¿Nueva ley de Hidrocarburos? (Carlos Miranda Pacheco)

Parece que en unos meses más tendremos una nueva ley de Hidrocarburos. Será la cuarta en 19 años y la segunda en los últimos 4. Parecería que acá interpretemos que la seguridad jurídica no se obtiene con la estabilidad y duración de las leyes, sino más bien por una dinámica de constante cambio.

La actual ley 3058 tuvo una difícil gestación, tardo más de 2 años en su elaboración. Primero fueron los borradores del ejecutivo hasta que su redacción pasó al legislativo, donde el entonces honorable (ahora no tan honorable) Santos Ramírez, haciendo honor a su profesión de maestro de escuela, dirigió a los representantes nacionales a la aprobación de un texto que fue rechazado por el entonces presidente, Carlos A. Mesa y tuvo que ser promulgada por el presidente del congreso. Esa es la ley 3058 que en su texto recoge el desmesurado entusiasmo masista y la intención movimientista de castigar la supuesta traición de Mesa a Sánchez de Lozada.

La ley es mala y contradictoria su, único merito accidental ha sido el haber subido la tributación a los productores hasta el 50% de los ingresos, al inicio de un periodo de aumento de precios. Resulto ser un éxito de recaudación fiscal, sin poner en riesgo las inversiones. Una cosa es 50% de impuestos cuando el precio esta a mas de 100 $us. /bbl. Productores y estado ganan muy bien. Otra muy diferente seria si, como el 1997, el precio del petróleo a menos de 10/bbl. Con esos ingresos la tributación del 50% hubiera decretado el cierre de la industria.

Otro de los grandes errores de la ley 3058 es el tratamiento exageradamente generoso a los derechos de los pueblos originarios al añadir a la consulta obligada el derecho inexcusable de participar en los beneficios del proyecto. Recientemente ya se ha empezado a sentir esa especie de veto al desarrollo de las actividades de YPFB en los proyectos del norte de La Paz.

El defecto más grande de la ley es el tratamiento de YPFB. La norma no vacila en volcar sobre los hombros de un YPFB a ser refundado, toda las responsabilidades de funcionamiento del sector. El énfasis es tan grande que llega a delinear en detalle su futura organización cediendo a todos los intereses regionales. En esta forma termina con una organización de YPFB totalmente inoperante. Lo asombroso es que la Ley 3058 no le asigna ni un centavo de ingresos directos del sector a YPFB, inclusive le suprime los que tenía con la ley anterior. YPFB deberá convertirse en una empresa del “calibre de Petrobrás y Pemex” con parte de los dudosos márgenes de utilidad de los contratos de operación.

Posteriormente se aprobó una nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuyo articulado referente a los recursos naturales, hidrocarburos muestra la decisión política que el Estado sea el único agente principal de la industria petrolea, a diferencia con la ley que mantiene opciones para la inversión privada. En lo referencia a los derechos de los pueblos originarios, reafirma y enfatiza aun mas lo planteado en la Ley 3058.

Lo anterior hace necesario que la Ley 3058 sea revisada y modificada para que este en sintonía con la flamante CPE. Ese es el mandato prioritario para la próxima futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

Todo lo anterior es parte del intenso trabajo político que se esta realizando con miras a las elecciones. En la vida real ha sucedido que la producción de petróleo y gas esta en descenso, hemos perdido mercados de gas, la tan declamada industrialización del gas no ha pasado del discurso y estamos importando carburantes por mas de $us 500 millones al año con tendencias crecientes. Esta lamentable situación es atribuida por propios y extraños a la falta de inversiones en el sector.

Como se esta en un periodo pre-eleccionario, con su tradicional habilidad política el gobierno ha decidido evitar cargos por la inoperancia del sector. Por tanto se ha abierto dos causes de discusión o dialogo para remediar la difícil situación. Por un lado el Ministerio de Hidrocarburos y Energia a través de su asesor esta convocando a reuniones para analizar aspectos específicos de la ley, para presentar una versión reformada a ser aprobada después de las elecciones en la flamante Asamblea Legislativa Plurinacional. Por otro lado, CEDLA que ha asumido posición critica a la política actual del gobierno, ha lanzado públicamente su plataforma de discusión energética. Una especie de asamblea popular para discutir planes y proyectos y proponer iniciativas en todo el sector energético, no solo hidrocarburos.

No obstante la aparente intención de lograr cambiar la Ley de Hidrocarburos, crear mecanismos internos que permitan hacer la ley mas moderna y operativa no se puede pasar por alto que el limite es la CPE que inclusive amenaza el declarar “traidor a la patria” a las personas que traspasen los limites fijados por la propia CPE. No debemos hacernos muchas ilusiones.

Pero se dice que lo último que pierde un ahogado es la esperanza. Por tanto, me voy a permitir resumir la intervención del Sr. Azizollah Ramazani, Viceministro de la Republica Islámica del Irán y Director Ejecutivo de la Nacional Iranian Gas Company, en la 24º Conferencia Mundial del Gas el pasado 9 de octubre con el titulo, muy apropiado para nuestros problemas: “Mecanismos para asegurar la disponibilidad y asequibilidad de capital para futuros desarrollos e infraestructura gasífera”. Porque Irán? Por que no obstante las grandes distancias magnitudes petroleras siderales que nos diferencian, cualitativamente Irán tiene similitudes con nosotros, enfrentando la falta de inversiones. Irán posee las segundas reservas de gas en el mundo. Nosotros las segundas en Latinoamérica. Irán tiene reservas probadas en el campo de gas mas grande del mundo, South Par de 9700 Km2 con 9800 TCF de reserva de gas y 50000 millones de barriles de condensado. Nosotros tenemos varias decenas de TDF de reservas de gas en campos probados como Itau, Margarita, Incahuasi. Irán igual que nosotros importa gasolina. Finalmente he escogido Irán porque los argumentos que se verán mas adelante no pueden ser descalificados acusándolos de ser de origen neoliberal, vende patria, etc. Cargos difíciles de endilgar a un importante funcionario de un país como Irán

Ramazani empezó señalando que las fuentes de ahorro interno y mercado de valores de un país en desarrollo, no son suficientes para las necesidades de desarrollo petrolero.

En consecuencia indicó “la diferencia entre los requerimientos de inversión y los ahorros internos en algunos países en desarrollo y economías en transición, señalan claramente la necesidad de movilizar flujos de capital del exterior”. Dicho lo anterior, continúo el expositor: “Irán tiene un perfil notorio en el mundo de la energia y facilita la inversión de compañías, ha probado estar en conocimiento y esta comprometida a cumplir con las reglas de los mercados energéticos”.

Con relación a los riesgos y la incertidumbre para la inversión, Ramazani pasó a señalar que no obstante que el Medio Oriente cuenta con el 41% de las reservas mundiales de gas y que los costos de exploración y desarrollo son los mas bajos del mundo, el movilizar los recursos para atender desarrollos futuros de mercado es altamente incierto por los riesgos en los países, la inestabilidad de la región y la competencia para atraer inversiones.

Por lo anterior indicó, “Inversión extrajera directa seria la llave para el desarrollo a largo plazo de proyectos de abastecimiento de gas en la región”.

Por lo citado una reflexión. Probablemente Irán no tenga playas tan hermosas como las de Varadero, pero en ese país si se sabe de petróleo y gas, Alejandro el Magno el año 320 A.C. reportaba fuegos de gas. Allá se debe ir, bastaría con aprender farsi persa y convertirse al Islam.

Fuente: La Razón

Anti-natura (Juan José Toro Montoya)

Honduras y Nicaragua son dos países centroamericanos vecinos entre sí. Aquel es gobernado por Roberto Micheletti Baín y éste por José Daniel Ortega Saavedra.

En la teoría política, que en los últimos años siempre se sobrepone a la praxis, Micheletti es de derecha y Ortega es de izquierda. El actual detentador del poder en Honduras llegó a esa condición merced a un golpe de Estado urdido por sectores conservadores que pretenden evitar que el presidente electo, José Manuel Zelaya Rosales, involucre a ese país en el esquema de Hugo Chávez.

Ortega fue un guerrillero que lideró el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990 y en este segundo periodo lo alineó en el chavismo.

En los papeles, Micheletti y Ortega son agua y aceite, totalmente diferentes entre sí, y es imposible encontrar coincidencias entre ellos. Empero, la organización Reporteros Sin Fronteras lo hizo: los ubicó entre los presidentes que menos respetan la libertad de prensa.

El golpe de Micheletti puso a Honduras en el puesto 128 de una lista de 175 ubicaciones. Nicaragua está mejor posicionado, en el puesto 76, pero su tendencia es a la baja ya que el año anterior estaba en el 59. La lectura que se hace es que la libertad de prensa estuvo erosionándose en ese país en los últimos 12 meses.

¿Cómo se explica esa coincidencia entre dos gobiernos supuestamente diferentes? De Micheletti podemos esperar cualquier cosa —después de todo, interrumpió el proceso democrático de su país— pero… ¿y de Ortega?... ¿Es que acaso los gobiernos de izquierda no son respetuosos de los derechos humanos, entre los que se reconoce a la libertad de expresión?

La respuesta a esas preguntas es una sola: el periodismo es enemigo natural de los políticos.

El origen del periodismo moderno es innegablemente político. Su inventor —que, empero, no tenía idea de lo que estaba inventando— fue Julio César quien ordenó publicar lo que se discutía en las sesiones del Senado en las denominadas Actas Diurnas. No lo hizo para informar al pueblo sino para debilitar a la facción conservadora del Senado.

Con el transcurso de los tiempos, el periodismo intentó independizarse de la política pero los políticos, sabiéndose sus padres, jamás se lo permitieron.

El peligro del periodismo radica en su carácter público. Si un gobierno, sea de izquierda o de derecha, comete un acto ilícito, el pueblo puede llegar a saberlo a través de la prensa. Debido a ello, los políticos no toleran a un periodismo que no esté sometido a ellos, como todo en el juego del poder. Si la prensa se somete, pase y vale pero, si no lo hace, es mejor acallarla.

Micheletti no puede tolerar a una prensa que le endilga diariamente su golpismo así que tiene que censurarla. A Ortega, en cambio, no le conviene una corriente contraria a sus afanes de reelección y prorroguismo.

Lo normal es que haya alternabilidad en el poder pero, cuando una persona o partido llevan demasiado tiempo en él, el descontento se expresa mediante la prensa. Por tanto, es necesario controlarla y, si no se deja, hay que desaparecerla o sustituirla.

Esa es la explicación a las constantes fricciones entre la prensa y los presidentes bolivarianos como Ortega, Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales: todos ellos pretenden que la prensa sea parte de su esquema y eso es pedirle que vaya contra su naturaleza.

El periodismo se enfrentó a las dictaduras de derecha, incluso a costa de la vida de muchos de sus hombres, y, por su naturaleza de denunciante de los excesos, no tendrá empacho en hacerlo con estas otras, las que se proclaman de izquierda, aunque eso signifique sufrir censura, presión de los “movimientos sociales” y soportar una legislación amordazante.

Fuente: Los Tiempos

El padre José Gramunt (Alcides Parejas Moreno)

El norteamericano Melvin Bohan –que hizo una consultoría sobre la situación de Bolivia en los años 40 del pasado siglo, por encargo del gobierno boliviano—se adelantó en el tiempo a la famosa frase de don Víctor Paz Estensoro cuando dijo que el país se nos estaba muriendo. Efectivamente, la misión Bohan concluyó que el país andino minero había caducado y que si Bolivia quería sobrevivir tenía que volcarse hacia el oriente; debía zafarse de sus montañas e incorporar a la nacionalidad más del 60 por ciento del territorio patrio que corresponden a las tierras bajas.

Estamos a mediados del siglo XX Bolivia se presenta ante el mundo como un país encerrado por sus propias montañas porque la política andinocentrista que ha manejado el país desde su creación le ha dado sistemáticamente la espalda a las tierras bajas. En esa época un país de poco más de tres millones de habitantes, de los cuales el 66% vive en el campo. La ciudad de La Paz es la sede del gobierno y la más importante del país con poco menos de 350.000 habitantes. La economía está en crisis, pues no hemos logrado cubrir los requerimientos alimentarios y la minería, que es la principal fuente de ingresos, está en manos de los llamados “barones” del estaño. Esta crisis va a provocar la revolución de 1952, liderizada por el MNR, que va a marcar un cambio radical en la historia del país.

Es a este país al que llegó José Gramunt de Moragas precisamente en 1952. Había nacido en Tarragona en 1922 y en 1944 había tomado la decisión de escuchar la llamada de Dios y había ingresado a la Compañía de Jesús. Después de ocho años de seminario –se ordenó sacerdote en 1957—tomó otra decisión que va a cambiar su vida: ir a Bolivia.

José Gramunt de Moragas llegó a un país convulsionado que estaba ensayando cambios trascendentales y se va a convertir en un testigo excepcional. Observó cómo de una economía semifeudal se pasó a una economía que el Estado controla en más del 70%; cómo del voto mezquino y excluyente, se pasó al voto universal; es testigo del nacimiento de la Central Obrera Boliviana, que representaba a la totalidad de los trabajadores; vio con gran expectativa la reforma agraria, la nacionalización de las minas y la reforma educativa; asimismo, miró desde las alturas paceñas el proceso del desarrollo de las tierras bajas que se había iniciado con el plan Bohan.

Acabo de decir que Gramunt de Moragas se convierte en un testigo excepcional del proceso de cambio que estaba viviendo el país. Pienso que fue algo más que eso. Este joven de 30 años impulsado por la vocación sacerdotal, al llegar a Bolivia tomó la decisión más trascendental que un hombre puede tomar, vivir Bolivia históricamente. Es por eso que se puede afirmar que José Gramunt de Moragas es boliviano, no sólo por haber hecho las gestiones para naturalizarse como tal.

José Gramunt de Moragas, el hombre fino y elegante, de voz bien timbrada y contundente; el sacerdote que jamás ocultó su condición de tal y tampoco se sirvió de ella; el hombre de leyes formado en la Complutense de Madrid y el periodista formado en la Universidad Meléndez y Pelayo y el la Syracuse University, lleva 57 años quemándose por este país que ama apasionadamente.

En este más de medio siglo de vivir Bolivia históricamente, José Gramunt de Moragas ha ejercido admirablemente el magisterio eclesiástico y el periodístico. Ha dirigido durante 25 años Radio FIDES y en 1963 fundó la Agencia de Noticias FIDES; además, hace poco más de 30 años es columnista de La Razón. Durante este tiempo se ha hecho acreedor de numerosas distinciones a nivel nacional e internacional. Ha recibido el Premio Nacional de la Asociación de Periodismo de La Paz, el Premio al Pensamiento y la Cultura de la Fundación Cultural La Plata y el Premio Libertad 2009 de la SIP. Posee las condecoraciones Pro Ecclesia et Pontífice de la Santa Sede, Caballero de la Orden Isabel la Católica, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil de España y el Escudo de Armas de la ciudad de La Paz.

Este año el padre Gramunt ha presentado el libro ¿Es o no es verdad? 2003-2008 que reúne 298 artículos publicados en la prensa nacional. Aunque el autor en la presentación que hizo en La Paz se preguntaba si el resultado de la reunión de estos artículos era un “libro en mayúscula” (¿será galgo o podenco?”, decía, y en estos lares diríamos “¿será pato o gallareta?”), digo definitivamente, y creo que todos estarán de acuerdo, que es pato, un libro en mayúscula. A través de la lectura de estos artículos –la mayor parte de los cuales tratan sobre nuestra convulsionada realidad nacional y sus protagonistas—el lector puede tener un acercamiento a José Gramunt de Moragas que se presenta como un maestro incansable y paciente; como una persona siempre bienintencionada y bienpensante, tolerante, profunda, sensible, justa, religiosa, coherente, culta. El móvil de su vida se ha basado en el sentido del deber y su objetivo ha sido una Bolivia democrática. A ello ha dedicado su vida y tal vez es por eso que la Sociedad Interamericana de la Prensa le ha otorgado este año el Premio Libertad.

Campañas, medios y alzamiento (Jimena Costa)

Lo mejor que le ha podido suceder a los dueños de medios de comunicación en Bolivia es Evo Morales: ningún gobierno ha sido mejor cliente de los medios de comunicación con campañas electorales casi anuales y con campañas políticas los 365 del año, todos los años.

No ha sucedido lo mismo a comunicadores y periodistas, quienes han sido permanentemente maltratados y agredidos por la cabeza del Gobierno y por el resto de las extremidades, quienes disciplinadamente han decidido arremeter contra la libertad de expresión, especialmente cuando ésta expresa oposición al Gobierno y a su proyecto de poder.

Los últimos días, a través de un canal de televisión (Cadena A), varios periodistas se encuentran mostrando pruebas relacionadas a la investigación sobre el caso del supuesto terrorismo de los alzados armados separatistas, y sorprende que semejantes noticiones no hayan tenido el eco correspondiente en otros medios dada la envergadura de la información que circula. Resulta que se pone en evidencia que la Comisión del Parlamento no puede cumplir seriamente con sus tareas porque el Fiscal asignado al caso no les remite la información requerida, resulta que el Fiscal no había sido Blanca Nieves ni que el Estado húngaro se había desentendido de su súbdito que murió en el Hotel Las Américas, resulta que hay quienes no han dejado de ser proclives al terrorismo, y resulta que Rambo había tenido la particularidad de no poder hablar cuando le duele el codo. ¡Tremenda limitación que le produce el apoyo y solidaridad de varias autoridades oficialistas!

Normalmente, un carnaval como éste tendría grandes repercusiones mediáticas, sin embargo no ha pasado casi nada, y no sólo porque el oficialismo ha comprado o copado varios medios, sino porque si todos los medios le ponen la atención debida esto tendría graves efectos sobre la campaña y la reelección de Morales, quien puede optar por dejar de contratar a ciertos medios para que difundan su propaganda política y electoral, lo que, claro, afectaría gravemente los bolsillos de los dueños, y no todos los dueños son bolivianos, de modo que tampoco les afecta quién se va o quién se queda, si hay o no terroristas, ni averiguar quién los trajo.

¿Será que a los empresarios bolivianos les importa más su bolsillo que contribuir a generar conciencia sobre un tema tan importante como éste? ¿Será que no les preocupa que el narcotráfico y el terrorismo ponen en riesgo su propia seguridad y la de sus familias? Ellos mismos podrán darnos la respuesta, y tal vez confirmar esa percepción generalizada de que a algunos empresarios nunca les ha importado el país sino sólo lo que obtienen de él.

Sabemos que detrás de los medios existen intereses y detrás de la política también, unos tienen interés de llenarse los bolsillos, otros de quedarse en el poder, otros de quedarse en el poder para llenarse los bolsillos y otros “ingenuos” creen que los que llegan al poder “si son como ellos” algún día les van a llenar los bolsillos.

El problema mayor hoy es que, como antes, predomina el interés particular de quienes están en el poder y resulta que seguimos y seguiremos en crisis mientras cada quien siga calculando basado en el interés particular. Otra ratificación de que el cambio sigue pendiente.

Fuente: La Prensa

También la lluvia… y sobre todo (Roberto Laserna)

No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4.400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años

Según informa la prensa, se comenzó a rodar una película en Cochabamba sobre la guerra del agua de abril del 2000. La protagoniza el buen actor mexicano Gael García, y la dirige Iciar Bollaín, ganadora de varios premios en su carrera.

Es gente de oficio y seguramente en la elaboración del guión habrá buscado asesoramiento profesional, pues aunque la película será ficción, si resulta buena proyectará una imagen que terminará reemplazando a la realidad. Y la realidad fue dramática y socialmente muy costosa como para no respetarla, por lo menos en sus aspectos fundamentales.

De todos modos, es bueno que los cochabambinos no olvidemos lo que fue la guerra del agua, sus equivocados preámbulos, su heroico y confuso desarrollo, y sus penosas consecuencias. Esas que todavía vivimos aunque a veces querramos ignorarlas, aferrándonos a una imagen de victorias y triunfos que son desmentidos cada día en los barrios populares de nuestra ciudad.

Si algo es importante para entender lo que fue la guerra del agua es, precisamente, lo que ocurre en los barrios populares.

En 1999 se autorizó la privatización de Semapa, la empresa distribuidora del agua, obligando a la concesionaria internacional a utilizar las aguas de Misicuni en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de otros expertos. En ese tiempo, los barrios populares de Cochabamba se abastecían de agua a costos elevados, sin control de calidad y en cantidades insuficientes.

Los carros aguateros llevaban agua cruda, sin tratar, y la vendían por turriles a precios que multiplicaban por siete los de la empresa municipal. Esa diferencia hacía que proliferaran otras formas de abastecimiento, como las asociaciones y cooperativas informales de grupos que perforaban un pozo común y se distribuían los costos, llevando a su casa agua sin tratar, a veces contaminada, pero en flujos más o menos continuos y relativamente baratos. Las familias más pudientes perforaban sus propios pozos y, si podían, entraban más profundo y vendían agua a los vecinos o a los camiones aguateros.

La empresa municipal apenas lograba abastecer la mitad de las necesidades de la población y el resto se las arreglaba como podía. Los pobres pagaban los precios más elevados por la peor agua.

La guerra del agua fue iniciada por los sectores medios en rechazo al aumento de tarifas. El aumento reflejaba la obligación de financiar Misicuni y expandir el servicio. Eran más altas, pero aún así daban agua mucho más barata que la que conseguían los que no estaban conectados a la red municipal. La gente de los barrios populares se sumó a la revuelta con la esperanza de evitar que la transnacional “se lleve el agua” o se adueñe “también de la lluvia”, como aseguraban los demagogos, pero sobre todo con el deseo de cambiar su situación.

La protesta fue tan amplia y vigorosa que el gobierno retrocedió en los planes de privatización y canceló el contrato con la empresa transnacional. Esta apenas había invertido y se alejó sin defenderse, buscando refugio en leyes y convenios.

Han pasado nueve años desde entonces. La empresa municipal no ha podido aumentar la cobertura del servicio mientras la ciudad ha seguido creciendo, de manera que hoy son muchas más las familias que deben recurrir a pozos, asociaciones o carros aguateros. Las consignas de “el agua es vida” y “el agua es un derecho humano” son parte de nuestras convicciones y han sido inscritas incluso en la nueva Constitución, pero detrás de ellas sigue existiendo un pujante mercado negro del agua (la de la lluvia también) que tiene a los más pobres entre sus víctimas más rentables.

Precisamente en estos días se difunden informaciones de la empresa distribuidora del agua, Semapa, que la muestran sometida a los caprichos corporativos de sus trabajadores y sin capacidad alguna para contraer créditos, evitar fugas de agua o cobrar tarifas que garanticen un servicio equitativo para los cochabambinos.

El problema, claro está, no es solamente de agua. Es de salud, y por tanto de vida o muerte. La mortalidad infantil en los barrios sin agua tratada sigue siendo más alta que en el resto de la ciudad, y posiblemente debido a esta carencia. Basado en las diferencias de tasas de mortalidad, en marzo del año 2000 calculé que la falta de agua en los barrios populares causa la muerte de 40 niños por mes. Esto quiere decir que desde la guerra del agua han muerto por falta de agua más de 4400 niños en Cochabamba. Ese es el verdadero costo de haber postergado todos estos años la solución al problema del agua.

Es cierto que el contrato de entonces no era el mejor, y es cierto que el pueblo mostró coraje y decisión en las calles de la ciudad. También es cierto que se expulsó a una empresa transnacional, pero también es cierto que ésta nunca se defendió.

Y es cierto que se derrotó al ex dictador Banzer, y se le cobró el atrevimiento de haber retornado elegido en las urnas. También cayeron partidos y surgieron nuevos líderes, y murió un muchacho y otros fueron heridos. Todo eso es cierto y permite a ideólogos y artistas recrear la emoción de la dignidad ganada en esos días, cuando los cochabambinos creímos todas las mentiras y promesas con tal de rechazar a los policías que querían imponer las equivocaciones de los gobernantes.

Pero la guerra del agua nos ha dejado igual o peor que el año 2000. Por eso me animo a complementar el título de la película para describir la situación del agua: La lluvia también… y sobre todo. Porque hoy, más que en el 2000, dependemos en Cochabamba de la lluvia mucho más que de la empresa municipal y de las promesas traidoras que nos hicieron.

No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4.400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años.

Fuente: Los Tiempos

Campañas, medios y alzamiento (Jimena Costa)

Normalmente, un Carnaval como éste tendría grandes repercusiones mediáticas, sin embargo no ha pasado casi nada, y no sólo porque el oficialismo ha comprado varios medios…

Lo mejor que le ha podido suceder a los dueños de medios de comunicación en Bolivia es Evo Morales: ningún gobierno ha sido mejor cliente de los medios de comunicación con campañas electorales casi anuales y con campañas políticas los 365 del año, todos los años.

No ha sucedido lo mismo a comunicadores y periodistas, quienes han sido permanentemente maltratados y agredidos por la cabeza del Gobierno y por el resto de las extremidades, quienes disciplinadamente han decidido arremeter contra la libertad de expresión, especialmente cuando ésta expresa oposición al Gobierno y a su proyecto de poder.

Los últimos días, a través de un canal de televisión (Cadena A), varios periodistas se encuentran mostrando pruebas relacionadas a la investigación sobre el caso del supuesto terrorismo de los alzados armados separatistas, y sorprende que semejantes noticiones no hayan tenido el eco correspondiente en otros medios dada la envergadura de la información que circula. Resulta que se pone en evidencia que la Comisión del Parlamento no puede cumplir seriamente con sus tareas porque el Fiscal asignado al caso no les remite la información requerida, resulta que el Fiscal no había sido Blanca Nieves ni que el Estado húngaro se había desentendido de su súbdito que murió en el Hotel Las Américas, resulta que hay quienes no han dejado de ser proclives al terrorismo, y resulta que Rambo había tenido la particularidad de no poder hablar cuando le duele el codo. ¡Tremenda limitación que le produce el apoyo y solidaridad de varias autoridades oficialistas!

Normalmente, un carnaval como éste tendría grandes repercusiones mediáticas, sin embargo no ha pasado casi nada, y no sólo porque el oficialismo ha comprado o copado varios medios, sino porque si todos los medios le ponen la atención debida esto tendría graves efectos sobre la campaña y la reelección de Morales, quien puede optar por dejar de contratar a ciertos medios para que difundan su propaganda política y electoral, lo que, claro, afectaría gravemente los bolsillos de los dueños, y no todos los dueños son bolivianos, de modo que tampoco les afecta quién se va o quién se queda, si hay o no terroristas, ni averiguar quién los trajo.

¿Será que a los empresarios bolivianos les importa más su bolsillo que contribuir a generar conciencia sobre un tema tan importante como éste? ¿Será que no les preocupa que el narcotráfico y el terrorismo ponen en riesgo su propia seguridad y la de sus familias? Ellos mismos podrán darnos la respuesta, y tal vez confirmar esa percepción generalizada de que a algunos empresarios nunca les ha importado el país sino sólo lo que obtienen de él.

Sabemos que detrás de los medios existen intereses y detrás de la política también, unos tienen interés de llenarse los bolsillos, otros de quedarse en el poder, otros de quedarse en el poder para llenarse los bolsillos y otros —ingenuos— creen que los que llegan al poder —si son como ellos— algún día les van a llenar los bolsillos.

El problema mayor hoy es que, como antes, predomina el interés particular de quienes están en el poder y resulta que seguimos y seguiremos en crisis mientras cada quien siga calculando basado en el interés particular. Otra ratificación de que el cambio sigue pendiente.

Fuente: Los Tiempos