domingo 27 de septiembre de 2009
Irán y Honduras en el escenario mundial
Los casos de Irán y Honduras han logrado unir en una causa común a la diplomacia mundial con algunas excepciones. Bolivia y Venezuela entre ellas
jueves 9 de julio de 2009
Honduras, entre Obama y Chávez
La manera unánime como el mundo ha reaccionado confirma que estamos asistiendo a la inauguración de una nueva era histórica
domingo 5 de julio de 2009
La elocuente lección de Honduras
Serán sin duda derrotadas las corrientes políticas más retrógradas, esas que tan erróneamente creen que una tiranía puede neutralizar a otra
martes 30 de junio de 2009
Honduras y los desatinos de la oposición
Los golpistas hondureños tendrán que recular y el proyecto del Socialismo del Siglo XXI habrá recibido así otra victoria de regalo
domingo 28 de junio de 2009
Lecciones de una oposiciòn indeseable
Nada ha desacreditado tanto a la oposición venezolana como ciertos individuos y organizaciones de una indeseable ultraderecha medieval
Mostrando entradas con la etiqueta Editoriales de Los Tiempos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Editoriales de Los Tiempos. Mostrar todas las entradas
miércoles, 30 de septiembre de 2009
sábado, 26 de septiembre de 2009
“¿De qué vamos a vivir”?
“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi
Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.
Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.
Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.
Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.
Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.
Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.
Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.
Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.
Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.
viernes, 25 de septiembre de 2009
La corrupción y el sector privado
A pesar de que Bolivia, con Venezuela, se destaca porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno, está mejor que otros países de la región
El informe 'Global Corruption Report 2009', elaborado por Transparencia Internacional y presentado ayer en Londres, dedica este año su atención al sector privado y contiene una serie de elementos sobre la situación de nuestro país que bien merecen un detenido análisis y evaluación.
Como durante los últimos años, nuestro país figura entre los países que, según la percepción de los encuestados, está mejorando en su lucha contra la corrupción. Y aunque todavía figura entre los más afectados por esa lacra, una vez más aparece fuera del grupo de los más corruptos de la región y del mundo.
Como todos los años, es previsible que durante los próximos días abunden las opiniones a favor y en contra de las conclusiones del informe, y sin duda éstas estarán sesgadas por las visiones parciales del oficialismo y de la oposición. A pesar de ello, bien vale la pena tomar en cuenta lo que dice, pues es un reflejo muy confiable, más que de la realidad, de la manera como ésta es percibida por las personas consultadas.
El estudio este año está dedicado al sector privado y la manera como éste interviene en las prácticas corruptas que actúan como "una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y atenta contra la existencia de las empresas". A partir de 73.000 encuestas en 69 países, añade que la mitad de los encuestados cree que el sector privado utiliza el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y los reglamentos.
Según la clasificación por países, Bolivia y Venezuela son los dos países latinoamericanos que se destacan porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno.
A pesar de ello, Bolivia, en el puesto 102 entre 180, aparece en el “ranking de la corrupción” mejor ubicada que Argentina (109) Paraguay (138), Ecuador (151) y Venezuela (180). La lista de los latinoamericanos mejor ubicados es encabezada por Chile y Uruguay (en el puesto 23), seguidos México y Perú (72), y Brasil (80). Cabe recordar que en 2001 Bolivia figuró como el segundo país más corrupto del mundo y durante los últimos años ha ido mejorando su ubicación.
Si bien en líneas generales la percepción sobre Bolivia continúa con una tendencia positiva, el informe destaca un aspecto negativo. Indica que nuestro país es el único de América que todavía carece de una ley de protección al consumidor, lo que dificulta la lucha contra la corrupción del sector privado.
A medida que se conozcan más detalles del informa se podrá sin duda ver en qué se basan las percepciones sobre el estado de la lucha contra la corrupción en nuestro país. De momento, lo cierto es que a pesar de lo que se podría suponer, la percepción de las personas consultadas por Transparencia Internacional es más positiva que negativa y eso, en sí mismo, es algo digno de atención.
=======
Editorial relacionado:
La lucha contra la corrupción
El informe 'Global Corruption Report 2009', elaborado por Transparencia Internacional y presentado ayer en Londres, dedica este año su atención al sector privado y contiene una serie de elementos sobre la situación de nuestro país que bien merecen un detenido análisis y evaluación.
Como durante los últimos años, nuestro país figura entre los países que, según la percepción de los encuestados, está mejorando en su lucha contra la corrupción. Y aunque todavía figura entre los más afectados por esa lacra, una vez más aparece fuera del grupo de los más corruptos de la región y del mundo.
Como todos los años, es previsible que durante los próximos días abunden las opiniones a favor y en contra de las conclusiones del informe, y sin duda éstas estarán sesgadas por las visiones parciales del oficialismo y de la oposición. A pesar de ello, bien vale la pena tomar en cuenta lo que dice, pues es un reflejo muy confiable, más que de la realidad, de la manera como ésta es percibida por las personas consultadas.
El estudio este año está dedicado al sector privado y la manera como éste interviene en las prácticas corruptas que actúan como "una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y atenta contra la existencia de las empresas". A partir de 73.000 encuestas en 69 países, añade que la mitad de los encuestados cree que el sector privado utiliza el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y los reglamentos.
Según la clasificación por países, Bolivia y Venezuela son los dos países latinoamericanos que se destacan porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno.
A pesar de ello, Bolivia, en el puesto 102 entre 180, aparece en el “ranking de la corrupción” mejor ubicada que Argentina (109) Paraguay (138), Ecuador (151) y Venezuela (180). La lista de los latinoamericanos mejor ubicados es encabezada por Chile y Uruguay (en el puesto 23), seguidos México y Perú (72), y Brasil (80). Cabe recordar que en 2001 Bolivia figuró como el segundo país más corrupto del mundo y durante los últimos años ha ido mejorando su ubicación.
Si bien en líneas generales la percepción sobre Bolivia continúa con una tendencia positiva, el informe destaca un aspecto negativo. Indica que nuestro país es el único de América que todavía carece de una ley de protección al consumidor, lo que dificulta la lucha contra la corrupción del sector privado.
A medida que se conozcan más detalles del informa se podrá sin duda ver en qué se basan las percepciones sobre el estado de la lucha contra la corrupción en nuestro país. De momento, lo cierto es que a pesar de lo que se podría suponer, la percepción de las personas consultadas por Transparencia Internacional es más positiva que negativa y eso, en sí mismo, es algo digno de atención.
=======
Editorial relacionado:
La lucha contra la corrupción
jueves, 24 de septiembre de 2009
Santa Cruz, la clave de futuro nacional
En Santa Cruz es donde mejor se manifiesta todo lo que nos une, pero también lo que nos separa. Es donde se sentarán las bases de nuestro futuro
Hoy, 24 de septiembre, se conmemora un aniversario más de la incorporación de Santa Cruz al proceso que concluyó 15 años después con la formación de la República de Bolivia. Hace 199 años, el pueblo cruceño se reunió en un Cabildo Abierto en el que decidió plegarse al levantamiento que diez días antes tuvo en Cochabamba su más reciente hito.
Ese día, codo a codo con los cruceños, paceños, chuquisaqueños, cochabambinos, además de orureños y potosinos e incluso representantes de la Junta de Buenos Aires, se sumaron activamente en la organización del movimiento y luego en las acciones contra las fuerzas realistas. Fue una temprana muestra de lo estrechos que eran los vínculos, pese a las distancias geográficas, entre esa región y las demás ciudades de lo que luego fue Bolivia.
Según un censo de la época, ya entonces la población de Santa Cruz era tan heterogénea como es ahora. De los 10.500 habitantes registrados, 4.303 eran “blancos” --como se denominaba a los españoles y a sus descendientes-- 1.376 mestizos, 2.638 cholos, 2.111 indios y 150 negros.
Como en otros focos de la rebelión independentista, todos esos sectores se unieron por encima de sus diferencias sociales en una causa común, en la que los ideales de la igualdad ocupaban un lugar incluso más importante que en otras latitudes. Tanto es así, que el primer acto de la Junta Gubernamental fue liberar a los esclavos y otorgarles todos los derechos de ciudadanía. Después de aprobar esa medida se procedió a redactar el Acta de Pronunciamiento del Cabildo Abierto.
199 años después, el espíritu acogedor que siempre caracterizó a Santa Cruz se manifiesta en la enorme diversidad de origen de los cruceños de hoy. La inmensa mayoría de quienes se sienten cruceños, por nacimiento o por adopción, proviene de todos los rincones de nuestro país, lo que ha hecho de ese Departamento un inmenso crisol en el que se funden las más variadas identidades.
Es precisamente esa característica la que ha hecho de Santa Cruz el centro más dinámico de la economía nacional; el punto donde más exitosamente se encuentra, complementa y florece el espíritu emprendedor de gentes de distinto origen que se unen la búsqueda de la prosperidad basada en la actividad productiva y el esfuerzo propio.
Por eso, es en Santa Cruz donde mejor se manifiesta todo lo que nos une a los bolivianos, pero también lo que nos separa. Es donde más dramáticamente florecen las contradicciones de nuestro pasado y presente, y donde por consiguiente se sentarán, para bien o para mal, las bases de nuestro futuro.
Es de esperar que el próximo año, cuando Santa Cruz celebre el bicentenario de su efeméride, se manifieste en su plenitud el espíritu que animó a quienes el 24 de septiembre de 1810 se sumaron a la titánica tarea de construir un país libre.
Hoy, 24 de septiembre, se conmemora un aniversario más de la incorporación de Santa Cruz al proceso que concluyó 15 años después con la formación de la República de Bolivia. Hace 199 años, el pueblo cruceño se reunió en un Cabildo Abierto en el que decidió plegarse al levantamiento que diez días antes tuvo en Cochabamba su más reciente hito.
Ese día, codo a codo con los cruceños, paceños, chuquisaqueños, cochabambinos, además de orureños y potosinos e incluso representantes de la Junta de Buenos Aires, se sumaron activamente en la organización del movimiento y luego en las acciones contra las fuerzas realistas. Fue una temprana muestra de lo estrechos que eran los vínculos, pese a las distancias geográficas, entre esa región y las demás ciudades de lo que luego fue Bolivia.
Según un censo de la época, ya entonces la población de Santa Cruz era tan heterogénea como es ahora. De los 10.500 habitantes registrados, 4.303 eran “blancos” --como se denominaba a los españoles y a sus descendientes-- 1.376 mestizos, 2.638 cholos, 2.111 indios y 150 negros.
Como en otros focos de la rebelión independentista, todos esos sectores se unieron por encima de sus diferencias sociales en una causa común, en la que los ideales de la igualdad ocupaban un lugar incluso más importante que en otras latitudes. Tanto es así, que el primer acto de la Junta Gubernamental fue liberar a los esclavos y otorgarles todos los derechos de ciudadanía. Después de aprobar esa medida se procedió a redactar el Acta de Pronunciamiento del Cabildo Abierto.
199 años después, el espíritu acogedor que siempre caracterizó a Santa Cruz se manifiesta en la enorme diversidad de origen de los cruceños de hoy. La inmensa mayoría de quienes se sienten cruceños, por nacimiento o por adopción, proviene de todos los rincones de nuestro país, lo que ha hecho de ese Departamento un inmenso crisol en el que se funden las más variadas identidades.
Es precisamente esa característica la que ha hecho de Santa Cruz el centro más dinámico de la economía nacional; el punto donde más exitosamente se encuentra, complementa y florece el espíritu emprendedor de gentes de distinto origen que se unen la búsqueda de la prosperidad basada en la actividad productiva y el esfuerzo propio.
Por eso, es en Santa Cruz donde mejor se manifiesta todo lo que nos une a los bolivianos, pero también lo que nos separa. Es donde más dramáticamente florecen las contradicciones de nuestro pasado y presente, y donde por consiguiente se sentarán, para bien o para mal, las bases de nuestro futuro.
Es de esperar que el próximo año, cuando Santa Cruz celebre el bicentenario de su efeméride, se manifieste en su plenitud el espíritu que animó a quienes el 24 de septiembre de 1810 se sumaron a la titánica tarea de construir un país libre.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Hacia la cumbre del cambio climático
"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", ha dicho Barack Obama
En medio de un ambiente en el que el escepticismo parece imponerse a las esperanzas, ayer se ha inaugurado en la sede de la Organización de Naciones Unidas la llamada “Semana del Cambio Climático”, en la que los líderes de todo el mundo deben sentar las bases de los acuerdos que se espera suscriban en diciembre, en Copenhague, Dinamarca.
Son casi cien los mandatarios que participaran de la cita, pero la atención se concentra en lo que vayan a decir los representantes de los países más involucrados en la emisión de gases invernadero. Y son precisamente ellos los que más motivos dan al escepticismo.
Estados Unidos, China, India, los que más aportan a la contaminación planetaria, son los que menos dispuestos se muestran a adoptar medidas drásticas más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Y aunque es mucho lo que se espera de lo que proponga Barack Obama, en los hechos hay muchas dudas sobre si su país estará realmente dispuesto a hacer efectivo durante los próximos años.
No es fácil el papel que le toca al presidente estadounidense, pues EE.UU., que se negó a firmar el protocolo de Kyoto, ha aumentado sus emisiones un 18% desde 1990 (año de referencia de Kyoto) mientras que la Unión Europea las ha reducido un 2,7%. Y aunque Obama ha dado abundantes muestras de su buena voluntad, como su elocuente discurso de ayer, eso no es suficiente ni mucho menos.
Es verdad que ha propuesto una ley para reducir sus emisiones un 17% en 2020 y un 83% en 2050, y también que ha dado, durante los primeros ocho meses de su mandato, un formidable impulso a las energías limpias. Pero muy a pesar de sus deseos y voluntad la ley que propuso avanza lentamente en el Congreso y seguirá tramitándose en 2010.
Sin la aprobación de esa ley, Obama llegará a Copenhague “con las manos atadas”. No podrá asumir ningún compromiso en nombre de su país y, mientras EE.UU. no lo haga, China, India, y los demás que por su alto nivel de industrialización se destacan entre los más contaminantes, tampoco lo harán.
En esas circunstancias, sobre la Cumbre del Clima de Copenhague se extiende una densa nube de dudas. Se teme que no en ella no se llegue a ningún acuerdo importante y que se deje pasar, una vez más, la oportunidad de revertir un proceso que al ritmo que avanza hará estragos sobre el futuro de nuestro planeta.
"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", advirtió Barack Obama en el mensaje que dirigió de ayer. Pero por lo visto, quienes más llamados están a atender esas palabras, los congresistas de su país, son los menos dispuestos a hacerlo.
Ante tan desalentador panorama, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a la sociedad civil internacional que aumente la presión sobre los líderes políticos. Propone que durante los próximos meses se haga sentir una presión suficientemente fuerte para que quienes tienen en sus manos la toma de decisiones no puedan dejar de tomarla en cuenta.
En medio de un ambiente en el que el escepticismo parece imponerse a las esperanzas, ayer se ha inaugurado en la sede de la Organización de Naciones Unidas la llamada “Semana del Cambio Climático”, en la que los líderes de todo el mundo deben sentar las bases de los acuerdos que se espera suscriban en diciembre, en Copenhague, Dinamarca.
Son casi cien los mandatarios que participaran de la cita, pero la atención se concentra en lo que vayan a decir los representantes de los países más involucrados en la emisión de gases invernadero. Y son precisamente ellos los que más motivos dan al escepticismo.
Estados Unidos, China, India, los que más aportan a la contaminación planetaria, son los que menos dispuestos se muestran a adoptar medidas drásticas más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Y aunque es mucho lo que se espera de lo que proponga Barack Obama, en los hechos hay muchas dudas sobre si su país estará realmente dispuesto a hacer efectivo durante los próximos años.
No es fácil el papel que le toca al presidente estadounidense, pues EE.UU., que se negó a firmar el protocolo de Kyoto, ha aumentado sus emisiones un 18% desde 1990 (año de referencia de Kyoto) mientras que la Unión Europea las ha reducido un 2,7%. Y aunque Obama ha dado abundantes muestras de su buena voluntad, como su elocuente discurso de ayer, eso no es suficiente ni mucho menos.
Es verdad que ha propuesto una ley para reducir sus emisiones un 17% en 2020 y un 83% en 2050, y también que ha dado, durante los primeros ocho meses de su mandato, un formidable impulso a las energías limpias. Pero muy a pesar de sus deseos y voluntad la ley que propuso avanza lentamente en el Congreso y seguirá tramitándose en 2010.
Sin la aprobación de esa ley, Obama llegará a Copenhague “con las manos atadas”. No podrá asumir ningún compromiso en nombre de su país y, mientras EE.UU. no lo haga, China, India, y los demás que por su alto nivel de industrialización se destacan entre los más contaminantes, tampoco lo harán.
En esas circunstancias, sobre la Cumbre del Clima de Copenhague se extiende una densa nube de dudas. Se teme que no en ella no se llegue a ningún acuerdo importante y que se deje pasar, una vez más, la oportunidad de revertir un proceso que al ritmo que avanza hará estragos sobre el futuro de nuestro planeta.
"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", advirtió Barack Obama en el mensaje que dirigió de ayer. Pero por lo visto, quienes más llamados están a atender esas palabras, los congresistas de su país, son los menos dispuestos a hacerlo.
Ante tan desalentador panorama, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a la sociedad civil internacional que aumente la presión sobre los líderes políticos. Propone que durante los próximos meses se haga sentir una presión suficientemente fuerte para que quienes tienen en sus manos la toma de decisiones no puedan dejar de tomarla en cuenta.
martes, 22 de septiembre de 2009
Los debates de cada día
Fijar la agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es la base de una estrategia que le da muy buenos réditos al oficialismo
Una de las características de todos los proceso electorales que se han desarrollado en nuestro país durante los últimos años es el afán con que unos candidatos exigen a otros debatir sobre sus programas de gobierno mientras otros los eluden.
Los desafíos a debatir han dado resultados diferentes. En unos casos, como la recordada exitosa campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993, cuando partiendo casi de la nada llegó a ganar la elección es un ejemplo. La base de su ofensiva fue desafiar a un debate al Gral. Banzer y éste, empeñado en evitarlo, fue cayendo vertiginosamente en las intenciones de voto. Exactamente lo mismo pasó en 2002, sólo que la víctima de Goñi ese año fue Manfred Reyes Villa.
Jorge Tuto Quiroga quiso hacer lo mismo en 2005, y ya sabemos cómo le fue. Ahora, es el candidato del Plan Progreso, el mismo que basó su estrategia en eludir el debate cuando era candidato de NFR, quien insiste en que se debata.
Cuando los candidatos hablan de debatir se refieren a una sola cosa. A que el país los vea confrontar sus respectivas propuestas ante las cámaras de televisión. No ven, o no quieren ver, que los verdaderos debates, los que en realidad definen las inclinaciones de quienes no tienen definido su voto con anticipación, se produce todos los días en los más diversos escenarios.
Los debates que realmente importan son los que tienen lugar en las charlas cotidianas de la gente. En la sobremesa del almuerzo o la cena, entre amigos en toda reunión social, en medios de transporte público, en las calles y plazas donde la gente intercambia opiniones sobre la política nacional.
Los temas alrededor de los que giran esas conversaciones en las que la gente expone sus preferencias, sus dudas, sus críticas a los candidatos y sus propuestas no son fruto del azar. Son el resultado de una agenda temática que resulta de las iniciativas, de las acciones u omisiones de los candidatos y sus asesores. Definir esa agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es pues la base de una buena estrategia de comunicación. Quien tome la iniciativa lleva las de ganar.
En el caso de la campaña que se inicia, resulta evidente que quien tiene la iniciativa, y por lo tanto tiende a ganar la batalla que tiene lugar en las mentes y corazones de los potenciales votantes, es el gobierno. Con la misma habilidad con que lo ha hecho durante los últimos años logra dirigir la atención colectiva hacia unos asuntos y desviarla de otros.
Así, el oficialismo logra que los medios de comunicación, y tras ellos la ciudadanía atiendan los temas que le convienen y no atienda los que no le convienen. Y la oposición, mansamente, se deja llevar al territorio escogido por su rival. Ahora, por ejemplo, el tema de debate colectivo escogido es el de los votos de los bolivianos en el exterior. Pero del desempleo, del fracaso de la política hidrocarburífera, de los muchísimos puntos débiles de la gestión gubernamental y sus proyecciones al futuro, no hay quién hable. Y si alguien habla, no hay quién lo atienda. La agenda temática es pues, una batalla que está siendo perdida por la oposición.
lunes, 21 de septiembre de 2009
El caótico transporte público
En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe una resuelta política para solucionarlo
Día que pasa, el tráfico de motorizados en nuestra ciudad se hace más inviable. El desmedido crecimiento del parque vehicular, alimentado durante varios años por la irrestricta internación -o contrabando, en la generalidad de los casos- de vehículos, no sólo que ha inundado la ciudad de la chatarra que es expulsada de otros países, sino que ha terminado sobredimensionando la oferta de transporte urbano.
Movilizarse en vehículo por el centro de la ciudad se ha convertido en una pérdida de tiempo. La evidente falta de educación vial de conductores y peatones ha dado rienda suelta a que los vehículos del transporte público (llámense micros, trufis o minibuses) interrumpan el tráfico de manera caprichosa y arbitraria y, para colmo de males, no hay autoridad que evite que las calles del denominado "casco viejo" sigan siendo utilizadas como escenario de protestas, desfiles, danzas y de cuanto alboroto público existe.
Pero, además, a ese panorama debemos añadir otros elementos que agravan la situación y la convierten en un riesgo para la seguridad y la salud públicas. Los niveles de contaminación ambiental y acústica se están incrementando de manera alarmante; el estado de los vehículos del transporte público no es sometido a una rigurosa revisión técnica.
Si hacemos un rápido recuento, las soluciones planteadas hasta el día de hoy por la Alcaldía han sido sistemáticamente bloqueadas por las organizaciones de chóferes que saben que sus intereses económicos se verán afectados cuando se intente poner orden al desorden. Toda propuesta de solución fue rechazada por un comité interinstitucional que, en su momento, estuvo integrado mayoritariamente por representantes de las organizaciones de transportistas.
Es que el problema de nuestra ciudad, como todas las demás de Bolivia, es tan sencillo de describir que no necesita diagnóstico alguno: hay que descongestionar de vehículos el centro citadino pero, como eso significa modificar las rutas que tan pingües ganancias les dan a los chóferes, ellos se opusieron y seguirán oponiéndose.
En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe hasta el momento una resuelta política para solucionarlo.
Como decía en la edición de ayer uno de nuestros columnistas, “los que se postularán como alcaldes o alcaldesas para las elecciones municipales de año 2010 deben planear una sana visión de futuro, y proponerse con prioridad la regulación de las normas que ordenamiento del tráfico vehicular en esta ciudad alborotada”. “Si a los concejales les queda algo de sangre en la cara, deberían asumir con rigor sus deberes y liberarnos de los sujetos que nos muestran los nabos, para plantarlos en nuestras espaldas”.
Día que pasa, el tráfico de motorizados en nuestra ciudad se hace más inviable. El desmedido crecimiento del parque vehicular, alimentado durante varios años por la irrestricta internación -o contrabando, en la generalidad de los casos- de vehículos, no sólo que ha inundado la ciudad de la chatarra que es expulsada de otros países, sino que ha terminado sobredimensionando la oferta de transporte urbano.
Movilizarse en vehículo por el centro de la ciudad se ha convertido en una pérdida de tiempo. La evidente falta de educación vial de conductores y peatones ha dado rienda suelta a que los vehículos del transporte público (llámense micros, trufis o minibuses) interrumpan el tráfico de manera caprichosa y arbitraria y, para colmo de males, no hay autoridad que evite que las calles del denominado "casco viejo" sigan siendo utilizadas como escenario de protestas, desfiles, danzas y de cuanto alboroto público existe.
Pero, además, a ese panorama debemos añadir otros elementos que agravan la situación y la convierten en un riesgo para la seguridad y la salud públicas. Los niveles de contaminación ambiental y acústica se están incrementando de manera alarmante; el estado de los vehículos del transporte público no es sometido a una rigurosa revisión técnica.
Si hacemos un rápido recuento, las soluciones planteadas hasta el día de hoy por la Alcaldía han sido sistemáticamente bloqueadas por las organizaciones de chóferes que saben que sus intereses económicos se verán afectados cuando se intente poner orden al desorden. Toda propuesta de solución fue rechazada por un comité interinstitucional que, en su momento, estuvo integrado mayoritariamente por representantes de las organizaciones de transportistas.
Es que el problema de nuestra ciudad, como todas las demás de Bolivia, es tan sencillo de describir que no necesita diagnóstico alguno: hay que descongestionar de vehículos el centro citadino pero, como eso significa modificar las rutas que tan pingües ganancias les dan a los chóferes, ellos se opusieron y seguirán oponiéndose.
En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe hasta el momento una resuelta política para solucionarlo.
Como decía en la edición de ayer uno de nuestros columnistas, “los que se postularán como alcaldes o alcaldesas para las elecciones municipales de año 2010 deben planear una sana visión de futuro, y proponerse con prioridad la regulación de las normas que ordenamiento del tráfico vehicular en esta ciudad alborotada”. “Si a los concejales les queda algo de sangre en la cara, deberían asumir con rigor sus deberes y liberarnos de los sujetos que nos muestran los nabos, para plantarlos en nuestras espaldas”.
domingo, 20 de septiembre de 2009
Editoriales de Los Tiempos
Internet, un resquicio de libertad en Cuba
Desenfrenada carrera armamentista
Túpac Katari en el espacio sideral
El extravío de la sensatez
Inseguridad e indefensión
14 de septiembre, germen de la unidad
YPFB, devorador de recursos públicos
11 de septiembre, un año después
Un mensaje de Lula a Bolivia
Un nuevo escenario político
Los futuros asambleístas
Un derecho en riesgo
Naciente “hipercoalición” opositora
Hacia una reedición del reciente pasado
Más editoriales de Los Tiempos en:
http://editorialesdelostiempos.blogspot.com
Desenfrenada carrera armamentista
Túpac Katari en el espacio sideral
El extravío de la sensatez
Inseguridad e indefensión
14 de septiembre, germen de la unidad
YPFB, devorador de recursos públicos
11 de septiembre, un año después
Un mensaje de Lula a Bolivia
Un nuevo escenario político
Los futuros asambleístas
Un derecho en riesgo
Naciente “hipercoalición” opositora
Hacia una reedición del reciente pasado
Más editoriales de Los Tiempos en:
http://editorialesdelostiempos.blogspot.com
“Halcones” y “palomas” en Santa Cruz
… Al ser Santa Cruz el bastión principal de la oposición, resulta inevitable que ese conflicto de visiones se reproduzca en el escenario político nacional
La semana que concluye ha estado marcada por las pugnas internas entre dos fracciones en que se han dividido las principales instituciones de Santa Cruz. El Comité Cívico, la Cainco con todas las cámaras sectoriales que la integran, y hasta los principales clubes de fútbol han sufrido las consecuencias. Y aunque los principales representantes de las dos fracciones en que está dividida la oposición se han esmerado por eludir el asunto, es bien sabido que tanto el Plan Progreso como Unidad Nacional han sufrido los efectos del sismo.
Para quienes más informados están de los entretelones de la actividad económica, política y social cruceña no fue nada sorprendente que tan intempestivamente hayan salido a luz las fisuras. Es que la historia tiene ya larga data y sus antecedentes se remontan incluso a décadas pasadas. Lo admirable, desde ese punto de vista, es que el conflicto se haya mantenido tanto tiempo latente y sea recién ahora, en vísperas del proceso electoral que se inicia, que se manifieste.
Según una de las explicaciones sobre el origen de esas disputas, la causa estaría en una ya antigua disputa por el control del poder local en que están enfrascadas dos logias, “Caballeros del Oriente” y “Toborochi”. Y aunque todo parece indicar que hay mucho de cierto en eso, más relevante parece ser un conflicto de visiones sobre la mejor manera de afrontar los retos políticos y económicos que plantea a las élites cruceñas el gobierno de Evo Morales y el proyecto político que encabeza.
Más que entre logias, la división estaría dada entre “halcones” y “palomas”, dos términos que se hicieron muy comunes en ambiente político estadounidense y que ahora son empleados para identificar en todo el mundo a dos maneras diferentes de afrontar los conflictos.
Se califica como “halcones” a quienes prefieren la mano dura, la negación de los problemas y la confrontación. Desconfían de la política y la diplomacia y son proclives a recurrir a las acciones de hecho, a las vías de la violencia. Para ellos, los oponentes más que rivales son enemigos.
Las “palomas”, por el contrario, se inclinan por la concertación, la diplomacia y la reforma gradual de las condiciones que les son adversas. Están más dispuestos a negociar haciendo las concesiones que eso implica, y priorizan las vías legales y pacíficas para hacer frente a sus rivales.
Dados los antecedentes del caso, esa y no otra parece ser la verdadera naturaleza de las discrepancias que han puesto a los sectores de la oposición cruceña en dos bandos antagónicos. Y siendo Santa Cruz el bastión principal de la oposición, resulta inevitable que ese conflicto de visiones se reproduzca en el escenario político nacional.
A primera vista, el Plan Progreso sería la opción política de los “halcones” y UN la de las “palomas”. Tendrán que ser los candidatos de ambas fórmulas los que asuman una posición al respecto, para lo que deberán dejar de eludir un tema que por su importancia no debe quedar al margen del debate político actual.
La semana que concluye ha estado marcada por las pugnas internas entre dos fracciones en que se han dividido las principales instituciones de Santa Cruz. El Comité Cívico, la Cainco con todas las cámaras sectoriales que la integran, y hasta los principales clubes de fútbol han sufrido las consecuencias. Y aunque los principales representantes de las dos fracciones en que está dividida la oposición se han esmerado por eludir el asunto, es bien sabido que tanto el Plan Progreso como Unidad Nacional han sufrido los efectos del sismo.
Para quienes más informados están de los entretelones de la actividad económica, política y social cruceña no fue nada sorprendente que tan intempestivamente hayan salido a luz las fisuras. Es que la historia tiene ya larga data y sus antecedentes se remontan incluso a décadas pasadas. Lo admirable, desde ese punto de vista, es que el conflicto se haya mantenido tanto tiempo latente y sea recién ahora, en vísperas del proceso electoral que se inicia, que se manifieste.
Según una de las explicaciones sobre el origen de esas disputas, la causa estaría en una ya antigua disputa por el control del poder local en que están enfrascadas dos logias, “Caballeros del Oriente” y “Toborochi”. Y aunque todo parece indicar que hay mucho de cierto en eso, más relevante parece ser un conflicto de visiones sobre la mejor manera de afrontar los retos políticos y económicos que plantea a las élites cruceñas el gobierno de Evo Morales y el proyecto político que encabeza.
Más que entre logias, la división estaría dada entre “halcones” y “palomas”, dos términos que se hicieron muy comunes en ambiente político estadounidense y que ahora son empleados para identificar en todo el mundo a dos maneras diferentes de afrontar los conflictos.
Se califica como “halcones” a quienes prefieren la mano dura, la negación de los problemas y la confrontación. Desconfían de la política y la diplomacia y son proclives a recurrir a las acciones de hecho, a las vías de la violencia. Para ellos, los oponentes más que rivales son enemigos.
Las “palomas”, por el contrario, se inclinan por la concertación, la diplomacia y la reforma gradual de las condiciones que les son adversas. Están más dispuestos a negociar haciendo las concesiones que eso implica, y priorizan las vías legales y pacíficas para hacer frente a sus rivales.
Dados los antecedentes del caso, esa y no otra parece ser la verdadera naturaleza de las discrepancias que han puesto a los sectores de la oposición cruceña en dos bandos antagónicos. Y siendo Santa Cruz el bastión principal de la oposición, resulta inevitable que ese conflicto de visiones se reproduzca en el escenario político nacional.
A primera vista, el Plan Progreso sería la opción política de los “halcones” y UN la de las “palomas”. Tendrán que ser los candidatos de ambas fórmulas los que asuman una posición al respecto, para lo que deberán dejar de eludir un tema que por su importancia no debe quedar al margen del debate político actual.
sábado, 19 de septiembre de 2009
Internet, un resquicio de libertad en Cuba
Aunque con muchísimas limitaciones, Internet dejará de ser un privilegio al alcance sólo de turistas y funcionarios allegados al régimen cubano
Durante los últimos meses, Cuba ha sido noticia por las tímidas y muy paulatinas reformas, pero reformas al fin, que bajo la conducción de Raúl Castro ha comenzado a aplicar a su anquilosado régimen económico y político. La más reciente de ellas consiste en que el Estado, en un gesto de indulgencia poco común en la isla, permitirá que los ciudadanos cubanos usen Internet.
La medida, que en el contexto del socialismo cubano implica una transformación cuya magnitud es difícil comprender para quienes no sabemos lo que es vivir bajo un régimen dictatorial, tiene sin embargo muchas limitaciones. Seguirán prohibidas las conexiones domiciliarias, los comisarios del Estado encargados de la censura se reservan el derecho de bloquear cuanto sitio les parezca inconveniente, y el precio seguirá fuera del alcance del ciudadano común.
A pesar de ello, no deja de ser un gran avance si se considera que hasta ahora la única manera que tenían los cubanos de conectarse a Internet era en los hoteles reservados para los turistas, pagando tarifas inaccesibles para el común de la gente, y robando o comprando ilegalmente las contraseñas. El acceso libre a la web era un privilegio sólo reservado a visitantes extranjeros, periodistas avalados por el régimen, algunas instituciones y empresas oficiales, intelectuales y científicos destacados del país.
Se calcula que en todo el país no más de 100.000 personas tenían de un modo u otro el privilegio de navegar por el ciberespacio. El resto debía conformarse con navegar por la Intranet, la red local que sólo permite tener acceso a sitios oficiales y correo electrónico con el que comunicarse con el exterior, pero siempre bajo la estricta vigilancia estatal.
Muy difícil debe haber sido para la cúpula gobernante cubana dar tan audaz paso hacia la apertura pues, como es bien sabido, uno de los más sólidos pilares que sostiene al régimen es el férreo aislamiento informativo al que ha sido sometido el pueblo cubano durante los últimos 50 años. Es que como otras experiencias han demostrado, un país en el que no hay prensa libre, en el que el Estado tiene el monopolio absoluto y total de la información y decide qué pueden y qué no pueden leer, ver, oír o decir sus habitantes, corre un enorme riesgo cuando abre un resquicio de libertad, por pequeño que sea.
Es de temer, sin embargo, que antes de permitir que la gente común se conecte al mundo el Estado haya tomado las medidas necesarias para no perder el control. China, por ejemplo, ha desarrollado la tecnología suficiente para evitar que Internet salga del control de la censura oficial.
Durante los últimos meses, Cuba ha sido noticia por las tímidas y muy paulatinas reformas, pero reformas al fin, que bajo la conducción de Raúl Castro ha comenzado a aplicar a su anquilosado régimen económico y político. La más reciente de ellas consiste en que el Estado, en un gesto de indulgencia poco común en la isla, permitirá que los ciudadanos cubanos usen Internet.
La medida, que en el contexto del socialismo cubano implica una transformación cuya magnitud es difícil comprender para quienes no sabemos lo que es vivir bajo un régimen dictatorial, tiene sin embargo muchas limitaciones. Seguirán prohibidas las conexiones domiciliarias, los comisarios del Estado encargados de la censura se reservan el derecho de bloquear cuanto sitio les parezca inconveniente, y el precio seguirá fuera del alcance del ciudadano común.
A pesar de ello, no deja de ser un gran avance si se considera que hasta ahora la única manera que tenían los cubanos de conectarse a Internet era en los hoteles reservados para los turistas, pagando tarifas inaccesibles para el común de la gente, y robando o comprando ilegalmente las contraseñas. El acceso libre a la web era un privilegio sólo reservado a visitantes extranjeros, periodistas avalados por el régimen, algunas instituciones y empresas oficiales, intelectuales y científicos destacados del país.
Se calcula que en todo el país no más de 100.000 personas tenían de un modo u otro el privilegio de navegar por el ciberespacio. El resto debía conformarse con navegar por la Intranet, la red local que sólo permite tener acceso a sitios oficiales y correo electrónico con el que comunicarse con el exterior, pero siempre bajo la estricta vigilancia estatal.
Muy difícil debe haber sido para la cúpula gobernante cubana dar tan audaz paso hacia la apertura pues, como es bien sabido, uno de los más sólidos pilares que sostiene al régimen es el férreo aislamiento informativo al que ha sido sometido el pueblo cubano durante los últimos 50 años. Es que como otras experiencias han demostrado, un país en el que no hay prensa libre, en el que el Estado tiene el monopolio absoluto y total de la información y decide qué pueden y qué no pueden leer, ver, oír o decir sus habitantes, corre un enorme riesgo cuando abre un resquicio de libertad, por pequeño que sea.
Es de temer, sin embargo, que antes de permitir que la gente común se conecte al mundo el Estado haya tomado las medidas necesarias para no perder el control. China, por ejemplo, ha desarrollado la tecnología suficiente para evitar que Internet salga del control de la censura oficial.
viernes, 18 de septiembre de 2009
Desenfrenada carrera armamentista
En medio de la carrera bélica que asola la región, la importancia de Bolivia no radica en su poder bélico, sino en su ubicación geográfica
Después de más de dos décadas durante las que estuvo vigente la idea según la que se había arribado ya “al fin de la historia”, y que el triunfo que se suponía definitivo de las democracias liberales en lo político y del liberalismo en lo económico hacían inminente la inauguración de una era de paz en Sudamérica, como en todo el mundo, nuevamente han comenzado a soplar vientos de guerra en la región.
Una desenfrenada carrera armamentista es el primer síntoma de una tendencia que ya ha comenzado a alarmar a quienes ven en las diferencias políticas que separan a los países latinoamericanos el germen de futuros conflictos. Esos temores no parecen infundados, pues prácticamente todos los gobiernos sudamericanos han caído presas de una compulsiva compra de armas.
Los datos de los que disponen organismos especializados en el tema son de lo más elocuentes. Un reciente informe del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), por ejemplo, señala que la inversión en armas en Suramérica el año pasado fue de 34.100 millones de dólares. Cifra que se queda corta si se la compara con el cálculo de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Redsal), según la que los gastos militares se elevan unos 48.000 millones de dólares. Más alto aún es el cálculo hecho por Nueva Mayoría, un centro argentino especializado en análisis militar, que eleva el monto a 51.110 millones de dólares.
Lo cierto, dólar más, dólar menos, es que todos coinciden en calcular en alrededor de 30% el incremento de gastos militares en relación a 2007. La elocuencia de las cifras es pues suficiente para llamar la atención sobre un mal que como un maligno virus se extiende entre políticos y militares de esta parte del mundo.
Los países que se destacan en medio de tanta locura son Venezuela y Colombia, que aumentaron sus presupuestos bélicos en 29,06% y 37,07% respectivamente. Chile, cuyas cuantiosas inversiones en armamento no son nada nuevo, ha incrementado también notablemente sus gastos militares. Pero el que más recursos destina a la compra de armas, es Brasil, con un presupuesto estimado para el 2008 de 27.540 millones de dólares.
Ante semejantes cifras, el caso boliviano parece ridículo por su pequeñez. Los 100 millones provenientes de un acuerdo con Rusia para “gastos militares” se diluyen en la compra de un lujoso avión para los viajes del Presidente Morales y unos cuantos medios de transporte y comunicaciones.
Sin embargo, desde el punto de vista de los expertos en temas militares, la importancia de Bolivia no radica y nunca radicará en su poder bélico, sino en su ubicación geográfica. En cualquiera de las hipótesis de guerra que quitan el sueño a más de un gobernante vecino, tener a nuestro país como aliado vale más que todo un arsenal. Razón más que suficiente para suponer que eso lo que guía la política exterior de Venezuela, Chile y Brasil, los tres más interesados en incrementar su influencia en el “hinterland” latinoamericano.
Después de más de dos décadas durante las que estuvo vigente la idea según la que se había arribado ya “al fin de la historia”, y que el triunfo que se suponía definitivo de las democracias liberales en lo político y del liberalismo en lo económico hacían inminente la inauguración de una era de paz en Sudamérica, como en todo el mundo, nuevamente han comenzado a soplar vientos de guerra en la región.
Una desenfrenada carrera armamentista es el primer síntoma de una tendencia que ya ha comenzado a alarmar a quienes ven en las diferencias políticas que separan a los países latinoamericanos el germen de futuros conflictos. Esos temores no parecen infundados, pues prácticamente todos los gobiernos sudamericanos han caído presas de una compulsiva compra de armas.
Los datos de los que disponen organismos especializados en el tema son de lo más elocuentes. Un reciente informe del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), por ejemplo, señala que la inversión en armas en Suramérica el año pasado fue de 34.100 millones de dólares. Cifra que se queda corta si se la compara con el cálculo de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Redsal), según la que los gastos militares se elevan unos 48.000 millones de dólares. Más alto aún es el cálculo hecho por Nueva Mayoría, un centro argentino especializado en análisis militar, que eleva el monto a 51.110 millones de dólares.
Lo cierto, dólar más, dólar menos, es que todos coinciden en calcular en alrededor de 30% el incremento de gastos militares en relación a 2007. La elocuencia de las cifras es pues suficiente para llamar la atención sobre un mal que como un maligno virus se extiende entre políticos y militares de esta parte del mundo.
Los países que se destacan en medio de tanta locura son Venezuela y Colombia, que aumentaron sus presupuestos bélicos en 29,06% y 37,07% respectivamente. Chile, cuyas cuantiosas inversiones en armamento no son nada nuevo, ha incrementado también notablemente sus gastos militares. Pero el que más recursos destina a la compra de armas, es Brasil, con un presupuesto estimado para el 2008 de 27.540 millones de dólares.
Ante semejantes cifras, el caso boliviano parece ridículo por su pequeñez. Los 100 millones provenientes de un acuerdo con Rusia para “gastos militares” se diluyen en la compra de un lujoso avión para los viajes del Presidente Morales y unos cuantos medios de transporte y comunicaciones.
Sin embargo, desde el punto de vista de los expertos en temas militares, la importancia de Bolivia no radica y nunca radicará en su poder bélico, sino en su ubicación geográfica. En cualquiera de las hipótesis de guerra que quitan el sueño a más de un gobernante vecino, tener a nuestro país como aliado vale más que todo un arsenal. Razón más que suficiente para suponer que eso lo que guía la política exterior de Venezuela, Chile y Brasil, los tres más interesados en incrementar su influencia en el “hinterland” latinoamericano.
jueves, 17 de septiembre de 2009
Túpac Katari en el espacio sideral
Poner en órbita un satélite llamado Túpac Katari es algo que más allá de la racionalidad económica, tiene una carga simbólica que no se puede desdeñar
El Presidente Evo Morales, con tono triunfal, ha expuesto a su retorno al país los resultados obtenidos durante su reciente viaje a Europa. Y no le faltan razones para sentirse satisfecho por las noticias que trajo, pues una vez más se hizo evidente que una de las mayores fortalezas del gobierno que encabeza es la buena acogida que tiene en el viejo continente.
El primer logro lo consiguió en Ginebra, Suiza, donde obtuvo permiso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para poner en órbita el primer satélite boliviano, el que según anunció, se llamará Túpac Katari y será fabricado y puesto en órbita por la agencia especial de China.
Su segundo éxito lo obtuvo en España, donde selló la condonación de 77 millones de dólares, lo que reduce la deuda externa boliviana en 15 por ciento, es decir, de 2.230 millones de dólares a 1.410 millones de dólares. Ahora, entre los principales países acreedores de nuestro país están Venezuela (227,6 millones de dólares) y Brasil (98,6 millones de dólares).
Sobre la decisión gubernamental de poner llevar al espacio sideral un satélite propio se han hecho muchas críticas, buena parte de ellas en tono burlón y despectivo. Otras, las menos, han recurrido a argumentos técnicos y económicos para poner en duda la necesidad y conveniencia de hacer una inversión –o un gasto, según cómo se vea el asunto-- que aparentemente no se justifica.
Los cuestionamientos que se han hecho con argumentos peyorativos, generalmente provenientes de políticos opositores, son ilustrativos de una errónea manera de actuar que suelen tener los más enconados críticos del actual régimen gubernamental. Insisten en subestimarlo, lo que con excesiva frecuencia los lleva a quitar seriedad a sus argumentos.
Más dignas de atención son las razones que algunos expertos en temas técnicos y científicos han expuesto. Han dicho, por ejemplo, que los mismos resultados que ofrece un satélite propio, como poner las telecomunicaciones al alcance hasta del más remoto rincón del territorio nacional, podrían ser obtenidos mediante el alquiler de uno de los muchos ya puestos en órbita. No se cuestiona la validez de la idea, sino la relación entre el costo y el beneficio.
Ese argumento, sin embargo, no toma en cuenta algo que en casos como éste tiene un valor que trasciende la racionalidad económica. Se trata del aspecto simbólico, uno de los que con mayor eficiencia administra el gobierno de Morales. No es casual, por eso, que se proponga poner al satélite boliviano el nombre de un caudillo indígena. Se puede decir que es, para Bolivia y el gobierno del MAS, el equivalente de lo que en su momento fue el proyecto Apolo para EE.UU., o el Sputnik para la URSS.
No es difícil imaginar, en ese contexto, el impacto que tendrá en el ánimo de quienes constituyen la principal base de sustento político del gobierno saber que pronto Túpac Katari estará en el espacio sideral. No se puede menospreciar lo que eso significa,
El Presidente Evo Morales, con tono triunfal, ha expuesto a su retorno al país los resultados obtenidos durante su reciente viaje a Europa. Y no le faltan razones para sentirse satisfecho por las noticias que trajo, pues una vez más se hizo evidente que una de las mayores fortalezas del gobierno que encabeza es la buena acogida que tiene en el viejo continente.
El primer logro lo consiguió en Ginebra, Suiza, donde obtuvo permiso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para poner en órbita el primer satélite boliviano, el que según anunció, se llamará Túpac Katari y será fabricado y puesto en órbita por la agencia especial de China.
Su segundo éxito lo obtuvo en España, donde selló la condonación de 77 millones de dólares, lo que reduce la deuda externa boliviana en 15 por ciento, es decir, de 2.230 millones de dólares a 1.410 millones de dólares. Ahora, entre los principales países acreedores de nuestro país están Venezuela (227,6 millones de dólares) y Brasil (98,6 millones de dólares).
Sobre la decisión gubernamental de poner llevar al espacio sideral un satélite propio se han hecho muchas críticas, buena parte de ellas en tono burlón y despectivo. Otras, las menos, han recurrido a argumentos técnicos y económicos para poner en duda la necesidad y conveniencia de hacer una inversión –o un gasto, según cómo se vea el asunto-- que aparentemente no se justifica.
Los cuestionamientos que se han hecho con argumentos peyorativos, generalmente provenientes de políticos opositores, son ilustrativos de una errónea manera de actuar que suelen tener los más enconados críticos del actual régimen gubernamental. Insisten en subestimarlo, lo que con excesiva frecuencia los lleva a quitar seriedad a sus argumentos.
Más dignas de atención son las razones que algunos expertos en temas técnicos y científicos han expuesto. Han dicho, por ejemplo, que los mismos resultados que ofrece un satélite propio, como poner las telecomunicaciones al alcance hasta del más remoto rincón del territorio nacional, podrían ser obtenidos mediante el alquiler de uno de los muchos ya puestos en órbita. No se cuestiona la validez de la idea, sino la relación entre el costo y el beneficio.
Ese argumento, sin embargo, no toma en cuenta algo que en casos como éste tiene un valor que trasciende la racionalidad económica. Se trata del aspecto simbólico, uno de los que con mayor eficiencia administra el gobierno de Morales. No es casual, por eso, que se proponga poner al satélite boliviano el nombre de un caudillo indígena. Se puede decir que es, para Bolivia y el gobierno del MAS, el equivalente de lo que en su momento fue el proyecto Apolo para EE.UU., o el Sputnik para la URSS.
No es difícil imaginar, en ese contexto, el impacto que tendrá en el ánimo de quienes constituyen la principal base de sustento político del gobierno saber que pronto Túpac Katari estará en el espacio sideral. No se puede menospreciar lo que eso significa,
miércoles, 16 de septiembre de 2009
El extravío de la sensatez
Es inadmisible que a través de la censura y las amenazas se pretenda impedir que se levante el velo que cubre un asunto que por su gravedad incumbe a todo el país
Con esa frase, pero entre signos de interrogación, titula el editorial del matutino cruceño El Deber del día de ayer una muy pertinente reflexión sobre las encarnizadas pugnas entre dos fracciones del movimiento cívico cruceño. Una pugna cuya magnitud y profundidad está resquebrajando la unidad no sólo Comité Cívico, sino que se extiende a las organizaciones empresariales y políticas de nuestro país.
El detonante que sacó a luz las profundas discrepancias fue la invitación que hizo en días pasados el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), con apoyo de su directorio, al Presidente Evo Morales para que asista a la inauguración de la Expocruz. Los autores de ese gesto de deferencia han sido acusados de traidores y no ha faltado quien ha sugerido que se les imponga la “muerte civil”.
La ocasión en que afloraron los enconos fue un acto en el que se conmemoró el Día de la Tradición cruceña, “que quedó marcada por el matiz de unas encendidas y hasta disparatadas alocuciones sobre el tema, como si fuera lo más trascendente o importante de aquella celebración. Entre lo disparatado figura eso de convocar y organizar grupos que salgan a marchar contra los “empresarios traidores”, afirma el editorial que comentamos.
“En la desafortunada circunstancia que deja entrever una seria fisura de la ‘institucionalidad’ cruceña y que ocupa estas consideraciones, es posible detectar, además, un penoso extravío de la sensatez que está en sintonía con los radicalismos y la intolerancia que estropean la democracia y los derechos de las personas” --continúa El Deber-- y afirma que tal extravío “nos ha hecho perder el norte como región, en ausencia de una interpretación cabal de los hechos, de los más idóneos liderazgos, de la mejor estrategia”
Coincidiendo con tales muestras de división en las instituciones cruceñas, el matutino paceño La Razón publicó el pasado domingo un extenso reportaje titulado “Las logias habrían provocado la división de la oposición cruceña”. Casualmente ese día se omitió la edición digital de ese matutino, a pesar de lo que los datos revelados tuvieron amplia difusión y repercusiones por los muchos elementos de juicio que aporta para comprender el trasfondo de las desinteligencias entre los líderes políticos de la oposición cruceña y, por extensión, nacional.
Casualidad o no, el hecho es que las rivalidades entre las logias “Caballeros del Oriente” y “Toborochi” han vuelto a ser, después de muchos años, motivo de atención por la enorme influencia que ambas tienen en la actividad política y económica de Santa Cruz. A tal extremo, que las dos fórmulas opositoras, Plan Progreso y UN, sienten ya en sus propias filas los efectos disolventes de una pugna de intereses que por alguna razón se mantienen en el más estricto secreto.
Las consecuencias que tal estado de cosas puede tener no sólo afectan a Santa Cruz. Es imprescindible, por eso, que el tema sea sacado a la luz y abordado con la mayor transparencia posible. Es inadmisible que a través de la censura y las amenazas se pretenda impedir que se levante el velo que cubre un asunto que por su gravedad incumbe a todo el país.
Con esa frase, pero entre signos de interrogación, titula el editorial del matutino cruceño El Deber del día de ayer una muy pertinente reflexión sobre las encarnizadas pugnas entre dos fracciones del movimiento cívico cruceño. Una pugna cuya magnitud y profundidad está resquebrajando la unidad no sólo Comité Cívico, sino que se extiende a las organizaciones empresariales y políticas de nuestro país.
El detonante que sacó a luz las profundas discrepancias fue la invitación que hizo en días pasados el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), con apoyo de su directorio, al Presidente Evo Morales para que asista a la inauguración de la Expocruz. Los autores de ese gesto de deferencia han sido acusados de traidores y no ha faltado quien ha sugerido que se les imponga la “muerte civil”.
La ocasión en que afloraron los enconos fue un acto en el que se conmemoró el Día de la Tradición cruceña, “que quedó marcada por el matiz de unas encendidas y hasta disparatadas alocuciones sobre el tema, como si fuera lo más trascendente o importante de aquella celebración. Entre lo disparatado figura eso de convocar y organizar grupos que salgan a marchar contra los “empresarios traidores”, afirma el editorial que comentamos.
“En la desafortunada circunstancia que deja entrever una seria fisura de la ‘institucionalidad’ cruceña y que ocupa estas consideraciones, es posible detectar, además, un penoso extravío de la sensatez que está en sintonía con los radicalismos y la intolerancia que estropean la democracia y los derechos de las personas” --continúa El Deber-- y afirma que tal extravío “nos ha hecho perder el norte como región, en ausencia de una interpretación cabal de los hechos, de los más idóneos liderazgos, de la mejor estrategia”
Coincidiendo con tales muestras de división en las instituciones cruceñas, el matutino paceño La Razón publicó el pasado domingo un extenso reportaje titulado “Las logias habrían provocado la división de la oposición cruceña”. Casualmente ese día se omitió la edición digital de ese matutino, a pesar de lo que los datos revelados tuvieron amplia difusión y repercusiones por los muchos elementos de juicio que aporta para comprender el trasfondo de las desinteligencias entre los líderes políticos de la oposición cruceña y, por extensión, nacional.
Casualidad o no, el hecho es que las rivalidades entre las logias “Caballeros del Oriente” y “Toborochi” han vuelto a ser, después de muchos años, motivo de atención por la enorme influencia que ambas tienen en la actividad política y económica de Santa Cruz. A tal extremo, que las dos fórmulas opositoras, Plan Progreso y UN, sienten ya en sus propias filas los efectos disolventes de una pugna de intereses que por alguna razón se mantienen en el más estricto secreto.
Las consecuencias que tal estado de cosas puede tener no sólo afectan a Santa Cruz. Es imprescindible, por eso, que el tema sea sacado a la luz y abordado con la mayor transparencia posible. Es inadmisible que a través de la censura y las amenazas se pretenda impedir que se levante el velo que cubre un asunto que por su gravedad incumbe a todo el país.
martes, 15 de septiembre de 2009
Inseguridad e indefensión
La redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones
Varios asaltos y atracos sucedidos, casi simultáneamente, en las últimas horas en La Paz y Santa Cruz, han vuelto a poner en evidencia el cada vez más alarmante deterioro de la seguridad ciudadana sobre todo en las principales ciudades de Bolivia, quedando así nuevamente demostrado el poco o ningún impacto que han tenido los planes de lucha contra la delincuencia puestos en vigencia en los últimos años, así como las enormes limitaciones que afectan a la Policía Nacional y no le permiten cumplir su misión con eficiencia.
Ante esta situación, que tiende a agravarse cada día más con el consiguiente riesgo para las vidas y propiedades de cientos de miles de bolivianos, se torna apremiante la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, asumiendo como una de sus tareas de prioridad la de garantizar la seguridad ciudadana a través de un programa que afronte el problema en todas sus variables.
Será necesario, por una parte, estudiar y si es el caso modificar la legislación penal vigente, especialmente para asegurar que los delincuentes no aprovechen de las medidas cautelares para evadir su responsabilidad, pero hará falta, también, que el Ministerio Público actué con la energía y firmeza necesarias, cosa que no está sucediendo en la actualidad.
A estas alturas, ya no quedan dudas de que la labor policial no está siendo debidamente acompañada ni por el Ministerio Público ni por la legislación vigente en esta materia, por lo que urge estudiar el tema en su verdadera dimensión y obrar en consecuencia.
Por otra parte, es a todas luces innegable que para contar con una estrategia eficaz de seguridad ciudadana, la Policía tiene que ser fortalecida y redimensionada en su integridad, puesto que sólo podrá cumplir a cabalidad con sus deberes de vigilancia, patrullaje, investigación y aprehensión de delincuentes en la medida en que se transforme en un cuerpo organizado, probo y dotado de recursos humanos capacitados, así como de los suficientes recursos técnicos y —sobre todo— económicos que hoy tanto le hacen falta.
Sobre este particular, llama la atención que el Gobierno Nacional le esté poniendo particular énfasis a la adquisición de nuevos equipos bélicos para las Fuerzas Armadas, asignando para ello importantes recursos económicos, cuando dichos recursos —o una parte de ellos— bien podrían ser empleados en la tan necesaria como urgente modernización y fortalecimiento de las fuerzas del orden.
De lo que se trata, simplemente, es de establecer prioridades. Por esto, y antes de ingresar en un militarismo innecesario, se hace cada vez más patente la necesidad de que el Gobierno concentre su atención y sus esfuerzos en dotarle a la Policía Nacional de todos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para afrontar la creciente ola de inseguridad y delincuencia.
Dicha redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones.
Varios asaltos y atracos sucedidos, casi simultáneamente, en las últimas horas en La Paz y Santa Cruz, han vuelto a poner en evidencia el cada vez más alarmante deterioro de la seguridad ciudadana sobre todo en las principales ciudades de Bolivia, quedando así nuevamente demostrado el poco o ningún impacto que han tenido los planes de lucha contra la delincuencia puestos en vigencia en los últimos años, así como las enormes limitaciones que afectan a la Policía Nacional y no le permiten cumplir su misión con eficiencia.
Ante esta situación, que tiende a agravarse cada día más con el consiguiente riesgo para las vidas y propiedades de cientos de miles de bolivianos, se torna apremiante la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, asumiendo como una de sus tareas de prioridad la de garantizar la seguridad ciudadana a través de un programa que afronte el problema en todas sus variables.
Será necesario, por una parte, estudiar y si es el caso modificar la legislación penal vigente, especialmente para asegurar que los delincuentes no aprovechen de las medidas cautelares para evadir su responsabilidad, pero hará falta, también, que el Ministerio Público actué con la energía y firmeza necesarias, cosa que no está sucediendo en la actualidad.
A estas alturas, ya no quedan dudas de que la labor policial no está siendo debidamente acompañada ni por el Ministerio Público ni por la legislación vigente en esta materia, por lo que urge estudiar el tema en su verdadera dimensión y obrar en consecuencia.
Por otra parte, es a todas luces innegable que para contar con una estrategia eficaz de seguridad ciudadana, la Policía tiene que ser fortalecida y redimensionada en su integridad, puesto que sólo podrá cumplir a cabalidad con sus deberes de vigilancia, patrullaje, investigación y aprehensión de delincuentes en la medida en que se transforme en un cuerpo organizado, probo y dotado de recursos humanos capacitados, así como de los suficientes recursos técnicos y —sobre todo— económicos que hoy tanto le hacen falta.
Sobre este particular, llama la atención que el Gobierno Nacional le esté poniendo particular énfasis a la adquisición de nuevos equipos bélicos para las Fuerzas Armadas, asignando para ello importantes recursos económicos, cuando dichos recursos —o una parte de ellos— bien podrían ser empleados en la tan necesaria como urgente modernización y fortalecimiento de las fuerzas del orden.
De lo que se trata, simplemente, es de establecer prioridades. Por esto, y antes de ingresar en un militarismo innecesario, se hace cada vez más patente la necesidad de que el Gobierno concentre su atención y sus esfuerzos en dotarle a la Policía Nacional de todos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para afrontar la creciente ola de inseguridad y delincuencia.
Dicha redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones.
lunes, 14 de septiembre de 2009
14 de septiembre, germen de la unidad
Esta fecha es todo un símbolo de la unidad nacional cuyo embrión fue la alianza de los mestizos, indígenas y criollos que siguieron a Esteban Arze
En medio de una polarización política e ideológica cuyas batallas se han extendido hasta las primeras páginas de la historia de nuestro país, hoy los cochabambinos conmemoramos el 199 aniversario de la sublevación que el 14 de septiembre de 1810 encabezó Esteban Arze en apoyo al proceso que se inició un año antes, el 25 de mayo de 1809 en Sucre, primero, y el 16 de julio del mismo año en La Paz, después.
A diferencia de los actos con que se conmemoraron esas dos fechas, así como los del 6 de agosto, en los que se manifestó el conflicto de visiones sobre el pasado, presente y futuro que nos tiene divididos a los bolivianos, el 14 de septiembre es recordado con un ánimo diferente. Y no sólo porque todavía no se trata del bicentenario, sino porque hoy, como hace casi doscientos años, Cochabamba es más un punto de encuentro que de separación.
Por su ubicación geográfica, Cochabamba fue siempre un centro de actividad económica tan ligada a La Paz como a Charcas, hoy Sucre, al norte como al sur, al occidente como al oriente del territorio nacional. Fue y es un punto de paso y de encuentro no sólo de flujos comerciales, sino también de ideas, de sentimientos, de identidades étnicas, políticas y culturales.
También contribuyó mucho a su rol integrador su composición social, pues aquí ni la población indígena ni las élites criollas tuvieron tanta importancia como en otros centros urbanos de la Audiencia de Charcas, primero, y de Bolivia, después. Por eso, Cochabamba fue siempre un núcleo articulador de nuestra abigarrada sociedad, el hilo conductor de un tejido multiforme y multicolor.
Tales características se reflejaron en las sublevaciones de 1809, así como la que en 1730 encabezó Alejo Calatayud. Mestizos, criollos e indígenas, sin grandes intereses, odios ni resentimientos que los distancien, pudieron unirse alrededor de una causa común más armoniosamente que en otras latitudes.
Casi doscientos años después de la irrupción cochabambina en las luchas por la independencia, tales características se mantienen plenamente vigentes. Cochabamba sigue siendo la bisagra a través de la que se unen las diferentes zonas geográficas de nuestro país y también donde se atenúan las pugnas políticas e ideológicas. Por eso, ni el indigenismo radical ni el conservadurismo retrógrado encuentran aquí tierra fértil para echar raíces, lo que entre otras cosas impide que la recordación de nuestra historia sea un motivo de desencuentros.
Recordar, reforzar y enriquecer esas características que nos llegan desde los orígenes de nuestra historia es el mayor reto que tenemos los cochabambinos de hoy. Ya que las efemérides de otros departamentos han sido motivo de enconos, es de esperar que dentro de un año, cuando nos toque celebrar el bicentenario, hagamos del 14 de septiembre todo un símbolo de la unidad nacional cuyo embrión fue la alianza de los mestizos, indígenas y criollos que siguieron el liderazgo de Esteban Arze.
En medio de una polarización política e ideológica cuyas batallas se han extendido hasta las primeras páginas de la historia de nuestro país, hoy los cochabambinos conmemoramos el 199 aniversario de la sublevación que el 14 de septiembre de 1810 encabezó Esteban Arze en apoyo al proceso que se inició un año antes, el 25 de mayo de 1809 en Sucre, primero, y el 16 de julio del mismo año en La Paz, después.
A diferencia de los actos con que se conmemoraron esas dos fechas, así como los del 6 de agosto, en los que se manifestó el conflicto de visiones sobre el pasado, presente y futuro que nos tiene divididos a los bolivianos, el 14 de septiembre es recordado con un ánimo diferente. Y no sólo porque todavía no se trata del bicentenario, sino porque hoy, como hace casi doscientos años, Cochabamba es más un punto de encuentro que de separación.
Por su ubicación geográfica, Cochabamba fue siempre un centro de actividad económica tan ligada a La Paz como a Charcas, hoy Sucre, al norte como al sur, al occidente como al oriente del territorio nacional. Fue y es un punto de paso y de encuentro no sólo de flujos comerciales, sino también de ideas, de sentimientos, de identidades étnicas, políticas y culturales.
También contribuyó mucho a su rol integrador su composición social, pues aquí ni la población indígena ni las élites criollas tuvieron tanta importancia como en otros centros urbanos de la Audiencia de Charcas, primero, y de Bolivia, después. Por eso, Cochabamba fue siempre un núcleo articulador de nuestra abigarrada sociedad, el hilo conductor de un tejido multiforme y multicolor.
Tales características se reflejaron en las sublevaciones de 1809, así como la que en 1730 encabezó Alejo Calatayud. Mestizos, criollos e indígenas, sin grandes intereses, odios ni resentimientos que los distancien, pudieron unirse alrededor de una causa común más armoniosamente que en otras latitudes.
Casi doscientos años después de la irrupción cochabambina en las luchas por la independencia, tales características se mantienen plenamente vigentes. Cochabamba sigue siendo la bisagra a través de la que se unen las diferentes zonas geográficas de nuestro país y también donde se atenúan las pugnas políticas e ideológicas. Por eso, ni el indigenismo radical ni el conservadurismo retrógrado encuentran aquí tierra fértil para echar raíces, lo que entre otras cosas impide que la recordación de nuestra historia sea un motivo de desencuentros.
Recordar, reforzar y enriquecer esas características que nos llegan desde los orígenes de nuestra historia es el mayor reto que tenemos los cochabambinos de hoy. Ya que las efemérides de otros departamentos han sido motivo de enconos, es de esperar que dentro de un año, cuando nos toque celebrar el bicentenario, hagamos del 14 de septiembre todo un símbolo de la unidad nacional cuyo embrión fue la alianza de los mestizos, indígenas y criollos que siguieron el liderazgo de Esteban Arze.
domingo, 13 de septiembre de 2009
Hacia una reedición del reciente pasado
Todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador
La presentación de las listas de candidatos que terciarán en pos de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, unos, y de una senaduría o diputación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los demás, ha terminado de configurar el escenario político nacional de los próximos años.
Las ocho fórmulas inscritas --más de lo que cabía suponer tras el retiro de algunos de los aspirantes a representar a la oposición— muestran un cuadro que se puede dividir en tres grandes bloques. Uno, del que forman parte cuatro candidaturas que por lo irrelevantes que son no merecen ni ser tomadas en cuenta. El segundo, del que forman parte Unidad Nacional y Alianza Social, que en el mejor de los casos logrará una que otra diputación, sin ninguna posibilidad de influir en el futuro inmediato. Y el tercero, que es el realmente importante, compuesto por el MAS y Plan Progreso, donde tiende a concentrarse el grueso de la votación del oficialismo y de la oposición respectivamente.
En el primer bloque mencionado sobresale el caso de Gente, la agrupación que intentó presentar la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas y que a último momento puso su sigla a disposición de líderes disidentes del MAS y antiguos rivales de Evo Morales, como Román Loayza y Felipe Quispe, lo que ha dejado una muy penosa sombra de duda sobre la integridad ética de Cárdenas y la gente que lo rodeó en su afán.
Tan brusco viraje hace sospechar que el despecho, el resentimiento y la mezquindad fueron tan grandes que motivaron una actitud que da cuenta de la fragilidad del ideario, los principios y valores de un grupo de personas que en algún momento parecieron merecedores de la confianza de quienes vieron en ese proyecto político una fuente de esperanza. Es de esperar que Cárdenas pueda explicar el papel que jugó, si jugó alguno, en tan vergonzosa pirueta política.
La consolidación del Plan Progreso como principal, si no única opción opositora, por su parte, deja más dudas que certezas sobre la solidez de una coalición que, por lo menos hasta ahora, no presenta nada más que el “antievismo” como elemento aglutinador de sus miembros y potenciales votantes. El riesgo de que se repita la experiencia Podemos a partir del día siguiente de la votación es demasiado grande, y así lo confirma la composición de sus listas de candidatos. Puede llegar a ser una exitosa fórmula electoral, pero nada permite suponer que de ahí pase a convertirse en un instrumento político de verdad.
En ese contexto, todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador.
La presentación de las listas de candidatos que terciarán en pos de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, unos, y de una senaduría o diputación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los demás, ha terminado de configurar el escenario político nacional de los próximos años.
Las ocho fórmulas inscritas --más de lo que cabía suponer tras el retiro de algunos de los aspirantes a representar a la oposición— muestran un cuadro que se puede dividir en tres grandes bloques. Uno, del que forman parte cuatro candidaturas que por lo irrelevantes que son no merecen ni ser tomadas en cuenta. El segundo, del que forman parte Unidad Nacional y Alianza Social, que en el mejor de los casos logrará una que otra diputación, sin ninguna posibilidad de influir en el futuro inmediato. Y el tercero, que es el realmente importante, compuesto por el MAS y Plan Progreso, donde tiende a concentrarse el grueso de la votación del oficialismo y de la oposición respectivamente.
En el primer bloque mencionado sobresale el caso de Gente, la agrupación que intentó presentar la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas y que a último momento puso su sigla a disposición de líderes disidentes del MAS y antiguos rivales de Evo Morales, como Román Loayza y Felipe Quispe, lo que ha dejado una muy penosa sombra de duda sobre la integridad ética de Cárdenas y la gente que lo rodeó en su afán.
Tan brusco viraje hace sospechar que el despecho, el resentimiento y la mezquindad fueron tan grandes que motivaron una actitud que da cuenta de la fragilidad del ideario, los principios y valores de un grupo de personas que en algún momento parecieron merecedores de la confianza de quienes vieron en ese proyecto político una fuente de esperanza. Es de esperar que Cárdenas pueda explicar el papel que jugó, si jugó alguno, en tan vergonzosa pirueta política.
La consolidación del Plan Progreso como principal, si no única opción opositora, por su parte, deja más dudas que certezas sobre la solidez de una coalición que, por lo menos hasta ahora, no presenta nada más que el “antievismo” como elemento aglutinador de sus miembros y potenciales votantes. El riesgo de que se repita la experiencia Podemos a partir del día siguiente de la votación es demasiado grande, y así lo confirma la composición de sus listas de candidatos. Puede llegar a ser una exitosa fórmula electoral, pero nada permite suponer que de ahí pase a convertirse en un instrumento político de verdad.
En ese contexto, todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador.
sábado, 12 de septiembre de 2009
YPFB, devorador de recursos públicos
Hay motivos para temer que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, la nueva caja chica del Gobierno central
La decisión del Gobierno de formalizar mediante un contrato el anuncio que ya fue hecho meses atrás, para que YPFB reciba del Banco Central de Bolivia un crédito de 1.000 millones de dólares, monto que saldrá de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha inaugurado una nueva etapa en la economía nacional.
Desde el punto de vista del Gobierno, marca un nuevo hito en el camino que conduce a la independencia económica, la descolonización, la industrialización y el despegue hacia el desarrollo de nuestro país. Para quienes cuestionan esa medida, que son los más renombrados expertos en temas hidrocarburíferos y económicos, en cambio, la disposición sólo puede ocasionar que todos los males de los que hasta hoy fue víctima YPFB sean contagiados al Banco Central. Es que, según sus análisis, nada garantiza que esos recursos sean mejor administrados que los que fueron groseramente despilfarrados desde la “nacionalización” de los hidrocarburos.
Desgraciadamente, dados los antecedentes del tema, abundan los motivos para creer que esta segunda interpretación —la de quienes critican la medida— es la que más se aproxima a la realidad. Más de tres años han sido suficientes para dudar de la eficiencia con que tan cuantiosos recursos serán administrados por una empresa que sólo ha dado malas noticias desde que se hizo cargo de la principal riqueza de nuestro país.
Pero las razones para cuestionar la decisión de transferir a YPFB tanto dinero no son sólo económicas. También quienes todavía se preocupan por el aspecto legal han expuesto las razones que permiten afirmar que el contrato suscrito vulnera normas básicas de la legislación vigente.
Se ha denunciado, por ejemplo, que el contrato en cuestión vulnera de manera flagrante la ley 1670 del BCB, según la cual la institución emisora no puede otorgar créditos al sector público y contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Los artículos 22 y 23, de esta ley señalan que las operaciones previstas solamente se dan mediante títulos, valores negociables de deuda pública emitido por el Tesoro de la Nación, en caso de atender casos especiales. Para esos casos especiales, se establece un plazo máximo de un año y se define la emisión de valores como garantías a favor del BCB.
Como si eso fuera poco, la autorización para el crédito se aprobó de manera irregular en una ley específica que es la del Presupuesto que tiene una duración de un año y cuyo contenido, por sentencias constitucionales previas, no puede exceder los límites de la temática presupuestaria de una sola gestión.
Pero como ya es habitual, ni las razones económicas, ni las legales, ni las que dicta el sentido común son suficientes para disuadir al Gobierno de un propósito del que nada bueno se puede esperar. Por el contrario, lo que se puede temer es que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, institución que, por lo que se ve, comenzará a ser tratada como la caja chica del Gobierno central.
La decisión del Gobierno de formalizar mediante un contrato el anuncio que ya fue hecho meses atrás, para que YPFB reciba del Banco Central de Bolivia un crédito de 1.000 millones de dólares, monto que saldrá de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha inaugurado una nueva etapa en la economía nacional.
Desde el punto de vista del Gobierno, marca un nuevo hito en el camino que conduce a la independencia económica, la descolonización, la industrialización y el despegue hacia el desarrollo de nuestro país. Para quienes cuestionan esa medida, que son los más renombrados expertos en temas hidrocarburíferos y económicos, en cambio, la disposición sólo puede ocasionar que todos los males de los que hasta hoy fue víctima YPFB sean contagiados al Banco Central. Es que, según sus análisis, nada garantiza que esos recursos sean mejor administrados que los que fueron groseramente despilfarrados desde la “nacionalización” de los hidrocarburos.
Desgraciadamente, dados los antecedentes del tema, abundan los motivos para creer que esta segunda interpretación —la de quienes critican la medida— es la que más se aproxima a la realidad. Más de tres años han sido suficientes para dudar de la eficiencia con que tan cuantiosos recursos serán administrados por una empresa que sólo ha dado malas noticias desde que se hizo cargo de la principal riqueza de nuestro país.
Pero las razones para cuestionar la decisión de transferir a YPFB tanto dinero no son sólo económicas. También quienes todavía se preocupan por el aspecto legal han expuesto las razones que permiten afirmar que el contrato suscrito vulnera normas básicas de la legislación vigente.
Se ha denunciado, por ejemplo, que el contrato en cuestión vulnera de manera flagrante la ley 1670 del BCB, según la cual la institución emisora no puede otorgar créditos al sector público y contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Los artículos 22 y 23, de esta ley señalan que las operaciones previstas solamente se dan mediante títulos, valores negociables de deuda pública emitido por el Tesoro de la Nación, en caso de atender casos especiales. Para esos casos especiales, se establece un plazo máximo de un año y se define la emisión de valores como garantías a favor del BCB.
Como si eso fuera poco, la autorización para el crédito se aprobó de manera irregular en una ley específica que es la del Presupuesto que tiene una duración de un año y cuyo contenido, por sentencias constitucionales previas, no puede exceder los límites de la temática presupuestaria de una sola gestión.
Pero como ya es habitual, ni las razones económicas, ni las legales, ni las que dicta el sentido común son suficientes para disuadir al Gobierno de un propósito del que nada bueno se puede esperar. Por el contrario, lo que se puede temer es que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, institución que, por lo que se ve, comenzará a ser tratada como la caja chica del Gobierno central.
viernes, 11 de septiembre de 2009
11 de septiembre, un año después
Lo ocurrido hace un año fue la reducción a su mínima expresión de un enfrentamiento que estuvo a punto de tener dimensión nacional
Hace un año, un día como hoy, el 11 de septiembre de 2008, se escribió una de las páginas más funestas de la historia contemporánea de nuestro país. Un año después no se ha aclarado plenamente cómo fue que se produjeron los luctuosos enfrentamientos de Porvenir, en Pando, ni quiénes fueron sus autores intelectuales. Pero el hecho es que independientemente de ello, lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después de un proceso que a punto estuvo de desencadenar una feroz guerra civil.
Sobre el asunto hay todavía dos versiones mutuamente excluyentes, cada una defendida por los dos sectores que fueron protagonistas. Según el Gobierno, todo fue resultado de un plan de acción cuidadosamente planificado con el fin último de provocar su derrocamiento. Los grupos cívicos que se le enfrentaron, en cambio, coinciden en que hubo una fría preparación de la violencia pero la atribuyen a los estrategas políticos del oficialismo.
Como suele suceder en estos casos, cuya complejidad no admite explicaciones simplistas, la verdad no puede ser encontrada en las versiones de los involucrados. Son tantos los factores que confluyeron en el desencadenamiento de la violencia que resulta imposible atribuir toda la culpa a una de las partes y tampoco se puede exculpar a ninguna de ellas.
El año transcurrido no es suficiente para juzgar y evaluar cuanto ocurrió ese día desde una perspectiva histórica. Ver el lugar que lo ocurrido en Pando ocupa en esa larga cadena de causas y efectos que son los procesos políticos de largo alcance, como el actual, es algo que habrá que dejar para el futuro.
Por ahora, sólo se cabe recordar que Porvenir y el 11 de septiembre fueron sólo un lugar y un momento en el que se condensó un fenómeno político mucho más amplio en términos temporales y geográficos. Fue la reducción a su mínima expresión de un enfrentamiento que estuvo a punto de tener dimensión nacional, con todo lo que ello hubiese significado.
Lo importante, por ahora, es que, independientemente de los criterios relativos a la legalidad y la justicia, el 11 de septiembre selló el triunfo de una de las partes contendientes, —el Gobierno— y la derrota de la otra —la oposición cívica regional—. Fue tan fulminante el resultado que aún hoy, un año después, son notables sus secuelas.
Como ahora se puede constatar, fue enorme el desacierto de los dirigentes cívicos de los departamentos de la “Media Luna” que se dejaron llevar por las corrientes más radicales, las que sobrestimando sus fuerzas y subestimando las del Gobierno creyeron conveniente optar por la vía de la violencia y dar la espalda a la legalidad democrática. Como lo dijimos en este espacio editorial hace un año, tal decisión fue más que un crimen, un error de esos que en la política y en la guerra tienen un alto precio.
Quienes ahora tienen en sus manos la conducción de la oposición tienen pues la obligación de reflexionar sobre el aniversario que hoy se conmemora, pues desgraciadamente no son pocas las voces que desde sus propias filas insisten en retomar el camino que condujo a tan fatídica fecha.
Hace un año, un día como hoy, el 11 de septiembre de 2008, se escribió una de las páginas más funestas de la historia contemporánea de nuestro país. Un año después no se ha aclarado plenamente cómo fue que se produjeron los luctuosos enfrentamientos de Porvenir, en Pando, ni quiénes fueron sus autores intelectuales. Pero el hecho es que independientemente de ello, lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después de un proceso que a punto estuvo de desencadenar una feroz guerra civil.
Sobre el asunto hay todavía dos versiones mutuamente excluyentes, cada una defendida por los dos sectores que fueron protagonistas. Según el Gobierno, todo fue resultado de un plan de acción cuidadosamente planificado con el fin último de provocar su derrocamiento. Los grupos cívicos que se le enfrentaron, en cambio, coinciden en que hubo una fría preparación de la violencia pero la atribuyen a los estrategas políticos del oficialismo.
Como suele suceder en estos casos, cuya complejidad no admite explicaciones simplistas, la verdad no puede ser encontrada en las versiones de los involucrados. Son tantos los factores que confluyeron en el desencadenamiento de la violencia que resulta imposible atribuir toda la culpa a una de las partes y tampoco se puede exculpar a ninguna de ellas.
El año transcurrido no es suficiente para juzgar y evaluar cuanto ocurrió ese día desde una perspectiva histórica. Ver el lugar que lo ocurrido en Pando ocupa en esa larga cadena de causas y efectos que son los procesos políticos de largo alcance, como el actual, es algo que habrá que dejar para el futuro.
Por ahora, sólo se cabe recordar que Porvenir y el 11 de septiembre fueron sólo un lugar y un momento en el que se condensó un fenómeno político mucho más amplio en términos temporales y geográficos. Fue la reducción a su mínima expresión de un enfrentamiento que estuvo a punto de tener dimensión nacional, con todo lo que ello hubiese significado.
Lo importante, por ahora, es que, independientemente de los criterios relativos a la legalidad y la justicia, el 11 de septiembre selló el triunfo de una de las partes contendientes, —el Gobierno— y la derrota de la otra —la oposición cívica regional—. Fue tan fulminante el resultado que aún hoy, un año después, son notables sus secuelas.
Como ahora se puede constatar, fue enorme el desacierto de los dirigentes cívicos de los departamentos de la “Media Luna” que se dejaron llevar por las corrientes más radicales, las que sobrestimando sus fuerzas y subestimando las del Gobierno creyeron conveniente optar por la vía de la violencia y dar la espalda a la legalidad democrática. Como lo dijimos en este espacio editorial hace un año, tal decisión fue más que un crimen, un error de esos que en la política y en la guerra tienen un alto precio.
Quienes ahora tienen en sus manos la conducción de la oposición tienen pues la obligación de reflexionar sobre el aniversario que hoy se conmemora, pues desgraciadamente no son pocas las voces que desde sus propias filas insisten en retomar el camino que condujo a tan fatídica fecha.
jueves, 10 de septiembre de 2009
Un mensaje de Lula a Bolivia
El mensaje de Lula nos atañe tanto como a los brasileños. Es de esperar que los candidatos lo tomen en cuenta y digan algo al respecto
El pasado domingo, con motivo de celebrarse el aniversario 187 de la Independencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dirigió a su país un mensaje cuyo contenido nos atañe muy directamente a todos los bolivianos. Es que el tema central de su discurso fue el hallazgo de inmensas reservas de petróleo y gas en pre-sal (a grandes profundidades), las que colocarán a su país entre los primeros del mundo en cuanto a la posesión de ese recurso natural.
El mensaje de Lula nos debe interesar por una doble razón. Primero, porque confirma lo que ya se veía venir: Brasil ya no necesita el gas boliviano. Y segundo, porque aunque de manera indirecta, se refirió a nuestro país como un ejemplo de lo que no se debe hacer. "Nuestro deber es garantizar que esa riqueza no escape de nuestras manos, buscar los medios más eficientes para explorarla y modernizar las leyes para no repetir los errores de otros países", dijo, en clara alusión a Bolivia y Venezuela.
Al explicar lo que el pre-sal significa para el futuro brasileño, Lula afirmó que es uno de los más grandes descubrimientos de todos los tiempos. Y aunque aún no se puede decir con exactitud cuántos miles de millones de barriles de petróleo contiene, "puedo garantizar, con toda certeza, que va a situar a Brasil entre los países con las mayores reservas de petróleo y gas en el mundo", afirmó. Pero el mayor énfasis de su discurso no estuvo en el anuncio de la buena noticia, sino en la urgente necesidad de tomar las medidas necesarias para impedir "que cualquier gobernante imprudente gaste estos recursos". "La historia ha demostrado que la riqueza del petróleo es un arma de doble filo. Cuando se utiliza bien, trae progreso para el pueblo. Al mal explotarlo, trae el conflicto, los residuos, la agresión al medio ambiente, la desorganización de la economía y los privilegios para unos pocos. Así, algunos países pobres, ricos en petróleo, no pudieron nunca salir de la pobreza", sostuvo. Para evitar que Brasil cometa los mismos errores que "otros países ricos en gas", Lula ha propuesto la aprobación de una serie de disposiciones legales que pongan esa riqueza fuera del alcance de "cualquier gobernante imprudente". Por eso, antes de iniciar la explotación de sus recursos gasíferos, propone crear fondos para educación, acción social, ciencia, tecnología, medio ambiente y cultura.
Así pues, la que desde el punto de vista económico es una excelente noticia para Brasil es pésima para Bolivia. Significa que hay que empezar a olvidarse del mercado brasileño. El aspecto positivo del mensaje es que llama nuestra atención sobre la necesidad de revisar muy profundamente la manera como nuestros gobernantes están administrando nuestra riqueza gasífera. Es de esperar que los candidatos, los del oficialismo y los de la oposición, lo tomen en cuenta y digan algo al respecto ahora que estamos ante la oportunidad de rediseñar nuestro futuro.
El pasado domingo, con motivo de celebrarse el aniversario 187 de la Independencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dirigió a su país un mensaje cuyo contenido nos atañe muy directamente a todos los bolivianos. Es que el tema central de su discurso fue el hallazgo de inmensas reservas de petróleo y gas en pre-sal (a grandes profundidades), las que colocarán a su país entre los primeros del mundo en cuanto a la posesión de ese recurso natural.
El mensaje de Lula nos debe interesar por una doble razón. Primero, porque confirma lo que ya se veía venir: Brasil ya no necesita el gas boliviano. Y segundo, porque aunque de manera indirecta, se refirió a nuestro país como un ejemplo de lo que no se debe hacer. "Nuestro deber es garantizar que esa riqueza no escape de nuestras manos, buscar los medios más eficientes para explorarla y modernizar las leyes para no repetir los errores de otros países", dijo, en clara alusión a Bolivia y Venezuela.
Al explicar lo que el pre-sal significa para el futuro brasileño, Lula afirmó que es uno de los más grandes descubrimientos de todos los tiempos. Y aunque aún no se puede decir con exactitud cuántos miles de millones de barriles de petróleo contiene, "puedo garantizar, con toda certeza, que va a situar a Brasil entre los países con las mayores reservas de petróleo y gas en el mundo", afirmó. Pero el mayor énfasis de su discurso no estuvo en el anuncio de la buena noticia, sino en la urgente necesidad de tomar las medidas necesarias para impedir "que cualquier gobernante imprudente gaste estos recursos". "La historia ha demostrado que la riqueza del petróleo es un arma de doble filo. Cuando se utiliza bien, trae progreso para el pueblo. Al mal explotarlo, trae el conflicto, los residuos, la agresión al medio ambiente, la desorganización de la economía y los privilegios para unos pocos. Así, algunos países pobres, ricos en petróleo, no pudieron nunca salir de la pobreza", sostuvo. Para evitar que Brasil cometa los mismos errores que "otros países ricos en gas", Lula ha propuesto la aprobación de una serie de disposiciones legales que pongan esa riqueza fuera del alcance de "cualquier gobernante imprudente". Por eso, antes de iniciar la explotación de sus recursos gasíferos, propone crear fondos para educación, acción social, ciencia, tecnología, medio ambiente y cultura.
Así pues, la que desde el punto de vista económico es una excelente noticia para Brasil es pésima para Bolivia. Significa que hay que empezar a olvidarse del mercado brasileño. El aspecto positivo del mensaje es que llama nuestra atención sobre la necesidad de revisar muy profundamente la manera como nuestros gobernantes están administrando nuestra riqueza gasífera. Es de esperar que los candidatos, los del oficialismo y los de la oposición, lo tomen en cuenta y digan algo al respecto ahora que estamos ante la oportunidad de rediseñar nuestro futuro.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Un nuevo escenario político
Como hace cuatro años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición
La publicación de las listas de candidatos y candidatas a diputados y senadores de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional ha abierto una nueva etapa del proceso que alcanzará su punto culminante el 6 de diciembre próximo. Y aunque todavía se puede prever que habrá muchas modificaciones, las líneas centrales de lo que cada fórmula ofrece ya están definidas.
Un primer dato que por su relevancia no puede pasar inadvertido es que se ha sellado la muerte del viejo sistema de partidos. Ya no queda ni un rastro de él. Hasta el MNR, que era el último sobreviviente, recibió, o se infligió a sí mismo, el tiro de gracia, con lo que sigue el camino por el que lo precedieron ADN, MIR, PDC, UCS, NFR y todos los que en algún momento jugaron un rol protagónico. Su desaparición del escenario político cierra definitivamente una era de la historia de nuestro país.
No menos significativa es la inexistencia de organizaciones políticas que hayan logrado llenar tan enorme vacío. Podemos y Unidad Nacional, los dos proyectos políticos que nacieron hace algunos años con ese propósito, no lograron superar la etapa embrionaria y hoy languidecen víctimas de sus propios desaciertos.
Es verdad que Unidad Nacional, a diferencia de Podemos, por lo menos ha logrado estar presente en la contienda electoral. Pero ha llegado a este punto tan débil, que las pocas señales de vida que todavía da no alcanzan para que este partido pueda considerarse heredero de quienes lo antecedieron. Si en cinco años no logró trascender la soledad y el voluntarismo de su jefe y propietario, no hay porqué pensar que pueda hacerlo en el futuro. Las pocas figuras relevantes que aparecen en sus listas no alcanzan para una valoración más optimista.
En tales circunstancias, todo parecería indicar que están dadas otra vez, como en 2005, todas las condiciones necesarias para la aparición de una nueva organización política que llene el vacío que por ahora deja al Movimiento al Socialismo como partido monopólico.
En efecto, la notable facilidad y velocidad con que alrededor de Manfred Reyes Villa y Leonardo Fernández se concentraron decenas de agrupaciones cívicas, ciudadanas y liderazgos individuales, hasta convertirlo en pocos días en la principal fuerza opositora, indica cuán grande es la demanda de una parte de la sociedad de una opción alternativa a la que ofrece el oficialismo.
La experiencia enseña, sin embargo, que hay una enorme distancia entre una exitosa coalición electoral y un proyecto político serio. La debacle de Podemos es el ejemplo más reciente pero no el único. Es que reunir votos alrededor de un caudillo y de una coyuntural causa electoral, en este caso el “antievismo”, no alcanza para dar vida a una organización que se proyecte más allá del corto plazo.
Por segunda vez en los últimos años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición. De los próximos pasos que den quienes organizan la coalición naciente dependerá que eso ocurra, o que los fracasos del pasado se repitan tras la primera prueba.
La publicación de las listas de candidatos y candidatas a diputados y senadores de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional ha abierto una nueva etapa del proceso que alcanzará su punto culminante el 6 de diciembre próximo. Y aunque todavía se puede prever que habrá muchas modificaciones, las líneas centrales de lo que cada fórmula ofrece ya están definidas.
Un primer dato que por su relevancia no puede pasar inadvertido es que se ha sellado la muerte del viejo sistema de partidos. Ya no queda ni un rastro de él. Hasta el MNR, que era el último sobreviviente, recibió, o se infligió a sí mismo, el tiro de gracia, con lo que sigue el camino por el que lo precedieron ADN, MIR, PDC, UCS, NFR y todos los que en algún momento jugaron un rol protagónico. Su desaparición del escenario político cierra definitivamente una era de la historia de nuestro país.
No menos significativa es la inexistencia de organizaciones políticas que hayan logrado llenar tan enorme vacío. Podemos y Unidad Nacional, los dos proyectos políticos que nacieron hace algunos años con ese propósito, no lograron superar la etapa embrionaria y hoy languidecen víctimas de sus propios desaciertos.
Es verdad que Unidad Nacional, a diferencia de Podemos, por lo menos ha logrado estar presente en la contienda electoral. Pero ha llegado a este punto tan débil, que las pocas señales de vida que todavía da no alcanzan para que este partido pueda considerarse heredero de quienes lo antecedieron. Si en cinco años no logró trascender la soledad y el voluntarismo de su jefe y propietario, no hay porqué pensar que pueda hacerlo en el futuro. Las pocas figuras relevantes que aparecen en sus listas no alcanzan para una valoración más optimista.
En tales circunstancias, todo parecería indicar que están dadas otra vez, como en 2005, todas las condiciones necesarias para la aparición de una nueva organización política que llene el vacío que por ahora deja al Movimiento al Socialismo como partido monopólico.
En efecto, la notable facilidad y velocidad con que alrededor de Manfred Reyes Villa y Leonardo Fernández se concentraron decenas de agrupaciones cívicas, ciudadanas y liderazgos individuales, hasta convertirlo en pocos días en la principal fuerza opositora, indica cuán grande es la demanda de una parte de la sociedad de una opción alternativa a la que ofrece el oficialismo.
La experiencia enseña, sin embargo, que hay una enorme distancia entre una exitosa coalición electoral y un proyecto político serio. La debacle de Podemos es el ejemplo más reciente pero no el único. Es que reunir votos alrededor de un caudillo y de una coyuntural causa electoral, en este caso el “antievismo”, no alcanza para dar vida a una organización que se proyecte más allá del corto plazo.
Por segunda vez en los últimos años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición. De los próximos pasos que den quienes organizan la coalición naciente dependerá que eso ocurra, o que los fracasos del pasado se repitan tras la primera prueba.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)