimientos que son, también, explícitos y transparentes. Y en la medida en que rija para todos, la ley ofrecerá mayores posibilidades de que tanto el interés general como el de los particulares sean respetados; sea que se trate de los derechos de grupos o de individuos, sea que se encuentren organizados o no.
Si eso no ocurre, si la “ley es cualquier norma que se impone por la fuerza, el resultado inevitable será la erosión de la democracia y la agudización de las desigualdades e injusticias. Sería lamentable que seamos arrastrados hacia una espiral de conflictos que, en nombre de la justicia social y de la democracia, puede terminar arrasando con ambas.
Roberto LasernaEconomista
Fuente: Los TiemposFecha: 25-Septiembre-2005www.geocities.com/laserna_r
