Efectos políticos del cambio climático

Lo que está ocurriendo en Perú es un buen ejemplo de lo que puede ser una de las principales fuentes de conflicto de los próximos años


Hace algunos días, el Foro Humanitario Internacional (GHI, por sus siglas en inglés) dio a conocer en Londres un informe sobre los efectos que el cambio climático global tiene sobre la vida cotidiana de gran parte de la humanidad. Destaca el hecho de que quienes más lo sufren son quienes menos tienen que ver con las causas que lo producen. Y viceversa.

Entre los datos más elocuentes que se citan en el informe, se destaca el relativo a la cantidad de muertes que está ocasionando ya el cambio climático a través de hambrunas, enfermedades y desastres naturales. Se calcula que las alteraciones ecológicas son causa directa o indirecta de 315 mil muertes. Según algunas previsiones, al ritmo actual de deterioro ambiental, dentro de 10 años será el 10 por ciento de la población terrestre la que enfrentará grandes dificultades para sobrevivir.

Tan impactantes como los fríos números son los rasgos cualitativos de los sectores más afectados, así como de los que con más facilidad eluden los efectos negativos del cambio climático. Es que la relación entre el grado de responsabilidad en el deterioro medioambiental y el padecimiento de sus consecuencias es inversamente proporcional. Es decir, quienes más contaminan son los menos afectados, y quienes más armoniosamente viven con la naturaleza, sus principales víctimas.

Según los datos del informe que comentamos, eso se refleja en el hecho de que los 50 países más pobres del mundo sólo han generado el 1% de las emisiones de dióxido de carbono, principal determinante del deterioro atmosférico. Se trata de regiones que soportan los daños de las inundaciones o sequías, de la elevación del nivel del mar o del avance del proceso de desertificación, entre otras calamidades.

Exactamente la misma injusta distribución de responsabilidades y perjuicios se reproduce a escala de cada país. Quienes menos se benefician con los resultados de la sobreexplotación del medio ambiente son quienes más directamente sufren las consecuencias de la deforestación, la contaminación de las aguas y las alteraciones que sufre el ciclo agrícola a raíz de los cambios en el régimen de lluvias.

Como no es difícil imaginar, tal estado de cosas lleva consigo el germen de gravísimos problemas económicos, sociales y políticos, que tarde o temprano dejarán su estado latente para manifestarse con todo su potencial explosivo.

Lo que está ocurriendo estos días en Perú, donde es precisamente la confrontación de dos visiones mutuamente excluyentes sobre la manera de actuar frente a los recursos naturales, es un buen ejemplo de lo que puede dejar de ser un episodio aislado para ser una de las principales fuentes de conflicto de los próximos años.

Es tan serio el asunto, que lo menos que puede hacerse es recurrir a cómodas simplificaciones.

Medio ambiente: tarea de todos

El cambio hacia una concepción ecológica del desarrollo debe empezar en todos y cada uno de los ciudadanos.

Son complejas y tensas las relaciones que se plantean entre la naturaleza y las sociedades modernas. En Latinoamérica estas relaciones resultan aún más contradictorias por la dispersión de las políticas gubernamentales y las diversas actitudes de la comunidad frente a una paulatina depauperación del medioambiente.

En efecto, si sus habitantes originarios --aquellos a los que peyorativamente se denomina salvajes-- encontraron modos de desarrollar sus actividades en armonía con su entorno, no ha ocurrido lo mismo con las economías modernas que, en una visión unilateral de las cosas, sólo han concebido a la naturaleza como generadora de riquezas que, una vez explotadas, no vale la pena recuperar ni preservar.

Esa era también, hasta hace poco, una actitud tácita de los gobiernos; pero una vez que empezaron a avizorarse los peligros que acarrea la depredación del medioambiente (contaminación de las fuentes de agua, aniquilamiento de valiosas especies forestales y animales, cambios climáticos y una degradación general del entorno) cambiaron sus políticas y, en alguna medida, su modo de ponderar el valor de la naturaleza.

Pero hay que decir que ello no se tradujo en acciones específicas ni mucho menos coherentes. Mientras la contaminación y el smog movilizan a millones de personas en urbes como México D.F. o Santiago de Chile --casi al par que los movimientos ecologistas de Europa-- hay habitantes de otras zonas alejadas del mundanal ruido que no se inmutan cuando se les habla de los riesgos ecológicos. Para ellos, este es un problema cuya solución puede ser diferida indefinidamente.

Semejante actitud puede ser explicada porque, en Latinoamérica, la destrucción del medio ambiente no es uniforme y, aunque estuvo, y aún está, estrechamente asociada a la introducción de tecnologías ajenas a su tradición cultural, no ha generado todavía el daño suficiente -no ha quemado la casa, se podría decir simbólicamente- como para causar inquietud.

Bolivia, mientras tanto, está en riesgo de perder más de la mitad de su riqueza forestal en el plazo de ocho años. Los motivos son varios: el intenso chaqueo a fuego de amplias áreas de terreno virgen, la tala indiscriminada de valiosas especies forestales, una agricultura precaria que sobrevive en terrenos cada vez más empobrecidos y otras actividades erosivas, naturales y humanas, que contribuyen a esta desertización paulatina.

No es posible, sin embargo, solicitar un cambio de actitud a pueblos que libran diariamente una dura batalla por sobrevivir en condiciones adversas allí donde la leña es todavía la única fuente de energía, sin identificar a los grandes depredadores.



El cambio hacia una concepción ecológica del desarrollo debe empezar en todos y cada uno de los ciudadanos.

Fundamentalismo ecológico

Todo parece indicar que el gobierno boliviano se propone asumir una posición de vanguardia para promover el fundamentalismo ambiental


Según revela un amplio informe publicado en este matutino en días pasados, Bolivia está a punto de perder un millonario mercado de bonos de compensación ecológica establecidos en el Protocolo de Kyoto (“bonos de carbono”) suscrito en 1999, que implicaban para el país un ingreso de 300 a 400 millones de dólares anuales, como una forma de compensación por proyectos ambientales financiados por países altamente industrializados. Unos 30 proyectos, muchos impulsados por poblaciones indígenas, esperaban beneficiarse con estos recursos.

De acuerdo a las versiones gubernamentales, la intención de dar la espalda a los acuerdos originados en Kyoto estaría motivada en la convicción expresada por el Presidente Morales en sentido de no permitir que “hasta el cambio climático sea convertido en mercancía”. Se trata de una posición que rompe todos los esquemas hasta ahora adoptados, y pone a Bolivia a la vanguardia de lo que muchos consideran un fundamentalismo ecológico muy poco viable en términos prácticos, pero muy cotizado en el mercado de las ideas contestatarias al “establishement” capitalista y moderno.

El asunto, aparentemente poco relacionado con los múltiples conflictos que cotidianamente ocupan la atención colectiva, es en realidad uno de los más importantes del mundo actual. El cambio climático ocupa un primerísimo lugar en la agenda de preocupaciones de la sociedad contemporánea y son muchos los debates que sobre el ya arrecian de cara a la cumbre mundial que tendrá lugar en Copenhague en octubre próximo.

La posición que Bolivia adopte en ese encuentro será de máxima importancia. Por una parte, porque el nuestro es uno de los países con mayor diversidad ecológica lo que lo hace especialmente apetecible tanto para las grandes empresas interesadas en la explotación comercial de bosques, flora y fauna, como para las organizaciones ecologistas que ya son un enorme factor de poder a escala planetaria.

Pero también muchos ojos estarán puestos sobre lo que digan nuestros representantes porque el gobierno boliviano es visto en los poderosos círculos ecologistas, indigenistas, anticapitalistas y antimodernos como un modelo a seguir. Si Bolivia opta por la radicalidad, no faltarán quienes se alineen en esa dirección, lo que sin duda tendría hondos efectos económicos, políticos y sociales en el continente y en el mundo entero.

La importancia que el discurso ecologista tiene en la ofensiva desencadenada por indígenas amazónicos en Perú contra las actividades productivas en esa región es sólo un ejemplo de lo que eso puede significar.

Así pues, la posibilidad de que la cumbre de Copenhague se convierta en una palestra para que desde la que se promueva un giro hacia posiciones radicales es algo que debe comenzar a ser tema debate en nuestro país.

Conflictos en el frente externo

Las tensas relaciones con tres de nuestros vecinos hacen temer que el escenario diplomático se llevará buena parte de la atención colectiva

Como no podía ser de otro modo, dados los antecedentes del caso, las relaciones diplomáticas ente nuestro país y Perú han llegado a un punto muy cercano a la ruptura y todo hace prever que la tendencia del proceso que conduce al distanciamiento entre ambos países no ha hecho más que comenzar.

Los enfrentamientos ocurridos en país vecino hace algunos días que eran plenamente previsibles en vista de la firme decisión con que las organizaciones indígenas iniciaron una ofensiva contra una serie de disposiciones legales que las consideran contrarias a sus intereses. Lo hicieron en términos tan radicales que cerraron toda posibilidad de una solución negociada del conflicto, lo que puso en evidencia el afán de poner al gobierno de Alan García en una situación tan crítica que se ha puesto en riesgo su estabilidad.

Fue en ese contexto que Evo Morales hizo llegar una carta a las organizaciones indígenas peruanas instándolas a llevar su lucha al terreno de los enfrentamientos, para pasar “de la resistencia a la rebelión”, primero, y “de la rebelión a la revolución”, después. Que tal mensaje haya sido difundido precisamente cuando el conflicto ingresaba a su fase más álgida, ha sido interpretada por el gobierno peruano como un inadmisible acto de injerencia.

De manera casi simultánea, otro frente de conflictos se abrió en las relaciones con Paraguay a raíz de la incursión irregular en territorio paraguayo de fuerzas policiales bolivianas fuertemente armadas. Como ya es habitual, la primera reacción gubernamental consistió en negar tal extremo, pero las evidencias lo obligaron a reconocer que la gravísima contravención a normas internacionales sí se produjo.

A ello se suma la decisión del gobierno de Brasil de dar asilo a más de una centena de ciudadanos pandinos que están siendo perseguidos. La decisión del gobierno boliviano de rechazar tal decisión ha abierto otro factor de discordia, con lo que son tres de nuestros cinco vecinos los que enfrentan dificultades en sus relaciones con el nuestro.

Paradójicamente, en medio de tan conflictivo panorama, hay una gran excepción: las relaciones con Chile, que han alcanzado un nivel de armonía que no guarda relación alguna con la magnitud de los problemas que tenemos pendientes con ese país. Nunca antes un gobierno boliviano había actuado con tanta benevolencia a pesar de que nada se ha avanzado en la solución del tema marítimo.

Por lo que se ve, el frente externo será durante los próximos meses uno de los que más atención demande, lo que no parece incomodar a un gobierno que, tanto en el frente interno como en el externo, suele sacar buenos réditos de todo lo que lleve la marca del conflicto.

Los maestros y los “sabios indígenas”

Si hay algo claro en lo que a educación se refiere, es que se están dando grandes pasos en el sentido opuesto al que conduce a un mejor porvenir

Hace unos días, el 6 de junio, se conmemoró el día del maestro boliviano. La fecha, que es una de las que mejor se presta a la las elucubraciones demagógicas, fue motivo de muchos discursos relativos a la importancia que la educación tiene en la formación de los ciudadanos del futuro, los que heredarán la tarea de construir un país mejor.

Como todos los años, las autoridades del área se explayaron sobre la necesidad de introducir radicales cambios en el sistema educativo boliviano. Se habló mucho sobre los objetivos de la nueva reforma que ya tiene tres años de gestación, pero muy poco se dijo sobre los resultados hasta ahora obtenidos pues éstos ponen en evidencia lo mal encaminado que está el asunto.

El tema no es nada nuevo. Como se sabe, ya antes de la fundación de la República fue motivo de grandes debates. Desde que Simón Rodríguez llegó a esta parte del mundo con la convicción de que sólo una buena educación haría posible la construcción de una sociedad mejor, ha sido motivo de infinidad de reflexiones, propuestas, muchas reformas y otras tantas contrarreformas.

Ahora, casi doscientos años después, el balance que se puede hacer sobre es el más desolador de los posibles. La educación sigue siendo una de las más elocuentes muestras de nuestro fracaso colectivo y no hay nada que permita alentar la esperanza en la posibilidad de que deje de ser así.

Muy por el contrario, lo hecho durante los últimos tres años da motivos para temer que estamos más lejos que nunca de resolver el asunto de modo que se encienda una luz de esperanza en el futuro. La nueva reforma promovida por el gobierno es una aberración pedagógica que espanta a los que saben algo sobre el tema educativo, quienes ven con impotencia cómo se avanza a grandes pasos en el sentido opuesto al que conduce hacia un mejor porvenir.

Como se recordará, hace ya tres años, el año 2006, el Congreso Nacional de la Educación anunció que la Reforma Educativa, un proceso en el que se habían invertido más de diez años y decenas de millones de dólares, quedaba sin efecto. Para sustituirlo, el gobierno presentó el proyecto de ley "Elizardo Pérez y Avelino Siñani", con el que se iniciaría el proceso de “descolonización”. Se recurrió a la inspiración de los “achachilas” y los “sabios indígenas”, con resultados que hacen dudar de la idoneidad de los mismos.

El único fruto palpable es la decisión de expulsar de Bolivia al grupo editorial Santillana, identificado como principal instrumento de la “colonización”. Mientras tanto, los “sabios indígenas”, a espaldas de los maestros, siguen buscando la fórmula para contrarrestar perniciosas influencias foráneas, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Penosa forma de rendir homenaje a los maestros en su día.

Excesivo proteccionismo laboral

Las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los intereses de los trabajadores

La última versión del “Informe Nacional de Coyuntura” que periódicamente publica la Fundación Milenio, dedica su atención a los efectos se pueden esperar de los cinco decretos promulgados por gobierno central el pasado primero de mayo, en homenaje al día del trabajo.

Según el minucioso análisis hecho por el equipo de expertos que elaboró el estudio, hay muchas razones para temer que son serán más los efectos negativos que los positivos que tales disposiciones tendrán sobre el mercado laboral boliviano.

Entre los efectos que se prevé tendrá la aplicación de los decretos en la práctica, se destaca el encarecimiento del costo de mano de obra por contratos de tercerización y el aumento del costo de contratación de mano de obra, lo que puede derivar en un aumento de la actividad informal.

Por otra parte, se calcula que se producirá un incremento del capital de trabajo previsto por efectos de la provisión a corto plazo para pago de beneficios sociales, además de que las empresas deberán incurrir en gastos adicionales para la adquisición de equipos de protección de industria nacional, aunque ya cuenten con stock de estos bienes importados.

En cuanto a las restricciones que se imponen a la terciarización de servicios, se prevé que esto ocasionará una pérdida de la eficiencia de la especialización, debido a que es menos atractivo tercearizar procesos. Un efecto previsible es que muchas pequeñas empresas dedicadas a prestar estos servicios estarán condenadas a salir del mercado y lo mismo ocurrirá con personal individual contratado a tiempo parcial para realizar trabajos para terceros, como es el caso de los consultores externos por producto, profesionales libres y empleados en ventas que trabajan sin relación laboral.

La exacerbación de los derechos de los trabajadores por sobre los deberes laborales, que es otra de las características de los decretos promulgados, desalentará a los empresarios a realizar nuevas inversiones que conduzcan a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En síntesis, todo conduce a temer que las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los que cabría esperar de las buenas intenciones que los inspiran. Es que como la experiencia propia y ajena lo enseña, el excesivo proteccionismo del trabajador ocasiona un desincentivo a la contratación y, por lo tanto, deriva en una pérdida oportunidades de empleo para los trabajadores.

Si se considera que uno de los mayores problemas de nuestro país es el muy alto nivel de desempleo, resulta evidente que por sus efectos a corto y a largo plazo, estas medidas sólo agravarán el mal que se pretende resolver.



08/06/09

Una falsa disyuntiva

Mientras no haya una oposición políticamente organizada no habrá padrón, por perfecto que éste sea, que garantice la transparencia


Un mes y medio después de haberse aprobado la Ley Electoral que tendría que regir las elecciones de diciembre próximo, y cuando el tiempo ya corre aceleradamente en contra del cronograma electoral, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse del escenario político nacional, lo que en gran medida se debe a que se da por cierta una disyuntiva tan falsa como peligrosa.

Nos referimos a la supuesta necesidad de elegir entre ir a las urnas con el antiguo y cuestionado padrón electoral o hacerlo con uno nuevo, el biométrico. Se da por hecho que el primero es sinónimo de fraude y el segundo de transparencia. Y que uno haría inevitable un triunfo del MAS y el otro posibilitaría el éxito de alguna de las múltiples fracciones en que está dividida la oposición.

Esa es una falsa disyuntiva porque de lo que en realidad se trata es de conservar o perder una institucionalidad democrática que garantice los derechos de todos quienes participen en ella. Y eso es algo que depende de muchos factores, entre los que el padrón no es el más importante ni mucho menos.

Como nuestra propia experiencia lo demuestra, el actual padrón bien manejado y debidamente depurado y supervisado, puede reunir ampliamente las condiciones de transparencia y fiabilidad que se requieren. Que eso ocurra o no sólo depende de la eficiencia con que se controle el uso que de él se haga. Por el contrario, hay también abundantes ejemplos, como el venezolano, que indican que un padrón biométrico no es en sí mismo garantía de nada.

Un padrón biométrico mal administrado y no supervisado puede ser incluso más peligroso que el tradicional. Si cae en malas manos, puede ser un formidable instrumento al servicio del fraude pues a través de él se pueden activar mecanismos de manipulación informática cuyo control requeriría habilidades y recursos mucho mayores que los que hacen falta para depurar, supervisar y sanear el actualmente existente.

La diferencia entre unas elecciones confiables y unas que no lo sean no depende de la tecnología que se utilice sino de la capacidad que tengan los partidos políticos, y la ciudadanía en general, de ejercer su derecho y cumplir su obligación de participar activamente en la supervisión del proceso.

En un país en el que en los hechos ya está vigente un régimen monopartidista, en el que no existe una oposición organizada capaz de hacerle frente a la organización oficialista, en el que impunemente se prohíbe la actividad opositora en gran parte del territorio, en el que la coerción posibilita votaciones casi unánimes, resulta fútil, por decir lo menos, hacer del padrón electoral el meollo del problema.

Mientras no haya una oposición capaz de asumir un rol activo en el control y supervisión del proceso no habrá padrón, por perfecto que éste sea, que garantice la preservación de la democracia.