Cuando se discutía la Ley Electoral Transitoria y la incorporación de las circunscripciones “especiales” indígena originario campesinas, ya se planteaba el problema operativo de cómo se iba a determinar quién votaba con cuál papeleta, ya que la nueva Constitución introduce tal figura y señala que serán circunscripciones rurales, pero no toma en cuenta que los indígena originarios están en todas partes y no sólo en el campo, ni toma en cuenta que también hay “interculturales” en el campo.
La Ley Electoral transfiere a la Corte Nacional Electoral la responsabilidad de diseñar las circunscripciones “especiales” —o sea definir sus límites— en siete de los nueve departamentos, para que los indígena originarios del campo elijan a representantes “especiales”; por tanto, la Corte debe garantizar que los “interculturales” que viven en el campo sigan votando por un común y corriente uninominal.
Esto implica varias cosas: la primera y fundamental es que se discrimina a los indígenas y originarios que viven en las ciudades y que se los obliga a votar como el común de los mortales.
La segunda y operativamente trascendental es que la Corte debió asegurarse de que en el momento del registro en el padrón biométrico, cada ciudadano dé a conocer su auto identificación étnica para saber si le correspondía votar por un representante “especial” o por un simple uninominal. Esto debió suceder especialmente en el campo, pero dado que a los seres humanos nos ataca la locura de movernos dentro del planeta, por previsión, era razonable que todos nos auto identifiquemos para saber qué papeleta debemos recibir, según la nación a la que uno pertenezca.
La tercera y más absurda cosa es que como la Corte no se ocupó del tema antes del registro de los cuatro millones y más de electores, ahora debe resolver el problema para garantizar que no se produzca el doble voto cuando no se sabe quién se autoidentifica cómo y a cuál de las 36 naciones pertenece, o si es un pobre intercultural que no puede elegir a nadie “especial”.
Esto es parte del escenario del 6 de diciembre. No se trata sólo del hecho de que uno de los ocho candidatos abuse de los recursos públicos en su campaña, o de que algunos dirigentes prohíban el ingreso a sus feudos a los opositores, se trata de que muchos de los jurados y presidentes de mesa, delegados de la Corte, delegados de partido y aún observadores que se encuentren en el área rural, tendrán que observar cuidadosamente a cada elector para saber qué papeleta darle, ya que, por supuesto, no pueden votar a la vez por un uninominal y por un especial.
La Corte debe garantizar que en ningún rincón del territorio nacional se instalen paralelamente ánforas para ambos tipos de representantes —especial y uninominal—, porque ésa es una invitación al doble voto, y ya sabemos que donde mayores irregularidades se vieron en el revocatorio y en el referéndum de enero fueron en las zonas rurales.
Si la Corte omitió el detallito de la autoidentificación, ni siquiera étnica, sino nacional —porque no tenemos 36 etnias, sino 36 naciones—, deberán encontrar la forma de no poner en duda la confianza en los resultados, invitando al doble voto.
En conclusión, por múltiples razones y por primera vez en la historia, el Carnaval del próximo año no será en febrero, sino este diciembre, y no se sorprendan que muchos tengan que disfrazarse para que en la mesa sepan qué papeleta darles para que ejerzan su derecho ciudadano.
Fuente: Los Tiempos
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