Las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los intereses de los trabajadores
La última versión del “Informe Nacional de Coyuntura” que periódicamente publica la Fundación Milenio, dedica su atención a los efectos se pueden esperar de los cinco decretos promulgados por gobierno central el pasado primero de mayo, en homenaje al día del trabajo.
Según el minucioso análisis hecho por el equipo de expertos que elaboró el estudio, hay muchas razones para temer que son serán más los efectos negativos que los positivos que tales disposiciones tendrán sobre el mercado laboral boliviano.
Entre los efectos que se prevé tendrá la aplicación de los decretos en la práctica, se destaca el encarecimiento del costo de mano de obra por contratos de tercerización y el aumento del costo de contratación de mano de obra, lo que puede derivar en un aumento de la actividad informal.
Por otra parte, se calcula que se producirá un incremento del capital de trabajo previsto por efectos de la provisión a corto plazo para pago de beneficios sociales, además de que las empresas deberán incurrir en gastos adicionales para la adquisición de equipos de protección de industria nacional, aunque ya cuenten con stock de estos bienes importados.
En cuanto a las restricciones que se imponen a la terciarización de servicios, se prevé que esto ocasionará una pérdida de la eficiencia de la especialización, debido a que es menos atractivo tercearizar procesos. Un efecto previsible es que muchas pequeñas empresas dedicadas a prestar estos servicios estarán condenadas a salir del mercado y lo mismo ocurrirá con personal individual contratado a tiempo parcial para realizar trabajos para terceros, como es el caso de los consultores externos por producto, profesionales libres y empleados en ventas que trabajan sin relación laboral.
La exacerbación de los derechos de los trabajadores por sobre los deberes laborales, que es otra de las características de los decretos promulgados, desalentará a los empresarios a realizar nuevas inversiones que conduzcan a la creación de nuevas fuentes de trabajo.
En síntesis, todo conduce a temer que las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los que cabría esperar de las buenas intenciones que los inspiran. Es que como la experiencia propia y ajena lo enseña, el excesivo proteccionismo del trabajador ocasiona un desincentivo a la contratación y, por lo tanto, deriva en una pérdida oportunidades de empleo para los trabajadores.
Si se considera que uno de los mayores problemas de nuestro país es el muy alto nivel de desempleo, resulta evidente que por sus efectos a corto y a largo plazo, estas medidas sólo agravarán el mal que se pretende resolver.
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