Bolivia mira al futuro con el retrovisor (Carlos Mesa Gisbert)

Para Foreign Policy ed. española.

En enero de 2006, a pocos días de su toma de posesión, Evo Morales encandiló a Europa con su jersey a rayas. El presidente electo de Bolivia se paseó por varias capitales rompiendo protocolos con una imagen que sedujo a todos. Después de tres años y medio de Gobierno y en los umbrales de un nuevo proceso electoral, viste sofisticadas chaquetas con motivos indígenas y camisas con bordados de reminiscencia prehispánica. El primer presidente indígena de Bolivia es, qué duda cabe, una figura continental y, con jersey o con chaqueta, todavía fascina a una parte significativa de la comunidad internacional.

Todas las encuestas de preferencia de voto para las próximas elecciones presidenciales, de diciembre de 2009, le otorgan entre el 42% y el 48%, frente a un esmirriado 11%-15% de su primer oponente. Aunque la campaña no ha comenzado aún y es evidente que las cifras cambiarán, acortándose las distancias, es difícil encontrar a un solo boliviano que no crea que Morales será reelegido para un segundo mandato consecutivo. El último presidente que logró la reelección consecutiva, hace ya 45 años, Víctor Paz Estenssoro, fue derrocado a los tres meses de su posesión. No parece que éste vaya a ser el caso, pero no es un dato desdeñable en un Estado políticamente volátil.

¿Pero qué hay detrás de la imagen del boliviano más mediático de la historia?

Morales marca un antes y un después en el destino del país, pues su figura cierra la página del largo y dolo­roso camino a la inclusión de algo más de la mitad de los habitantes, que tienen origen indígena, quienes sufrieron hasta 1952 condiciones de semiesclavitud simplemente inenarrables. Pero contra lo que se cree con frecuencia, su presidencia marcó la culminación de un camino histórico, no su comienzo. Baste recordar que el presidente Andrés Santa Cruz Calahumana (1829-1839), uno de los padres de la nación, era hijo de una cacica aymara.

La Revolución de 1952, protagonizada precisamente por Paz Estenssoro en el primero de su cuatro gobiernos, llevó adelante tres medidas cruciales para los indígenas que­chuas y aymaras: el voto universal, la reforma agraria que les devolvió la tierra que les había sido expoliada sobre todo entre 1880 y 1920, y un código educativo que universalizó la educación primaria y extendió la educación al área rural del país. En 1993, el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (quizá la figura más execrada de la política boliviana de hoy) realizó la segunda generación de medidas a favor de la inclusión. Reconoció mediante una reforma parcial de la Constitución que Bolivia es un país pluricultu­ral y multilingüe. Creó más de trescientos municipios con jurisdicción territorial, que cubrieron la totalidad del país, con autonomía, elección directa de alcaldes y presupuesto propio, otorgado por el presupuesto nacional de manera automática de acuerdo a su densidad demográfica, lo que permitió la existencia de municipios indígenas (más de cien) y mancomunidades de municipios indígenas. Aprobó la ley de educación intercultural y bilingüe que está en plena vigencia y modificó la reforma agraria de 1953, reconociendo las tierras de comunidad en el altiplano, imponiendo impuestos a los latifundios de las tierras bajas, estableciendo la función económica y social de la tierra y otorgando a los pueblos del Amazonas y del Chaco tierras comunitarias de origen en extensiones que varían entre 5.000 y 500.000 hectáreas, según el caso. En las elecciones de 2002, en las que Morales obtuvo el segundo lugar, el Parlamento integraba ya a más de un 30% de representación indígena.

Cuando en 2003, tras la grave crisis política y el trágico saldo de casi setenta muertos que obligó a la renuncia de Sánchez de Lozada tras un año y algo más de su segunda y dramática Administración, logramos desde el Gobierno una nueva reforma parcial de la Constitución que incluyó la Asamblea Constituyente, el Referendo y la apertura para participar en elecciones a agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, propusimos un Estado de autonomías y la elección directa de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos que tiene el país.

¿POR QUÉ MORALES?

Nacido en un humilde y remoto pueblo aymara cercano a la frontera con Chile, Morales logró casi el 54% de los votos en las elecciones de 2005 porque, reciclado de dirigente sindical de las regiones de producción de coca ilegal a campeón de las reivindicaciones indígenas, devino en símbolo de una parte esencial del país. Pero, además, llegó en el momento justo, con el discurso adecuado. Desde 2003, Bolivia estaba ávida de cambios y cansada de lo que hasta ese momento había sido una democracia (reconquistada en 1982) controlada por tres partidos tradicionales. Sus votantes se identificaron casi carnalmente con él, por razón de piel, frustrados por un proceso agotado y miope para comprender las demandas sociales y, sobre todo, porque, a pesar de los importantes esfuerzos de varios gobiernos por resolver brechas profundas, los niveles de pobreza y los indicadores sociales básicos seguían siendo los peores de Suramérica. Es inútil decir que, en un cuarto de siglo, Bolivia redujo más de veinte puntos su porcentaje de pobreza y mejoró temas de saneamiento básico y salud. Las demandas y la realidad no pueden cubrirse con cifras macroeconómicas positivas o con modestos avances sociales. La desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo una de las más altas del hemisferio.

Morales fue por eso coronado, un día antes de su investidura oficial, en Tiahuanacu, el centro prehispánico y preincaico más importante de Bolivia, arropado por la esperanza de millones de indígenas que por fin se miraban en el espejo del poder conquistado por uno de ellos. El nuevo presidente llegó con todos los astros alineados, la más alta votación de los últimos cuarenta años, el apoyo pleno y embelesado de la comunidad internacional, la mayor bonanza económica del país en un siglo (si no más) gracias a precios internacionales de materias primas que rompie­ron todos los récords imaginables y, por encima de todo, una legitimidad que le permitía saldar una deuda histórica no sólo de modo simbólico, sino realmente. No lo hizo. En el momento crucial de definir la ruta de su Gobierno optó por un “nosotros” equivocado. Desde el primer día su “nosotros” era el del presidente de los indígenas, no el del presidente de los bolivianos. Una posición comprensible al principio se volvió recurrente a lo largo de su gestión. El mandata­rio, en vez de tender manos y proponer la cons­trucción común de la nación entre indígenas, mestizos y blancos, prefirió cavar trincheras.

SU GOBIERNO, SU PROYECTO

Pero si algo está claro hoy es que, más allá de sus discursos interminables, la repetición de dos o tres ideas recurrentes y su estilo agresivo y adjetivado que lo llevó a la expulsión del embajador de Estados Unidos, a tensiones con Brasil, a una casi ruptura de relaciones con Perú y a un alineamiento militante con Hugo Chávez, Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tienen un proyecto muy profundo de transformación y de cambio en el que se mezclan demasiados ingredientes que pueden estallar en las manos del gobernante, en las de sus partidarios y en las de todos los bolivianos.

Largo sería contar los tristes avatares de la Asamblea Constituyente elegida e instalada en 2006, que en un año y tres meses de trabajo ¡no discutió ni aprobó un solo artículo del proyecto constitucional! Baste decir que terminó en medio de las balas, con un saldo de tres muertos y 150 heridos, con los oficialistas reunidos en un cuartel en las afueras de Sucre, la capital de Bolivia. Aprobada en detalle en Oruro, corregida y “adaptada” en un curioso e ilegal acuerdo del Congreso, fue aprobada en referéndum en 2009 por el 62% de los bolivianos.

El proyecto-país, expresado inequívocamente en la nueva Carta Magna de Morales (la decimosexta desde 1826), es la destrucción de la República como forma de gobierno y como propuesta histórico-conceptual traducida en la tradición republicana, que se basa no sólo en la sepa­ración de poderes y el equilibrio y contrapeso de éstos, sino en la idea central de igualdad apoyada en la ciudadanía. Tradición que después de Estados Unidos y Francia tuvo su mayor apogeo en la concepción independentista de las naciones hispanoamericanas a principios del siglo XIX. A cambio, Bolivia se ha convertido en un Estado plurina­cional, cuyo eje son 36 naciones indígenas. La mayor, en un país de 10 millones de habitantes, la quechua, con dos millones y medio de personas, y la menor, la pakawara, con un total de 25 habitantes. La nueva Constitución con­sagra todos los derechos alcanzados por los indígenas antes de 2006, al hacerlos explícitos (pues ya estaban reconocidos en la Constitución derogada) con un capítulo dedicado a las naciones indígenas (el 4°) y la mención de éstas en sus 411 artículos más de un centenar de veces.

La Carta Magna establece una categorización ciudadana que rompe la esencia del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacemos iguales. El texto establece categorías ciudadanas diferenciadas por origen, lengua y color de piel. Sólo reconoce como naciones con el denominativo de “indígena originario campesino” (art. 3) a aquellas establecidas antes de “la invasión colonial española” (art. 30). El 47,7% de la población, no indígena, recibe el calificativo de “comunidades interculturales” (art. 3), estableciendo que, fuera del ámbito estrictamente urbano, los no indígenas están limitados en el ejercicio de algunos de los derechos que la propia Constitución reconoce, particularmente en lo referido al tema de recursos naturales. Es clave en este contexto la idea de que las naciones precoloniales, además de su dominio ancestral sobre sus territorios, tienen derecho a la “libre determinación, autonomía y autogobierno” (art. 2) y, lo más importante, tienen derecho a la “gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos renovables existentes en su territorio” (art. 30, 17). Para ocupar cualquier cargo público es obligatorio hablar castellano y una lengua nativa (el 67% de los bolivianos es monolingüe). Paradójicamente, el presidente Morales sólo habla castellano (de ahí una disposición transitoria por la que no se aplicará tal obligación hasta la siguiente elección, después de diciembre).

El texto incluye una innovación sin precedentes al reconocer en igualdad la justicia indígena, basada en usos y costumbres (no escrita y referida a 36 culturas diferentes), con el mismo rango que la justicia republicana (art. 179), con la diferencia de que la indígena es inapelable y de única instancia. No está claro aún cuál será el ámbito de jurisdicción de ambos sistemas. Establece también que las máximas autoridades del poder judicial (Tribunal Constitucional y Corte Suprema) se eligen por voto directo y deben tener obligatoriamente un porcentaje de representación indígena. Destruye la idea de irretroactividad de la ley, marcando la posibilidad, por ejemplo en delitos de corrupción, de juzgar un hecho de hoy con una ley aprobada dentro de un año.

La construcción de un Estado de autonomías, que dio lugar al equívoco internacional de que cuatro de los nueve departamentos buscaban separarse de Bolivia, enfrentó al país, dado que Morales se opuso a las autonomías cuando fueron votadas. Hoy las apoya tras la evidencia de que la tendencia mayoritaria es seguir el camino de las cuatro que la aprobaron en referéndum. Pero para curarse en salud debilita el poder de los gobiernos departamentales. La Constitución reconoce cinco niveles autonómicos: departamental, regional, provincial, municipal e indígena. Este último, aplicable en municipios, mancomunidades municipales o en tierras comunitarias de origen. Esta superposición geográfica, jurídica y política puede llevar a una colisión muy arriesgada y compleja en el momento de su aplicación. En esa misma línea, reconoce como “símbolos del Estado”, por tanto en iguales condiciones, dos banderas (art. 6): la tricolor –rojo, amarillo y verde–, creada el 17 de agosto de 1825, 11 días después de la declaración de independencia, y la wiphala, bandera multicolor que representa exclusivamente a quechuas y aymaras. De ese modo, el símbolo de una parcialidad (dos de las 36 naciones indígenas) cobra rango de símbolo de todos, lo que vendría a ser comparable, por ejemplo, a que la bandera del País Vasco fuera reconocida como símbolo del Reino de España en igualdad de condiciones que la bandera nacional española, lo que –como ocurre ahora en Bolivia– haría obligatorio en Andalucía que se izaran los dos pabellones, el español y el del País Vasco, por no mencionar el caso único de un Estado con dos banderas.

Dada la preeminencia de la cultura aymara y la influencia histórica de este pueblo que fue conquistado –antes de la llegada de los españoles– de manera violenta por el imperio incaico, está claro que el Gobierno de Morales busca una hegemonía aymara en la totalidad del territorio boliviano, absorbiendo al quechua que, en realidad, es parte de una mayoría aymara quechuizada por el sistema de aculturación impuesto por los incas y reafirmado por la Corona española. Aymaras y quechuas representan el 90,6% de la población indígena, las otras 34 naciones son apenas el 9,4%. Ambos pueblos, aymara y quechua, son el 48,3% de los bolivianos. La política del Gobierno es la de migraciones de comunidades andinas planificadas a corto plazo hacia el Norte, Este y Sur (regiones amazónica y chaqueña, que ocupan el 67% del total del territorio de Bolivia), continuando un proceso que comenzó con la Revolución de 1952 pero que Morales acelera de manera consciente. Éste es el elemento verdaderamente nuclear de lo que representa este proyecto histórico. A él se suma una política económica estatista, de economía planificada y de grandes restricciones a la inversión privada, sobre la idea endógena de desarrollo en un país con mínimo ahorro interno y bajísima presión tributaria.

La desastrosa política de hidrocarburos (Bolivia tiene importantes reservas de gas natural) de los últimos tres años casi ha sacado al país del juego energético regional. Ya no es un centro estratégico de distribución de gas. La congelación de las inversiones, la alta corrupción en la empresa estatal de petróleo (su anterior presidente y número dos del MAS está preso, acusado de haber recibido un soborno de casi medio millón de dólares por un contrato), la pseudonacionalización –que no tocó a una sola de las empresas transnacionales instaladas en Bolivia, pero que generó serias dudas sobre la seguridad jurídica del país– hicieron inviable hasta hoy un gigantesco contrato de exportación a Argentina. Perú está en plena construcción de una planta de transformación para exportar su gas al Pacífico, Brasil ha encontrado gigantescas reservas de este producto, Chile importa su gas de otras fuentes y, por si fuera poco, el principal aliado de Morales, Venezuela, desarrolla un megaproyecto de abastecimiento al Cono Sur. El referéndum sobre hidrocarburos (2004) y la nueva ley (2005), realizados antes de la llegada de Morales al Gobierno, el decreto de incremento de impuestos en 2006 y los espectaculares precios internacionales triplicaron las exportaciones de Bolivia y multiplicaron por cinco las reservas internacionales, garantizando un crecimiento medio del 4,5% del PIB y un superávit en los últimos tres años. A pesar de la caída de precios, el Ejecutivo aún tiene un margen de juego de crecimiento moderado en 2009 y 2010, pero su mayor problema es la negligencia, la falta de capacidad de gestión y de ejecución presupuestaria.

En suma, la combinación ideológica es la de un Estado con preeminencia indígena en su concepción y estructura, estatista a ultranza y fuertemente centralista en medio de la paradoja de un ensayo de construcción autonómica. No es otra cosa que la búsqueda de una utopía que quiere construirse mirando al futuro con el espejo retrovisor.

Pero la fuerza simbólica de Morales es todavía muy grande, más que suficiente para apuntalar una muy probable victoria en diciembre.

¿Y LA OPOSICIÓN?

La oposición jugó casi siempre a favor de este proyecto en una sociedad sometida a tensiones extremadamente grandes. A pesar de que Morales tardó tres años en imponer su proyecto de Constitución, por la acción de entrabamiento permanente de los opositores, el mayor problema de quienes se enfrentaron al Gobierno fue la incomprensión de lo que éste representaba. Más allá de cualquier consideración, Bolivia vive un momento de cambios profundos; el pasado no volverá y quienes se anclaron en la idea de recuperarlo para seguir con sus privilegios, como parte de élites que medraron sistemáticamente del Estado y de núcleos de poder con rasgos inequívocos de corrupción, tomaron un camino suicida. La respuesta al proyecto de hegemonía masista debiera ser la de preservar el republicanismo democrático, pero sobre la premisa inexcusable del cambio que contempla la inclusión y el respeto a la otredad, junto a un Estado moderno, descentralizado y de autonomías. Santa Cruz, la región más poderosa del país y con fuerte gravitación de contrapeso a La Paz (donde se encuentra la sede del Gobierno boliviano) y al escenario andino, tuvo un liderazgo que careció de visión nacional, que buscó exclusivamente salvar su propio proyecto y el de la región. La demanda autonómica, que obtuvo gran legitimidad en varias regiones, pecaba de un ideario conservador y fragmentario. Como si en Brasil las élites paulistas apostaran por resolver y liderar los temas de São Paulo y no a jugar el rol que por peso natural le toca a escala nacional.

Las acciones e iniciativas de Morales han dejado a la oposición anonadada. La derecha es incapaz de entender de qué va la cosa, y los sectores progresistas y adscritos a la necesidad de grandes transformaciones hasta ahora no ofrecen la posibilidad de arrebatarle al presidente, desde la democracia, la bandera del cambio. Porque no se puede olvidar que Morales avasalló a la Asamblea Constituyente y al Poder Judicial, y controló por las buenas o las malas el Legislativo, vulnerando elementos esenciales del funcionamiento democrático. Pero la oposición desde las regiones y desde el principal partido contrario al MAS, Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, intentó desestabilizar con modos no democráticos al Ejecutivo. Fue una acción inaceptable desde los puntos de vista ético y práctico. Pretendieron derrotar en su terreno al campeón de los bloqueos de carreteras, paros nacionales y cercos de ciudades. Una oposición desquiciada, que entre septiembre y octubre de 2008 tomó violentamente instituciones del Estado, impidió al presidente aterrizar en varios aeropuertos del país e incendió pequeños conductos de gas. El resultado fue una derrota en toda regla, aunque el saldo para el país fue una cincuentena de muertos, producto de la acción opositora y de la represión gubernamental.

El gran objetivo de la oposición para el próximo diciembre es lograr un candidato de unidad capaz de enfrentarse al presidente. Morales está apoyado por un voto emocional y de consigna en gran parte del área rural, y con un respaldo superior al 65% en el área urbana de la zona andina. Difícil desafío, que en un primer momento abre una baraja con más de una docena de precandidatos, cuyo único elemento en común es oponerse a Morales. Con un discurso como ese no parece que se apunte alto, aunque el Gobierno ha polarizado al país de tal manera que al menos un 30% votaría por cualquier candidato que sacara cabeza con alguna opción frente al oficialismo. Pero parece muy difícil combinar los elementos indispensables para salvar al país de un camino hacia el autoritarismo. Debería ser una candidatura para la coyuntura, basada en la hipótesis de lograr un segundo lugar que bloquee los dos tercios de Morales en la nueva Asamblea Legislativa; pero lo más importante es reconstruir un sistema de partidos devastado, sin el que es imposible hablar de democracia. Una democracia que celebre la inclusión y destierre el racismo increíblemente exacerbado en los últimos cuatro años, pero que a la vez devuelva el sentido de unidad que hoy está en cuestión, no por el riesgo de división, sino por las profundas heridas, resentimientos y prejuicios entre campo y ciudad, entre indígenas y no indígenas y entre Occidente y Oriente.

MORALES NO ES MANDELA

El error histórico de Morales es que no quiso ser Mandela, porque no entendió la tarea que le tocaba o porque, fiel a su lógica de dirigente sindical cocalero (el incremento exponencial de cultivos de coca y de producción de cocaína se ha convertido en un serio problema y puede erosionar las relaciones exteriores del Gobierno), creyó que la única manera de lograr el cambio era con la derrota total y definitiva del enemigo. Uno de los muchos peligros de ese razonamiento es meter en la bolsa de los adversarios a quienes son parte de una comunidad que en 2006 creyó que el presidente los representaba y que hoy sienten que los excluye.

Afirmarse negando y suponer que por negar lo negado desaparece es, simplemente, una ilusión. La historia, le guste o no a Evo Morales, tuvo un periodo prehispánico, colonial y republicano, y es de ella en su totalidad, de su brazo indígena y de su brazo occidental, de la que son hijos los 10 millones de bolivianos, no de sus retazos.

Túpac Katari en el espacio sideral

Poner en órbita un satélite llamado Túpac Katari es algo que más allá de la racionalidad económica, tiene una carga simbólica que no se puede desdeñar

El Presidente Evo Morales, con tono triunfal, ha expuesto a su retorno al país los resultados obtenidos durante su reciente viaje a Europa. Y no le faltan razones para sentirse satisfecho por las noticias que trajo, pues una vez más se hizo evidente que una de las mayores fortalezas del gobierno que encabeza es la buena acogida que tiene en el viejo continente.

El primer logro lo consiguió en Ginebra, Suiza, donde obtuvo permiso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para poner en órbita el primer satélite boliviano, el que según anunció, se llamará Túpac Katari y será fabricado y puesto en órbita por la agencia especial de China.

Su segundo éxito lo obtuvo en España, donde selló la condonación de 77 millones de dólares, lo que reduce la deuda externa boliviana en 15 por ciento, es decir, de 2.230 millones de dólares a 1.410 millones de dólares. Ahora, entre los principales países acreedores de nuestro país están Venezuela (227,6 millones de dólares) y Brasil (98,6 millones de dólares).

Sobre la decisión gubernamental de poner llevar al espacio sideral un satélite propio se han hecho muchas críticas, buena parte de ellas en tono burlón y despectivo. Otras, las menos, han recurrido a argumentos técnicos y económicos para poner en duda la necesidad y conveniencia de hacer una inversión –o un gasto, según cómo se vea el asunto-- que aparentemente no se justifica.

Los cuestionamientos que se han hecho con argumentos peyorativos, generalmente provenientes de políticos opositores, son ilustrativos de una errónea manera de actuar que suelen tener los más enconados críticos del actual régimen gubernamental. Insisten en subestimarlo, lo que con excesiva frecuencia los lleva a quitar seriedad a sus argumentos.

Más dignas de atención son las razones que algunos expertos en temas técnicos y científicos han expuesto. Han dicho, por ejemplo, que los mismos resultados que ofrece un satélite propio, como poner las telecomunicaciones al alcance hasta del más remoto rincón del territorio nacional, podrían ser obtenidos mediante el alquiler de uno de los muchos ya puestos en órbita. No se cuestiona la validez de la idea, sino la relación entre el costo y el beneficio.

Ese argumento, sin embargo, no toma en cuenta algo que en casos como éste tiene un valor que trasciende la racionalidad económica. Se trata del aspecto simbólico, uno de los que con mayor eficiencia administra el gobierno de Morales. No es casual, por eso, que se proponga poner al satélite boliviano el nombre de un caudillo indígena. Se puede decir que es, para Bolivia y el gobierno del MAS, el equivalente de lo que en su momento fue el proyecto Apolo para EE.UU., o el Sputnik para la URSS.

No es difícil imaginar, en ese contexto, el impacto que tendrá en el ánimo de quienes constituyen la principal base de sustento político del gobierno saber que pronto Túpac Katari estará en el espacio sideral. No se puede menospreciar lo que eso significa,

Una campaña ilegal y mentirosa

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil Más que quejidos, se necesitará ideas, datos, sólidos argumentos


Aunque según lo dispuesto por la ley electoral que rige el proceso que conduce a las elecciones de diciembre próximo aún no están permitidas las campañas propagandísticas para promover a los candidatos que disputa4án el apoyo de la ciudadanía, basta ver unos minutos cualquier canal de televisión, u oír cualquier radioemisora, para comprobar con cuánta facilidad tal regla está siendo vulnerada por los candidatos del oficialismo.

Si bien la campaña se hace con cierto disimulo, pues se presenta encubierta como “informes” de los supuestos logros de la gestión gubernamental, lo que hace difícil la labor del Órgano Electoral, que tendría que hacer cumplir equitativamente las reglas de juego, resulta por demás evidente que esa es una de las muchas maneras como se usa y abusa de los recursos del estado para favorecer a la fórmula del MAS

Ante tal hecho, que sin duda se irá agravando a medida que se intensifiquen las campañas electorales, algunos líderes de la oposición lo han denunciado aunque sin que sus reclamos hayan merecido mayor atención. La falta de una acción conjunta entre los diferentes candidatos opositores, en éste como en otros temas, es uno de los factores que quita fuerza a los reclamos.

Pero el asunto tiene una segunda dimensión que también tendría que ser desenmascarada por quienes se oponen a la propuesta oficialista. Se trata del contenido de los mensajes, la mayor parte de los cuales no guardan relación con la realidad. En algunos casos exponen medias verdades, en otros absolutas mentiras, y en conjunto proyectan una imagen completamente distorsionada de los temas expuestos como los principales logros de la gestión gubernamental.
Entre todos ellos hay dos que se destacan, precisamente los que más insistentemente son presentados como ejemplos de la eficiencia gubernamental: los supuestamente fabulosos resultados de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, muy ligado al anterior, el incremento de las Reservas Internacionales Netas, “el ahorro de todos los bolivianos”.

De nada sirve que los datos de la realidad con toda elocuencia desmientan los mensajes propagandísticos. No importa que el descalabro producido por la “nacionalización” sea inocultable si se lo observa con objetividad, ni que la deuda interna neutralice cualquier abultamiento de las RIN. Desde el punto de vista del pragmatismo publicitario lo importante es concentrar la atención en las apariencias y tras ese objetivo se concentra la artillería –y los millones de dólares—que el gobierno gasta –o invierte, según cómo se vea—en consolidar la mitomanía sobre la que se sostiene.

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil para quienes pretenden disputar el apoyo popular. Y los quejidos, reclamos y denuncias, por insistentes que sean, de nada servirán si no van acompañados de una ofensiva en el plano de las ideas, los datos, las cifras, todo lo que se requiere para desmontar el mito.

El MAS y el padrón biométrico

Ante la ausencia de una oposición seria, el oficialismo ya no necesita distraerse en acciones que podrían empañar la legitimidad de su triunfo

Uno de los últimos escollos que se hallaban en el camino que conduce a las elecciones del 6 de diciembre próximo, ha sido felizmente superado gracias a la encomiable eficiencia con que el Órgano Electoral viene cumpliendo la titánica tarea que se le dio. Fueron tan contundentes los datos presentados al presidente Morales y a su equipo de más estrechos colaboradores sobre el buen avance del empadronamiento biométrico, que el MAS decidió deponer su amenaza de aplicar un “padrón mixto”.

Era previsible que el oficialismo asuma tal actitud, pues sus estrategas deben haber comprendido que el costo político de mantener vigente un padrón sobre el que con razón o sin ella penden demasiadas dudas y suspicacias habría sido mucho mayor que los beneficios. Es tan grande la ventaja que tienen los candidatos del MAS sobre sus rivales de la oposición, que no tenía ningún sentido tender una sombra de duda sobre la legitimidad de una victoria que ya se avizora holgada ante la ausencia de un rival digno de consideración.

Es también posible suponer que la presión externa, expresada a través de gobiernos, organismos internacionales y fundaciones privadas, como el Centro Carter, hizo su parte. Difícilmente se habrían prestado a avalar una causa tan desprestigiada como es la vigencia del antiguo padrón electoral, lo que dio una razón adicional para que el oficialismo opte por no abrir un nuevo frente de batalla, en condiciones adversas, cuando tiene tantos en los que sí lleva todas las de ganar.
A esos factores que jugaron a favor del padrón biométrico se suma sin duda la ineptitud de una oposición que no pone en ningún riesgo la previsible victoria oficialista. Tal como se presenta el escenario político, el MAS no sólo ganará holgadamente las elecciones de diciembre; tendrá además una amplia mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que hace superfluo un plan de acción originalmente concebido para otro escenario.

Algo similar puede decirse de otro recurso que el oficialismo concibió para afrontar una batalla electoral que hace algunos meses no parecía tan fácil. El trasvase de votos de un departamento a otro, mediante las migraciones de militantes del MAS a Pando, respondía a la suposición de que en ese departamento se disputaría palmo a palmo, voto a voto, cada una de las senadurías y diputaciones y que cada una de ellas sería decisiva llegado el momento de hacer el balance final. Al no tener rival al frente, el oficialismo puede ahora prescindir de tan descarado truco y concentrar sus fuerzas en acciones menos engorrosas y más rentables.

El primer efecto de la facilidad con que la oposición le deja al MAS despejado el camino que conduce a su consolidación en el poder es, pues, paradójicamente, positiva. Es que el oficialismo ya no necesita distraerse en acciones que debiliten aún más la salud de nuestro sistema democrático.

Evo Morales y la “Madre Tierra”

Sólo con muy mala fe se pueden soslayar los estragos que el circuito coca – cocaína causa en la salud de la “Madre Tierra”

Mucho entusiasmo y alegría entre sus seguidores, como sorpresa, confusión y disconformidad entre sus detractores, ha causado la decisión del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel D’Escoto, de otorgar al presidente Evo Morales una medalla y un pergamino, mediante los cuales será declarado como defensor mundial de la “Madre Tierra”.

Esa distinción, según D’Escoto, se justifica por “la firme postura del jefe de Estado boliviano en defensa del medio ambiente y la “Madre Tierra” (Pachamama), con propuestas concretas que ha presentado en varios foros internacionales”.

No hace falta mucha erudición para poner en evidencia cuán falaz es esa apreciación. Es que pocas actividades son más incompatibles con la preservación de la salud de la “Madre Tierra” que las que realizan los productores de coca, cuyo máximo dirigente es precisamente Evo Morales.

Ese sólo hecho tendría que ser suficiente para descalificar el rol que se le pretende atribuir al principal líder de los cocaleros, pues como lo confirma una infinidad de estudios sobre el tema, la producción de coca y su transformación en cocaína está haciendo estragos en la “Pachamama”.
Es bien sabido, por ejemplo, que los cultivos de coca son incompatibles con la preservación de los suelos del subtrópico cochabambino, lo que está dando lugar a una acelerada desforestación y aniquilamiento de la capa fértil de la tierra. La constante expansión de los cultivos está destruyendo reservas ecológicas, invadiendo todos los parques naturales. Y muchísimo peor es el paso siguiente, el que viene después de la cosecha de las hojas de coca, que consiste en su mezcla con letales sustancias químicas para elaborar la pasta base de cocaína.

Todo ese proceso, que ya no se desarrolla sólo en las zonas de cultivo, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, valles y altiplano incluidos, está haciendo estragos en la tierra, el agua y especies animales. La cadena destructora de los ecosistemas que se inicia con los cultivos de coca es de tal magnitud que sólo con muy mala fe puede ser soslayada por quienes con tanta hipocresía hablan de la “Madre Tierra”.

Como si eso fuera poco, Morales ha desafiado franca y abiertamente a todas las organizaciones defensoras del medio ambiente en nuestro país al insistir en la exploración hidrocarburífera en el norte paceño, una región que por la fragilidad de su ecosistema es una de las que más protección requiere. Es probable que haya argumentos para respaldar tal pragmatismo, pero es seguro que la defensa de la “Pachamama” no es, ni mucho menos, uno de ellos.

Con esos antecedentes, tan cuestionable como la distinción que trae D’Escoto es el silencio de las muchas organizaciones que a pesar de que actúan en nombre de la defensa del medio ambiente en los hechos son cómplices de su destrucción.

Lula y el bautismo de la "Policía Sindical"

La presencia de Lula da Silva fue aprovechada para elevar al rango de institución fundamental del Estado “Plurinacional” a la “Policía Sindical”

Abundantes y de lo más diversas han sido las repercusiones que en el escenario político nacional ha tenido la reciente visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y como en muchos otros casos, los aspectos menos relevantes del asunto son los que más atención han merecido.
El franco y abierto respaldo de Lula al gobierno de Evo Morales, y no muy indirectamente a su candidatura de cara a las elecciones de diciembre, ha sido el aspecto más destacado en lo que a efectos políticos se refiere. Se trata de un espaldarazo que sin duda ha dejado pálidos de envidia y susto a los candidatos opositores.

En lo económico, las muchas dudas que ya existen sobre la transparencia con que se realizó el contrato para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos opacaron lo que para muchos es una dádiva brasileña que se debe recibir de rodillas y sin chistar.

Sin embargo, la aparente generosidad brasileña fue suficiente para que pasen poco menos que desapercibidos los enormes montos que Petrobras debe a Bolivia por diversos conceptos. El gas que no compró, pero que pese a ello debió pagar por estar vigente la cláusula “take or pay”, por ejemplo, implica una deuda de más de 400 millones de dólares. Un monto apenas menor, calculado en más de 300 millones de dólares, es el que adeuda por los licuables que llegan a Brasil mezclados con el gas.

En suma, alrededor de 700 millones que Brasil debe a Bolivia fueron opacados por un muy sospechoso crédito que apenas llega a la mitad de esa cifra. Crédito que además de no ser nada blando, llega condicionado a múltiples arreglos entre empresarios brasileños y funcionarios bolivianos, lo que, como ya ha sido ampliamente denunciado, da lugar a muy graves sospechas de corrupción.

Sin embargo, y pese a lo importantes que son los aspectos señalados, hay uno que probablemente sea el que más honda huella deje en el futuro nacional. Se trata de la elevación a rango de institución fundamental del Estado “Plurinacional” de la “Policía Sindical”, la que al haber sido puesta en igualdad de condiciones que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Federal de Brasil, recibió un bautismo que le da, ante la indiferencia general, una temible legitimidad.

Teniendo como testigo nada menos que al Presidente de Brasil, la “Policía Sindical” designó a su flamante “comandante”, quien al recibir tan alto cargo dijo que se trataba de un “momento histórico para las organizaciones sociales porque se consolidó el trabajo de las tareas de seguridad a las bases originarias en la organización de eventos locales, nacionales e internacionales”. Y no exageró en absoluto pues, en efecto, no todos los días, y no en cualquier país, se da carácter de oficial a una “Policía Sindical”.

Ahora, sólo cabe esperar que en otras regiones “autónomas” del país, en otras de las “republiquetas” que en los hechos ya existen, se sigan los mismos pasos.

Las autonomías indígenas en la práctica

Las fuerzas disgregadoras de la unidad nacional han comenzado a dar sus primeros resultados y no se vislumbra nada que detenga el proceso

Una de las críticas que más certeramente se hizo al texto constitucional elaborado por los asesores del MAS es que muy por encima de las elucubraciones teóricas de quienes dieron rienda suelta a sus fantasías indigenistas durante su redacción, existe una realidad que no se puede manipular con tanta facilidad como los conceptos teóricos.
Una muestra de lo que eso significa se pudo ver el pasado jueves cuando sindicatos campesinos y ayllus “indígena originario campesinos” se enfrentaron en la comunidad de Sienegoma, en Potosí. El saldo fue un muerto y 15 heridos y un odio visceral que clama venganza.
La primera víctima del proceso de consolidación de las “autonomías indígenas” fue Julián Mamani, una autoridad originaria de Tinguipaya. Su muerte, en sí misma significativa, lo es más por la forma en que se produjo. Fue asesinado de la manera más cruel cuando al huir de una emboscada preparada por los seguidores del MAS se alejó del grupo que lo acompañaba. Su cuerpo, destrozado a golpes, fue encontrado días después.
Según la explicación de los agredidos, el origen del problema consiste en que los masistas no quieren que nadie ingrese a las zonas que creen controlar políticamente. Que los que se oponen a las autonomías indígenas sean tan indígenas como los que apoyan la consigna gubernamental, no importa. Se los elimina con la frialdad con que se eliminó a Julián Mamani.
Lo ocurrido en Sienegoma no es una excepción. Muy por el contrario, es el único resultado que se puede esperar de la manera como el MAS se ha propuesto destruir todo el andamiaje institucional para imponer, así sea mediante los métodos aplicados en el caso que comentamos, las autonomías indígenas.
La magnitud del problema y de la carga explosiva que contiene es pavorosa. Es que los conflictos de intereses entre ayllus y municipios en las tierras altas ya tienen larga data y fue por eso que durante los últimos años se dejó pendiente la delimitación de circunscripciones que son objeto de luchas internas. Tales disputas, lejos de atenuarse, como ya se ha comenzado a ver, sólo pueden avivarse cuando lo que se pone en juego es nada menos que "el derecho de los pueblos indígenas al territorio, al autogobierno y a la libre determinación", con todo lo que ello implica en cuanto a poder político y económico.
En las tierras del oriente el asunto se complica aún más pues allá suman decenas las “naciones” que tienen que recorrer tan escabroso camino. En lo inmediato, además del asunto de las autonomías indígenas, tendrán que realizarse reuniones “inter-nacionales” para fijar sus límites y elegir a sus diputados.
Estamos pues ante el destape de una verdadera “caja de Pandora” de la que sólo se pueden esperar que salgan grandes calamidades. Se han desencadenado incontenibles fuerzas disgregadoras de la unidad nacional y no se vislumbra, por lo menos por ahora, algo que pueda revertir el proceso de destrucción.

La filosofía política de Evo Morales

“Si tenemos nuestra Constitución, no debería basarse en leyes (…) Ahí nuestros abogados no nos han orientado muy bien”

Si hay algo de lo que jamás se podrá acusar al presidente Evo Morales, es de falta de sinceridad. Por el contrario, a diferencia de lo que suele caracterizar a los líderes políticos en Bolivia y en cualquier parte del mundo, tiene la virtud de expresar lo que “siente” sobre los temas que lo preocupan con una franqueza admirable.

Entre los sentimientos que con más frecuencia expresa hay uno que se destaca. Es el profundo desprecio que le inspiran las leyes y todo lo que se relaciona con ellas. Como se recordará, en más de una oportunidad dijo que las leyes son un estorbo y por eso “le mete nomás” y que para arreglar los estropicios que esa manera de actuar ocasiona están los abogados que lo rodean.

Hasta ahora, Morales parecía muy conforme con los servicios que le presta el batallón de abogados que han puesto sus conocimientos y habilidades al servicio del “proceso de cambio” asesorándolo a cada paso sobre la mejor manera de eludir “el estorbo de la ley”. Pero ahora está muy decepcionado de ellos y así lo hizo saber a través de un discurso, ante una multitud que lo vitoreaba en El Alto. Los acusó públicamente de haber hecho mal su trabajo al elaborar el texto de la nueva Constitución Política del Estado. “Ahí tal vez nuestros abogados no nos han orientado muy bien”, afirmó al expresar su descontento.

Lo que le parece tan mal al primer mandatario, lo que desde su punto de vista es un inadmisible error de los jurisconsultos que lo asesoran, es que la aplicación de la Constitución tenga que estar sujeta a un régimen legal. “En muchos artículos de la nueva Constitución dice ‘este artículo estará sujeto a la aplicación de una nueva ley.’ (…) Si tenemos nuestra Constitución, no debería basarse en leyes”, dijo.

Como se ve, las expectativas que tenía el Presidente sobre las virtudes del nuevo texto constitucional eran otras. Él esperaba un mejor fruto de todo el esfuerzo hecho, de las luchas, las muertes, la sangre derramada para aprobar la nueva Constitución. Lo que esperaba era una Constitución que le permita gobernar libre del estorbo de cualquier ley. Es decir, gobernar como un verdadero autócrata.

Pero Evo Morales no ha perdido la esperanza. En el mismo discurso que comentamos, afirmó estar seguro de que el pueblo, el 6 de diciembre, enmendará, a través de su voto, los desaciertos de sus abogados y los asambleístas que no comprendieron que “la nueva Constitución no debería basarse en leyes”. Confía para eso en que el MAS obtenga dos tercios de la próxima Asamblea Legislativa. Habrá que suponer que, además de ello, tendrá especial cuidado en que los nuevos asambleístas no sean tan legalistas como los que hasta ahora no fueron capaces de entender algo tan sencillo como lo que desea el presidente del “Estado Plurinacional.”.

Avasallamiento electoral

Sólo con lamentos se responde a un plan de acción que mediante diversos artilugios se propone lograr un avasallamiento electoral

Como para que a nadie le quede ninguna duda sobre la firmeza con que se propone recurrir a cuanto método esté a su alcance para asegurar un triunfo en las elecciones de diciembre, y sobre el profundo desprecio que le inspira el régimen legal vigente, incluida la Constitución Política del Estado que logró imponer, el Movimiento al Socialismo ha ratificado su decisión de aplicar el “voto comunitario” o “voto consigna”.

De nada sirve que el artículo 197 del Código Electoral vigente establezca claramente que “la persona civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente a trabajadores subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano para que se afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, o para que voten por cierta lista o partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionada con la privación de libertad de hasta seis meses”.

Exactamente lo mismo puede decirse del traslado masivo de personas a Pando, a donde están siendo llevados miles de los más leales militantes del MAS con el expreso propósito de que su “voto comunitario” le asegure el triunfo en ese Departamento.

Además de ello, hay motivos para sospechar que más solapadamente, pero con el mismo objetivo, se están produciendo migraciones internas de una circunscripción a otra. Muchos de los residentes en las circunscripciones en las que el MAS tiene asegurada una votación masiva estarían inscribiéndose en aquellas en las que la oposición tiene más posibilidades de ganar. Así, no sería extraño que la fórmula oficialista se alce con victorias incluso en zonas consideradas bastiones de la oposición.

Ambos procedimientos –el “voto comunitario” y las artificiosas migraciones internas-- tienen una doble dimensión. Por una parte, la estrictamente legal, y por otra la política. Cualquier acción para contrarrestarlos tendría pues que contemplar ambos aspectos.

En lo que a la legalidad corresponde, no tendría que haber lugar a dudas. Es tan claro lo que manda la ley que en circunstancias normales ya se habrían aplicado los procedimientos previstos para evitar tan desembozadas formas de manipular la voluntad de la ciudadanía. El problema es que en nuestro país estamos lejos de vivir circunstancias normales, pues como lo ha afirmado con toda franqueza en más de una ocasión el Presidente Evo Morales, “lo político está por encima de lo jurídico”. Y como ya se ha demostrado más de una vez, esa es la cruda realidad.

Sólo cabría pues esperar que una eficiente labor de las fuerzas opositoras, a través de una presencia activa y organizada a lo largo y ancho del territorio nacional, ejerza control y supervisión tanto del proceso de empadronamiento como del acto electoral. Pero como tal fuerza de oposición no existe, es probable que sólo con lamentos se responda a un plan de acción que, al paso que vamos, se encamina a la instauración de un régimen de partido único.

Informes mal interpretados

Un síntoma del problema es la tendencia a leer informes como el del BM con una mirada limitada por los cálculos propagandísticos

La reciente publicación del informe titulado “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” elaborado por el Banco Mundial, y las múltiples interpretaciones, análisis y comentarios a que dio lugar tal documento, han puesto ante nuestros ojos una muy elocuente muestra de lo perniciosos que pueden llegar a ser los apasionamientos ideológicos cuando de encarar los principales problemas que afligen a nuestro país se trata.
Muchos dirigentes del oficialismo y de la oposición, de quienes cabría esperar un ejemplo de objetividad y seriedad cuando de abordar estos temas se trata, fueron más bien, como ya es habitual, los que más primariamente reaccionaron. Unos se regocijaron con la creencia de que los datos publicados por el BM podrían alimentar la artillería verbal para echar sombras a la gestión gubernamental. Otros, con similar lógica, supusieron que estaban ante una prueba más del afán con que los organismos internacionales se afanan por desprestigiar el “proceso de cambio”.
Un ejemplo de lo primero es el entusiasmo con que muchos exponentes de la oposición se refirieron al tema de la corrupción. Fue el aspecto del informe que más llamó su atención y casi al unísono lo esgrimieron como una prueba de que éste es un gobierno más corrupto que los anteriores. Los demás temas, seguramente porque en apariencia se prestan menos al sensacionalismo mediático, pasaron casi desapercibidos.
Tal actitud puso en evidencia a quienes quisieron sacar provecho del informe del BM. Quedó claro que no se tomaron la molestia de informarse antes de hablar. De haberlo hecho, habrían sabido que de los seis temas que son objeto de la evaluación el control de la corrupción es el único en el que Bolivia habría mejorado durante los últimos tres años.
Probablemente preocupado y molesto por tan mala interpretación y peor uso de los datos arrojados por el informe, el representante del Banco Mundial en Bolivia hizo las aclaraciones correspondientes empezando por los reales alcances del informe. Se trata, explicó, de medir la calidad de gobierno en todos los países a fin de contar con una base de datos que permita hacer comparaciones y ayude a medir los avances y retrocesos en cada continente”. Algo que sin duda trasciende con mucho la puerilidad de las interpretaciones y manipulaciones de quienes creen que todo gira alrededor de sus pequeños y mezquinos cálculos propagandísticos.
El tema no es irrelevante pues la dificultad que tanto los dirigentes del oficialismo como los de la oposición tienen para leer informes como el del BM con una mirada que vaya más allá de sus estrechos horizontes es precisamente uno de los factores que más impide que en nuestro país puedan adoptarse políticas de Estado, como ocurre en los países que sí mejoran sus indicadores de “Buen Gobierno”.

Otro paso hacia la miseria

Lo único cierto es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria


Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.

El síndrome de la rana hervida

En Bolivia, el papel de ese sistema nervioso confundido y adormecido lo cumplen las élites políticas de la oposición

Con cada día que pasa, decreto tras decreto, arbitrariedad tras arbitrariedad, en Bolivia se va consolidando de manera lenta pero segura un nuevo régimen económico, político y social. Sutilmente, casi sin que se lo note, ya hemos dejado de ser una República para pasar a ser un “Estado Plurincional” y tras ese asunto, aparentemente sólo formal, abundan las muestras de en Bolivia se está produciendo una profunda revolución, un cambio de enormes proporciones; una transformación que dejará muy honda huella en el destino de más de una generación.

Pero si la sutileza con que los cambios se van produciendo es una de las características del proceso, la otra, no menos importante, es la candidez de quienes tendrían que estar a la vanguardia de los sectores de la ciudadanía que no creen que el camino elegido sea el mejor de los posibles. Los “líderes” de la oposición, lejos de advertir la magnitud del desafío que tienen al frente y actuar en consecuencia, son los que con más entusiasmo minimizan el fenómeno político, lo caricaturizan, lo menosprecian y, en algunos casos, lo disfrutan.

¿Cómo se explica tan extraña manera de proceder? Una posible explicación la hallamos en lo que se conoce como el “síndrome de la rana hervida”. Consiste en que si introducimos una rana en una olla de agua caliente, la rana reacciona, da un salto y escapa. Pero si la introducimos en una olla de agua tibia y procedemos a calentarla lentamente, la rana permanece en el agua hasta morir. Es probable, incluso, que en algún momento se adormezca y entre en un plácido sueño del que nunca más despertará.

Se trata de un famoso experimento mediante el que se comprueba la capacidad que tienen los organismos vivos para adaptarse a cambios negativos siempre y cuando éstos no sean tan intensos que activen los mecanismos de defensa. Si los cambios son sutiles, paulatinos, tan leves que no resulten perceptibles, la rana muere sin siquiera haberse enterado de lo que le sucedió. En vez de activarse los mecanismos de defensa se activan inútilmente los de adaptación, pues el sistema nervioso no ha podido interpretar adecuadamente las señales de peligro.

Muy similar es lo que está ocurriendo en la sociedad boliviana. Ya el agua se acerca al punto de ebullición, pero cada grado que aumenta la temperatura sigue siendo percibido como algo tan irrelevante que no motiva al salto salvador.

El papel de ese sistema nervioso confundido y adormecido lo cumplen las élites políticas de la oposición. Quienes tendrían que activar los mecanismos de defensa son, paradójicamente, quienes proponen esperar a que el agua se enfríe; que pase la “sensación térmica” para que, bajo su conducción, todo vuelva a su estado normal. Sin su labor adormecedora, sería más probable una oportuna reacción.

Pando, laboratorio del “nuevo estado”

En Pando se ponen a prueba y perfeccionan muchos de los pilares del “Nuevo Estado” que ya está en vías de construcción


Un amplio reportaje publicado el pasado domingo por un matutino colega de La Paz, da cuenta de la magnitud de un plan que está siendo ejecutado por el Movimiento al Socialismo para hacer del Departamento Pando un enclave bajo el control absoluto de esa organización política.

Para tal efecto, según el informe que comentamos, trabajan mancomunadamente diversas instancias gubernamentales, la Prefectura de cuyo control se hizo el MAS tras la defenestración del democráticamente prefecto elegido, y la alcaldía de Cobija así como las de otros municipios ya copados por el partido oficialista.

Muchas instituciones del Estado están involucradas en el proyecto, pero el rol principal está reservado para las Fuerzas Armadas que han desplazado a un gran número de sus efectivos a lo largo y ancho de ese Departamento. Pero no son sólo las FF.AA. bolivianas. Junto a los militares bolivianos están decenas de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, quienes constituyen el Comando Binacional Amazònico.

Entre las muchas tareas a las que se dedican los integrantes del Comando Binacional está la intensa labor de adoctrinamiento. Los fundamentos doctrinales del “socialismo del Siglo XXI” son asiduamente impartidos entre todos los habitantes de la región, pero especialmente entre los jóvenes a quienes se prepara intensamente para futuras batallas ideológicas.

Simultáneamente, se promueven masivos flujos migratorios principalmente desde comunidades altiplánicas y del trópico cochabambino; de zonas en las que la hegemonía masista es absoluta desde hace ya mucho tiempo. Son miles de parejas y familias jóvenes, a las que se les otorgan tierras y medios de producción bajo la estricta tutela de diversas instancias del aparato estatal.

Como se sabe, hace ya varios años que muchos de los esfuerzos del gobierno central están dirigidos a ampliar su influencia en esa región del país que por sus características geográficas y demográficas resulta un punto estratégico cuyo control tiene enorme importancia no sólo desde el punto de vista electoral sino económico, político y militar. Pero tales afanes adquirieron especial ímpetu después del 11 de septiembre de 2008, cuando el gobierno se anotó uno de sus más importantes triunfos en su intensa lucha contra la oposición cívico regional.

A partir de entonces, Pando ha pasado a ser una especie de laboratorio de ensayo donde se ponen a prueba los más diversos procedimientos para “colonizar” una región originalmente hostil al masismo y su proyecto político. Es fácil suponer que a medida que tales métodos vayan siendo perfeccionados por la práctica, serán luego reproducidos en otras zonas que por ahora no son tan fácilmente sometidas a las reglas del “Nuevo Estado”, el que no se conforma con el gobierno, el que aspira al “Poder Total”.

El fin de la república

La facilidad con que el MAS logró despojar a Bolivia de su condición de República es una muestra de lo lejos que va el proceso


Cuando tras el fracaso de la Asamblea Constituyente, las bancadas parlamentarias del MAS y Podemos se asociaron para cometer una de las mayores aberraciones de que se tenga memoria en la historia contemporánea de Bolivia, al atribuirse la tarea de redactar en “mesas clandestinas” el nuevo texto constitucional, lo hicieron dejando tantos cabos sueltos que serán muchos los años, si no décadas, que habrá que esperar antes de que se despejen los efectos negativos de tanto desmán.

Uno de los más elocuentes ejemplos de lo dicho es el referido a la nueva denominación de lo que era la República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional de Bolivia”. Como si se tratara de un detalle irrelevante, el asunto pasó poco menos que desapercibido hasta que el gobierno aprobó el Decreto Supremo 048 mediante el que pone en vigencia lo que manda la nueva Constitución.

Como se recordará, entre los argumentos que en su momento esgrimieron los parlamentarios de Podemos para justificar su aprobación al nuevo texto constitucional figuraba el relativo al uso del término “República”. Muy orgullosos, como parte de la “campaña pedagógica” que desarrollaron para “hacernos entender” las virtudes del texto consensuado, explicaron que habían logrado que esa palabra aparezca –una sola vez— en solo uno de los artículos. Una mención irrelevante que en nada modificó el hecho de fondo, que consiste en que los ideólogos del MAS lograron evitar que aparezca en el artículo correspondiente a la caracterización del “Nuevo Estado Plurinacional”.

En su momento, el asunto no mereció mayor atención. Pero ahora, cuando el gobierno ha decidido pasar de las declaraciones líricas a los hechos, recién se alzan los primeros gritos al cielo. Tarde, como suelen ser todas las reacciones de quienes atrincherados en la candidez subestiman la firmeza con que el MAS se propone ejecutar su proyecto de destrucción de la institucionalidad republicana.

Ahora, cuando ya estamos ante un hecho prácticamente consumado, las principales críticas se dirigen a los aspectos más pedestres del asunto. Como el relativo al costo económico que tendrá el entierro de la República de Bolivia en la papelería oficial.

Por supuesto no se trata de minimizar ese aspecto del problema pues no son nada despreciables los montos de dinero que serán despilfarrados para tal efecto. Pero mucho más grave es el impacto político e ideológico que se esconde tras tan aparentemente inocente medida.

Es que al despojar a nuestro país de su condición de República en los documentos oficiales, ya no queda nada que nos ate a lo que desde el punto de vista de los ideólogos del MAS es un detestable resabio del “colonialismo occidental”: las instituciones republicanas. Queda despejado el camino para la destrucción de las mismas se consume sin que haya argumento capaz de evitar tan enorme salto hacia la barbarie.

La multiplicaciòn de los bonos

Menos visible, pero no por eso menos importante, es el impacto cultural que la proliferación de bonos trae consigo

Dos nuevos bonos recientemente creados por el gobierno para beneficiar a otros tantos sectores de la población --los beneméritos de la guerra del Chaco y los funcionarios públicos-- han dado nuevo vigor a una ya muy antigua polémica acerca de las virtudes o defectos de esa forma de distribuir el dinero, tanto desde el punto de vista económico como del político.

El asunto no es nada nuevo pues tiene sus orígenes en la otorgación del Bonosol, hace ya doce años, durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Como se recordará, tal medida fue objeto de las más severas críticas inspiradas en la racionalidad económica, unas, y en los mezquinos cálculos electorales, otras. Pero lo que en los hechos se impuso fue la conveniencia de los circunstanciales gobernantes. Ninguno de los más feroces críticos del Bonosol tuvo el valor de eliminarlo y a lo más que se atrevieron sus detractores fue a cambiarle de nombre.

Fue así que el Bonosol sobrevivió a más de una gestión gubernamental sin sufrir más que uno que otro retoque cosmético. Los más profundos cambios se hicieron en el nombre, pues cada gobierno quiso imprimirle su propio sello. Fue una de las muchas formas como se manifestó la pequeñez de quienes tuvieron en sus manos durante esos años los destinos del país.

Con esos antecedentes, no resultó sorprendente que el gobierno del MAS hiciera lo mismo que todos sus antecesores y el Bonosol pase a ser uno de los pilares de su política social sólo que, cómo no, con el nombre una vez más cambiado, esta vez por el de “Renta Dignidad”. Hasta ahí, nada nuevo.

Pero el tema de los bonos dejó de ser sólo una forma de dar continuidad a una de las medidas “estrella” del MNR, cuando el rebautizado Bonosol no sólo que sobrevivió al ser adoptado con mucho entusiasmo por los nuevos gobernantes sino que comenzó a reproducirse sin medida ni concierto. Los bonos Juancito Pinto para los niños, Juana Azurduy de Padilla para las madres gestantes, otro para los beneméritos de la Guerra del Chaco y uno más para los funcionarios públicos, han reabierto una polémica que no por antigua es menos pertinente.

Como es fácil constatar, el asunto trasciende con mucho lo estrictamente económico, aunque sea éste el principal aspecto del problema. Los efectos políticos de una tan densa red de hilos que hacen a ancianos, niños, jóvenes, mujeres y empleados públicos directamente dependientes de la dádiva gubernamental no son menores. Y menos visible, pero no por eso menos importante, está el impacto cultural, el que se produce en la mentalidad no sólo de los directamente beneficiados, sino de quienes los rodean. Una mentalidad que se caracteriza por la pasiva extensión de la mano pedigüeña. La mendicidad elevada a la categoría de política de Estado.

Interpretaciones simplistas de la realidad

La oposición boliviana y el gobierno peruano coinciden al buscar explicaciones simplistas a fenómenos cuya complejidad ignoran

Como no podía ser de otro modo, dado el contexto en que se produjo, el mensaje que el Presidente Evo Morales envió hace un par de semanas a la cuarta “Cumbre Continental de Pueblos Indígenas”, en el que los instó a "asumir su destino como pueblos" para que "todos sepan que (…) de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución”, ha dado lugar a una ola de noticias, análisis y comentarios que han relegado a un plano muy secundario a todos los demás temas.

Al asunto se dedicaron los principales espacios de los medios de comunicación; fue motivo de los más sesudos análisis y las más audaces especulaciones, con lo que quedó demostrado, una vez más, cuán fácilmente la atención colectiva puede ser llevada de un tema a otro. Seguramente, dentro de unos pocos días ya nadie se acordará del asunto, por lo menos no en Bolivia, pues otra “revelación” dará lugar a nuevos devaneos noticiosos.

Pero tan notable como la facilidad como los más diversos temas entran y salen de la agenda informativa, es la ligereza con que son tratados mientras gozan de su efímera actualidad. En el caso que nos ocupa, resulta penoso el simplismo con que se buscan explicaciones a lo que se considera una “torpeza” presidencial. El “mal asesoramiento”, el “desconocimiento de la historia” son, entre otras similares, las principales causas a las que se atribuye la manera como Evo Morales conduce sus relaciones con Perú y sus organizaciones indígenas y populares.

El origen de tal manera de interpretar los hechos está en la persistencia con que se subestima la magnitud, la seriedad y la proyección del proyecto político encabezado por Evo Morales. Como se lo menosprecia, se intenta banalizar sus actos despojándolos de todo atisbo de seriedad, como si no fueran más que una sucesión de errores.

Diametralmente opuesta, pero no por eso menos alejada de la realidad, está la interpretación que de los últimos hechos ocurridos en la amazonia peruana hacen importantes dirigentes políticos de ese país. Según ellos, Evo Morales, a través de su carta, fue el autor de una insurrección protagonizada por inocentes nativos manipulados por el Presidente boliviano y sus agentes infiltrados.

Como es fácil constatar, tanto una como otra interpretación, pese a lo distantes que están en las apariencias, tienen un elemento en común: tienen como punto de partida una visión simplista de la realidad, de los factores económicos, políticos y sociales que dan lugar a fenómenos como el poder del MAS, en Bolivia, o la insurrección de los indígenas, en Perú.

Mientras quienes pretenden contrarrestarlos, desde la oposición en el caso boliviano, o desde el gobierno, en el peruano, se esmeren en subestimar a tan vigorosos movimientos políticos, es poco probable que logren algún éxito.

Los maestros y los “sabios indígenas”

Si hay algo claro en lo que a educación se refiere, es que se están dando grandes pasos en el sentido opuesto al que conduce a un mejor porvenir

Hace unos días, el 6 de junio, se conmemoró el día del maestro boliviano. La fecha, que es una de las que mejor se presta a la las elucubraciones demagógicas, fue motivo de muchos discursos relativos a la importancia que la educación tiene en la formación de los ciudadanos del futuro, los que heredarán la tarea de construir un país mejor.

Como todos los años, las autoridades del área se explayaron sobre la necesidad de introducir radicales cambios en el sistema educativo boliviano. Se habló mucho sobre los objetivos de la nueva reforma que ya tiene tres años de gestación, pero muy poco se dijo sobre los resultados hasta ahora obtenidos pues éstos ponen en evidencia lo mal encaminado que está el asunto.

El tema no es nada nuevo. Como se sabe, ya antes de la fundación de la República fue motivo de grandes debates. Desde que Simón Rodríguez llegó a esta parte del mundo con la convicción de que sólo una buena educación haría posible la construcción de una sociedad mejor, ha sido motivo de infinidad de reflexiones, propuestas, muchas reformas y otras tantas contrarreformas.

Ahora, casi doscientos años después, el balance que se puede hacer sobre es el más desolador de los posibles. La educación sigue siendo una de las más elocuentes muestras de nuestro fracaso colectivo y no hay nada que permita alentar la esperanza en la posibilidad de que deje de ser así.

Muy por el contrario, lo hecho durante los últimos tres años da motivos para temer que estamos más lejos que nunca de resolver el asunto de modo que se encienda una luz de esperanza en el futuro. La nueva reforma promovida por el gobierno es una aberración pedagógica que espanta a los que saben algo sobre el tema educativo, quienes ven con impotencia cómo se avanza a grandes pasos en el sentido opuesto al que conduce hacia un mejor porvenir.

Como se recordará, hace ya tres años, el año 2006, el Congreso Nacional de la Educación anunció que la Reforma Educativa, un proceso en el que se habían invertido más de diez años y decenas de millones de dólares, quedaba sin efecto. Para sustituirlo, el gobierno presentó el proyecto de ley "Elizardo Pérez y Avelino Siñani", con el que se iniciaría el proceso de “descolonización”. Se recurrió a la inspiración de los “achachilas” y los “sabios indígenas”, con resultados que hacen dudar de la idoneidad de los mismos.

El único fruto palpable es la decisión de expulsar de Bolivia al grupo editorial Santillana, identificado como principal instrumento de la “colonización”. Mientras tanto, los “sabios indígenas”, a espaldas de los maestros, siguen buscando la fórmula para contrarrestar perniciosas influencias foráneas, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Penosa forma de rendir homenaje a los maestros en su día.

Cuentas pendientes con la historia

El afán con que el gobierno quiere ayudar a olvidar a las víctimas de las dictaduras es un mal presagio sobre lo que nos depara el porvenir


“La historia es como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, mirando lo que fue, nos anuncia lo que será”. Esa sabia frase, de cuya validez da abundantes testimonios la experiencia acumulada por toda la humanidad, adquiere especial importancia en tiempos como los que vivimos, cuando el peso de acontecimientos de los que fueron protagonistas quienes nos precedieron se hace sentir con todo vigor en nuestro presente.

Durante los últimos días hemos sido testigos de dos elocuentes muestras de lo dicho. Una de ellas la dieron las dificultades que aún tenemos para reconciliarnos con cuanto ocurrió hace doscientos años al iniciarse el proceso que condujo a la constitución de la República de Bolivia, cuya existencia ha sido puesta en duda por el actual régimen. Otra, es la demanda de parientes de las víctimas de las dictaduras militares que asolaron nuestro país, quienes exigen la apertura de los archivos mantenidos hasta ahora en el secreto en los sótanos del Ministerio de Gobierno y de la Sección II de las Fuerzas Armadas.

Como nos lo recuerdan quienes perdieron a sus seres queridos, ese espantoso capítulo de nuestra historia ha dejado tantas heridas abiertas que no puede ser cerrado, y mucho menos borrado de la memoria colectiva, si antes no se hace justicia con la memoria los muertos y desaparecidos.

A esa razón, por sí misma suficiente para que el tema merezca ser asumido como uno de plena actualidad, se suma la inminente posibilidad de que los factores que dieron lugar a tanta atrocidad se reproduzcan en nuestro país. La creciente frecuencia con que se violan impunemente los más elementales derechos humanos, y la reaparición de organizaciones y doctrinas que conciben la acción política como una guerra cuyo objetivo es la eliminación física de los adversarios, son algunos de los hechos que hacen temer que no estamos lejos de recaer en las peores experiencias de nuestra historia por no haber sabido asimilar sus amargas lecciones.

La actitud gubernamental ante la demanda de las víctimas de las dictaduras militares, que consistió en negar la existencia de archivos en el Departamento II de las FF.AA. que permitan hacer justicia con la memoria de las víctimas, primero y en negar su apertura pública, después, es otra muestra de lo vivo que está el espíritu que animó a quienes recurrieron a los más viles métodos para eliminar a sus oponentes.

Para evitar que esos episodios de nuestra historia se repitan, es urgente revitalizar en la conciencia colectiva el respeto a los valores básicos inherentes a la convivencia civilizada. El restablecimiento de la causa de los derechos humanos como algo que por su valor intrínseco está por encima de las conveniencias coyunturales de quienes gobiernan, es algo que no admite concesiones.

La hora de las definiciones

Es de esperar que las diferentes iniciativas para preservar la democracia confluyan en un esfuerzo común

“Ha llegado la hora de las definiciones”, dijo hace algunos días el presidente Evo Morales, y no le faltaba razón. En efecto, tres años después de haberse iniciado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana en Bolivia, nos encontramos al borde del punto sin retorno, del punto más allá del cual la democracia puede pasar a ser sólo un episodio de la historia, del pasado de nuestro país.

La batalla final, según la concepción de los estrategas que conducen el proyecto político del MAS hacia su consumación, serán las elecciones de diciembre próximo. Y es para ganar tan decisiva confrontación de fuerzas que todos los recursos de los que dispone el oficialismo se concentran en su objetivo principal: imponer un reglamento electoral que asegure dar, a través de las urnas, el salto final hacia la consolidación de un régimen totalitario.

Para hacer frente a tan ambicioso plan no existe una oposición política que esté a la altura del desafío. La existente, representada por las múltiples fracciones a que se redujo lo que un día fue Podemos, ha dado ya y sigue dando demasiadas muestras de su ineptitud, por lo que nada serio se puede esperar de ella. Muy por el contrario, se puede temer que una vez más, como ya lo ha hecho en otros momentos decisivos, termine dándole al proyecto masista el empujón final, el que le falta para imponerse.

La otra vertiente de la oposición, la cívico-regional, cuya principal base de acción es Santa Cruz, pese a que aún no termina de reponerse de la derrota a que fue conducida en septiembre pasado por las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron, ha asumido el rol conductor de la resistencia civil contra el proyecto hegemónico del MAS.

Otra iniciativa para movilizar a la ciudadanía es la encabezada por Víctor Hugo Cárdenas y secundada por diversas agrupaciones civiles. La base de su propuesta es retirar temporalmente de la agenda de la oposición el tema de los candidatos, y concentrar fuerzas y energías en una movilización ciudadana que, lejos del efecto perturbador de las ambiciones personales, haga oír y sentir su voluntad colectiva para impedir que el totalitarismo logre derrotar a la democracia.

Siendo tan grande el desafío que se tiene al frente, es de esperar que ambas iniciativas, la originada en Santa Cruz y la encabezada por Cárdenas, confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina.

La tarea no será fácil, pues además de las acciones del oficialismo deberán enfrentar la acción disociadora de individuos que, sin tener mérito alguno, aspiran a ser candidatos sin tener más norte que su ya patológico egocentrismo.