Costo de la reforma constitucional (Roberto Laserna)

Es lamentable que hasta ahora los promotores de la reforma constitucional no hayan informado lo que puede costarle al país esa iniciativa. Tampoco la UCAC, la Repac, Udape o la Asamblea Constituyente hicieron nunca estimaciones de cuánto podría costarle al país cada una de las reformas y mucho menos el conjunto reunido en el proyecto que se votará en enero.

No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.

Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.

Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.

Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.

Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.

El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.

Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.

Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.

Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.

Fuente: La Razón

Los menonitas y el estado pluricultural (Roberto Laserna)

Cada día que pasa hay algún dato nuevo para reconocer cuál es la naturaleza profunda del proyecto de cambio que impulsan algunas de las autoridades del gobierno. Y poco a poco se descubre que es una naturaleza autoritaria, intolerante y antidemocrática. La última muestra está en la decisión de expulsar "por las buenas" a los menonitas, por ser "extremadamente conservadores".

Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.

Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.

Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.

¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.

¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.

La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.

Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?

Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.

Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.

Fuente: Los Tiempos

El ex guerrillero y la Constitución (Roberto Laserna)

El 20 de octubre de 2008, cuando el Congreso se reunía para dar forma al acuerdo político de transacción, y la Plaza Murillo se hallaba invadida por militantes del gobierno que disfrazaban su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, mi atención saltaba de la pantalla de televisión a un libro que tenía en las manos. Se trataba de “¡Qué solos se quedan los muertos!”, la novela de Ramón Rocha basada en la vida del Mariscal Sucre. Así, leí a saltos interrumpidos por las noticias de la Plaza Murillo la historia del primer intento de golpe de Estado en Bolivia, cuando un grupo de amotinados en abril de 1828 alcanzó a herir a Sucre, obligándolo a delegar el mando a su Ministro Urdininea.

Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.

Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.

¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!

El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.

¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).

Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.

Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.

¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?

La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.

El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.

Fuente: Los Tiempos

La lucha contra la corrupción

Para dar verosimilitud al informe de Transparencia Internacional, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.

Como ya es habitual desde hace algunos años, el informe anual de Transparencia Internacional sobre el estado de la lucha contra la corrupción en diferentes países del mundo ha sido tema de muchas polémicas durante los últimos días, desde que el martes pasado se presentó el informe correspondiente al año 2008.

Como se recordará, en años pasados el tema solía recibir gran atención de la prensa nacional y era objeto de muy acres polémicas entre opositores y oficialistas, quienes utilizaban esos datos como una más de las armas empleadas para desacreditar la gestión del gobierno de turno, o para atribuirse supuestos méritos. Este año fue una excepción, pues el asunto pasó entre nosotros casi desapercibido talvez porque nuestra atención está volcada a asuntos mucho más urgentes. Sin embargo, no vale la pena perder de vista el tema pues, ahora como siempre, la corrupción sigue siendo uno de los más serios problemas que sufre nuestro país y nunca será excesiva la preocupación que nos provoque.

El informe merece ser tomado en serio pues ofrece un parámetro fiable sobre la manera como once de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, perciben lo que ocurre en cada país, lo que es tomado como uno de los principales elementos de juicio de inversionistas, políticos y gobernantes a tiempo de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.

En lo que a Bolivia corresponde, el último informe da una muy buena noticia. Es que nuestro país figura entre los ocho países que más avanzaron, en la buena dirección, en el “ranking de la corrupción” pues si en años anteriores ocupábamos el segundo lugar entre las naciones más corruptas del mundo, actualmente se nos ubica en un lugar intermedio, muy lejos de Haití, Venezuela y Ecuador, los más corruptos de Sudamérica.

Como era de esperar, los datos que comentamos fueron muy bien acogidos por el gobierno, que los enarbola como un reconocimiento internacional de los resultados logrados en la aplicación de medidas efectivas en la prevención y lucha contra la corrupción en la gestión pública.Sin embargo, y sin caer en la mezquindad de negarle algún mérito al gobierno, es necesario advertir que estamos muy lejos de cantar victoria. Es que, si bien es cierto el Gobierno ha obtenido algunos éxitos en este campo, lo que se refleja en que muchos casos han sido remitidos al Ministerio Público, y varios han recibido ya sentencias condenatorias, no es menos cierto que hay muchos otros que involucran a altos funcionarios sobre los que aún pesa la sombra de la sospecha de encubrimiento e impunidad.

No se puede pasar por alto el hecho de que durante la gestión de Morales se han denunciado muchos e importantes casos de corrupción, sin que hasta ahora no se hayan aplicado sanciones a ninguno de los involucrados. Es el caso de numerosas transacciones realizadas en YPFB, el desvío de los tractores que formaban parte del plan de mecanización del agro, la compra de equipos en la Empresa de Televisión Boliviana, sólo por citar los más conocidos.

Especial atención merece en ese sentido la denuncia presentada por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), contra la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras para la construcción de carreteras.

Para dar verosimilitud al informe que comentamos, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.

Bloqueos, arma del suicidio colectivo

Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. La iniciativa corresponde a la oposición

Durante los últimos días, como ya es cosa de rutina desde hace muchos años, los bolivianos hemos sido víctimas de una de las más absurdas manifestaciones de una locura que tiene entre sus principales síntomas la inclinación hacia el suicidio nacional: los bloqueos de caminos.

El fenómeno ha adquirido tal magnitud que ya puede ser considerado como un rasgo de nuestra idiosincrasia que no puede ser comprendido sólo en términos políticos ni sociológicos. Probablemente corresponda más al ámbito de la psicología social, pues las causas de la frecuencia y pasión con que unos y otros bloquean parecen radicar en algún rincón del inconsciente colectivo.

La irracionalidad de esa conducta ha alcanzado su máxima expresión durante las últimas semanas, cuando dirigentes cívicos de las tierras bajas decidieron bloquear sus propios caminos. Y sobre los mismos caminos, ya bloqueados, sus enemigos, los seguidores del gobierno, construyeron sus propias barricadas. ¿Quién bloqueaba a quien? Ambos, muy orondos, se atribuían el “mérito” y el éxito de su medida.

Entretanto, a ambos lados de los bloqueos, miles de transportistas, comerciantes, empresarios exportadores, ciudadanos comunes y corrientes, sin hallar quien atienda sus súplicas y se solidarice con su desesperación, sólo podían sumar sus cuantiosas pérdidas y rumiar la amargura que produce vivir en un país en el que los caminos al progreso y bienestar están cada vez más cerrados.

Las razones que impulsan a los seguidores del Movimiento al Socialismo a hacer de los bloqueos su favorito medio de lucha ya han sido abundantemente criticadas. Al fin y al cabo, ya son muchos años que el país debe lidiar con ese flagelo sin esperanzas de revertirlo pues resulta plenamente coherente con un proyecto político que entre sus atributos tiene un profundo desprecio por la actividad productiva, por el espíritu emprendedor de quienes la realizan y por todos los valores que les son propios. Además, mal que nos pese, le ha dado buenos resultados políticos. Su forma de actuar es inaceptable, pero es, desgraciadamente, compatible con la visión de país que propugnan.

Es en cambio inconcebible que hayan optado por la misma manera de actuar nada menos que quienes tendrían que haber sido sus más firmes impugnadores, quienes tenían la obligación de asumir la representación de esa ciudadanía que sufre las funestas consecuencias de los bloqueos que es, al fin y al cabo, toda la martirizada población de Bolivia.

¿Cómo explicar, por ejemplo, que quienes dicen representar los intereses de los cada vez menos bolivianos productivos hayan sido los iniciadores de la ola de bloqueos que hoy tiene al borde de la asfixia a Santa Cruz, que se suponía era la punta de lanza de un país diferente al que insiste en suicidarse? Difícil tarea, pues en este caso ni siquiera el rédito político atenúa su culpa, como ocurre con el MAS y sus movimientos sociales.

Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. Por todo lo anotado, la iniciativa corresponde a la oposición. Un buen paso sería que, ahora que debe negociar en las mesas de diálogo los términos de su rendición, incluya una cláusula mediante la que ambas partes renuncien, teniendo al país como testigo, a ese criminal recurso.

Cómo se filmó "Tentayape" (Ramón Rocha Monroy)

La realización de "Tentayape, La Última Casa", el documental más reciente de Roberto Alem, duró 2 años y 3 meses, y unos 16 viajes a esa comunidad guaraní ubicada en la provincia Luis Calvo, del Departamento de Chuquisaca. En época de lluvias, el viaje es de 17 a 19 horas, y en época seca es de 12 a 13 horas, siempre desde Santa Cruz.
"El documental no fue nada fácil, no fue un trabajo sencillo. Bien hecho a mano fue. Muy costoso", revela Alem. Gastos y gastos. Para viajar a Orán, Argentina, donde viven algunos guaraníes emigrados para la zafra, ya contó con apoyo y pudo contratar productores, sonidista y asistente, y alquilar una camioneta con chofer para todo el viaje, para así dar más libertad a la producción. Antes de eso, todo lo he hecho solo. Todos los viajes: entrar y salir a pie 10 kilómetros con lluvia y barro… "Sólo esta última temporada, la productora Buena Onda Américas, me apoya económicamente para acabar el proceso de filmación, pero después de un año y medio de trabajar solo", cuenta Alem.
Aparte del viaje a Orán, Alem acompañó a 10 dirigentes tentayapeños a Chicaloma, para hacer un convenio de provisión de hojas de coca y a La Paz, para una entrevista con el Presidente Evo Morales. Todas fueron decisiones de la comunidad. Cuenta que en otra reunión comunitaria, las mujeres de Tentayape buscaban la forma de vender sus artesanías. Alem les ofreció ayudarles a vender en Cochabamba. "A los dos meses tenía 36 cajas de artesanía en mi casa, por un valor de más de 20.000 bolivianos. Toda la comunidad se había puesto a trabajar, eran 65 mujeres que me mandaron todo. He tardado un mes en vender, pero lo logramos", dice Alem.. Tres mujeres y dos hombres lo acompañaron a La Paz para una exposición de fotos y artesanías en la Alianza Francesa, y se repitió el trámite de ir hasta Tentayape a recogerlos, llevarlos, alojarlos, cuidar que no les falte comida… El viaje más importante fue la visita al Palacio, donde Evo Morales se comprometió a dotar a Tentayape de títulos de sus tierras comunitarias de origen. "Yo, como productor y camarógrafo, iba detrás de ellos, donde ellos digan. Es necesario que tengan confianza en ti, que acepten que tú puedes ir con ellos y ayudarles en sus gestiones. Les cuesta viajar, son gente que no tiene el hábito de salir, son sedentarios, trabajan en su comunidad", cuenta Alem.
Filmar un documental con una comunidad originaria entraña una ética. Uno debe esperar que la comunidad lo acepte. "Me da vergüenza sacar la cámara, ir, filmar, hasta hoy siento vergüenza", revela Alem. Muchos momentos íntimos de la comunidad, como el entierro de una señora o el encuentro con los paisanos emigrados a Orán no le dejaron filmar.
El primer contacto con Tentayape fue posible gracias al médico naturista Nicolás Hurtado. Roberto Alem hacía trabajos sobre medicina natural en el Chaco y los valles de Chuquisaca, por encargo de la Cruz Roja Suiza. "No entra nadie así nomás, es difícil que acepten gente a compartir con ellos sus fiestas, siembra, cosecha, o a filmar la vida de la comunidad", dice Alem.
A principios de junio se iniciará la conversión del documental a 35 mm. en Madrid.
Uno de los propósitos pendientes es sacar un libro de fotografías, imprimir almanaques y afiches, y a través de esos productos apoyar a que la comunidad siga manteniendo el título de patrimonio cultural y evitar que se contaminen. El plástico, la ropa usada son una amenaza constante. Los yambuis grandes de cerámica son gradualmente sustituidos por turriles. En el Izozog, por ejemplo, todos usan jeans, chamarras y tenis. En Tentayape, unos 5 o 6 ancianos usan todavía tembeta, un pequeño platillo de arcilla incrustado junto al labio inferior. Todos los varones usan simba, un pañuelo blanco que envuelve la cabeza, y sombrero. Las mujeres usan tipoy impecable y los hombres camisas muy limpias, planchadas con viejas planchas al carbón.

El país más desigual... (Roberto Laserna)

Bolivia no es ciertamente un modelo de equidad, pero está muy lejos de ser es “el país más desigual”, como afirman muchos informes de organismos internacionales y no pocos documentos políticos. Es que en ellos la desigualdad se define en base a la distribución del ingreso. Pero en una economía heterogénea como la nuestra, en la que una parte de lo que satisface las necesidades de la gente proviene de bienes producidos en el hogar o de transacciones e intercambios no monetarios, resulta más apropiado observar la distribución del consumo. Cuando se procede de esta manera se confirma que en Bolivia la pobreza es un problema mucho más grave que la desigualdad.

La estructura del consumo, que define mejor que los ingresos monetarios la situación económica real de las familias, nos informa que el coeficiente de Gini de Bolivia es del 43.8%, que es mucho más bajo que el 57.8% que se le atribuye al país e incluso inferior al de países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica.

La fuente más importante de datos respecto de la situación de las familias bolivianas es la encuesta de hogares que aplica el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Ver gráfico)


La base de datos disponible más reciente es la del año 2005.

Esta encuesta es larga y muy detallada, y el personal puede aplicarla en varias visitas a los hogares a fin de completar la información. A los ingresos y gastos se dedica mucho tiempo en la encuesta, pues se trata de obtener información que a veces el propio hogar desconoce si no lleva una contabilidad rigurosa de lo que recibe, vende y compra. Por lo tanto, la información de los ingresos y gastos totales que la familia recibe cada mes no provienen de una sola pregunta, sino de las sumas que se hacen al procesar la encuesta con las respuestas que se han dado acerca de los ingresos y gastos de todos los miembros del hogar. También se hacen esfuerzos para cuantificar el valor monetario de las transferencias gratuitas, de los bienes que se producen y consumen dentro del hogar y de los intercambios de bienes por bienes o bienes por servicios entre familias.

Los especialistas tienen mayor confianza en los datos de gastos que en los de ingresos, debido a que la gente tiende a mencionar cifras inferiores de ingresos. El temor de que los datos se usen para cobrarles impuestos es lo que explica con más frecuencia esa “subdeclaración”, cuando no otros temas de conveniencia personal o grupal. En cambio los gastos se registran con más detalle (cuánto compra de pan al día, cuánto paga de alquiler al mes, etc.), por lo que se obtienen datos más confiables. Y dado que se toma en cuenta el autoconsumo y los intercambios no monetarios, la información sobre gastos proporciona una mejor aproximación a la situación económica real de las personas.

Comparemos las estructuras de ingresos y gastos en Bolivia, en base a la encuesta de hogares del 2005.

En el cuadro que acompaña este artículo se muestra la población dividida en diez grupos de similar dimensión demográfica y ordenados según sus niveles de consumo (deciles, les llaman los estadísticos). En las dos primeras columnas están los porcentajes de ingresos y de gastos que corresponden a cada decil, y en las dos últimas los niveles promedio de ingreso y gasto mensuales por persona.



DECIL --% del Ingreso----% del Gasto---Ing mensual----Gasto mensual
-----------de Hogares ------per capita------per capita -------per capita
---------------1-------------------2----------------3------------------4----------
10% mas
bajo--------0.29--------------1.67------------65.7----------------70.4-----
2 -----------1.09--------------3.03-----------118.0---------------128.0----
3 -----------2.20--------- ----4.06-----------164.9---------------170.8---
4 -----------3.43---------- ---5.14 -----------219.6---------------218.5
5 -----------4.70 -------------6.42 -----------268.3 --------------270.9
6 -----------6.28 -------------7.80 -----------334.4 --------------329.3
7 -----------8.35 -------------9.57 -----------466.7 --------------404.3
8 ----------11.49 ---------- -12.01 -- ---------588.4 --------------507.9
9 ----------16.86 -----------16.34 -- ---------692.2 ----- --------688.0
10% mas
alto -------45.31 -----------33.95 ----------1896.2 ------------1435.7

-------------100 -----------100.00 -----------475.9 ------------- -422.3 -----------
Gini -------- 57.8% --------43.8% ----------48.5% --------------43.8%


Notas: 1 es Ingreso de los hogares por deciles de ingreso, 2 es gastos por persona por deciles de gastos, 3 es ingreso promedio por persona en cada decil de gasto, 4 es gasto por persona por decil de gasto. Datos de la Mecivi 2005, INE

En general suele concentrar la atención en la columna 1, que muestra las proporciones de ingresos monetarios que perciben los hogares, ordenados desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Vista así, la desigualdad es enorme. Mientras el 10% más pobre de la población recibe solamente el 0.29% de los ingresos, en el otro extremo se encuentra el 10% más rico, que percibe el 45.31% de los ingresos. La distancia, medida por ingreso familiar mensual, es enorme. El decil más rico recibe en promedio 154 veces más que los hogares más pobres. Estos datos suelen expresarse a través de un coeficiente de desigualdad, que se llama de Gini, y que con estos datos alcanza al 57.8%. Es justamente de este dato que ha salido la idea de “el país más desigual”, que se repite tanto en los documentos políticos como en los de la cooperación internacional.

Prestemos ahora atención a las columnas 2 y 4, a las que pocas veces se hace referencia a pesar de que, como anticipamos, se considera que esos datos son más representativos de la verdadera situación económica de la gente.

La columna 2 muestra la desigualdad real. El 10% más pobre gasta el 1.67% del total de los gastos de las familias, y el 10% más rico gasta casi el 34% de ese total. Hay desigualdad pero es menor a la que se vio en el caso de los ingresos. En el decil más pobre el gasto promedio mensual por persona es de 70 bolivianos, en tanto que los más ricos tienen un gasto mensual por persona de 1436 bolivianos, 20 veces más (y no las 154 veces que se veía en la medición del ingreso que tampoco tomaba en cuenta los tamaños de las familias).

Como se afirmó antes, el indicador de desigualdad de Gini calculado con estos datos es del 43.8%, catorce puntos más cerca de la igualdad que el Gini de ingresos.

El gráfico reproduce la misma información mediante las denominadas curvas de Lorenz. Mientras más se acerca la línea a la diagonal, la desigualdad es menor. Los ingresos familiares están representados por la curva con puntos. Los gastos por persona por la línea con cuadrados. Estos tienen una distribución más igualitaria como lo muestra su mayor cercanía a la diagonal.

Por supuesto que hay desigualdades, y no se las puede ni debe ignorar. Pero tampoco se las debe exagerar porque se corre el riesgo de reproducir los errores que las generaron.

Además de los problemas de método que tienen que ver con la recolección y el procesamiento de los datos, que explican en parte las diferencias, esta información refuerza la necesidad de tomar en cuenta la economía del ch´enko que caracteriza a Bolivia. El concepto del ch´enko se refiere a la heterogeneidad estructural y la coexistencia de sistemas de producción y de racionalidades económicas muy diferentes que se relacionan de forma compleja, aprovechándose y obstruyéndose mutuamente. En el análisis estadístico es relevante tomar en cuenta este concepto porque nos recuerda que los datos monetarios dan visibilidad a sólo una parte de la economía, manteniendo al resto en la oscuridad estadística. La desigualdad de ingresos se refiere a esa parte visible, en tanto que la de los gastos toma en cuenta también, por lo menos en alguna medida, a la parte de la economía más oscura o menos monetizada.

Esta información, en definitiva, exige repensar las prioridades de política económica en el país y superar los prejuicios con que se ha mirado el pasado reciente. El problema principal de Bolivia no es la desigualdad sino la pobreza y, por lo tanto, el desafío principal que tenemos por delante es el de la creación de riqueza, no el de su distribución. Tal vez la distribución pueda estar entre los objetivos de los organismos públicos, pero la creación de riqueza solamente se puede alcanzar cuando se convierte en un objetivo de la sociedad en su conjunto. Nunca una burocracia estatal ha sido capaz de cumplir la tarea de crear riqueza en la escala que se necesita para superar la pobreza. Las sociedades, en cambio, sí lo han sido… y muchas veces.

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Fuente: Pulso