VENI, VIDI, VICI
Instituciones no son solamente las creadas por la Constitución y las Leyes, sino también las organizaciones en que se agrupan los individuos haciendo uso de su libertad de asociación para fines lícitos. En tal sentido, los comités cívicos, los sindicatos, las agrupaciones civiles y otros, son una especie de institucionalidad que, siempre y cuando lo hagan dentro de los límites que imponen las libertades y derechos ciudadanos, debería coadyuvar a la institucionalidad estatal en el trabajo de resolver problemas e interpelar al gobierno sobre errores o insuficiencias en su desempeño.
Durante los últimos cuatro años, hemos criticado y protestado por cómo el gobierno del MAS ha destruido todo tipo de instituciones en Bolivia, comenzando por algunas que son esenciales para el correcto funcionamiento de un Estado, como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Congreso de la República, hasta otras que, aunque no tan globales, son importantes y complementarias a las primeras, como sindicatos y asociaciones civiles. ¿Cómo ha destruido el MAS a estas últimas? Deslegitimándolas y desnaturalizándolas al hacerlas orgánicas y funcionales al partido de gobierno. Es así que la COB, la CSUTCB, algunos colegios de profesionales, y otras, no sólo que se declaran y hacen abiertamente campaña a favor del partido de Morales, sino que hasta han puesto su patrimonio al servicio del masismo, haciendo de sus sedes casas de campaña del MAS, y utilizando a sus afiliados como capital político para conseguir privilegios especiales.
Pero Evo Morales y sus esbirros no han sido los primeros en jugar a los destructores institucionales. En Cochabamba hemos tenido el mismo tipo de comportamiento en un escenario más pequeño. Manfred Reyes Villa también es un destructor institucional. Si los cochabambinos meditamos detenidamente desde cuándo nuestro Comité Cívico es el más débil del país, tendremos que retroceder al momento en que Reyes Villa se las arregló para que esta institución respondiera a sus intereses y deseos. Y no es que, en determinado momento, una institución ciudadana no pueda apoyar ciertos proyectos de alguna autoridad por considerarlos de importancia para la región o para sus afiliados, por supuesto que lo puede y lo debe hacer, pero de ahí a convertir a la institución en una sucursal del grupo político de la autoridad, hay una diferencia estratosférica.
Lo mismo con otro tipo de instituciones. Varios sindicatos campesinos de Cochabamba, por ejemplo, están divididos en tres, uno que responde al MAS, uno independiente, y otro que responde a Manfred, debilitando horrorosamente su efectividad y deslegitimando sus acciones. Entre Morales y Reyes Villa, han logrado reducir la fuerza de las instituciones del departamento casi hasta desaparecer por completo.
El gran problema es que ninguno de estos sectores políticos que gustan jugar al destructor institucional parecen haber aprendido nada, puesto que hoy, en plena etapa electoral, continúan buscando asimilar organizaciones ciudadanas para convertirlas en casas de campaña, y a sus dirigentes y afiliados en empleados propagandísticos. Cuando no pueden asimilar la totalidad de la institución, no tienen ningún problema en dividirla, porque a ellos lo que les importa no es la sobrevivencia de aquella y su buen funcionamiento, sino conseguir más empleados, alarifes y sirvientes personales, a los que se puede mantener felices con un poco de prebenda.
Con muchísimo trabajo, el Comité Cívico Femenino y el Comité Interinstitucional por Cochabamba, han conseguido retomar las labores cívicas que el Comité Cívico no ha podido abordar por su débil imagen institucional. Es de esperar que estas instituciones hayan aprendido la lección de los tropiezos de otras, y que a la hora de atender los, a veces suplicantes y otras demandantes, llamados de los políticos, entiendan que, individualmente, y siempre y cuando no comprometan a sus instituciones, los actores cívicos pueden apoyar proyectos políticos, pero deben hacerlo como individuos y no como dirigentes cívicos.
Incluso, si así lo desean, pueden ser parte activa de un proyecto político siempre y cuando abandonen la institución cívica. Pero no tienen el derecho de pretender poner a la institución cívica o ciudadana al servicio de ningún candidato o autoridad, por más cautivante o positiva que fuera la razón de hacerlo.
Ojalá entendieran esto también los sindicatos campesinos y la COB, que hace años muestran una obediencia canina al partido de gobierno, presentando una imagen con nula credibilidad ante la sociedad que, aunque a veces es ingenua, suele ser muy perspicaz –en ocasiones exageradamente-- para identificar lazos políticos de actores supuestamente independientes.
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El autor es miembro del Instituto Libertad, Democracia y Empresa
lizandrocolmos@gmail.com
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