Mil millones de dólares para YPFB (Hugo del Granado Cosio)

Si a las autoridades nacionales no les parece extraño que en el último Plan se diga que a partir del 2009 y hasta el 2012, Bolivia importará 13,329 BPD de diesel, 543 BPD de gasolina y 1,312 BPD de GLP, entonces habrá que coincidir en que tampoco les parecerá anormal dar mil millones de dólares a una entidad desordenada y desinstitucionalizada

El crédito de mil millones de dólares otorgado por el Banco Central de Bolivia (BCB) a YPFB e inscrito en el Presupuesto General de la Nación, hace más de nueve meses, no fue concretado antes, porque no habían proyectos de ejecución. Supuestamente el Plan de Inversiones de YPFB 2010 – 2015 (junio 2009), era el documento que se esperaba para firmar el contrato de crédito. Sin embargo este Plan no ha sido aprobado por el Directorio de YPFB, ni analizado por otras entidades del gobierno como UDAPE, por ejemplo.

Analizado minuciosamente este último Plan de YPFB y comparado con los planes previos, como ser: la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH), o el Plan 100 del año pasado, da la impresión de que todos estos planes y el que nos ocupa, no hubiesen sido elaborados por el mismo gobierno ni por los mismos equipos.

Pese al corto tiempo de diferencia en la preparación de uno y otro plan, las cifras de ninguno de los tres documentos son coincidentes entre sí, ni en montos de inversión, ni en volúmenes de producción ni en proyectos de industrialización a desarrollar.

Tampoco se sabe en qué rubros se invertirá el crédito. Según la publicación de YPFB “Con energía Propia” (Diciembre de 2008), el 63% debía invertirse en el “upstream”, ahora según las propias autoridades del sector, sólo el 34,7 % tendrá este destino y el 65,3% irá al “dowstream”. Por otra parte, las cifras del Plan 2010 – 2015, son globales y dan lugar a múltiples posibilidades. Lo único cierto es que YPFB no tiene proyectos de inversión acabados ni en el upstream ni en el dowstream.

El sector petrolero es tan vasto en proyectos y tan intensivo en capitales, que aún en una entidad bien administrada los mil millones pueden desaparecer fácilmente en proyectos inviables en menos tiempo del que cree el gobierno.

Cuando algún privado desea obtener un crédito bancario, por pequeño que sea, debe presentar un proyecto de factibilidad que demuestre la rentabilidad del proyecto y la capacidad de repago del crédito. En este caso el BCB está entregando a YPFB en condiciones concesionales el crédito más grande de su historia sin proyectos concretos de inversión y sólo con el respaldo de un Plan que no sido debatido en ninguna parte.

Lo inexplicable del gobierno es que crea que YPFB, tan prolífico en preparar planes de toda naturaleza y alcance, que no puede desarrollar ninguno de ellos ni siquiera culminar exitosamente la adjudicación de consultorías y equipos menores, sea capaz de administrar este millonario crédito.

Vale la pena señalar dos razones de las peligrosas consecuencias que significa la entrega del crédito a YPFB

Una razón es la impericia, la falta de experiencia y de formación de los más altos responsables de la empresa petrolera. Este factor se ha traducido no solamente en graves deficiencias de gestión diaria sino en errores conceptuales cuyos resultados los estamos sufriendo. Las empresas piratas se mueven muy cómodamente en escenarios como el que ofrece YPFB; los ejemplos de Catler, la venta de RECON en un barco a la deriva, los medidores coreanos, el equipo de perforación paralizado, la rebaja de volúmenes exportables de gas a Brasil y varios más, son ejemplos dramáticos de lo que sucede.

La desinstitucionalización es otra razón de peso para explicarse los graves problemas del sector. En un Estado con instituciones serias, resultaría extremadamente difícil que cada año se presenten planes “estratégicos” para el área más importante de su economía. En Bolivia es suficiente que una autoridad con poder político formule un plan para que este sea considerado oficial. No existen jerarquías ni filtros que puedan hacer observaciones sin correr peligro de defenestración. La violación de los estatutos de YPFB, las empresas como instrumentos políticos y agencias de empleo, la falta de rendiciones de cuentas por resultados de gestión, la falta de fiscalización por la subordinación de los reguladores y de la contraloría, los nombramientos a dedo y el excesivo poder, son factores que enmascaran el cúmulo de errores que diariamente comenten los ejecutivos en el ejercicio de sus funciones.

Si a las autoridades nacionales no les parece extraño que en el último Plan se diga que a partir del 2009 y hasta el 2012, Bolivia importará 13,329 BPD de diesel, 543 BPD de gasolina y 1,312 BPD de GLP, entonces habrá que coincidir en que tampoco les parecerá anormal dar mil millones de dólares a una entidad desordenada y desinstitucionalizada.

El día más negro de Santos (Marco Zelaya)

BAJO EL VOLCÁN

El día más negro de Santos

Los primeros aspiraban a cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450.000 dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez…

El trágico suceso se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. A eso de las 10.20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y la calle Monje; los familiares de la esposa del entonces Presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio poco soleado. ¿Qué hacían por esos andurriales los linajudos O"Connor D"Arlach Taborga?

Ni bien los dos vehículos estacionaron, los propósitos de los actores de los sucesos de aquel día se encaminaron a un desenlace común: los primeros, que habían llegado en las dos vagonetas, aspiraban a cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450.000 dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez; los segundos, que habían planificado todo hasta el mínimo detalle, estaban en ese sector de la ciudad para realizar un incruento “volteo”.

Navia y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y, casi simultáneamente, también bajaron de la Cherokee Jorge O"Connor D"Arlach, con un maletín con 300.000 dólares y una laptop, y Mario Cossío Mac Galem, con otro portafolio que contenía nada menos que 150.000 dólares; antes de que ingresaran en el domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino Rodríguez y Franz Rodríguez, que los habían seguido desde el banco Unión en una moto, y por Ariel Montaño y Yerko Soto, que salieron como exhalaciones de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del fatídico lugar; según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O"Connor soltara el maletín, pero este empresario, que moriría unos minutos después, se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él (O"Connor) se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje, se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó para alejarse rápidamente de la escena del crimen, siempre corriendo, como si hubiera visto al diablo. Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino abordó el Toyota Caldina y Franz la moto Honda, que después abandonaría en una calle desolada de Villa Fátima. Se reunieron, como habían acordado previamente, en la casa de Ernesto Córdova, donde funciona El Caballito, para la repartija del botín.

La noticia sobre el aparente atraco con homicidio corrió como reguero de pólvora y horas después se vinculó el homicidio de Jorge O"Connor D"Arlach con una presunta coima para Santos Ramírez. Y ahora, luego de que Aramayo y Cossío, dos de los actores principales de los sucesos de aquel día, se sometieran a procesos abreviados y recibieran sentencias de tres años de privación de libertad, la situación para Santos Ramírez es más complicada. Las resoluciones jurisdiccionales contra ambos respaldan la hipótesis de que la coima era para Santos, el protagonista del caso de corrupción más conocido del Gobierno.
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El autor es pPeriodista
marzel65@gmail.com
Fuente; La Prensa
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YPFB, devorador de recursos públicos

Hay motivos para temer que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, la nueva caja chica del Gobierno central

La decisión del Gobierno de formalizar mediante un contrato el anuncio que ya fue hecho meses atrás, para que YPFB reciba del Banco Central de Bolivia un crédito de 1.000 millones de dólares, monto que saldrá de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha inaugurado una nueva etapa en la economía nacional.

Desde el punto de vista del Gobierno, marca un nuevo hito en el camino que conduce a la independencia económica, la descolonización, la industrialización y el despegue hacia el desarrollo de nuestro país. Para quienes cuestionan esa medida, que son los más renombrados expertos en temas hidrocarburíferos y económicos, en cambio, la disposición sólo puede ocasionar que todos los males de los que hasta hoy fue víctima YPFB sean contagiados al Banco Central. Es que, según sus análisis, nada garantiza que esos recursos sean mejor administrados que los que fueron groseramente despilfarrados desde la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Desgraciadamente, dados los antecedentes del tema, abundan los motivos para creer que esta segunda interpretación —la de quienes critican la medida— es la que más se aproxima a la realidad. Más de tres años han sido suficientes para dudar de la eficiencia con que tan cuantiosos recursos serán administrados por una empresa que sólo ha dado malas noticias desde que se hizo cargo de la principal riqueza de nuestro país.

Pero las razones para cuestionar la decisión de transferir a YPFB tanto dinero no son sólo económicas. También quienes todavía se preocupan por el aspecto legal han expuesto las razones que permiten afirmar que el contrato suscrito vulnera normas básicas de la legislación vigente.

Se ha denunciado, por ejemplo, que el contrato en cuestión vulnera de manera flagrante la ley 1670 del BCB, según la cual la institución emisora no puede otorgar créditos al sector público y contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Los artículos 22 y 23, de esta ley señalan que las operaciones previstas solamente se dan mediante títulos, valores negociables de deuda pública emitido por el Tesoro de la Nación, en caso de atender casos especiales. Para esos casos especiales, se establece un plazo máximo de un año y se define la emisión de valores como garantías a favor del BCB.

Como si eso fuera poco, la autorización para el crédito se aprobó de manera irregular en una ley específica que es la del Presupuesto que tiene una duración de un año y cuyo contenido, por sentencias constitucionales previas, no puede exceder los límites de la temática presupuestaria de una sola gestión.

Pero como ya es habitual, ni las razones económicas, ni las legales, ni las que dicta el sentido común son suficientes para disuadir al Gobierno de un propósito del que nada bueno se puede esperar. Por el contrario, lo que se puede temer es que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, institución que, por lo que se ve, comenzará a ser tratada como la caja chica del Gobierno central.

La máxima expresión del fracaso

Al paso que vamos, pronto habrá que “exigir” a Brasil que el gasoducto se transforme en poliducto para importar biocombustibles

Si hubiera que recurrir a una sola frase que de manera breve pero sustanciosa describa la magnitud del fracaso de la política hidrocarburífera del gobierno de Evo Morales, y los estropicios causados por la “nacionalización”, ninguna mejor que la empleada por el presidente de YPFB para anunciar cuál será la principal solicitud que se hará al presidente brasileño cuando visite nuestro país el próximo fin de semana. “Se pedirá la revisión del contrato de exportación de gas a Brasil para bajar los volúmenes comprometidos”.
“Ante confesión de partes, relevo de pruebas”, habrá que decir, pues el hecho de que después de más de treinta años durante los que la apertura, primero, y ampliación después, del mercado brasileño para el gas boliviano fue uno de los pocos objetivos compartidos por cuanto gobierno se sucedió en la administración de nuestro país, el régimen del MAS ha logrado lo que hasta hace poco parecía imposible. Ha logrado dar un enorme salto atrás y ahora ruega para que Brasil disminuya su demanda.
El asunto, de por sí alarmante, lo es mucho más si se considera el contexto en que se produce. Es que si hay alguien interesado en deshacerse de sus compromisos con Bolivia, es precisamente Brasil. Como lo dijo en marzo pasado el presidente Lula da Silva, “no quiere depender del humor de nadie para comprar gas”, en clara alusión a Evo Morales.
Fue precisamente para “no depender del humor de nadie”, que Petrobras decidió, después de la “nacionalización”, desviar los miles de millones de dólares que tenía previsto invertir en nuestro país hacia proyectos alternativos que liberen al Brasil de los compromisos contraídos.
Le dieron tan buenos resultados esas inversiones, que ahora el problema de Brasil consiste en la sobreoferta de gas y no sabe qué hacer con el que se comprometió a comprar a Bolivia. Por eso, nada le caería mejor que desligarse de su compromiso de “take or pay”, lo que significa que aunque no compre los volúmenes contratados, igual debe pagar por ellos. Que los burócratas de YPFB sean incapaces de hacer los cobros, es otra cosa.
Sería lógico, por ello, que sean los representantes de Brasil quienes tomen la iniciativa de renegociar el contrato. Pero no… para esto está el presidente de YPFB quien, además de que no se ruboriza al informar sobre la “demanda” boliviana, lo hace como si de una gran conquista para los intereses nacionales se tratara.
Al paso que vamos, nadie deberá sorprenderse si dentro de poco nos informan que el gobierno boliviano “exigirá” a Brasil que el gasoducto sea transformado en poliducto para importar biocombustibles brasileños y así paliar la escasez de energéticos en nuestro mercado interno. ¿Y con qué se llenará el vacío que va dejando la debacle del sector hidrocarburífero? Ya más de uno está pensando en el litio.

Los frutos de la “nacionalización"

Ante la contundencia con que se impuso el engaño, resultan inútiles los esfuerzos que hacen los expertos para hacer oír sus advertencias


Si alguien todavía tenía alguna duda sobre la verdadera naturaleza de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, lo que es peor aún, sobre las consecuencias que tal medida traerá para el futuro de nuestro país, es probable que ésta haya sido ya despejada a la luz de las más recientes informaciones que sobre el tema se han publicado.

La manera pueril como se negoció la compra de las acciones que Shell y Ashmore tenían en Transredes; la descarada manera como tal transacción fue presentada, despliegue militar de por medio, como si de un heroico acto se tratara; el silencio cómplice que ante tan burdo engaño mantuvieron mientras les fue conveniente hacerlo los directores de la empresa, son pequeñas muestras de lo lejos que se llevó, en el campo político y propagandístico, lo que en los hechos es una monumental estafa al pueblo boliviano.

Pero nada de lo anterior es en sí mismo grave. Al final de cuentas, es sólo una manifestación más de la manera como se ha hecho de la mentira el pilar fundamental de un proyecto político. Nada que deba sorprender cuando la mitomanía imperante deja sus huellas en todos y cada uno de los pasos que se da en el “proceso de cambio” en curso.

Cuando el asunto adquiere dimensiones dignas de preocupación es cuando se cuantifican sus consecuencias en términos económicos y, mucho peor aún, cuando las cifras se proyectan hacia el porvenir. Lo único que se puede ver al hacer ese ejercicio es un país que se encamina a pasos agigantados desde la pobreza hacia la miseria.

La falta de inversiones externas para la exploración, perforación y explotación de nuevos campos, la malversación de los pocos recursos propios disponibles, la falta de idoneidad profesional de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en el sector hidrocarburìfero son algunos de los factores que no permiten ver con optimismo el futuro.

Pero aún peores son las consecuencias que tales circunstancias ocasionan en nuestra relación con el mundo externo, y principalmente con los principales compradores de nuestros hidrocarburos. Es el caso de Brasil y Argentina que ya planifican su futuro sin contar con el gas boliviano. Y no menos significativas son las inversiones que hacen Trinidad y Tobago, Perú y –el colmo de la paradoja— Venezuela, para copar los mercados que Bolivia está abandonando.

Ante tal panorama, y frente a los impulsos suicidas que por lo visto se han apoderado de la mente de quienes conducen la política hidrocarburífera nacional, resultan inútiles los esfuerzos que hacen los expertos en la materia para hacer oír sus advertencias. En vano se desgañitan tratando de detener la destrucción de la principal fuente de ingresos que todavía tiene nuestro país. Es una muestra más de lo lejos que puede llegar la mitomanía cuando todo un pueblo se hace adicto a ella.

El mito de la “nacionalización”

Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal

Como si de algo sorprendente se tratara, las denuncias hechas por el ex presidente de YPFB-Transportes han sido recibidas por algunos círculos políticos y periodísticos como si el ex candidato presidencial de NFR hubiera sido el portador de una verdadera revelación. Como era de suponer, algunos aspirantes a candidatos opositores fueron los que con más entusiasmo las recibieron, suponiendo sin duda que algún rédito electoral podrían obtener al sumarse al alboroto originado en las nuevas denuncias.

Sin embargo, una semana ha sido suficiente para que el asunto vuelva al punto de donde salió: la tenebrosa oscuridad donde desde hace tres años se toman las decisiones relativas a la riqueza hidrocarburífera de nuestro país. El autor de las denuncias gozó de unos días de fama y seguramente nadie volverá a acordarse de él.

Que el asunto no haya merecido otra suerte es lo lógico y normal. Es que a estas alturas de la historia de la “nacionalización” ya nadie que esté medianamente informado puede hacer alardes de indignación –sin caer en lo ridículo-- ante una manera de actuar que no es la excepción, sino la regla. Es el caso de la manera como se procedió a comprar las acciones de Shell y Ashmore, procedimiento que en nada se distingue de todo lo hecho en nombre de la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Que se trata de un pésimo negocio para el país, es evidente. Que se actuó sin asomo de transparencia, también. Que quienes negociaron en nombre del Estado lo hicieron como neófitos en el asunto, lo que los hizo presa fácil de los representantes de las transnacionales en las negociaciones, es incuestionable. Pero nada de eso es nuevo y mucho menos sorprendente.

Así se explica que al Gobierno le haya resultado tan fácil salir del paso. No importa que hasta ahora nadie haya podido precisar la magnitud del monto de las deudas de Transredes que será asumido por el Estado. Tampoco importa que entre una versión y otra haya algunas decenas de millones de dólares de diferencia. Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal.

Es tan incontrovertible el mito, que está fuera del alcance de cualquier argumento racional. El que se haya llegado a tal punto de confusión es en gran medida atribuible a la eficiencia con que los propagandistas del MAS lograron imponer esa idea, como muchas otras. Pero tanto éxito no hubiera sido posible si, además, no tuvieran al frente una oposición ideológicamente vencida, incapaz de ir más allá de las manifestaciones externas de los problemas. La facilidad con que se soslaya ese monumental fraude que fue todo el proceso de “nacionalización” es una de las claras muestras de lo rotundo que fue el triunfo ideológico del MAS,