martes, 31 de marzo de 2009
Los primeros efectos de la crisis
Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables
La última edición del Informe Nacional de Coyuntura que periódicamente publica la Fundación Milenio, ofrece abundantes datos, a cuál más alarmante, sobre los primeros efectos de la crisis económica mundial en nuestro país y especialmente en la “locomotora” de la economía nacional, que es Santa Cruz.
“Por supuesto, Bolivia no estaba blindada y empezó a sentir los efectos de la crisis mundial con la reducción de las exportaciones en enero de 2009, la caída de las remesas en el último trimestre de 2008 y el cierre de varias operaciones mineras en Potosí”, indica, Destaca, además, el hecho de que la economía cruceña será la más afectada, pues los dos pilares sobre los que ésta se sostiene, el sector agroindustrial y el manufacturero, verán drásticamente disminuidos sus mercados.
Los datos oficiales del INE dan cuenta de la magnitud de ese fenómeno, En enero de 2009, las exportaciones cruceñas disminuyeron en 51 por ciento con respecto a similar periodo en 2008. Los principales productos de exportación de Santa Cruz que tuvieron un impacto negativo son: la soya y sus derivados que cayeron de 41 millones de dólares a12 millones; los combustibles de 27 millones a menos de 5 millones, el gas natural de 35 millones a 29 millones y los productos alimenticios de 16 millones a menos de 5 millones de dólares.
A lo anterior se suma la disminución de los precios del gas natural, lo que tendrá un fuerte impacto en el balance financiero del aparato público ya sea éste Gobierno Central, departamental y municipal. En cambio, el sector privado estará afectado por la disminución de las exportaciones no tradicionales.
Por ejemplo, los derivados de la soya disminuyeron su valor en un 30 por ciento desde el precio más alto obtenido en 2008 hasta el 20 de marzo de 2009, los precios de los productos alimenticios como el arroz, maíz, sorgo se redujeron en 35 por ciento, 47 por ciento y 46 por ciento respectivamente.
Otro factor que incidirá drásticamente en la economía nacional es la disminución del flujo de remesas provenientes de los bolivianos que emigraron a trabajar en el exterior, principalmente a Estados Unidos, España e Italia, países que han dejado de ser proveedores de fuentes de trabajo.
Como se puede constatar a la luz de esas cifras, Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables, por lo que todas las previsiones indican que los próximos meses y años traerán crecientes dificultades.
Y como si los factores externos no fueran suficientes, a ellos se suma la política económica del actual gobierno, o la ausencia de ella, que en nada contribuye a contrarrestar los efectos negativos de la crisis global sino, por el contrario, los agudiza.
sábado, 21 de marzo de 2009
Lula, el mediador (Walter Sotomayor)
Los profesionales de la diplomacia consideran que su misión tiene éxito cuando cierran acuerdos, facilitan contratos, reducen tensiones y acomodan intereses. A veces el mero establecimiento del diálogo franco y directo puede ser el comienzo de algo grande. Es necesario encontrar coincidencias y consensos para avanzar.
La diplomacia brasileña vive actualmente un buen momento en la relación con el Gobierno de Estados Unidos y está completando dos décadas de entendimiento, pese a que en muchos temas hay discrepancias. El último corto circuito coincidió con la moratoria de la deuda externa (1986), con la política que prohibía importar computadoras y reconocer derechos de propiedad intelectual durante el gobierno de José Sarney.
Después, las autoridades consideraron que era mejor tener una agenda positiva y tratar de manera menos emotiva las diferencias comerciales. Los últimos presidentes brasileños han sido recibidos en la Casa Blanca y han sido también anfitriones de los estadounidenses en Brasilia. Tampoco se han mezclado los canales, para que la desaprobación brasileña a la invasión de Irak, por ejemplo, no se transforme en un escollo a entendimientos sobre otros asuntos.
Rio Branco, el patrono de la diplomacia brasileña, definió esa política pragmática en relación a Estados Unidos hace un siglo, y tener buenas relaciones con Washington es un objetivo permanente de Brasil, lo que no significa identidad política. Los brasileños están siempre dispuestos a defender sus intereses con argumentos consistentes, así como lo hacen las autoridades norteamericanas.
En ese sentido, Brasil no cambió nada con Lula da Silva. Sólo que ahora se sienta para conversar en el salón oval de la Casa Blanca no sólo sobre los asuntos bilaterales, sino que trata además problemas de otros países, como Venezuela, Argentina y Bolivia, que han perdido la capacidad de dialogar y han solicitado su intermediación. Conversar con Lula es también importante para Barack Obama, porque el Presidente brasileño puede ayudar a reducir el antiamericanismo fomentado por la administración de su antecesor. Poco a poco ha surgido un nuevo escenario en las relaciones diplomáticas en el continente.
Fuente: La Razón
La diplomacia brasileña vive actualmente un buen momento en la relación con el Gobierno de Estados Unidos y está completando dos décadas de entendimiento, pese a que en muchos temas hay discrepancias. El último corto circuito coincidió con la moratoria de la deuda externa (1986), con la política que prohibía importar computadoras y reconocer derechos de propiedad intelectual durante el gobierno de José Sarney.
Después, las autoridades consideraron que era mejor tener una agenda positiva y tratar de manera menos emotiva las diferencias comerciales. Los últimos presidentes brasileños han sido recibidos en la Casa Blanca y han sido también anfitriones de los estadounidenses en Brasilia. Tampoco se han mezclado los canales, para que la desaprobación brasileña a la invasión de Irak, por ejemplo, no se transforme en un escollo a entendimientos sobre otros asuntos.
Rio Branco, el patrono de la diplomacia brasileña, definió esa política pragmática en relación a Estados Unidos hace un siglo, y tener buenas relaciones con Washington es un objetivo permanente de Brasil, lo que no significa identidad política. Los brasileños están siempre dispuestos a defender sus intereses con argumentos consistentes, así como lo hacen las autoridades norteamericanas.
En ese sentido, Brasil no cambió nada con Lula da Silva. Sólo que ahora se sienta para conversar en el salón oval de la Casa Blanca no sólo sobre los asuntos bilaterales, sino que trata además problemas de otros países, como Venezuela, Argentina y Bolivia, que han perdido la capacidad de dialogar y han solicitado su intermediación. Conversar con Lula es también importante para Barack Obama, porque el Presidente brasileño puede ayudar a reducir el antiamericanismo fomentado por la administración de su antecesor. Poco a poco ha surgido un nuevo escenario en las relaciones diplomáticas en el continente.
Fuente: La Razón
martes, 17 de marzo de 2009
“Liberen la verdad”
Las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos deben enmarcarse dentro los límites propios de esos valores
Con el lema ‘Liberen la Verdad’, familiares Leopoldo Fernández y varias organizaciones sociales han dedicado la jornada de ayer a recordar los seis meses de detención del ilegalmente destituido pero legítimamente electo prefecto de Pando. Pero más allá del caso individual, se ha llamado la atención del país y del mundo sobre la manera arbitraria como fueron detenidos y son mantenidos en la reclusión muchos ciudadanos acusados de haber promovido los enfrentamientos de Porvenir el 11 de septiembre del pasado año.
Lo que piden los promotores de estas movilizaciones no es que Fernández y los demás detenidos sean liberados de cualquier responsabilidad que pudieran tener. Se reconoce que los luctuosos acontecimientos que tuvieron lugar en Pando deben ser objeto de una investigación y los implicados –tanto los del oficialismo como los de la oposición— sometidos a un juicio justo.
Lo que se exige, pues, es simplemente que el proceso vuelva al cause de la legalidad. Que los más elementales derechos ciudadanos de los imputados sean respetados, que se respete lo que para estos casos tiene previsto la legalidad vigente. En el caso de Fernández, no es otra cosa que un juicio de responsabilidades.
El mismo prefecto pandino se ha encargado de aclarar cuál es su demanda. En una carta pública, Fernández aclaró que no pide que se le dé libertad irrestricta sino, simplemente, que se le dé lo que le corresponde como a cualquier ciudadano: la posibilidad de defenderse de acuerdo a su estatus de prefecto elegido por el voto de la gente. Pero además de esas demandas, el movimiento promovido alrededor de esa causa se propone sentar las bases de una oposición política, por ahora inexistente, capaz de dar batalla en el escenario democrático. Para ello, los comités cívicos de los departamentos autonomistas se proponen analizar la posibilidad de constituir un Frente Amplio y definir una posición conjunta sobre la situación política nacional y sus múltiples desafíos.
La decisión de llevar las luchas cívicas de esos departamentos al escenario político, de modo que su campo de acción sean los escenarios de la democracia y no, como hasta ahora, las luchas callejeras, es desde todo punto de vista encomiable. Es el reflejo de una sana autocrítica sobre la manera de actuar que hasta ahora tuvieron, la que dio lugar a graves errores entre los que se destaca el haberse dejado llevar, como en Pando, al terreno de la violencia.
En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá, como ya se ha visto, a que se imponga el espíritu autoritario.
Con el lema ‘Liberen la Verdad’, familiares Leopoldo Fernández y varias organizaciones sociales han dedicado la jornada de ayer a recordar los seis meses de detención del ilegalmente destituido pero legítimamente electo prefecto de Pando. Pero más allá del caso individual, se ha llamado la atención del país y del mundo sobre la manera arbitraria como fueron detenidos y son mantenidos en la reclusión muchos ciudadanos acusados de haber promovido los enfrentamientos de Porvenir el 11 de septiembre del pasado año.
Lo que piden los promotores de estas movilizaciones no es que Fernández y los demás detenidos sean liberados de cualquier responsabilidad que pudieran tener. Se reconoce que los luctuosos acontecimientos que tuvieron lugar en Pando deben ser objeto de una investigación y los implicados –tanto los del oficialismo como los de la oposición— sometidos a un juicio justo.
Lo que se exige, pues, es simplemente que el proceso vuelva al cause de la legalidad. Que los más elementales derechos ciudadanos de los imputados sean respetados, que se respete lo que para estos casos tiene previsto la legalidad vigente. En el caso de Fernández, no es otra cosa que un juicio de responsabilidades.
El mismo prefecto pandino se ha encargado de aclarar cuál es su demanda. En una carta pública, Fernández aclaró que no pide que se le dé libertad irrestricta sino, simplemente, que se le dé lo que le corresponde como a cualquier ciudadano: la posibilidad de defenderse de acuerdo a su estatus de prefecto elegido por el voto de la gente. Pero además de esas demandas, el movimiento promovido alrededor de esa causa se propone sentar las bases de una oposición política, por ahora inexistente, capaz de dar batalla en el escenario democrático. Para ello, los comités cívicos de los departamentos autonomistas se proponen analizar la posibilidad de constituir un Frente Amplio y definir una posición conjunta sobre la situación política nacional y sus múltiples desafíos.
La decisión de llevar las luchas cívicas de esos departamentos al escenario político, de modo que su campo de acción sean los escenarios de la democracia y no, como hasta ahora, las luchas callejeras, es desde todo punto de vista encomiable. Es el reflejo de una sana autocrítica sobre la manera de actuar que hasta ahora tuvieron, la que dio lugar a graves errores entre los que se destaca el haberse dejado llevar, como en Pando, al terreno de la violencia.
En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá, como ya se ha visto, a que se imponga el espíritu autoritario.
domingo, 22 de febrero de 2009
Facebook y el rostro del Leviatán (Fernando Estrada Gallego)
Generaciones perdidas. El escandaloso auge de Facebook y las formas de comunicación predominantes entre miles de seres humanos en nuestro tiempo provoca reflexiones metafísicas.
No sólo por transformar la idiotez en ideal de vida, sino por conseguir hundir nuestras capacidades evolutivas desde el homo sapiens. Facebook tipifica un retroceso conservador de tipo cavernario usando avances de tecnología informática. La pesadilla orwelliana vista en una masa de borregos solitaria que necesita el cosquilleo de las multitudes. Una suerte de espejo narcisista para calmar ansiedades y vacíos que lejos de comprenderse como existenciales -a la manera de Sartre o Camus- son precipitaciones de seres sonámbulos entre la bestialidad y la pereza. La generación de Facebook en realidad no se cuenta por edades, porque incluye niños, adolecentes, jóvenes, viejas y viejos errabundos.
El tema central de Facebook son los juegos estratégicos de un mercado que conjuga curiosidad y manipulación de la información. Una sobredosis de imágenes que se desdobla continuamente para retraer el vacío que tiene la gente. Como lo sugería Canneti en su magnífica obra: Masa y Poder al advertir que la fenomenología de la masa únicamente se comprende bajo la sombra del poder que la impulsa. Facebook reproduce capitales para sus gestores, mientras exalta como virtudes los reflejos narcisistas de millones de almas.
Sin embargo, laboralmente, Facebook debe significar para las empresas y compañías una enorme pérdida de capitales. La cantidad de usuarios que permanecen conectados a Facebook durante horas, representan un desgaste de tiempo, recursos, equipos y espacios desaprovechados. Con excepción del mercado de capitales que agrega valores a la cultura del consumidor en Facebook, las empresas y compañías sufren una desvalorización creciente. Como en los juegos de suma cero o juegos de valores absolutos, las causas perdidas en Facebook, son perdidas radicales. Y esto visto por encima. Porque más fondo, Facebook puede transformar una organización en una secta religiosa, con creyentes que se pegan todo el día a la virtualidad de sus propios rostros. La metáfora de Sigmund Freud, proyectada sobre la pantalla.
Para mantenernos en la esfera de los juegos, ¿qué tipo de estrategia a la sombra promueve Facebook? Ante todo la curiosidad, que luego se convertirá en morbosidad colectiva. Aunque se trata de agentes captados psicológicamente con la idea de ser visibles -exponiendo fotografías, gustos y estados emocionales- Facebook atiende a los criterios de individualismo y comunicación.
El cosquilleo de saber que uno es uno, pero que existen millones que quieren ser uno. Y la ansiedad de comunicación. Sólo que se trata de emplear una comunicación sin compromiso, tácita, que puede mostrarse cuando se requiere, polisémica. Esto es, dice todo y no dice nada.
Los seres de Facebook flotan ligeros, como hojas de papel blanco grabadas en una Red inodora, incolora e insípida. Los juegos de agentes en Facebook han interiorizado unidades de memoria amnésica, agentes capaces de reconocer el mundo en su propio yo.
De modo que los estados de vibración emocional cuentan como parte del ser. Un ser que puede aglomerarse en un parque, en una calle o en una larga marcha. El tema que cuenta no son los motivos ni las razones para estar en medio de la multitud, ni los ideales o consignas que se gritan. El verdadero tema es la pertenencia anómica a la eternidad. Y los cosquilleos que produce el saber que puedes hacer parte de ese espectáculo. Facebook debe exaltarse, además, como un
capítulo inédito de poder político, un nuevo rostro del Leviatán.
persuacion@gmail.com
Fuente: Analitica.com
No sólo por transformar la idiotez en ideal de vida, sino por conseguir hundir nuestras capacidades evolutivas desde el homo sapiens. Facebook tipifica un retroceso conservador de tipo cavernario usando avances de tecnología informática. La pesadilla orwelliana vista en una masa de borregos solitaria que necesita el cosquilleo de las multitudes. Una suerte de espejo narcisista para calmar ansiedades y vacíos que lejos de comprenderse como existenciales -a la manera de Sartre o Camus- son precipitaciones de seres sonámbulos entre la bestialidad y la pereza. La generación de Facebook en realidad no se cuenta por edades, porque incluye niños, adolecentes, jóvenes, viejas y viejos errabundos.
El tema central de Facebook son los juegos estratégicos de un mercado que conjuga curiosidad y manipulación de la información. Una sobredosis de imágenes que se desdobla continuamente para retraer el vacío que tiene la gente. Como lo sugería Canneti en su magnífica obra: Masa y Poder al advertir que la fenomenología de la masa únicamente se comprende bajo la sombra del poder que la impulsa. Facebook reproduce capitales para sus gestores, mientras exalta como virtudes los reflejos narcisistas de millones de almas.
Sin embargo, laboralmente, Facebook debe significar para las empresas y compañías una enorme pérdida de capitales. La cantidad de usuarios que permanecen conectados a Facebook durante horas, representan un desgaste de tiempo, recursos, equipos y espacios desaprovechados. Con excepción del mercado de capitales que agrega valores a la cultura del consumidor en Facebook, las empresas y compañías sufren una desvalorización creciente. Como en los juegos de suma cero o juegos de valores absolutos, las causas perdidas en Facebook, son perdidas radicales. Y esto visto por encima. Porque más fondo, Facebook puede transformar una organización en una secta religiosa, con creyentes que se pegan todo el día a la virtualidad de sus propios rostros. La metáfora de Sigmund Freud, proyectada sobre la pantalla.
Para mantenernos en la esfera de los juegos, ¿qué tipo de estrategia a la sombra promueve Facebook? Ante todo la curiosidad, que luego se convertirá en morbosidad colectiva. Aunque se trata de agentes captados psicológicamente con la idea de ser visibles -exponiendo fotografías, gustos y estados emocionales- Facebook atiende a los criterios de individualismo y comunicación.
El cosquilleo de saber que uno es uno, pero que existen millones que quieren ser uno. Y la ansiedad de comunicación. Sólo que se trata de emplear una comunicación sin compromiso, tácita, que puede mostrarse cuando se requiere, polisémica. Esto es, dice todo y no dice nada.
Los seres de Facebook flotan ligeros, como hojas de papel blanco grabadas en una Red inodora, incolora e insípida. Los juegos de agentes en Facebook han interiorizado unidades de memoria amnésica, agentes capaces de reconocer el mundo en su propio yo.
De modo que los estados de vibración emocional cuentan como parte del ser. Un ser que puede aglomerarse en un parque, en una calle o en una larga marcha. El tema que cuenta no son los motivos ni las razones para estar en medio de la multitud, ni los ideales o consignas que se gritan. El verdadero tema es la pertenencia anómica a la eternidad. Y los cosquilleos que produce el saber que puedes hacer parte de ese espectáculo. Facebook debe exaltarse, además, como un
capítulo inédito de poder político, un nuevo rostro del Leviatán.
persuacion@gmail.com
Fuente: Analitica.com
domingo, 4 de enero de 2009
Yacaspata, ¿Qué había en el cementerio mollo? (Mónica Oblitas y Rafael Sagárnaga)
En la provincia Camacho, la construcción del tramo carretero Humacha-Ambaná provocó la destrucción de un camposanto prehispánico de la cultura mollo. La negligencia salpica a la Prefectura de La Paz y la empresa constructora. Decenas de tumbas fueron profanadas y sus objetos de valor de oro y plata habrían sido saqueados por obreros y comunarios
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domingo, 28 de diciembre de 2008
Costo de la reforma constitucional (Roberto Laserna)
Es lamentable que hasta ahora los promotores de la reforma constitucional no hayan informado lo que puede costarle al país esa iniciativa. Tampoco la UCAC, la Repac, Udape o la Asamblea Constituyente hicieron nunca estimaciones de cuánto podría costarle al país cada una de las reformas y mucho menos el conjunto reunido en el proyecto que se votará en enero.
No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.
Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.
Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.
Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.
Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.
El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.
Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.
Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.
Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.
Fuente: La Razón
No nos referimos a los costos de la Asamblea o de la campaña, sino a las consecuencias que podría acarrear el proceso de reformas sobre nuestra economía, en términos de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de pobreza. Es necesario hacer ese cálculo, así sea hipotético, porque los ciudadanos tenemos la obligación de pensar tanto en los beneficios que generan nuestros actos, como en los costos o las pérdidas que ellos provocan. Toda reforma tiene consecuencias que son también económicas; algunas son intencionales pero muchas son resultados no deseados. Así, una reforma institucional causa inestabilidad, afectando el crecimiento económico. Los datos muestran que, en los años 90, el crecimiento boliviano fue bajo, pero aún sí fue superior en 1,2 puntos al promedio de América Latina. Ése fue el premio a la estabilidad. En cambio, desde el 2000, si bien el PIB creció más que antes, lo hizo a un promedio inferior al del resto del continente. La inestabilidad, por lo tanto, hizo que nuestra economía crezca en casi 1,5 puntos menos de su potencial.
Cuando hay inestabilidad, los inversionistas reducen su actividad por la incertidumbre de los cambios, con lo que también se reduce la creación de empleos y se estancan la producción y el consumo, o incluso llegan a declinar. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, de aprobarse la nueva CPE, no sólo habrá un periodo de inestabilidad y ajuste institucional sino que las normas que se aprueben tendrán un impacto directo en la economía. Si éste implicara un aumento en las inversiones y por tanto una mayor dinamización de la economía, los costos podrían reponerse. Pero todo indica que ocurrirá lo contrario. El proyecto de nueva CPE desalienta la inversión y el ahorro y se concentra en la distribución de la riqueza ya existente, sobre todo la que existe potencialmente en los recursos naturales. No toma en cuenta que incluso para aprovechar esa riqueza se necesita invertir en maquinarias, tecnología y conocimientos.
Por ejemplo, se estima que en los próximos cinco años Bolivia necesitará crear unos 600 mil empleos nuevos, sin considerar los que hay que crear para los migrantes que regresan. Para que esos empleos sean de la calidad prometida en los planes y en el proyecto constitucional, se necesitarán unos $us 7.200 millones en inversiones en ese periodo. Los datos indican que estamos muy lejos de esas cifras, por lo que se puede estimar que la caída de inversiones reducirá la tasa de crecimiento en por lo menos un punto adicional.
Finalmente, habrá que considerar también los costos provenientes del conflicto social y político. El proyecto de CPE está tan plagado de promesas y contradicciones, que es muy poco probable que ayude a reducir los conflictos. Al contrario, la interpretación de sus confusas disposiciones y la lucha de cada grupo por lograr que se dé prioridad a la promesa específica que se le ha hecho intensificará, o cuando menos mantendrá, el nivel actual de conflictividad. En base a los resultados de un estudio anterior sobre el impacto de los conflictos sobre el crecimiento, estimamos que si no disminuye la conflictividad con la nueva CPE, tendríamos un costo anual equivalente a por lo menos 1,55 puntos de crecimiento del PIB.
Agregando las tres estimaciones, y sin tomar en cuenta los costos fiscales de la reforma, tendríamos que por efecto de inestabilidad, caídas de la inversión y conflictos sociales, el PIB crecería entre 4 y 5% menos que el potencial que tiene nuestra economía.
El Presidente ha dicho que la transición puede durar 10 años. A los precios actuales, esto quiere decir que la economía perderá, o dejará de ganar, un monto cercano a los 10 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aprueba en enero, la reforma constitucional podría costarle a cada boliviano adulto una pérdida aproximada de 1.900 dólares. Así, lo que está en juego para cada familia boliviana es una pérdida promedio cercana a los 4.560 dólares, o sea 32.240 bolivianos.
Si una familia perteneciente al 20% más pobre del país tuviera que pagar con sus ingresos monetarios la cuota promedio que le corresponde para cubrir las pérdidas en crecimiento de la reforma constitucional, tendría que dedicar a ello la totalidad de sus ingresos durante siete años y tres meses.
Otra manera de ver este problema es el de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que estimó que, para reducir un punto porcentual la pobreza extrema, nuestra economía debería crecer cada año un 4,8%. Aplicando a los 10 años de transición las estimaciones de pérdida en crecimiento por efecto de inestabilidad, caída en inversiones y conflictos se puede estimar un aumento de la pobreza en nueve puntos porcentuales, con las secuelas asociadas de mortalidad infantil, deterioro de la salud y nuevas desigualdades.
Por supuesto, estas estimaciones son discutibles y, ciertamente, deberían ser contrapuestas a las que divulguen los promotores del proyecto de CPE que será sometido a referéndum. Mientras, considerando los elevados costos económicos que podría tener esta nueva aventura institucional, los ciudadanos deberíamos oponernos a ella y seguir insistiendo en buscar, en el marco de la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, más estabilidad institucional, menos conflictos y mayor confianza en las iniciativas de los bolivianos.
Fuente: La Razón
viernes, 28 de noviembre de 2008
Los menonitas y el estado pluricultural (Roberto Laserna)
Cada día que pasa hay algún dato nuevo para reconocer cuál es la naturaleza profunda del proyecto de cambio que impulsan algunas de las autoridades del gobierno. Y poco a poco se descubre que es una naturaleza autoritaria, intolerante y antidemocrática. La última muestra está en la decisión de expulsar "por las buenas" a los menonitas, por ser "extremadamente conservadores".
Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.
Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.
¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.
¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.
La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.
Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?
Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.
Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.
Fuente: Los Tiempos
Esta es una decisión que debemos repudiar y rechazar todos los que creemos en los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Los menonitas son una comunidad religiosa que solamente aspira a que se la deje vivir de acuerdo a sus principios. No están buscando convencer a nadie de que esos principios son los mejores o los únicos verdaderos, ni han tratado de imponer su estilo de vida a sus vecinos. Respetan a los que les rodean en la convicción de que, de ese modo, se ganan el derecho de ser también respetados.
Por supuesto, no son perfectos, pues entre ellos hay, como en toda comunidad, individuos de distintas características.
¿Violan las leyes del país? Probablemente, pero no creo que en eso sean peores que la mayoría de los bolivianos.
¿Destruyen el medio ambiente? Tal vez, pero estoy seguro de que muchos otros grupos lo hacen con más violencia y menos cuidado.
La decisión de expulsarlos tiene una base exclusivamente política (se los acusa de conservadores) y un fundamento racista (se los califica de extranjeros por ser rubios). Es una decisión que solamente Hitler aplaudiría.
Es también una decisión que ignora que la mayoría de los menonitas, si no todos, son ciudadanos bolivianos, porque han hecho de ésta su patria y muchos han nacido aquí. Tienen, pues, tanto derecho como cualquiera de nosotros a reclamar la protección de las leyes y la solidaridad de los otros ciudadanos. Que sean rubios, vistan de overol y vestido largo, y hablen su propio idioma, no los hace menos bolivianos que otros grupos que también tienen rasgos específicos, vestimenta peculiar y un idioma propio. ¿No es un trágico contrasentido, o una patética comedia, que sea justamente este gobierno, que tanto defiende el derecho a la identidad, el que ataque de este modo tan vil a los menonitas?
Además de ser una decisión antiboliviana, es una decisión antihumana, una verdadera violación de los derechos que esas personas tienen por el hecho básico de su condición humana. Bastaría leer rápidamente la Declaración Universal, que es ley de nuestro país, para darse cuenta de que los menonitas tienen todo el derecho de ser lo que son y vivir como viven en tanto no restrinjan los derechos de los demás.
Si hoy no repudiamos a los neonazis que pretenden agredir a este grupo, mañana no podremos resistir los ataques que nos hagan a nosotros. Es cuestión de simple solidaridad humana. Confío en que esta decisión será repudiada incluso por autoridades y funcionarios del mismo gobierno, porque estoy seguro que no todos lo que forman parte de él comparten los criterios de quienes impulsan esa medida y que será posible evitar que se cometa una injusticia que dañará al país entero.
Fuente: Los Tiempos
domingo, 16 de noviembre de 2008
El ex guerrillero y la Constitución (Roberto Laserna)
El 20 de octubre de 2008, cuando el Congreso se reunía para dar forma al acuerdo político de transacción, y la Plaza Murillo se hallaba invadida por militantes del gobierno que disfrazaban su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, mi atención saltaba de la pantalla de televisión a un libro que tenía en las manos. Se trataba de “¡Qué solos se quedan los muertos!”, la novela de Ramón Rocha basada en la vida del Mariscal Sucre. Así, leí a saltos interrumpidos por las noticias de la Plaza Murillo la historia del primer intento de golpe de Estado en Bolivia, cuando un grupo de amotinados en abril de 1828 alcanzó a herir a Sucre, obligándolo a delegar el mando a su Ministro Urdininea.
Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.
Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.
¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!
El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.
¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).
Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.
Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.
¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?
La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.
El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.
Fuente: Los Tiempos
Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.
Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia, registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.
¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!
El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referéndum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual --desconociendo el referéndum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente-- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato --que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009.
¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).
Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.
Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.
¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?
La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no puede explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.
El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.
Fuente: Los Tiempos
sábado, 27 de septiembre de 2008
La lucha contra la corrupción
Para dar verosimilitud al informe de Transparencia Internacional, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.
Como ya es habitual desde hace algunos años, el informe anual de Transparencia Internacional sobre el estado de la lucha contra la corrupción en diferentes países del mundo ha sido tema de muchas polémicas durante los últimos días, desde que el martes pasado se presentó el informe correspondiente al año 2008.
Como se recordará, en años pasados el tema solía recibir gran atención de la prensa nacional y era objeto de muy acres polémicas entre opositores y oficialistas, quienes utilizaban esos datos como una más de las armas empleadas para desacreditar la gestión del gobierno de turno, o para atribuirse supuestos méritos. Este año fue una excepción, pues el asunto pasó entre nosotros casi desapercibido talvez porque nuestra atención está volcada a asuntos mucho más urgentes. Sin embargo, no vale la pena perder de vista el tema pues, ahora como siempre, la corrupción sigue siendo uno de los más serios problemas que sufre nuestro país y nunca será excesiva la preocupación que nos provoque.
El informe merece ser tomado en serio pues ofrece un parámetro fiable sobre la manera como once de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, perciben lo que ocurre en cada país, lo que es tomado como uno de los principales elementos de juicio de inversionistas, políticos y gobernantes a tiempo de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.
En lo que a Bolivia corresponde, el último informe da una muy buena noticia. Es que nuestro país figura entre los ocho países que más avanzaron, en la buena dirección, en el “ranking de la corrupción” pues si en años anteriores ocupábamos el segundo lugar entre las naciones más corruptas del mundo, actualmente se nos ubica en un lugar intermedio, muy lejos de Haití, Venezuela y Ecuador, los más corruptos de Sudamérica.
Como era de esperar, los datos que comentamos fueron muy bien acogidos por el gobierno, que los enarbola como un reconocimiento internacional de los resultados logrados en la aplicación de medidas efectivas en la prevención y lucha contra la corrupción en la gestión pública.Sin embargo, y sin caer en la mezquindad de negarle algún mérito al gobierno, es necesario advertir que estamos muy lejos de cantar victoria. Es que, si bien es cierto el Gobierno ha obtenido algunos éxitos en este campo, lo que se refleja en que muchos casos han sido remitidos al Ministerio Público, y varios han recibido ya sentencias condenatorias, no es menos cierto que hay muchos otros que involucran a altos funcionarios sobre los que aún pesa la sombra de la sospecha de encubrimiento e impunidad.
No se puede pasar por alto el hecho de que durante la gestión de Morales se han denunciado muchos e importantes casos de corrupción, sin que hasta ahora no se hayan aplicado sanciones a ninguno de los involucrados. Es el caso de numerosas transacciones realizadas en YPFB, el desvío de los tractores que formaban parte del plan de mecanización del agro, la compra de equipos en la Empresa de Televisión Boliviana, sólo por citar los más conocidos.
Especial atención merece en ese sentido la denuncia presentada por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), contra la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras para la construcción de carreteras.
Para dar verosimilitud al informe que comentamos, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.
Como ya es habitual desde hace algunos años, el informe anual de Transparencia Internacional sobre el estado de la lucha contra la corrupción en diferentes países del mundo ha sido tema de muchas polémicas durante los últimos días, desde que el martes pasado se presentó el informe correspondiente al año 2008.
Como se recordará, en años pasados el tema solía recibir gran atención de la prensa nacional y era objeto de muy acres polémicas entre opositores y oficialistas, quienes utilizaban esos datos como una más de las armas empleadas para desacreditar la gestión del gobierno de turno, o para atribuirse supuestos méritos. Este año fue una excepción, pues el asunto pasó entre nosotros casi desapercibido talvez porque nuestra atención está volcada a asuntos mucho más urgentes. Sin embargo, no vale la pena perder de vista el tema pues, ahora como siempre, la corrupción sigue siendo uno de los más serios problemas que sufre nuestro país y nunca será excesiva la preocupación que nos provoque.
El informe merece ser tomado en serio pues ofrece un parámetro fiable sobre la manera como once de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, perciben lo que ocurre en cada país, lo que es tomado como uno de los principales elementos de juicio de inversionistas, políticos y gobernantes a tiempo de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.
En lo que a Bolivia corresponde, el último informe da una muy buena noticia. Es que nuestro país figura entre los ocho países que más avanzaron, en la buena dirección, en el “ranking de la corrupción” pues si en años anteriores ocupábamos el segundo lugar entre las naciones más corruptas del mundo, actualmente se nos ubica en un lugar intermedio, muy lejos de Haití, Venezuela y Ecuador, los más corruptos de Sudamérica.
Como era de esperar, los datos que comentamos fueron muy bien acogidos por el gobierno, que los enarbola como un reconocimiento internacional de los resultados logrados en la aplicación de medidas efectivas en la prevención y lucha contra la corrupción en la gestión pública.Sin embargo, y sin caer en la mezquindad de negarle algún mérito al gobierno, es necesario advertir que estamos muy lejos de cantar victoria. Es que, si bien es cierto el Gobierno ha obtenido algunos éxitos en este campo, lo que se refleja en que muchos casos han sido remitidos al Ministerio Público, y varios han recibido ya sentencias condenatorias, no es menos cierto que hay muchos otros que involucran a altos funcionarios sobre los que aún pesa la sombra de la sospecha de encubrimiento e impunidad.
No se puede pasar por alto el hecho de que durante la gestión de Morales se han denunciado muchos e importantes casos de corrupción, sin que hasta ahora no se hayan aplicado sanciones a ninguno de los involucrados. Es el caso de numerosas transacciones realizadas en YPFB, el desvío de los tractores que formaban parte del plan de mecanización del agro, la compra de equipos en la Empresa de Televisión Boliviana, sólo por citar los más conocidos.
Especial atención merece en ese sentido la denuncia presentada por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), contra la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras para la construcción de carreteras.
Para dar verosimilitud al informe que comentamos, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.
jueves, 25 de septiembre de 2008
Bloqueos, arma del suicidio colectivo
Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. La iniciativa corresponde a la oposición
Durante los últimos días, como ya es cosa de rutina desde hace muchos años, los bolivianos hemos sido víctimas de una de las más absurdas manifestaciones de una locura que tiene entre sus principales síntomas la inclinación hacia el suicidio nacional: los bloqueos de caminos.
El fenómeno ha adquirido tal magnitud que ya puede ser considerado como un rasgo de nuestra idiosincrasia que no puede ser comprendido sólo en términos políticos ni sociológicos. Probablemente corresponda más al ámbito de la psicología social, pues las causas de la frecuencia y pasión con que unos y otros bloquean parecen radicar en algún rincón del inconsciente colectivo.
La irracionalidad de esa conducta ha alcanzado su máxima expresión durante las últimas semanas, cuando dirigentes cívicos de las tierras bajas decidieron bloquear sus propios caminos. Y sobre los mismos caminos, ya bloqueados, sus enemigos, los seguidores del gobierno, construyeron sus propias barricadas. ¿Quién bloqueaba a quien? Ambos, muy orondos, se atribuían el “mérito” y el éxito de su medida.
Entretanto, a ambos lados de los bloqueos, miles de transportistas, comerciantes, empresarios exportadores, ciudadanos comunes y corrientes, sin hallar quien atienda sus súplicas y se solidarice con su desesperación, sólo podían sumar sus cuantiosas pérdidas y rumiar la amargura que produce vivir en un país en el que los caminos al progreso y bienestar están cada vez más cerrados.
Las razones que impulsan a los seguidores del Movimiento al Socialismo a hacer de los bloqueos su favorito medio de lucha ya han sido abundantemente criticadas. Al fin y al cabo, ya son muchos años que el país debe lidiar con ese flagelo sin esperanzas de revertirlo pues resulta plenamente coherente con un proyecto político que entre sus atributos tiene un profundo desprecio por la actividad productiva, por el espíritu emprendedor de quienes la realizan y por todos los valores que les son propios. Además, mal que nos pese, le ha dado buenos resultados políticos. Su forma de actuar es inaceptable, pero es, desgraciadamente, compatible con la visión de país que propugnan.
Es en cambio inconcebible que hayan optado por la misma manera de actuar nada menos que quienes tendrían que haber sido sus más firmes impugnadores, quienes tenían la obligación de asumir la representación de esa ciudadanía que sufre las funestas consecuencias de los bloqueos que es, al fin y al cabo, toda la martirizada población de Bolivia.
¿Cómo explicar, por ejemplo, que quienes dicen representar los intereses de los cada vez menos bolivianos productivos hayan sido los iniciadores de la ola de bloqueos que hoy tiene al borde de la asfixia a Santa Cruz, que se suponía era la punta de lanza de un país diferente al que insiste en suicidarse? Difícil tarea, pues en este caso ni siquiera el rédito político atenúa su culpa, como ocurre con el MAS y sus movimientos sociales.
Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. Por todo lo anotado, la iniciativa corresponde a la oposición. Un buen paso sería que, ahora que debe negociar en las mesas de diálogo los términos de su rendición, incluya una cláusula mediante la que ambas partes renuncien, teniendo al país como testigo, a ese criminal recurso.
Durante los últimos días, como ya es cosa de rutina desde hace muchos años, los bolivianos hemos sido víctimas de una de las más absurdas manifestaciones de una locura que tiene entre sus principales síntomas la inclinación hacia el suicidio nacional: los bloqueos de caminos.
El fenómeno ha adquirido tal magnitud que ya puede ser considerado como un rasgo de nuestra idiosincrasia que no puede ser comprendido sólo en términos políticos ni sociológicos. Probablemente corresponda más al ámbito de la psicología social, pues las causas de la frecuencia y pasión con que unos y otros bloquean parecen radicar en algún rincón del inconsciente colectivo.
La irracionalidad de esa conducta ha alcanzado su máxima expresión durante las últimas semanas, cuando dirigentes cívicos de las tierras bajas decidieron bloquear sus propios caminos. Y sobre los mismos caminos, ya bloqueados, sus enemigos, los seguidores del gobierno, construyeron sus propias barricadas. ¿Quién bloqueaba a quien? Ambos, muy orondos, se atribuían el “mérito” y el éxito de su medida.
Entretanto, a ambos lados de los bloqueos, miles de transportistas, comerciantes, empresarios exportadores, ciudadanos comunes y corrientes, sin hallar quien atienda sus súplicas y se solidarice con su desesperación, sólo podían sumar sus cuantiosas pérdidas y rumiar la amargura que produce vivir en un país en el que los caminos al progreso y bienestar están cada vez más cerrados.
Las razones que impulsan a los seguidores del Movimiento al Socialismo a hacer de los bloqueos su favorito medio de lucha ya han sido abundantemente criticadas. Al fin y al cabo, ya son muchos años que el país debe lidiar con ese flagelo sin esperanzas de revertirlo pues resulta plenamente coherente con un proyecto político que entre sus atributos tiene un profundo desprecio por la actividad productiva, por el espíritu emprendedor de quienes la realizan y por todos los valores que les son propios. Además, mal que nos pese, le ha dado buenos resultados políticos. Su forma de actuar es inaceptable, pero es, desgraciadamente, compatible con la visión de país que propugnan.
Es en cambio inconcebible que hayan optado por la misma manera de actuar nada menos que quienes tendrían que haber sido sus más firmes impugnadores, quienes tenían la obligación de asumir la representación de esa ciudadanía que sufre las funestas consecuencias de los bloqueos que es, al fin y al cabo, toda la martirizada población de Bolivia.
¿Cómo explicar, por ejemplo, que quienes dicen representar los intereses de los cada vez menos bolivianos productivos hayan sido los iniciadores de la ola de bloqueos que hoy tiene al borde de la asfixia a Santa Cruz, que se suponía era la punta de lanza de un país diferente al que insiste en suicidarse? Difícil tarea, pues en este caso ni siquiera el rédito político atenúa su culpa, como ocurre con el MAS y sus movimientos sociales.
Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. Por todo lo anotado, la iniciativa corresponde a la oposición. Un buen paso sería que, ahora que debe negociar en las mesas de diálogo los términos de su rendición, incluya una cláusula mediante la que ambas partes renuncien, teniendo al país como testigo, a ese criminal recurso.
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