Informes mal interpretados

Un síntoma del problema es la tendencia a leer informes como el del BM con una mirada limitada por los cálculos propagandísticos

La reciente publicación del informe titulado “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” elaborado por el Banco Mundial, y las múltiples interpretaciones, análisis y comentarios a que dio lugar tal documento, han puesto ante nuestros ojos una muy elocuente muestra de lo perniciosos que pueden llegar a ser los apasionamientos ideológicos cuando de encarar los principales problemas que afligen a nuestro país se trata.
Muchos dirigentes del oficialismo y de la oposición, de quienes cabría esperar un ejemplo de objetividad y seriedad cuando de abordar estos temas se trata, fueron más bien, como ya es habitual, los que más primariamente reaccionaron. Unos se regocijaron con la creencia de que los datos publicados por el BM podrían alimentar la artillería verbal para echar sombras a la gestión gubernamental. Otros, con similar lógica, supusieron que estaban ante una prueba más del afán con que los organismos internacionales se afanan por desprestigiar el “proceso de cambio”.
Un ejemplo de lo primero es el entusiasmo con que muchos exponentes de la oposición se refirieron al tema de la corrupción. Fue el aspecto del informe que más llamó su atención y casi al unísono lo esgrimieron como una prueba de que éste es un gobierno más corrupto que los anteriores. Los demás temas, seguramente porque en apariencia se prestan menos al sensacionalismo mediático, pasaron casi desapercibidos.
Tal actitud puso en evidencia a quienes quisieron sacar provecho del informe del BM. Quedó claro que no se tomaron la molestia de informarse antes de hablar. De haberlo hecho, habrían sabido que de los seis temas que son objeto de la evaluación el control de la corrupción es el único en el que Bolivia habría mejorado durante los últimos tres años.
Probablemente preocupado y molesto por tan mala interpretación y peor uso de los datos arrojados por el informe, el representante del Banco Mundial en Bolivia hizo las aclaraciones correspondientes empezando por los reales alcances del informe. Se trata, explicó, de medir la calidad de gobierno en todos los países a fin de contar con una base de datos que permita hacer comparaciones y ayude a medir los avances y retrocesos en cada continente”. Algo que sin duda trasciende con mucho la puerilidad de las interpretaciones y manipulaciones de quienes creen que todo gira alrededor de sus pequeños y mezquinos cálculos propagandísticos.
El tema no es irrelevante pues la dificultad que tanto los dirigentes del oficialismo como los de la oposición tienen para leer informes como el del BM con una mirada que vaya más allá de sus estrechos horizontes es precisamente uno de los factores que más impide que en nuestro país puedan adoptarse políticas de Estado, como ocurre en los países que sí mejoran sus indicadores de “Buen Gobierno”.

Otro paso hacia la miseria

Lo único cierto es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria


Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.

La política, clave del éxito o del fracaso

Chile y Uruguay, con sus respectivos éxitos, enseñan la importancia de la política y de los partidos políticos para la buena marcha de un país


Según el estudio “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado. Hay dos países latinoamericanos que se destacan entre los 212 que son objeto de evaluación por el organismo internacional. Se trata de Chile y Uruguay, cuyos éxitos en materias como participación y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, cualidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.la lucha contra la corrupción son dignos de ser imitados no sólo por los demás países de la región sino incluso por muchos europeos y asiáticos.
El informe del Banco Mundial no es el único que llega conclusiones tan halagüeñas para ambos países. Desde hace ya muchos años los indicadores económicos chilenos se destacan entre los más exitosos del mundo y lo mismo ocurre en áreas relacionadas con el desarrollo humano, como educación, salud, deportes, esperanza de vida, entre muchos otros. Uruguay tiene similares motivos para enorgullecerse aunque, a diferencia de Chile, sus buenos indicadores tienen unos antecedentes que se remontan a muchas décadas atrás.
Una prueba del éxito chileno es que según funcionarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la institución que agrupa a los países más desarrollados del mundo, Chile podría ser aceptado a fin de año como miembro pleno del selecto club de los 30 países más ricos.
Ante tan elocuentes resultados, resulta pertinente indagar sobre los factores que confluyeron para que Uruguay y Chile se destaquen del resto de la América Latina. Pero entre todos, hay sin duda uno que es el principal, el que creó las condiciones necesarias para que todos los demás se refuercen mutuamente en una dinámica siempre ascendente. Ese factor, la clave del éxito, es la alta calidad de sus prácticas políticas.
Chile y Uruguay a diferencia de otros países de la región, fueron capaces de construir un muy sólido sistema de partidos políticos, cada uno de los cuales es una verdadero pilar de su andamiaje institucional. Son partidos políticos que como no podía ser de otro modo tienen grandes discrepancias en muchos temas, pero ninguna es mayor que un conjunto de coincidencias alrededor de temas básicos, como la economía de mercado y el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática.
Algo en lo que todos están de acuerdo, de un extremo al otro del espectro, es en que la solidez de su sistema político es la clave de todos sus demás éxitos, y que los partidos su pilar fundamental. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en países como el nuestro, donde la política es la actividad más desacreditada y despreciada nada menos que por sus principales protagonistas.

Ejecución presupuestaria (Roberto Laserna)

Hay un tema en el centro del debate que combina política y gestión pública: el de la ejecución presupuestaria. El Gobierno actualizó la controversia con un decreto que revierte los recursos que las prefecturas no gasten en seguridad ciudadana.

Esto agrava un problema ya serio.

En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.

La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).

El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.

Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.

El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.

La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.

En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?

En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.

Fuente: Los Tiempos

Dos caminos con diferentes destinos

Ver de cerca lo hecho por Chile y Uruguay y seguir su ejemplo puede ser muy útil para enmendar nuestro propio rumbo

Chile y Uruguay, en un extremo, y Bolivia y Venezuela, en el otro, son los países que figuran como los más representativos de dos maneras diametralmente opuestas de encarar los problemas económicos, políticos y sociales, según la última edición del informe “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado.
El estudio, que evalúa la situación de 212 países, mide diversas categorías de gobernabilidad durante el período comprendido entre 1996 y 2008, y está basado en información de miles de organizaciones no gubernamentales y expertos del sector privado y público.
Los seis elementos que definen la calificación de un país son:
participación y responsabilidad, 57,7 a 48,1
estabilidad política y ausencia de violencia, 36,1 a 14,8
efectividad del gobierno, 56,4 a 19
cualidad regulatoria, 61,5 a 15,9
estado de derecho y 45,7 a 12
control de la corrupción.
Por participación y responsabilidad se entiende a la medida en la que los ciudadanos son capaces de participar en la elección de su Gobierno y también es la medida de las libertades de expresión, asociación y prensa. En diez años, este índice cayó en Bolivia de por ciento, aunque subió un punto con relación a 2003.
Estabilidad política y ausencia de violencia es la posibilidad de que un gobierno pueda ser desestabilizado por formas inconstitucionales o violentas, inclusive terroristas. Este parámetro en Bolivia cayó de 36,1 a 14,8 por ciento entre 1998 y 2008.
Efectividad del Gobierno es la medida de la calidad de los servicios públicos y la capacidad de los servidores públicos para resistir presiones políticas, que en Bolivia bajó de por ciento en el lapso estudiado.
Cualidad regulatoria es la habilidad del Gobierno para aplicar políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo del sector privado, cuya declinación en el país fue de 61,5 a 15,9 por ciento.
Por estado de derecho se entiende la medida de confianza en el acatamiento de las reglas de la sociedad, incluyendo los derechos sobre la propiedad privada, así como la acción de la Policía y los tribunales de justicia contra el crimen. La caída de este parámetro en Bolivia fue de por ciento durante el decenio mencionado.
El control de corrupción es la medida en la que se ejerce el poder público para que el sector privado genere utilidades e incluye los mecanismos para evitar la corrupción en todas sus formas. Bolivia mejoró este índice con relación a 2003, cuando se ubicó en 22,3 por ciento y cinco años más tarde alcanza 38,2.
Como se ve, son muy elocuentes los datos del estudio. Pero lo son más si se los contrasta con la situación de otros países, como Chile y Uruguay, los dos mejor calificados. Ver de cerca lo que esos países hacen y seguir su ejemplo puede ser muy útil para mejorar nuestro propio rumbo.

Honduras y los desatinos de la oposición

Los golpistas hondureños tendrán que recular y el proyecto del Socialismo del Siglo XXI habrá recibido así otra victoria de regalo

Durante los últimos tiempos, pero con especial insistencia durante las últimas semanas, nos hemos referido en este espacio editorial al enorme riesgo que para el futuro de la democracia en nuestra región representan algunas corrientes políticas que recuerdan con nostalgia los tiempos en los que las hordas militares, a través de golpes de Estado, intervenían en la vida política de gran parte de los países Centro y Sudamérica.

Decíamos también que entre quienes con sus actos más contribuyen a la consolidación de los regímenes con aspiraciones totalitarias están quienes, por su incapacidad para lidiar en los escenarios democráticos, caen fácilmente en la tentación de recurrir a los métodos violentos. Son quienes se niegan a reconocer que, muy a pesar de sus deseos, ya no son viables los regímenes cuya legitimidad proviene de las bayonetas.

Dos claros ejemplos de lo inviables y contraproducentes que son los intentos de llevar las luchas políticas por los caminos de la violencia los vimos en Venezuela, en abril de 2002 y en Bolivia entre agosto y septiembre de 2008. En ambos casos, la oposición fue rotundamente derrotada y, como contrapartida, los regímenes de Chávez y Morales se afianzaron en el poder.

Con esos antecedentes, y dada la similitud de las circunstancias, no es difícil prever que el conato de golpe de Estado que durante el pasado fin de semana se ha producido en Honduras está también condenado al fracaso. Los promotores de la arremetida contra el presidente Zelaya tendrán que recular y el proyecto del Socialismo del Siglo XXI habrá recibido así otra victoria de regalo.

Si ese es el desenlace de la crisis hondureña, como todo parece indicar, se habrá demostrado una vez más que quienes no respetan a las instituciones democráticas, aun cuando la correlación de fuerzas les es adversa, a la larga resultan siendo los mejores aliados de quienes quisieran gobernar sin el estorbo de la legalidad republicana.

Como la experiencia lo confirma, los sectores antidemocráticos de la oposición son los mejores aliados de los proyectos políticos totalitarios tanto en Honduras como en Venezuela o Bolivia; razón más que suficiente para que marcar las distancias correspondientes deba figurar entre las tareas prioritarias de la oposición democrática.

Entre las muchas razones que condenan de antemano a los golpes de Estado, sea cual fuese la forma que en que éstos se produzcan, es que no hay ningún gobierno en el mundo civilizado que esté dispuesto a avalar ese tipo de actos. Por eso, quienes proponen contrarrestar los avances del “Socialismo del Siglo XXI” con métodos propios de los años 70 no sólo que están perdiendo el tiempo, sino que están contribuyendo en gran medida a la consolidación y legitimación de los regímenes que pretenden combatir.

Latinoamérica entre tres caminos

Cada uno de los muchos actos electorales que se realizarán durante los próximos meses será parte de un proceso de alineamiento de fuerzas

Toda América Latina, desde México en el norte hasta Argentina en el sur, está ingresando a una especie de encrucijada en la que cada uno de los países, a su turno, tendrá que elegir entre uno de los caminos que se le abren hacia el porvenir.

Cada país, como es obvio, afronta el desafío en diferentes circunstancias dictadas por su propia historia, sus errores y aciertos del pasado, su idiosincrasia y múltiples factores que le dan a cada uno un sello particular. Sin embargo, más allá de las diferencias formales, en líneas generales todos se enfrentan a un reto similar por lo que los elementos de juicio que deberán tomarse en cuenta a tiempo de elegir el camino a seguir son también muy parecidos.

Por ahora, son tres las posibilidades que se tienen al frente. En un extremo, la elegida y encabezada por Venezuela bajo la conducción de Hugo Chávez y la inspiración de la Cuba socialista. Una segunda opción es la que tiene en Brasil y a Lula da Silva como su principal exponente. Y finalmente, la ía por la que han optado Colombia y Perú.

El primer bloque, cuyos principales exponentes son Venezuela y Cuba tiene su máxima expresión en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP). Bolivia, Ecuador, Nicaragua, algunas pequeñas islas caribeñas, y hasta ayer Honduras –cuyo futuro es incierto--, son sus integrantes,

El segundo camino, además de Brasil, tiene entre sus seguidores a Uruguay y, sorprendentemente, a El Salvador ahora gobernado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. La opción hasta ahora escogida por este grupo es la de un socialismo democrático y sobre todo, pragmático.

Finalmente, Colombia y Perú se presentan como dos ejemplos paradigmáticos de una opción franca y abiertamente comprometida con el “neoliberalismo” y los ingredientes conservadores que lo suelen acompañar.

Además de los casos mencionados, hay otros cuya clasificación no es fácil. México, por ejemplo, que pese a su enorme peso económico ha perdido toda relevancia continental desde el punto de vista político en gran medida porque desde años se mantiene en una especie de limbo. Caso parecido al de Argentina, que desde años no sale de un extravío que la condena a jugar un papel cada vez más marginal en el escenario económico y político continental.

Chile, finalmente, es el país que se sale de toda clasificación posible en el contexto latinoamericano por una sola razón: es el primer país de la región que ha cruzado una línea más allá de la cual los problemas se parecen más a los que agobian al “Primer Mundo” que a los “subdesarrollados” del planeta.

En ese contexto, cada uno de los muchos actos electorales que se realizarán a lo largo y ancho de Latinoamérica durante los próximos meses deberá ser visto como parte de un proceso de alineamiento de fuerzas.

Lecciones de una oposiciòn indeseable

Nada ha desacreditado tanto a la oposición venezolana como ciertos individuos y organizaciones de una indeseable ultraderecha medieval

Hace unos días, en una publicación digital venezolana, al reflexionar sobre situación política de su país, un simple ciudadano proponía algunas preguntas con el fin de salir de lo que denominó un “autoengaño” colectivo que tiene atrapado a su país.

Proponía, como primer punto, afrontar una pregunta simple: “¿Por qué la mayoría de los venezolanos apoya a Hugo Chávez y a su proyecto político?” Y como lo que propone buscar la verdad y no sumarse a quienes se empeñan en negarla, empieza por rechazar las idea según la cual el tal apoyo al chavismo no existe, que es sólo un espejismo fruto del fraude, la manipulación, el cohecho o cualquier otra cosa menos sincera identificación de una buena parte del pueblo venezolano con lo que dice y hace su caudillo.

Como segundo paso, recomienda indagar sobre los orígenes de ese apoyo. Y al hacerlo, identifica dos principales: uno, el atractivo que de por sí tienen por muchas razones ligadas con la historia latinoamericana los discursos populistas, antiimperialistas, anticapitalistas. Averiguar porqué eso ocurre es un desafío que corresponde asumir a los intelectuales.

Un segundo factor que explicaría el éxito del chavismo es la antipatía, aversión incluso, que en gruesos sectores de la ciudadanía provocan los dirigentes que desde hace diez años aspiran a erigirse en cabezas de la oposición. Es el caso de los aspirantes a caudillos, o el de “señoritos” que desprecian la política y creen poder sustituirla con campañas de “marketing electoral”. Son los que en su momento creyeron que la mejor manera de contrarrestar la primera postulación de Chávez era oponiéndole a Irene Sáez, una ex miss Venezuela. Y hoy siguen pensando igual, con similares resultados.

Pero según las reflexiones que comentamos, nada ha desacreditado tanto a la oposición venezolana como ciertos individuos y organizaciones de una derecha ultraconservadora que parece salida de las páginas de la historia medieval. Una ultraderecha que añora los tiempos en los que el secuestro, la desaparición de personas y la tortura eran los métodos más empleados para enfrentar a los agentes del “comunismo internacional”. El temor de que esas corrientes lleguen a prevalecer en las filas de la oposición ha sido una de las causas para que los sectores más sensatos de la ciudadanía venezolana se nieguen a participar en la actividad política.

Es eso tan cierto que los líderes de esas organizaciones, cuya propuesta de futuro tiene su principal referente en la Edad Media, nunca han logrado siquiera el uno por ciento de los votos en elecciones venezolanas, pero han causado enormes estragos en el prestigio de las organizaciones con las que se relacionaron, la Iglesia católica incluida, lo que las hizo presa fácil de las campañas oficialistas. Es de esperar que en Bolivia no se siga por el mismo camino.