Hace unos días el presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger.
La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona. Esta idea fue ya propuesta por Xavier Sala I Martin y Arvind Subramanian en un documento de trabajo para el FMI.
Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.
Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.
En marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.
La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).
Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.
En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.
Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.
Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.
En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.
El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.
Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.
Roberto LasernaEconomista
Fuente: Los Tiempos
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domingo, 1 de noviembre de 2009
domingo, 18 de octubre de 2009
También la lluvia… y sobre todo (Roberto Laserna)
No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4.400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años
Según informa la prensa, se comenzó a rodar una película en Cochabamba sobre la guerra del agua de abril del 2000. La protagoniza el buen actor mexicano Gael García, y la dirige Iciar Bollaín, ganadora de varios premios en su carrera.
Es gente de oficio y seguramente en la elaboración del guión habrá buscado asesoramiento profesional, pues aunque la película será ficción, si resulta buena proyectará una imagen que terminará reemplazando a la realidad. Y la realidad fue dramática y socialmente muy costosa como para no respetarla, por lo menos en sus aspectos fundamentales.
De todos modos, es bueno que los cochabambinos no olvidemos lo que fue la guerra del agua, sus equivocados preámbulos, su heroico y confuso desarrollo, y sus penosas consecuencias. Esas que todavía vivimos aunque a veces querramos ignorarlas, aferrándonos a una imagen de victorias y triunfos que son desmentidos cada día en los barrios populares de nuestra ciudad.
Si algo es importante para entender lo que fue la guerra del agua es, precisamente, lo que ocurre en los barrios populares.
En 1999 se autorizó la privatización de Semapa, la empresa distribuidora del agua, obligando a la concesionaria internacional a utilizar las aguas de Misicuni en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de otros expertos. En ese tiempo, los barrios populares de Cochabamba se abastecían de agua a costos elevados, sin control de calidad y en cantidades insuficientes.
Los carros aguateros llevaban agua cruda, sin tratar, y la vendían por turriles a precios que multiplicaban por siete los de la empresa municipal. Esa diferencia hacía que proliferaran otras formas de abastecimiento, como las asociaciones y cooperativas informales de grupos que perforaban un pozo común y se distribuían los costos, llevando a su casa agua sin tratar, a veces contaminada, pero en flujos más o menos continuos y relativamente baratos. Las familias más pudientes perforaban sus propios pozos y, si podían, entraban más profundo y vendían agua a los vecinos o a los camiones aguateros.
La empresa municipal apenas lograba abastecer la mitad de las necesidades de la población y el resto se las arreglaba como podía. Los pobres pagaban los precios más elevados por la peor agua.
La guerra del agua fue iniciada por los sectores medios en rechazo al aumento de tarifas. El aumento reflejaba la obligación de financiar Misicuni y expandir el servicio. Eran más altas, pero aún así daban agua mucho más barata que la que conseguían los que no estaban conectados a la red municipal. La gente de los barrios populares se sumó a la revuelta con la esperanza de evitar que la transnacional “se lleve el agua” o se adueñe “también de la lluvia”, como aseguraban los demagogos, pero sobre todo con el deseo de cambiar su situación.
La protesta fue tan amplia y vigorosa que el gobierno retrocedió en los planes de privatización y canceló el contrato con la empresa transnacional. Esta apenas había invertido y se alejó sin defenderse, buscando refugio en leyes y convenios.
Han pasado nueve años desde entonces. La empresa municipal no ha podido aumentar la cobertura del servicio mientras la ciudad ha seguido creciendo, de manera que hoy son muchas más las familias que deben recurrir a pozos, asociaciones o carros aguateros. Las consignas de “el agua es vida” y “el agua es un derecho humano” son parte de nuestras convicciones y han sido inscritas incluso en la nueva Constitución, pero detrás de ellas sigue existiendo un pujante mercado negro del agua (la de la lluvia también) que tiene a los más pobres entre sus víctimas más rentables.
Precisamente en estos días se difunden informaciones de la empresa distribuidora del agua, Semapa, que la muestran sometida a los caprichos corporativos de sus trabajadores y sin capacidad alguna para contraer créditos, evitar fugas de agua o cobrar tarifas que garanticen un servicio equitativo para los cochabambinos.
El problema, claro está, no es solamente de agua. Es de salud, y por tanto de vida o muerte. La mortalidad infantil en los barrios sin agua tratada sigue siendo más alta que en el resto de la ciudad, y posiblemente debido a esta carencia. Basado en las diferencias de tasas de mortalidad, en marzo del año 2000 calculé que la falta de agua en los barrios populares causa la muerte de 40 niños por mes. Esto quiere decir que desde la guerra del agua han muerto por falta de agua más de 4400 niños en Cochabamba. Ese es el verdadero costo de haber postergado todos estos años la solución al problema del agua.
Es cierto que el contrato de entonces no era el mejor, y es cierto que el pueblo mostró coraje y decisión en las calles de la ciudad. También es cierto que se expulsó a una empresa transnacional, pero también es cierto que ésta nunca se defendió.
Y es cierto que se derrotó al ex dictador Banzer, y se le cobró el atrevimiento de haber retornado elegido en las urnas. También cayeron partidos y surgieron nuevos líderes, y murió un muchacho y otros fueron heridos. Todo eso es cierto y permite a ideólogos y artistas recrear la emoción de la dignidad ganada en esos días, cuando los cochabambinos creímos todas las mentiras y promesas con tal de rechazar a los policías que querían imponer las equivocaciones de los gobernantes.
Pero la guerra del agua nos ha dejado igual o peor que el año 2000. Por eso me animo a complementar el título de la película para describir la situación del agua: La lluvia también… y sobre todo. Porque hoy, más que en el 2000, dependemos en Cochabamba de la lluvia mucho más que de la empresa municipal y de las promesas traidoras que nos hicieron.
No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4.400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años.
Fuente: Los Tiempos
Según informa la prensa, se comenzó a rodar una película en Cochabamba sobre la guerra del agua de abril del 2000. La protagoniza el buen actor mexicano Gael García, y la dirige Iciar Bollaín, ganadora de varios premios en su carrera.
Es gente de oficio y seguramente en la elaboración del guión habrá buscado asesoramiento profesional, pues aunque la película será ficción, si resulta buena proyectará una imagen que terminará reemplazando a la realidad. Y la realidad fue dramática y socialmente muy costosa como para no respetarla, por lo menos en sus aspectos fundamentales.
De todos modos, es bueno que los cochabambinos no olvidemos lo que fue la guerra del agua, sus equivocados preámbulos, su heroico y confuso desarrollo, y sus penosas consecuencias. Esas que todavía vivimos aunque a veces querramos ignorarlas, aferrándonos a una imagen de victorias y triunfos que son desmentidos cada día en los barrios populares de nuestra ciudad.
Si algo es importante para entender lo que fue la guerra del agua es, precisamente, lo que ocurre en los barrios populares.
En 1999 se autorizó la privatización de Semapa, la empresa distribuidora del agua, obligando a la concesionaria internacional a utilizar las aguas de Misicuni en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de otros expertos. En ese tiempo, los barrios populares de Cochabamba se abastecían de agua a costos elevados, sin control de calidad y en cantidades insuficientes.
Los carros aguateros llevaban agua cruda, sin tratar, y la vendían por turriles a precios que multiplicaban por siete los de la empresa municipal. Esa diferencia hacía que proliferaran otras formas de abastecimiento, como las asociaciones y cooperativas informales de grupos que perforaban un pozo común y se distribuían los costos, llevando a su casa agua sin tratar, a veces contaminada, pero en flujos más o menos continuos y relativamente baratos. Las familias más pudientes perforaban sus propios pozos y, si podían, entraban más profundo y vendían agua a los vecinos o a los camiones aguateros.
La empresa municipal apenas lograba abastecer la mitad de las necesidades de la población y el resto se las arreglaba como podía. Los pobres pagaban los precios más elevados por la peor agua.
La guerra del agua fue iniciada por los sectores medios en rechazo al aumento de tarifas. El aumento reflejaba la obligación de financiar Misicuni y expandir el servicio. Eran más altas, pero aún así daban agua mucho más barata que la que conseguían los que no estaban conectados a la red municipal. La gente de los barrios populares se sumó a la revuelta con la esperanza de evitar que la transnacional “se lleve el agua” o se adueñe “también de la lluvia”, como aseguraban los demagogos, pero sobre todo con el deseo de cambiar su situación.
La protesta fue tan amplia y vigorosa que el gobierno retrocedió en los planes de privatización y canceló el contrato con la empresa transnacional. Esta apenas había invertido y se alejó sin defenderse, buscando refugio en leyes y convenios.
Han pasado nueve años desde entonces. La empresa municipal no ha podido aumentar la cobertura del servicio mientras la ciudad ha seguido creciendo, de manera que hoy son muchas más las familias que deben recurrir a pozos, asociaciones o carros aguateros. Las consignas de “el agua es vida” y “el agua es un derecho humano” son parte de nuestras convicciones y han sido inscritas incluso en la nueva Constitución, pero detrás de ellas sigue existiendo un pujante mercado negro del agua (la de la lluvia también) que tiene a los más pobres entre sus víctimas más rentables.
Precisamente en estos días se difunden informaciones de la empresa distribuidora del agua, Semapa, que la muestran sometida a los caprichos corporativos de sus trabajadores y sin capacidad alguna para contraer créditos, evitar fugas de agua o cobrar tarifas que garanticen un servicio equitativo para los cochabambinos.
El problema, claro está, no es solamente de agua. Es de salud, y por tanto de vida o muerte. La mortalidad infantil en los barrios sin agua tratada sigue siendo más alta que en el resto de la ciudad, y posiblemente debido a esta carencia. Basado en las diferencias de tasas de mortalidad, en marzo del año 2000 calculé que la falta de agua en los barrios populares causa la muerte de 40 niños por mes. Esto quiere decir que desde la guerra del agua han muerto por falta de agua más de 4400 niños en Cochabamba. Ese es el verdadero costo de haber postergado todos estos años la solución al problema del agua.
Es cierto que el contrato de entonces no era el mejor, y es cierto que el pueblo mostró coraje y decisión en las calles de la ciudad. También es cierto que se expulsó a una empresa transnacional, pero también es cierto que ésta nunca se defendió.
Y es cierto que se derrotó al ex dictador Banzer, y se le cobró el atrevimiento de haber retornado elegido en las urnas. También cayeron partidos y surgieron nuevos líderes, y murió un muchacho y otros fueron heridos. Todo eso es cierto y permite a ideólogos y artistas recrear la emoción de la dignidad ganada en esos días, cuando los cochabambinos creímos todas las mentiras y promesas con tal de rechazar a los policías que querían imponer las equivocaciones de los gobernantes.
Pero la guerra del agua nos ha dejado igual o peor que el año 2000. Por eso me animo a complementar el título de la película para describir la situación del agua: La lluvia también… y sobre todo. Porque hoy, más que en el 2000, dependemos en Cochabamba de la lluvia mucho más que de la empresa municipal y de las promesas traidoras que nos hicieron.
No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4.400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años.
Fuente: Los Tiempos
miércoles, 5 de agosto de 2009
Fracaso del igualitarismo (Roberto Laserna)
Las revoluciones, casi siempre impulsadas por la lucha contra la desigualdad, están condenadas al fracaso. No importa cuán radical sea la redistribución de riquezas que ellas logren ni cuánta violencia ejerzan para prevenir la acumulación, la desigualdad renace desde su propio núcleo.
El único éxito de largo plazo que tienen las revoluciones es no intencionado, y consiste en abrir espacios para la movilidad social. Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es muy alto si se lo compara con los procesos graduales de cambio social y económico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos, además, evitan la confusión entre desigualdad e injusticia, y generan una equidad más sólida y duradera.
El secreto de Herbert Klein
La primera parte de la tesis anterior está sustentada en un libro publicado en 1981: La revolución y el renacimiento de la desigualdad. Una teoría aplicada a la Revolución Nacional en Bolivia. Es sorprendente que este libro no se conozca en nuestro país, considerando la obsesión que tenemos con las reformas del 52 y que tiene como coautor a un reconocido “bolivianista”: Herbert Klein. El otro es Jonathan Kelley.
Ellos sostienen que Bolivia prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones. Su libro se basa en datos referidos a la generación que vive la revolución y a la que le sigue, obtenidos de una encuesta realizada a 1130 jefes de hogar en seis comunidades de altiplano, valles y llanos, las que fueron detalladamente estudiadas por antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas entre 1965 y 1966.
Estos estudios permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein, que miden las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la revolución y muestran que los cambios radicales que implicaron la redistribución de tierras, la reorientación del gasto fiscal y la expropiación de ahorros por la inflación tuvieron impacto igualitario. Pero también descubren la corta duración de ese impacto, y detectan el rápido renacimiento de la desigualdad, la cual incluso alcanza niveles más acentuados.
Igualitarismo imposible
Las revoluciones fracasan porque pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándola a los que tienen más y dándola a los que no la tienen, pero no pueden redistribuir otras riquezas no materiales como la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que están desigualmente distribuidas, tarde o temprano también se manifiestan materialmente. Y es que las sociedades no son estáticas y, como otras de sus características, las desigualdades se producen y reproducen continuamente. Son al mismo tiempo causa y resultado. Las riquezas (y las pobrezas) materiales y no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
El fracaso de la revolución no se debe, en consecuencia, a la traición de sus líderes, a la desviación ideológica de sus conductores o a la ineficiencia de sus administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento de la nueva desigualdad o esconderla, pero al costo de una inmensa represión, a veces sólo política, pero muchas veces también cultural y económica.
El libro demuestra que había desigualdad antes y que hubo desigualdad después, en niveles incluso más profundos, pero no reconoce que se trata de una “nueva” desigualdad. Nueva no sólo en magnitud sino también en las causas que la originan y en los estratos sociales que la viven. En la estructura que emerge de la revolución los recursos que permiten la acumulación ya no son los de antes, son distintos, y los individuos o grupos que los controlan y utilizan son también nuevos.
Si bien es cierto que las revoluciones se hacen para luchar contra la desigualdad y fracasan en ese intento, no es menos cierto que una intención oculta de los revolucionarios es romper los obstáculos a la movilidad social. Y lo logran.
Lo importante es la equidad
En realidad, si todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad, tienen cierto éxito en su motivación más profunda y no siempre explícita: todas reemplazan a unos ricos por otros, sacan a algunos grupos del poder y encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Su problema es que confunden la desigualdad con la inequidad, cuando la importante es esta última, que alude a la dimensión de injusticia que puede haber en la desigualdad. Una desigualdad es injusta solamente cuando es impuesta y resulta insuperable.
Las revoluciones y los revolucionarios ignoran esa diferencia y tratan de resolver las injusticias eliminando las desigualdades, lo que ya ha resultado trágico para millones de personas.
La alternativa que enseña la historia es que, siendo la desigualdad inevitable, el antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino la movilidad social.
Y aunque ésta puede considerarse un pequeño “éxito” dentro del gran fracaso de las revoluciones, no llega a justificarlas debido a los elevados costos que éstas imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia; y costos económicos, de rezago en el crecimiento. En esto, Bolivia es también un caso modelo: en términos reales, el PIB per cápita del año 1965 era inferior al de principios de los años 50.
En suma, si bien la revolución nacional fracasó en su igualitarismo y desató cierta movilidad social, no la pudo ampliar debido al estancamiento de la economía provocado por ella misma, por sus convulsiones y el debilitamiento de las instituciones.
Es necesario aprender las lecciones que esto nos deja ahora que estamos viviendo bajo una nueva obsesión igualitarista. Para ello, debemos ir más allá de la desigualdad y preocuparnos por lo que verdaderamente importa, que es la equidad. Nuestra propia historia y la de otros países muestran que la podemos conseguir, en forma gradual pero segura, si abrimos nuestra economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las libertades individuales, si impulsamos el crecimiento de la economía.
En síntesis, el voluntarismo político puede generar lo opuesto a lo que se busca. La justicia social se la alcanza de mejor manera y es más perdurable con la gradualidad del desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.
Fuente: La Razón
El único éxito de largo plazo que tienen las revoluciones es no intencionado, y consiste en abrir espacios para la movilidad social. Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es muy alto si se lo compara con los procesos graduales de cambio social y económico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos, además, evitan la confusión entre desigualdad e injusticia, y generan una equidad más sólida y duradera.
El secreto de Herbert Klein
La primera parte de la tesis anterior está sustentada en un libro publicado en 1981: La revolución y el renacimiento de la desigualdad. Una teoría aplicada a la Revolución Nacional en Bolivia. Es sorprendente que este libro no se conozca en nuestro país, considerando la obsesión que tenemos con las reformas del 52 y que tiene como coautor a un reconocido “bolivianista”: Herbert Klein. El otro es Jonathan Kelley.
Ellos sostienen que Bolivia prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones. Su libro se basa en datos referidos a la generación que vive la revolución y a la que le sigue, obtenidos de una encuesta realizada a 1130 jefes de hogar en seis comunidades de altiplano, valles y llanos, las que fueron detalladamente estudiadas por antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas entre 1965 y 1966.
Estos estudios permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein, que miden las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la revolución y muestran que los cambios radicales que implicaron la redistribución de tierras, la reorientación del gasto fiscal y la expropiación de ahorros por la inflación tuvieron impacto igualitario. Pero también descubren la corta duración de ese impacto, y detectan el rápido renacimiento de la desigualdad, la cual incluso alcanza niveles más acentuados.
Igualitarismo imposible
Las revoluciones fracasan porque pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándola a los que tienen más y dándola a los que no la tienen, pero no pueden redistribuir otras riquezas no materiales como la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que están desigualmente distribuidas, tarde o temprano también se manifiestan materialmente. Y es que las sociedades no son estáticas y, como otras de sus características, las desigualdades se producen y reproducen continuamente. Son al mismo tiempo causa y resultado. Las riquezas (y las pobrezas) materiales y no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
El fracaso de la revolución no se debe, en consecuencia, a la traición de sus líderes, a la desviación ideológica de sus conductores o a la ineficiencia de sus administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento de la nueva desigualdad o esconderla, pero al costo de una inmensa represión, a veces sólo política, pero muchas veces también cultural y económica.
El libro demuestra que había desigualdad antes y que hubo desigualdad después, en niveles incluso más profundos, pero no reconoce que se trata de una “nueva” desigualdad. Nueva no sólo en magnitud sino también en las causas que la originan y en los estratos sociales que la viven. En la estructura que emerge de la revolución los recursos que permiten la acumulación ya no son los de antes, son distintos, y los individuos o grupos que los controlan y utilizan son también nuevos.
Si bien es cierto que las revoluciones se hacen para luchar contra la desigualdad y fracasan en ese intento, no es menos cierto que una intención oculta de los revolucionarios es romper los obstáculos a la movilidad social. Y lo logran.
Lo importante es la equidad
En realidad, si todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad, tienen cierto éxito en su motivación más profunda y no siempre explícita: todas reemplazan a unos ricos por otros, sacan a algunos grupos del poder y encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Su problema es que confunden la desigualdad con la inequidad, cuando la importante es esta última, que alude a la dimensión de injusticia que puede haber en la desigualdad. Una desigualdad es injusta solamente cuando es impuesta y resulta insuperable.
Las revoluciones y los revolucionarios ignoran esa diferencia y tratan de resolver las injusticias eliminando las desigualdades, lo que ya ha resultado trágico para millones de personas.
La alternativa que enseña la historia es que, siendo la desigualdad inevitable, el antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino la movilidad social.
Y aunque ésta puede considerarse un pequeño “éxito” dentro del gran fracaso de las revoluciones, no llega a justificarlas debido a los elevados costos que éstas imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia; y costos económicos, de rezago en el crecimiento. En esto, Bolivia es también un caso modelo: en términos reales, el PIB per cápita del año 1965 era inferior al de principios de los años 50.
En suma, si bien la revolución nacional fracasó en su igualitarismo y desató cierta movilidad social, no la pudo ampliar debido al estancamiento de la economía provocado por ella misma, por sus convulsiones y el debilitamiento de las instituciones.
Es necesario aprender las lecciones que esto nos deja ahora que estamos viviendo bajo una nueva obsesión igualitarista. Para ello, debemos ir más allá de la desigualdad y preocuparnos por lo que verdaderamente importa, que es la equidad. Nuestra propia historia y la de otros países muestran que la podemos conseguir, en forma gradual pero segura, si abrimos nuestra economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las libertades individuales, si impulsamos el crecimiento de la economía.
En síntesis, el voluntarismo político puede generar lo opuesto a lo que se busca. La justicia social se la alcanza de mejor manera y es más perdurable con la gradualidad del desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.
Fuente: La Razón
miércoles, 1 de julio de 2009
Ejecución presupuestaria (Roberto Laserna)
Hay un tema en el centro del debate que combina política y gestión pública: el de la ejecución presupuestaria. El Gobierno actualizó la controversia con un decreto que revierte los recursos que las prefecturas no gasten en seguridad ciudadana.
Esto agrava un problema ya serio.
En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.
La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).
El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.
Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.
El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.
La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.
En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?
En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.
Fuente: Los Tiempos
Esto agrava un problema ya serio.
En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.
La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y al finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).
El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.
Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.
El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.
La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan “policía” sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.
En este caso hay un problema adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la Policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas?
En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.
Fuente: Los Tiempos
domingo, 28 de diciembre de 2008
Costo de la reforma constitucional (Roberto Laserna)
Es lamentable que hasta ahora los promotores de la reforma constitucional no hayan informado lo que puede costarle al país esa iniciativa. Tampoco la UCAC, la Repac, Udape o la Asamblea Constituyente hicieron nunca estimaciones de cuánto podría costarle al país cada una de las reformas y mucho menos el conjunto reunido en el proyecto que se votará en enero.
No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.
Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.
Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.
Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.
Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.
El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.
Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.
Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.
Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.
Fuente: La Razón
No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.
Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.
Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.
Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.
Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.
El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.
Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.
Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.
Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.
Fuente: La Razón
viernes, 28 de noviembre de 2008
Los menonitas y el estado pluricultural (Roberto Laserna)
Cada día que pasa hay algún dato nuevo para reconocer cuál es la naturaleza profunda del proyecto de cambio que impulsan algunas de las autoridades del gobierno. Y poco a poco se descubre que es una naturaleza autoritaria, intolerante y antidemocrática. La última muestra está en la decisión de expulsar "por las buenas" a los menonitas, por ser "extremadamente conservadores".
Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.
Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.
¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.
¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.
La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.
Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?
Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.
Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.
Fuente: Los Tiempos
Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.
Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.
¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.
¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.
La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.
Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?
Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.
Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.
Fuente: Los Tiempos
domingo, 16 de noviembre de 2008
El ex guerrillero y la Constitución (Roberto Laserna)
El 20 de octubre de 2008, cuando el Congreso se reunía para dar forma al acuerdo político de transacción, y la Plaza Murillo se hallaba invadida por militantes del gobierno que disfrazaban su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, mi atención saltaba de la pantalla de televisión a un libro que tenía en las manos. Se trataba de “¡Qué solos se quedan los muertos!”, la novela de Ramón Rocha basada en la vida del Mariscal Sucre. Así, leí a saltos interrumpidos por las noticias de la Plaza Murillo la historia del primer intento de golpe de Estado en Bolivia, cuando un grupo de amotinados en abril de 1828 alcanzó a herir a Sucre, obligándolo a delegar el mando a su Ministro Urdininea.
Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.
Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.
¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!
El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.
¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).
Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.
Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.
¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?
La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.
El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.
Fuente: Los Tiempos
Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.
Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.
¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!
El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.
¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).
Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.
Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.
¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?
La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.
El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.
Fuente: Los Tiempos
miércoles, 13 de febrero de 2008
El país más desigual... (Roberto Laserna)
Bolivia no es ciertamente un modelo de equidad, pero está muy lejos de ser es “el país más desigual”, como afirman muchos informes de organismos internacionales y no pocos documentos políticos. Es que en ellos la desigualdad se define en base a la distribución del ingreso. Pero en una economía heterogénea como la nuestra, en la que una parte de lo que satisface las necesidades de la gente proviene de bienes producidos en el hogar o de transacciones e intercambios no monetarios, resulta más apropiado observar la distribución del consumo. Cuando se procede de esta manera se confirma que en Bolivia la pobreza es un problema mucho más grave que la desigualdad.
La estructura del consumo, que define mejor que los ingresos monetarios la situación económica real de las familias, nos informa que el coeficiente de Gini de Bolivia es del 43.8%, que es mucho más bajo que el 57.8% que se le atribuye al país e incluso inferior al de países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica.
La fuente más importante de datos respecto de la situación de las familias bolivianas es la encuesta de hogares que aplica el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Ver gráfico)
La base de datos disponible más reciente es la del año 2005.
Esta encuesta es larga y muy detallada, y el personal puede aplicarla en varias visitas a los hogares a fin de completar la información. A los ingresos y gastos se dedica mucho tiempo en la encuesta, pues se trata de obtener información que a veces el propio hogar desconoce si no lleva una contabilidad rigurosa de lo que recibe, vende y compra. Por lo tanto, la información de los ingresos y gastos totales que la familia recibe cada mes no provienen de una sola pregunta, sino de las sumas que se hacen al procesar la encuesta con las respuestas que se han dado acerca de los ingresos y gastos de todos los miembros del hogar. También se hacen esfuerzos para cuantificar el valor monetario de las transferencias gratuitas, de los bienes que se producen y consumen dentro del hogar y de los intercambios de bienes por bienes o bienes por servicios entre familias.
Los especialistas tienen mayor confianza en los datos de gastos que en los de ingresos, debido a que la gente tiende a mencionar cifras inferiores de ingresos. El temor de que los datos se usen para cobrarles impuestos es lo que explica con más frecuencia esa “subdeclaración”, cuando no otros temas de conveniencia personal o grupal. En cambio los gastos se registran con más detalle (cuánto compra de pan al día, cuánto paga de alquiler al mes, etc.), por lo que se obtienen datos más confiables. Y dado que se toma en cuenta el autoconsumo y los intercambios no monetarios, la información sobre gastos proporciona una mejor aproximación a la situación económica real de las personas.
Comparemos las estructuras de ingresos y gastos en Bolivia, en base a la encuesta de hogares del 2005.
En el cuadro que acompaña este artículo se muestra la población dividida en diez grupos de similar dimensión demográfica y ordenados según sus niveles de consumo (deciles, les llaman los estadísticos). En las dos primeras columnas están los porcentajes de ingresos y de gastos que corresponden a cada decil, y en las dos últimas los niveles promedio de ingreso y gasto mensuales por persona.
DECIL --% del Ingreso----% del Gasto---Ing mensual----Gasto mensual
-----------de Hogares ------per capita------per capita -------per capita
---------------1-------------------2----------------3------------------4----------
10% mas
bajo--------0.29--------------1.67------------65.7----------------70.4-----
2 -----------1.09--------------3.03-----------118.0---------------128.0----
3 -----------2.20--------- ----4.06-----------164.9---------------170.8---
4 -----------3.43---------- ---5.14 -----------219.6---------------218.5
5 -----------4.70 -------------6.42 -----------268.3 --------------270.9
6 -----------6.28 -------------7.80 -----------334.4 --------------329.3
7 -----------8.35 -------------9.57 -----------466.7 --------------404.3
8 ----------11.49 ---------- -12.01 -- ---------588.4 --------------507.9
9 ----------16.86 -----------16.34 -- ---------692.2 ----- --------688.0
10% mas
alto -------45.31 -----------33.95 ----------1896.2 ------------1435.7
-------------100 -----------100.00 -----------475.9 ------------- -422.3 -----------
Gini -------- 57.8% --------43.8% ----------48.5% --------------43.8%
Notas: 1 es Ingreso de los hogares por deciles de ingreso, 2 es gastos por persona por deciles de gastos, 3 es ingreso promedio por persona en cada decil de gasto, 4 es gasto por persona por decil de gasto. Datos de la Mecivi 2005, INE
En general suele concentrar la atención en la columna 1, que muestra las proporciones de ingresos monetarios que perciben los hogares, ordenados desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Vista así, la desigualdad es enorme. Mientras el 10% más pobre de la población recibe solamente el 0.29% de los ingresos, en el otro extremo se encuentra el 10% más rico, que percibe el 45.31% de los ingresos. La distancia, medida por ingreso familiar mensual, es enorme. El decil más rico recibe en promedio 154 veces más que los hogares más pobres. Estos datos suelen expresarse a través de un coeficiente de desigualdad, que se llama de Gini, y que con estos datos alcanza al 57.8%. Es justamente de este dato que ha salido la idea de “el país más desigual”, que se repite tanto en los documentos políticos como en los de la cooperación internacional.
Prestemos ahora atención a las columnas 2 y 4, a las que pocas veces se hace referencia a pesar de que, como anticipamos, se considera que esos datos son más representativos de la verdadera situación económica de la gente.
La columna 2 muestra la desigualdad real. El 10% más pobre gasta el 1.67% del total de los gastos de las familias, y el 10% más rico gasta casi el 34% de ese total. Hay desigualdad pero es menor a la que se vio en el caso de los ingresos. En el decil más pobre el gasto promedio mensual por persona es de 70 bolivianos, en tanto que los más ricos tienen un gasto mensual por persona de 1436 bolivianos, 20 veces más (y no las 154 veces que se veía en la medición del ingreso que tampoco tomaba en cuenta los tamaños de las familias).
Como se afirmó antes, el indicador de desigualdad de Gini calculado con estos datos es del 43.8%, catorce puntos más cerca de la igualdad que el Gini de ingresos.
El gráfico reproduce la misma información mediante las denominadas curvas de Lorenz. Mientras más se acerca la línea a la diagonal, la desigualdad es menor. Los ingresos familiares están representados por la curva con puntos. Los gastos por persona por la línea con cuadrados. Estos tienen una distribución más igualitaria como lo muestra su mayor cercanía a la diagonal.
Por supuesto que hay desigualdades, y no se las puede ni debe ignorar. Pero tampoco se las debe exagerar porque se corre el riesgo de reproducir los errores que las generaron.
Además de los problemas de método que tienen que ver con la recolección y el procesamiento de los datos, que explican en parte las diferencias, esta información refuerza la necesidad de tomar en cuenta la economía del ch´enko que caracteriza a Bolivia. El concepto del ch´enko se refiere a la heterogeneidad estructural y la coexistencia de sistemas de producción y de racionalidades económicas muy diferentes que se relacionan de forma compleja, aprovechándose y obstruyéndose mutuamente. En el análisis estadístico es relevante tomar en cuenta este concepto porque nos recuerda que los datos monetarios dan visibilidad a sólo una parte de la economía, manteniendo al resto en la oscuridad estadística. La desigualdad de ingresos se refiere a esa parte visible, en tanto que la de los gastos toma en cuenta también, por lo menos en alguna medida, a la parte de la economía más oscura o menos monetizada.
Esta información, en definitiva, exige repensar las prioridades de política económica en el país y superar los prejuicios con que se ha mirado el pasado reciente. El problema principal de Bolivia no es la desigualdad sino la pobreza y, por lo tanto, el desafío principal que tenemos por delante es el de la creación de riqueza, no el de su distribución. Tal vez la distribución pueda estar entre los objetivos de los organismos públicos, pero la creación de riqueza solamente se puede alcanzar cuando se convierte en un objetivo de la sociedad en su conjunto. Nunca una burocracia estatal ha sido capaz de cumplir la tarea de crear riqueza en la escala que se necesita para superar la pobreza. Las sociedades, en cambio, sí lo han sido… y muchas veces.
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Fuente: Pulso
La estructura del consumo, que define mejor que los ingresos monetarios la situación económica real de las familias, nos informa que el coeficiente de Gini de Bolivia es del 43.8%, que es mucho más bajo que el 57.8% que se le atribuye al país e incluso inferior al de países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica.
La fuente más importante de datos respecto de la situación de las familias bolivianas es la encuesta de hogares que aplica el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Ver gráfico)
La base de datos disponible más reciente es la del año 2005.
Esta encuesta es larga y muy detallada, y el personal puede aplicarla en varias visitas a los hogares a fin de completar la información. A los ingresos y gastos se dedica mucho tiempo en la encuesta, pues se trata de obtener información que a veces el propio hogar desconoce si no lleva una contabilidad rigurosa de lo que recibe, vende y compra. Por lo tanto, la información de los ingresos y gastos totales que la familia recibe cada mes no provienen de una sola pregunta, sino de las sumas que se hacen al procesar la encuesta con las respuestas que se han dado acerca de los ingresos y gastos de todos los miembros del hogar. También se hacen esfuerzos para cuantificar el valor monetario de las transferencias gratuitas, de los bienes que se producen y consumen dentro del hogar y de los intercambios de bienes por bienes o bienes por servicios entre familias.
Los especialistas tienen mayor confianza en los datos de gastos que en los de ingresos, debido a que la gente tiende a mencionar cifras inferiores de ingresos. El temor de que los datos se usen para cobrarles impuestos es lo que explica con más frecuencia esa “subdeclaración”, cuando no otros temas de conveniencia personal o grupal. En cambio los gastos se registran con más detalle (cuánto compra de pan al día, cuánto paga de alquiler al mes, etc.), por lo que se obtienen datos más confiables. Y dado que se toma en cuenta el autoconsumo y los intercambios no monetarios, la información sobre gastos proporciona una mejor aproximación a la situación económica real de las personas.
Comparemos las estructuras de ingresos y gastos en Bolivia, en base a la encuesta de hogares del 2005.
En el cuadro que acompaña este artículo se muestra la población dividida en diez grupos de similar dimensión demográfica y ordenados según sus niveles de consumo (deciles, les llaman los estadísticos). En las dos primeras columnas están los porcentajes de ingresos y de gastos que corresponden a cada decil, y en las dos últimas los niveles promedio de ingreso y gasto mensuales por persona.
DECIL --% del Ingreso----% del Gasto---Ing mensual----Gasto mensual
-----------de Hogares ------per capita------per capita -------per capita
---------------1-------------------2----------------3------------------4----------
10% mas
bajo--------0.29--------------1.67------------65.7----------------70.4-----
2 -----------1.09--------------3.03-----------118.0---------------128.0----
3 -----------2.20--------- ----4.06-----------164.9---------------170.8---
4 -----------3.43---------- ---5.14 -----------219.6---------------218.5
5 -----------4.70 -------------6.42 -----------268.3 --------------270.9
6 -----------6.28 -------------7.80 -----------334.4 --------------329.3
7 -----------8.35 -------------9.57 -----------466.7 --------------404.3
8 ----------11.49 ---------- -12.01 -- ---------588.4 --------------507.9
9 ----------16.86 -----------16.34 -- ---------692.2 ----- --------688.0
10% mas
alto -------45.31 -----------33.95 ----------1896.2 ------------1435.7
-------------100 -----------100.00 -----------475.9 ------------- -422.3 -----------
Gini -------- 57.8% --------43.8% ----------48.5% --------------43.8%
Notas: 1 es Ingreso de los hogares por deciles de ingreso, 2 es gastos por persona por deciles de gastos, 3 es ingreso promedio por persona en cada decil de gasto, 4 es gasto por persona por decil de gasto. Datos de la Mecivi 2005, INE
En general suele concentrar la atención en la columna 1, que muestra las proporciones de ingresos monetarios que perciben los hogares, ordenados desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Vista así, la desigualdad es enorme. Mientras el 10% más pobre de la población recibe solamente el 0.29% de los ingresos, en el otro extremo se encuentra el 10% más rico, que percibe el 45.31% de los ingresos. La distancia, medida por ingreso familiar mensual, es enorme. El decil más rico recibe en promedio 154 veces más que los hogares más pobres. Estos datos suelen expresarse a través de un coeficiente de desigualdad, que se llama de Gini, y que con estos datos alcanza al 57.8%. Es justamente de este dato que ha salido la idea de “el país más desigual”, que se repite tanto en los documentos políticos como en los de la cooperación internacional.
Prestemos ahora atención a las columnas 2 y 4, a las que pocas veces se hace referencia a pesar de que, como anticipamos, se considera que esos datos son más representativos de la verdadera situación económica de la gente.
La columna 2 muestra la desigualdad real. El 10% más pobre gasta el 1.67% del total de los gastos de las familias, y el 10% más rico gasta casi el 34% de ese total. Hay desigualdad pero es menor a la que se vio en el caso de los ingresos. En el decil más pobre el gasto promedio mensual por persona es de 70 bolivianos, en tanto que los más ricos tienen un gasto mensual por persona de 1436 bolivianos, 20 veces más (y no las 154 veces que se veía en la medición del ingreso que tampoco tomaba en cuenta los tamaños de las familias).
Como se afirmó antes, el indicador de desigualdad de Gini calculado con estos datos es del 43.8%, catorce puntos más cerca de la igualdad que el Gini de ingresos.
El gráfico reproduce la misma información mediante las denominadas curvas de Lorenz. Mientras más se acerca la línea a la diagonal, la desigualdad es menor. Los ingresos familiares están representados por la curva con puntos. Los gastos por persona por la línea con cuadrados. Estos tienen una distribución más igualitaria como lo muestra su mayor cercanía a la diagonal.
Por supuesto que hay desigualdades, y no se las puede ni debe ignorar. Pero tampoco se las debe exagerar porque se corre el riesgo de reproducir los errores que las generaron.
Además de los problemas de método que tienen que ver con la recolección y el procesamiento de los datos, que explican en parte las diferencias, esta información refuerza la necesidad de tomar en cuenta la economía del ch´enko que caracteriza a Bolivia. El concepto del ch´enko se refiere a la heterogeneidad estructural y la coexistencia de sistemas de producción y de racionalidades económicas muy diferentes que se relacionan de forma compleja, aprovechándose y obstruyéndose mutuamente. En el análisis estadístico es relevante tomar en cuenta este concepto porque nos recuerda que los datos monetarios dan visibilidad a sólo una parte de la economía, manteniendo al resto en la oscuridad estadística. La desigualdad de ingresos se refiere a esa parte visible, en tanto que la de los gastos toma en cuenta también, por lo menos en alguna medida, a la parte de la economía más oscura o menos monetizada.
Esta información, en definitiva, exige repensar las prioridades de política económica en el país y superar los prejuicios con que se ha mirado el pasado reciente. El problema principal de Bolivia no es la desigualdad sino la pobreza y, por lo tanto, el desafío principal que tenemos por delante es el de la creación de riqueza, no el de su distribución. Tal vez la distribución pueda estar entre los objetivos de los organismos públicos, pero la creación de riqueza solamente se puede alcanzar cuando se convierte en un objetivo de la sociedad en su conjunto. Nunca una burocracia estatal ha sido capaz de cumplir la tarea de crear riqueza en la escala que se necesita para superar la pobreza. Las sociedades, en cambio, sí lo han sido… y muchas veces.
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Fuente: Pulso
domingo, 23 de julio de 2006
Inflación y Desigualdad (Roberto Laserna)
La inflación suele ser definida como un aumento en el nivel de precios, lo cual concentra la atención del debate y de la política en el Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, es necesario recordar que también es un mecanismo de redistribución de ingresos. Y es que la inflación aumenta los precios pero a ritmos y velocidades diferentes, perjudicando más a unos que a otros, y cambiando la estructura de distribución de ingresos. Por lo tanto, la inflación incide en la desigualdad, con frecuencia profundizando las brechas y agravando la pobreza.
Vale la pena indagar si algo así está ocurriendo con el actual proceso inflacionario.
El gráfico que acompaña este texto muestra la evolución de los precios promedio tomando como base el mes de febrero de 2006. La línea más gruesa muestra que el IPC aumentó, en los 17 meses que transcurrieron hasta junio 2007, en un 8.01%. Este es el nivel general de inflación que se ha registrado en el periodo actual de gobierno. Los datos, proporcionados por el INE, muestran que hubo un ligero descenso en los primeros meses, y que luego los precios aumentaron lentamente pero con dos momentos de aceleración, diciembre 2006 a febrero 2007 y abril a junio de este año.
El IPC se basa en una canasta compuesta por 9 grandes grupos de bienes y servicios, desde los alimentos hasta los servicios profesionales y los de recreación. Cada grupo se divide además en subgrupos más específicos.
Esa desagregación permite observar los ritmos de variación de los precios por grupos de bienes y servicios y detectar cuáles son los que tienen mayor o menor incidencia. Y también permite detectar quiénes, en la sociedad, pueden estar siendo más o menos afectados, porque las canastas de consumo de las familias no son iguales al promedio. Al contrario, son muy diferenciadas.
Si observamos nuevamente el gráfico encontramos otras líneas que muestran de qué manera cambiaron los precios de algunos grupos importantes de bienes. Algunos, como los servicios profesionales, no aumentaron, es decir, tuvieron inflación cero. Pero hay otro grupo que tuvo un aumento del 13.54% (los costos de mantenimiento de la vivienda). Entre los dos extremos se sitúan todos los demás grupos.
El gráfico no incluye todas las series para no dibujar un exceso de líneas, y deja solamente las extremas y algunas que permiten ilustrar lo que está sucediendo. De todos esos grupos llama la atención uno que es muy importante, que es el de los alimentos que se consumen en el hogar. Los datos indican que los precios de los alimentos han aumentado bastante más (en un 12.03%) que los precios promedio (8.01%), en tanto que los precios de los bienes de esparcimiento y cultura han aumentado menos (3.2%).
Esto quiere decir que las familias que destinan una mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos fueron más golpeadas por la inflación que las familias que tienen un consumo más diversificado y que incluye, por ejemplo, salidas al cine o al teatro.
En general, las familias más pobres son las que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, en tanto que las familias más ricas son las que tienen un consumo más diversificado. Esto quiere decir que la inflación que estamos viviendo está afectando con más fuerza a las familias más pobres. En términos reales, de capacidad adquisitiva, las está empobreciendo. Por ejemplo, los 1000 bolivianos que podían ganar en febrero del 2006 hoy les representan solamente 892 en términos de los nuevos precios de los alimentos. Los que tienen una canasta de consumo más amplia han perdido también poder adquisitivo, pero probablemente en una proporción incluso menor a la del promedio y hasta es posible que hayan mejorado sus niveles de ingreso. No es el caso de los profesionales, vale decirlo, porque el gráfico muestra que sus honorarios no han aumentado en todo el periodo, de modo que en términos reales hoy están ganando menos que a comienzos del 2006.
En conclusión, si la inflación debe preocupar, no es solamente porque señala problemas en los mercados, como la escasez o la disminución de la producción, o aumentos de demanda por exceso de circulante, sino también porque afecta de manera desigual a las familias y puede provocar, como en el periodo que analizamos, que los pobres se empobrezcan aún más.
Afortunadamente, en declaraciones del Ministro de Planificación del Desarrollo el gobierno ha demostrado que está consciente de este problema, pero debe tomar en cuenta también que no es acallando el debate como se lo resolverá y mucho menos interviniendo en el mercado con subsidios, controles policiales o persecución a intermediarios y comerciantes, que es lo se hizo en el pasado resultando que, al final, los remedios agravaron la enfermedad.
Fuente: Pulso
domingo, 25 de septiembre de 2005
Espiral de Conflictos (Roberto Laserna)
Un aspecto que ha preocupado a los bolivianos en los últimos años ha sido el relacionado a la estabilidad política y la paz social. Varios analistas han señalado que una parte sustancial del voto que favoreció al MAS en diciembre del 2005 fue motivada por la convicción de que un gobierno presidido por Evo Morales enfrentaría menos conflictos y podría ofrecer mayor certidumbre.
El recuerdo de los momentos de extrema tensión que el país vivió en abril del año 2000, en septiembre y octubre de ese mismo año, en febrero y octubre del 2003, y en junio del 2005, dio credibilidad al argumento de que los denominados movimientos sociales serían mejor controlados por un gobierno que los representara. Incluso algunos de sus dirigentes dejaron entrever esa posibilidad en los debates electorales.
Los primeros meses de la gestión del Presidente Morales, sin embargo, muestran una tendencia opuesta a la esperada. Los conflictos no solamente no han disminuido, sino que muestran indicios de afectar seriamente a la gobernabilidad.
En el gráfico que acompaña a este artículo puede observarse una comparación que abarca todo el periodo democrático. Las barras verticales señalan el número de conflictos mensuales que en promedio se registró en las diferentes gestiones gubernamentales. Ahí se observan dos momentos pico -cada uno con más de 50 eventos conflictivos mensuales-, que fueron los gobiernos de Siles Zuazo y Carlos Mesa. También se ve que el momento de mayor calma estuvo en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, con poco más de 10 al mes. A partir de ahí puede observarse que se produjeron dos saltos importantes: con Bánzer, cuyo promedio más que duplicó al del anterior, y con Mesa, que a su vez duplicó al de Bánzer. Ambos, Bánzer y Mesa, tuvieron una característica en común: la tolerancia al conflicto. Ambos, además, la anunciaron, en lo que podía considerarse una suerte de reconocimiento oficial al derecho de protestar aún cuando existiera riesgo evidente de afectar al resto de la sociedad.
Considerando esos antecedentes, no debería sorprender que el actual gobierno, que comparte esa misma práctica, se esté enfrentando a una creciente movilización de los grupos organizados.
El gráfico ofrece un dato adicional, no menos importante. La curva sobrepuesta registra el porcentaje de eventos de los que se tiene información y en los que sus protagonistas lograron los objetivos más importantes que buscaban. En ese sentido, es una curva que muestra no solamente la tolerancia gubernamental al conflicto sino, sobre todo, su disposición a otorgar concesiones bajo presión.
Como puede observarse, hay una cierta coincidencia entre ambas series: a mayor nivel de éxito para los protagonistas, mayor frecuencia de conflictos, y viceversa. Esto tampoco puede considerarse una novedad, pues es previsible que las concesiones que se otorgan a unos estimulen la acción de los otros.
El riesgo está en que se genere una espiral que agote las posibilidades de seguir haciendo concesiones o dando satisfacción a quienes presionan. Es imposible saber si esa espiral ya se ha iniciado o si todavía será posible canalizar los conflictos por medios institucionales.
Un gobierno tiene habitualmente varias opciones y puede combinarlas de acuerdo a los recursos de que dispone, sean éstos de carácter económico o político.
Sin embargo, al evaluar sus acciones, un gobierno no solamente debería tomar en cuenta los recursos con que cuenta para asegurar su propia estabilidad, sino también su responsabilidad como garante del interés general. Esto quiere decir que el gobierno tiene la obligación de prestar particular atención a aquellos grupos de la sociedad que no tienen capacidad de ejercer presión conflictiva y que corren el riesgo de ser discriminados de la gestión pública, sufriendo la postergación de sus intereses y necesidades. Pero no podrá hacerlo mientras los débiles y vulnerables sean invisibilizados por la acción conflictiva de los demás.
Esto implica reconocer que la democracia tiene un componente crucial, tan importante como el de la participación y la representación, que es el de la institucionalidad y el respeto a la ley.
La ley puede ser buena o mala, pero tiene la ventaja de que es explícita y transparente, y puede ser cambiada de acuerdo a procedimientos que son, también, explícitos y transparentes. Y en la medida en que rija para todos, la ley ofrecerá mayores posibilidades de que tanto el interés general como el de los particulares sean respetados; sea que se trate de los derechos de grupos o de individuos, sea que se encuentren organizados o no.
Si eso no ocurre, si la “ley es cualquier norma que se impone por la fuerza, el resultado inevitable será la erosión de la democracia y la agudización de las desigualdades e injusticias. Sería lamentable que seamos arrastrados hacia una espiral de conflictos que, en nombre de la justicia social y de la democracia, puede terminar arrasando con ambas.
Roberto LasernaEconomista
Fuente: Los TiemposFecha: 25-Septiembre-2005www.geocities.com/laserna_r
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