Mientras no haya una oposición políticamente organizada no habrá padrón, por perfecto que éste sea, que garantice la transparencia
Un mes y medio después de haberse aprobado la Ley Electoral que tendría que regir las elecciones de diciembre próximo, y cuando el tiempo ya corre aceleradamente en contra del cronograma electoral, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse del escenario político nacional, lo que en gran medida se debe a que se da por cierta una disyuntiva tan falsa como peligrosa.
Nos referimos a la supuesta necesidad de elegir entre ir a las urnas con el antiguo y cuestionado padrón electoral o hacerlo con uno nuevo, el biométrico. Se da por hecho que el primero es sinónimo de fraude y el segundo de transparencia. Y que uno haría inevitable un triunfo del MAS y el otro posibilitaría el éxito de alguna de las múltiples fracciones en que está dividida la oposición.
Esa es una falsa disyuntiva porque de lo que en realidad se trata es de conservar o perder una institucionalidad democrática que garantice los derechos de todos quienes participen en ella. Y eso es algo que depende de muchos factores, entre los que el padrón no es el más importante ni mucho menos.
Como nuestra propia experiencia lo demuestra, el actual padrón bien manejado y debidamente depurado y supervisado, puede reunir ampliamente las condiciones de transparencia y fiabilidad que se requieren. Que eso ocurra o no sólo depende de la eficiencia con que se controle el uso que de él se haga. Por el contrario, hay también abundantes ejemplos, como el venezolano, que indican que un padrón biométrico no es en sí mismo garantía de nada.
Un padrón biométrico mal administrado y no supervisado puede ser incluso más peligroso que el tradicional. Si cae en malas manos, puede ser un formidable instrumento al servicio del fraude pues a través de él se pueden activar mecanismos de manipulación informática cuyo control requeriría habilidades y recursos mucho mayores que los que hacen falta para depurar, supervisar y sanear el actualmente existente.
La diferencia entre unas elecciones confiables y unas que no lo sean no depende de la tecnología que se utilice sino de la capacidad que tengan los partidos políticos, y la ciudadanía en general, de ejercer su derecho y cumplir su obligación de participar activamente en la supervisión del proceso.
En un país en el que en los hechos ya está vigente un régimen monopartidista, en el que no existe una oposición organizada capaz de hacerle frente a la organización oficialista, en el que impunemente se prohíbe la actividad opositora en gran parte del territorio, en el que la coerción posibilita votaciones casi unánimes, resulta fútil, por decir lo menos, hacer del padrón electoral el meollo del problema.
Mientras no haya una oposición capaz de asumir un rol activo en el control y supervisión del proceso no habrá padrón, por perfecto que éste sea, que garantice la preservación de la democracia.
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