Avasallamiento electoral

Sólo con lamentos se responde a un plan de acción que mediante diversos artilugios se propone lograr un avasallamiento electoral

Como para que a nadie le quede ninguna duda sobre la firmeza con que se propone recurrir a cuanto método esté a su alcance para asegurar un triunfo en las elecciones de diciembre, y sobre el profundo desprecio que le inspira el régimen legal vigente, incluida la Constitución Política del Estado que logró imponer, el Movimiento al Socialismo ha ratificado su decisión de aplicar el “voto comunitario” o “voto consigna”.
De nada sirve que el artículo 197 del Código Electoral vigente establezca claramente que “la persona civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente a trabajadores subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano para que se afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, o para que voten por cierta lista o partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionada con la privación de libertad de hasta seis meses”.
Exactamente lo mismo puede decirse del traslado masivo de personas a Pando, a donde están siendo llevados miles de los más leales militantes del MAS con el expreso propósito de que su “voto comunitario” le asegure el triunfo en ese Departamento.
Además de ello, hay motivos para sospechar que más solapadamente, pero con el mismo objetivo, se están produciendo migraciones internas de una circunscripción a otra. Muchos de los residentes en las circunscripciones en las que el MAS tiene asegurada una votación masiva estarían inscribiéndose en aquellas en las que la oposición tiene más posibilidades de ganar. Así, no sería extraño que la fórmula oficialista se alce con victorias incluso en zonas consideradas bastiones de la oposición.
Ambos procedimientos –el “voto comunitario” y las artificiosas migraciones internas-- tienen una doble dimensión. Por una parte, la estrictamente legal, y por otra la política. Cualquier acción para contrarrestarlos tendría pues que contemplar ambos aspectos.
En lo que a la legalidad corresponde, no tendría que haber lugar a dudas. Es tan claro lo que manda la ley que en circunstancias normales ya se habrían aplicado los procedimientos previstos para evitar tan desembozadas formas de manipular la voluntad de la ciudadanía. El problema es que en nuestro país estamos lejos de vivir circunstancias normales, pues como lo ha afirmado con toda franqueza en más de una ocasión el Presidente Evo Morales, “lo político está por encima de lo jurídico”. Y como ya se ha demostrado más de una vez, esa es la cruda realidad.
Sólo cabría pues esperar que una eficiente labor de las fuerzas opositoras, a través de una presencia activa y organizada a lo largo y ancho del territorio nacional, ejerza control y supervisión tanto del proceso de empadronamiento como del acto electoral. Pero como tal fuerza de oposición no existe, es probable que sólo con lamentos se responda a un plan de acción que, al paso que vamos, se encamina a la instauración de un régimen de partido único.