domingo, 23 de julio de 2006

Inflación y Desigualdad (Roberto Laserna)


La inflación suele ser definida como un aumento en el nivel de precios, lo cual concentra la atención del debate y de la política en el Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, es necesario recordar que también es un mecanismo de redistribución de ingresos. Y es que la inflación aumenta los precios pero a ritmos y velocidades diferentes, perjudicando más a unos que a otros, y cambiando la estructura de distribución de ingresos. Por lo tanto, la inflación incide en la desigualdad, con frecuencia profundizando las brechas y agravando la pobreza.

Vale la pena indagar si algo así está ocurriendo con el actual proceso inflacionario.




El gráfico que acompaña este texto muestra la evolución de los precios promedio tomando como base el mes de febrero de 2006. La línea más gruesa muestra que el IPC aumentó, en los 17 meses que transcurrieron hasta junio 2007, en un 8.01%. Este es el nivel general de inflación que se ha registrado en el periodo actual de gobierno. Los datos, proporcionados por el INE, muestran que hubo un ligero descenso en los primeros meses, y que luego los precios aumentaron lentamente pero con dos momentos de aceleración, diciembre 2006 a febrero 2007 y abril a junio de este año.

El IPC se basa en una canasta compuesta por 9 grandes grupos de bienes y servicios, desde los alimentos hasta los servicios profesionales y los de recreación. Cada grupo se divide además en subgrupos más específicos.

Esa desagregación permite observar los ritmos de variación de los precios por grupos de bienes y servicios y detectar cuáles son los que tienen mayor o menor incidencia. Y también permite detectar quiénes, en la sociedad, pueden estar siendo más o menos afectados, porque las canastas de consumo de las familias no son iguales al promedio. Al contrario, son muy diferenciadas.

Si observamos nuevamente el gráfico encontramos otras líneas que muestran de qué manera cambiaron los precios de algunos grupos importantes de bienes. Algunos, como los servicios profesionales, no aumentaron, es decir, tuvieron inflación cero. Pero hay otro grupo que tuvo un aumento del 13.54% (los costos de mantenimiento de la vivienda). Entre los dos extremos se sitúan todos los demás grupos.

El gráfico no incluye todas las series para no dibujar un exceso de líneas, y deja solamente las extremas y algunas que permiten ilustrar lo que está sucediendo. De todos esos grupos llama la atención uno que es muy importante, que es el de los alimentos que se consumen en el hogar. Los datos indican que los precios de los alimentos han aumentado bastante más (en un 12.03%) que los precios promedio (8.01%), en tanto que los precios de los bienes de esparcimiento y cultura han aumentado menos (3.2%).

Esto quiere decir que las familias que destinan una mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos fueron más golpeadas por la inflación que las familias que tienen un consumo más diversificado y que incluye, por ejemplo, salidas al cine o al teatro.

En general, las familias más pobres son las que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, en tanto que las familias más ricas son las que tienen un consumo más diversificado. Esto quiere decir que la inflación que estamos viviendo está afectando con más fuerza a las familias más pobres. En términos reales, de capacidad adquisitiva, las está empobreciendo. Por ejemplo, los 1000 bolivianos que podían ganar en febrero del 2006 hoy les representan solamente 892 en términos de los nuevos precios de los alimentos. Los que tienen una canasta de consumo más amplia han perdido también poder adquisitivo, pero probablemente en una proporción incluso menor a la del promedio y hasta es posible que hayan mejorado sus niveles de ingreso. No es el caso de los profesionales, vale decirlo, porque el gráfico muestra que sus honorarios no han aumentado en todo el periodo, de modo que en términos reales hoy están ganando menos que a comienzos del 2006.

En conclusión, si la inflación debe preocupar, no es solamente porque señala problemas en los mercados, como la escasez o la disminución de la producción, o aumentos de demanda por exceso de circulante, sino también porque afecta de manera desigual a las familias y puede provocar, como en el periodo que analizamos, que los pobres se empobrezcan aún más.

Afortunadamente, en declaraciones del Ministro de Planificación del Desarrollo el gobierno ha demostrado que está consciente de este problema, pero debe tomar en cuenta también que no es acallando el debate como se lo resolverá y mucho menos interviniendo en el mercado con subsidios, controles policiales o persecución a intermediarios y comerciantes, que es lo se hizo en el pasado resultando que, al final, los remedios agravaron la enfermedad.


Fuente: Pulso

domingo, 25 de septiembre de 2005

Espiral de Conflictos (Roberto Laserna)




Un aspecto que ha preocupado a los bolivianos en los últimos años ha sido el relacionado a la estabilidad política y la paz social. Varios analistas han señalado que una parte sustancial del voto que favoreció al MAS en diciembre del 2005 fue motivada por la convicción de que un gobierno presidido por Evo Morales enfrentaría menos conflictos y podría ofrecer mayor certidumbre.

El recuerdo de los momentos de extrema tensión que el país vivió en abril del año 2000, en septiembre y octubre de ese mismo año, en febrero y octubre del 2003, y en junio del 2005, dio credibilidad al argumento de que los denominados movimientos sociales serían mejor controlados por un gobierno que los representara. Incluso algunos de sus dirigentes dejaron entrever esa posibilidad en los debates electorales.

Los primeros meses de la gestión del Presidente Morales, sin embargo, muestran una tendencia opuesta a la esperada. Los conflictos no solamente no han disminuido, sino que muestran indicios de afectar seriamente a la gobernabilidad.


En el gráfico que acompaña a este artículo puede observarse una comparación que abarca todo el periodo democrático. Las barras verticales señalan el número de conflictos mensuales que en promedio se registró en las diferentes gestiones gubernamentales. Ahí se observan dos momentos pico -cada uno con más de 50 eventos conflictivos mensuales-, que fueron los gobiernos de Siles Zuazo y Carlos Mesa. También se ve que el momento de mayor calma estuvo en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, con poco más de 10 al mes. A partir de ahí puede observarse que se produjeron dos saltos importantes: con Bánzer, cuyo promedio más que duplicó al del anterior, y con Mesa, que a su vez duplicó al de Bánzer. Ambos, Bánzer y Mesa, tuvieron una característica en común: la tolerancia al conflicto. Ambos, además, la anunciaron, en lo que podía considerarse una suerte de reconocimiento oficial al derecho de protestar aún cuando existiera riesgo evidente de afectar al resto de la sociedad.

Considerando esos antecedentes, no debería sorprender que el actual gobierno, que comparte esa misma práctica, se esté enfrentando a una creciente movilización de los grupos organizados.

El gráfico ofrece un dato adicional, no menos importante. La curva sobrepuesta registra el porcentaje de eventos de los que se tiene información y en los que sus protagonistas lograron los objetivos más importantes que buscaban. En ese sentido, es una curva que muestra no solamente la tolerancia gubernamental al conflicto sino, sobre todo, su disposición a otorgar concesiones bajo presión.

Como puede observarse, hay una cierta coincidencia entre ambas series: a mayor nivel de éxito para los protagonistas, mayor frecuencia de conflictos, y viceversa. Esto tampoco puede considerarse una novedad, pues es previsible que las concesiones que se otorgan a unos estimulen la acción de los otros.

El riesgo está en que se genere una espiral que agote las posibilidades de seguir haciendo concesiones o dando satisfacción a quienes presionan. Es imposible saber si esa espiral ya se ha iniciado o si todavía será posible canalizar los conflictos por medios institucionales.

Un gobierno tiene habitualmente varias opciones y puede combinarlas de acuerdo a los recursos de que dispone, sean éstos de carácter económico o político.

Sin embargo, al evaluar sus acciones, un gobierno no solamente debería tomar en cuenta los recursos con que cuenta para asegurar su propia estabilidad, sino también su responsabilidad como garante del interés general. Esto quiere decir que el gobierno tiene la obligación de prestar particular atención a aquellos grupos de la sociedad que no tienen capacidad de ejercer presión conflictiva y que corren el riesgo de ser discriminados de la gestión pública, sufriendo la postergación de sus intereses y necesidades. Pero no podrá hacerlo mientras los débiles y vulnerables sean invisibilizados por la acción conflictiva de los demás.

Esto implica reconocer que la democracia tiene un componente crucial, tan importante como el de la participación y la representación, que es el de la institucionalidad y el respeto a la ley.

La ley puede ser buena o mala, pero tiene la ventaja de que es explícita y transparente, y puede ser cambiada de acuerdo a procedimientos que son, también, explícitos y transparentes. Y en la medida en que rija para todos, la ley ofrecerá mayores posibilidades de que tanto el interés general como el de los particulares sean respetados; sea que se trate de los derechos de grupos o de individuos, sea que se encuentren organizados o no.

Si eso no ocurre, si la “ley es cualquier norma que se impone por la fuerza, el resultado inevitable será la erosión de la democracia y la agudización de las desigualdades e injusticias. Sería lamentable que seamos arrastrados hacia una espiral de conflictos que, en nombre de la justicia social y de la democracia, puede terminar arrasando con ambas.

Roberto LasernaEconomista

Fuente: Los TiemposFecha: 25-Septiembre-2005www.geocities.com/laserna_r