Una de las más interesantes discusiones se ha generado a propósito del nuevo modelo económico propuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce una economía plural, orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Articula las diferentes formas de organización económica según los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, equilibrio, justicia y transparencia. También la economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. Por tanto, se entiende a la economía plural como economía social y comunitaria.
Se potencia con el crecimiento y desarrollo de la economía plural. Una economía social y comunitaria comprende a las redes de relaciones que atraviesan el campo económico y la perspectiva económica es social. No se mantiene en la lógica capitalista, trata de crear líneas de fuga respecto a esta lógica perversa de valorización del capital.
El Estado Plurinacional se convierte en instrumento de la sociedad que es reivindicada como acontecimiento histórico y cultural. La perspectiva social de la economía implica el objetivo de la satisfacción de las necesidades. Lo que significa la reapropiación social del excedente, replanteando en forma plural las formas de propiedad. La perspectiva social convierte a la economía en instrumento de la sociedad y recupera la matriz social de toda economía, de la producción, distribución, intercambio y consumo. No se trata sólo de volver a discutir la posibilidad de la socialización de los medios de producción sino de desencadenar en el contexto de la economía plural el carácter social de la producción. La producción es cooperativa, social, el intelecto general es social, las formas de apropiación privada desvirtúan este proceso social circunscribiéndola a una apropiación privada del excedente que significa una reproducción ampliada de la sociedad. Esto entona con el principio y fin de la CPE, el suma qamaña, el vivir bien, en armonía con la comunidad y la naturaleza.
La CPE dice que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originarios y campesinos. El artículo 2 de la CPE establece que dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, consistente en su derecho a la autonomía, autogobierno, cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. La forma de organización comunitaria comprende diversas formas comunitarias, pero esta pluralidad se asienta sobre la base de matrices de redes de relaciones colectivas, que tienen como núcleo las relaciones de parentesco y alianzas territoriales. La forma comunidad se opone a la forma valor, desarrollada por el capitalismo. La forma comunidad no sólo rescata el valor de uso de la hegemonía del valor de cambio, recupera la función del consumo comunitario. No sólo se trata de una producción y distribución colectiva, sino de una restitución del carácter comunitario de las instituciones culturales y la irradiación de lo comunitario en la sociedad y el Estado. Apunta a la superación de las crisis del capitalismo. Lo comunitario pone en escena la complementariedad y reciprocidad, además de la redistribución y dualidad de los procesos inherentes a la producción, reproducción y consumos materiales y simbólicos, el desarrollo de la institucionalidad cultural y política de la gestión comunitaria, ambiental y territorial. También lo comunitario implica la constitución de nuevas subjetividades colectivas y de nuevos sujetos sociales, donde el horizonte de la comunidad se repliega en la intimidad y en la interioridad misma de la experiencia y expresión social.
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El autor es director general de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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