domingo, 2 de agosto de 2009


Sus aguas se secan en aldeas de dos países

Prohibido estornudar en Santa Cruz


La expansión iraní en latinoamérica


Pantalones que realzan la figura femenina


El municipio crea siete atractivos paradisiacos


Once volcanes aún tienen movimientos telúricos en el territorio boliviano
Murió a los 19 años en Israel

La aritmética y la política


Así como hay sumas que restan, lo más probable es que cierta manera de multiplicar aliados dé como resultado una división de voluntades

Entre 1978 y 1980, cuando durante tres procesos electorales consecutivos las decenas de partidos políticos en que estaba dividida izquierda boliviana trataban de conquistar el poder a través de las urnas, hubo un tema al que se le dio máxima prioridad: la necesidad de unir fuerzas en un “frente único” para asegurar el triunfo y evitar la dispersión. Fue así como nació la Unidad Democrática Popular.
Hubo una sola voz que cuestionó firmemente la idea. Era Marcelo Quiroga Santa Cruz, candidato y jefe del PS-1, para quien la cantidad no era lo más importante sino la calidad. “La política no es como la aritmética –decía— pues hay sumas que restan”. La UDP, en cambio, priorizó la unidad y formó así un frente cuya heterogeneidad le dio buenos réditos electorales pero pésimos resultados políticos. Logró sumar siglas y votos, --éxito cuantitativo-- pero a costa de perder coherencia en sus actos –fracaso cualitativo--.
Resulta oportuno recordar esas lecciones históricas ahora, pues es muy similar la situación de las diversas corrientes en que está dividida la oposición. Hay quienes priorizan la inmediatista lógica aritmética y quienes viendo más allá del día de las elecciones se preocupan por el largo plazo, el que requiere una visión estratégica y no sólo coyuntural.
El pasado inmediato aporta también lecciones que deben ser tomadas en cuenta. La calamitosa experiencia de lo que fue Podemos, por ejemplo, ilustra muy bien el dilema.
Ahora, cuando la oposición afronta el desafío de articular un proyecto alternativo al que ofrece el MAS, se vuelve a plantear la disyuntiva entre la lógica aritmética y la política. Hay unos que pretenden sumar en una misma fórmula a individuos provenientes de las más diversas corrientes ideológicas, en desmedro de un mínimo de coherencia, y otros que, aún a riesgo de sacrificar una unidad tan artificial como artificiosa, proponen priorizar la construcción de una sólida plataforma que no se agote en el próximo acto electoral.
Aparentemente, el primer camino ofrece una ventaja cuantitativa plasmada en una suma de votos. Según esa lógica, al poner en un mismo “costal de gatos” a ex masistas y ex garcíamecistas, por ejemplo, se logrará que se agreguen en las urnas los votos de unos y otros. Pero así como hay sumas que restan, lo más probable es que esa manera de multiplicar aliados dé como resultado una división de voluntades y que a la larga no se obtenga ni cantidad ni calidad. Lo que fue Podemos es un buen ejemplo de lo que eso significa.
Una reconciliación con la racionalidad política, lo que implica distanciarse de la aritmética cuya máxima expresión es el “marketing” electoral, es pues uno de los desafíos que tienen los que aspiran a ser, más que candidatos --que sobran-- líderes del futuro, que es lo que falta.

La aritmética y la política


Así como hay sumas que restan, lo más probable es que cierta manera de multiplicar aliados dé como resultado una división de voluntades

Entre 1978 y 1980, cuando durante tres procesos electorales consecutivos las decenas de partidos políticos en que estaba dividida izquierda boliviana trataban de conquistar el poder a través de las urnas, hubo un tema al que se le dio máxima prioridad: la necesidad de unir fuerzas en un “frente único” para asegurar el triunfo y evitar la dispersión. Fue así como nació la Unidad Democrática Popular.
Hubo una sola voz que cuestionó firmemente la idea. Era Marcelo Quiroga Santa Cruz, candidato y jefe del PS-1, para quien la cantidad no era lo más importante sino la calidad. “La política no es como la aritmética –decía— pues hay sumas que restan”. La UDP, en cambio, priorizó la unidad y formó así un frente cuya heterogeneidad le dio buenos réditos electorales pero pésimos resultados políticos. Logró sumar siglas y votos, --éxito cuantitativo-- pero a costa de perder coherencia en sus actos –fracaso cualitativo--.
Resulta oportuno recordar esas lecciones históricas ahora, pues es muy similar la situación de las diversas corrientes en que está dividida la oposición. Hay quienes priorizan la inmediatista lógica aritmética y quienes viendo más allá del día de las elecciones se preocupan por el largo plazo, el que requiere una visión estratégica y no sólo coyuntural.
El pasado inmediato aporta también lecciones que deben ser tomadas en cuenta. La calamitosa experiencia de lo que fue Podemos, por ejemplo, ilustra muy bien el dilema.
Ahora, cuando la oposición afronta el desafío de articular un proyecto alternativo al que ofrece el MAS, se vuelve a plantear la disyuntiva entre la lógica aritmética y la política. Hay unos que pretenden sumar en una misma fórmula a individuos provenientes de las más diversas corrientes ideológicas, en desmedro de un mínimo de coherencia, y otros que, aún a riesgo de sacrificar una unidad tan artificial como artificiosa, proponen priorizar la construcción de una sólida plataforma que no se agote en el próximo acto electoral.
Aparentemente, el primer camino ofrece una ventaja cuantitativa plasmada en una suma de votos. Según esa lógica, al poner en un mismo “costal de gatos” a ex masistas y ex garcíamecistas, por ejemplo, se logrará que se agreguen en las urnas los votos de unos y otros. Pero así como hay sumas que restan, lo más probable es que esa manera de multiplicar aliados dé como resultado una división de voluntades y que a la larga no se obtenga ni cantidad ni calidad. Lo que fue Podemos es un buen ejemplo de lo que eso significa.
Una reconciliación con la racionalidad política, lo que implica distanciarse de la aritmética cuya máxima expresión es el “marketing” electoral, es pues uno de los desafíos que tienen los que aspiran a ser, más que candidatos --que sobran-- líderes del futuro, que es lo que falta.

sábado, 1 de agosto de 2009

Inadimisibles negociaciones secretas


Resulta evidente que la única explicación a la tozudez gubernamental se encuentra en los documentos secretos suscritos con Chile

Con la tranquilidad que le da la inexistencia de una oposición política capaz de salirle al paso, y confiado en la posibilidad de hacer caer en la tentación del dinero fácil a los “indígena originarios campesinos” que habitan en el cantón Quetana de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, de modo que avalen sus decisiones, el gobierno del MAS está a punto de zanjar, a espaldas del país, la ya antigua controversia que nuestro país sostiene con Chile con motivo del uso de las aguas del manantial Silala.
De nada han servido las muchísimas voces de protesta que se han alzado para cuestionar la decisión gubernamental. Ni los dirigentes cívicos de Potosí, ni las opiniones de los expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema, ni las corrientes de la bancada parlamentaria del MAS, que encabezadas por el senador Gastón Cornejo protestan por la actitud gubernamental, han sido suficientes para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Resulta tan sorprendente la tuzudez con que el la Cancillería se empeña en firmar un acuerdo con Chile, que no es posible comprenderla si sólo se recurre a los elementos de juicio disponibles. Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet. Unos acuerdos que el gobierno se niega a hacer públicos y los oculta incluso a los parlamentarios de la bancada oficialista.
Hay pues suficientes motivos para temer que lo que se esconde tras las negociaciones con Chile es algo muchísimo más serio que lo relativo a las aguas del Silala. Se puede afirmar, por consiguiente, que lo que se está ocultando al país es todo un conjunto de acuerdos que bajo el rótulo de “Top Secret” están siendo negociados entre las cancillerías de ambos países.
Por lo poco que sabe del asunto, se trata de una “agenda de 13 puntos”, sólo uno de los cuales es el relativo a las aguas del Silala. En qué consisten los otros 12 es un secreto que el gobierno está dispuesto a mantener a toda costa, lo que de ningún modo puede ni debe ser admitido por lo mucho que está en juego.
La gravedad del asunto es obvia y más obvio aún que se trata de algo que incumbe a todos los bolivianos y no sólo a potosinos y mucho menos, como pretende el gobierno, a los poquísimos habitantes del cantón Quetena.
Es pues urgente que se cierren filas para evitar que el gobierno continúe negociando a espaldas del país asuntos tan importantes. Y ya que no se puede contar con una oposición política capaz de asumir la tarea, tendrán que ser las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) las que evitan que el gobierno se salga con la suya. El primer paso deberá ser exigir que se levante el secreto y que cualquier negociación se realice de cara al país.
.

Inadimisibles negociaciones secretas


Resulta evidente que la única explicación a la tozudez gubernamental se encuentra en los documentos secretos suscritos con Chile

Con la tranquilidad que le da la inexistencia de una oposición política capaz de salirle al paso, y confiado en la posibilidad de hacer caer en la tentación del dinero fácil a los “indígena originarios campesinos” que habitan en el cantón Quetana de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, de modo que avalen sus decisiones, el gobierno del MAS está a punto de zanjar, a espaldas del país, la ya antigua controversia que nuestro país sostiene con Chile con motivo del uso de las aguas del manantial Silala.
De nada han servido las muchísimas voces de protesta que se han alzado para cuestionar la decisión gubernamental. Ni los dirigentes cívicos de Potosí, ni las opiniones de los expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema, ni las corrientes de la bancada parlamentaria del MAS, que encabezadas por el senador Gastón Cornejo protestan por la actitud gubernamental, han sido suficientes para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Resulta tan sorprendente la tuzudez con que el la Cancillería se empeña en firmar un acuerdo con Chile, que no es posible comprenderla si sólo se recurre a los elementos de juicio disponibles. Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet. Unos acuerdos que el gobierno se niega a hacer públicos y los oculta incluso a los parlamentarios de la bancada oficialista.
Hay pues suficientes motivos para temer que lo que se esconde tras las negociaciones con Chile es algo muchísimo más serio que lo relativo a las aguas del Silala. Se puede afirmar, por consiguiente, que lo que se está ocultando al país es todo un conjunto de acuerdos que bajo el rótulo de “Top Secret” están siendo negociados entre las cancillerías de ambos países.
Por lo poco que sabe del asunto, se trata de una “agenda de 13 puntos”, sólo uno de los cuales es el relativo a las aguas del Silala. En qué consisten los otros 12 es un secreto que el gobierno está dispuesto a mantener a toda costa, lo que de ningún modo puede ni debe ser admitido por lo mucho que está en juego.
La gravedad del asunto es obvia y más obvio aún que se trata de algo que incumbe a todos los bolivianos y no sólo a potosinos y mucho menos, como pretende el gobierno, a los poquísimos habitantes del cantón Quetena.
Es pues urgente que se cierren filas para evitar que el gobierno continúe negociando a espaldas del país asuntos tan importantes. Y ya que no se puede contar con una oposición política capaz de asumir la tarea, tendrán que ser las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) las que evitan que el gobierno se salga con la suya. El primer paso deberá ser exigir que se levante el secreto y que cualquier negociación se realice de cara al país.
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viernes, 31 de julio de 2009

Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.
Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.
“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”
Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.
El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.
En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.
El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.

Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.
Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.
“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”
Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.
El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.
En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.
El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.

jueves, 30 de julio de 2009

La expulsión de nuestros héroes

De lo que se trata es de matar a unos héroes para dar vida a otros, los que representan sólo a los indígenas. Los demás, están de más

Después de haber logrado exitosamente expulsar de las páginas de la historia de las luchas por la independencia a los protomártires chuquisaqueños, el pasado 25 de mayo, y de haber intentado hacer lo mismo, aunque sin tanto éxito, con Pedro Domingo Murillo y quienes con él fueron protagonistas de la insurrección paceña, el 16 de julio, el gobierno ha anunciado cuál será el siguiente paso que dará en el proceso de “descolonización”. Será la expulsión, de los billetes y monedas, de todos los mestizos y criollos para sustituirlos por héroes indígenas.
La instrucción ya ha sido impartida al Banco Central. El ente emisor tiene ahora la misión de hacer imprimir nuevos billetes y acuñar monedas con los rostros de Tupak Katari, Bartolina Sisa, Zarate Willca, Apihuayqui Tumpay y otros líderes indígenas que serán convocados para ocupar el lugar que hasta ahora ocuparon personajes involucrados en la construcción de la ex República de Bolivia.
Además de los héroes indígenas, en los nuevos billetes no deberá aparecer ninguna imagen que se pueda asociar con el pasado republicano, sino los sitios naturales que supuestamente tienen un carácter sagrado para los pueblos indígenas. Y por supuesto, la hoja de coca tendrá un lugar privilegiado.
Otra característica de los nuevos billetes y monedas será, según el proyecto, que en ellos no figure la palabra “república”, de la que se ha hecho todo un símbolo de esos 184 años que se pretenden erradicar de la memoria colectiva. Deberá quedar claro que el dinero es del “Estado Plurinacional”.
A primera vista, puede parecer poco cuestionable la idea de que los líderes indígenas sean incorporados, como un acto de justicia histórica, no sólo en los billetes y monedas sino en todo lo relacionado con una visión más completa de la historia de nuestro país. Es innegable que muchos personajes indígenas no recibieron el lugar que merecían en la historia oficial, y está muy bien que se repare esa injusta exclusión.
Nada habría que objetar, por eso, si la propuesta gubernamental consistiera en complementar la galería de nuestros héroes incluyendo a los hasta ahora excluidos. Lamentablemente no es ese el caso, pues lo que se propone no es incorporarlos “además de” sino “en vez de”. Es decir, lo que se propone es excluir a unos para incluir a otros. Matar los símbolos con los que hasta ahora nos identificamos para dar vida a los nuevos, los que representan sólo a los “indígena originario campesinos”. Los demás, están de más.
De lo que se trata este afán de reescribir la historia y reinventar sus símbolos es algo que el actual Vicepresidente lo ha expuesto claramente en más de una oportunidad. Se trata de “quitarles el alma” a las clases medias, a los “q’aras”, a los “blancoides”. Toda una “revolución cultural” ante la que empalidece la experiencia de la China maoísta.

La expulsión de nuestros héroes

De lo que se trata es de matar a unos héroes para dar vida a otros, los que representan sólo a los indígenas. Los demás, están de más

Después de haber logrado exitosamente expulsar de las páginas de la historia de las luchas por la independencia a los protomártires chuquisaqueños, el pasado 25 de mayo, y de haber intentado hacer lo mismo, aunque sin tanto éxito, con Pedro Domingo Murillo y quienes con él fueron protagonistas de la insurrección paceña, el 16 de julio, el gobierno ha anunciado cuál será el siguiente paso que dará en el proceso de “descolonización”. Será la expulsión, de los billetes y monedas, de todos los mestizos y criollos para sustituirlos por héroes indígenas.
La instrucción ya ha sido impartida al Banco Central. El ente emisor tiene ahora la misión de hacer imprimir nuevos billetes y acuñar monedas con los rostros de Tupak Katari, Bartolina Sisa, Zarate Willca, Apihuayqui Tumpay y otros líderes indígenas que serán convocados para ocupar el lugar que hasta ahora ocuparon personajes involucrados en la construcción de la ex República de Bolivia.
Además de los héroes indígenas, en los nuevos billetes no deberá aparecer ninguna imagen que se pueda asociar con el pasado republicano, sino los sitios naturales que supuestamente tienen un carácter sagrado para los pueblos indígenas. Y por supuesto, la hoja de coca tendrá un lugar privilegiado.
Otra característica de los nuevos billetes y monedas será, según el proyecto, que en ellos no figure la palabra “república”, de la que se ha hecho todo un símbolo de esos 184 años que se pretenden erradicar de la memoria colectiva. Deberá quedar claro que el dinero es del “Estado Plurinacional”.
A primera vista, puede parecer poco cuestionable la idea de que los líderes indígenas sean incorporados, como un acto de justicia histórica, no sólo en los billetes y monedas sino en todo lo relacionado con una visión más completa de la historia de nuestro país. Es innegable que muchos personajes indígenas no recibieron el lugar que merecían en la historia oficial, y está muy bien que se repare esa injusta exclusión.
Nada habría que objetar, por eso, si la propuesta gubernamental consistiera en complementar la galería de nuestros héroes incluyendo a los hasta ahora excluidos. Lamentablemente no es ese el caso, pues lo que se propone no es incorporarlos “además de” sino “en vez de”. Es decir, lo que se propone es excluir a unos para incluir a otros. Matar los símbolos con los que hasta ahora nos identificamos para dar vida a los nuevos, los que representan sólo a los “indígena originario campesinos”. Los demás, están de más.
De lo que se trata este afán de reescribir la historia y reinventar sus símbolos es algo que el actual Vicepresidente lo ha expuesto claramente en más de una oportunidad. Se trata de “quitarles el alma” a las clases medias, a los “q’aras”, a los “blancoides”. Toda una “revolución cultural” ante la que empalidece la experiencia de la China maoísta.

miércoles, 29 de julio de 2009

Si falla el padrón biométrico…

Unir fuerzas alrededor de esa causa podría ser la primera prueba para una coalición que se una alrededor de una causa y no una persona

Desde este espacio editorial, en más de una ocasión, hemos llamado la atención sobre el enorme riesgo en que se está poniendo la democracia boliviana al depositar todas las esperanzas de su preservación en el padrón biométrico. Y no porque pongamos en duda la necesidad y conveniencia de hacer todos los esfuerzos para devolver la transparencia a los procesos electorales, sino porque son muchas las razones que hacen temer que las dificultades que deberá afrontar el empadronamiento son mayores de las que se quiere creer.
Ante la posibilidad de que tales dificultades impidan que el proceso se desarrolle como sería de desear, el oficialismo, con el apoyo de una de las fracciones en que está dividida la bancada parlamentaria de Podemos, tiene lista una propuesta alternativa. Consiste, como es bien sabido, en realizar las elecciones con un padrón mixto.
La oposición, en cambio, dividida como está, no ha logrado articular un plan de acción para afrontar tal eventualidad, lo que refleja la falta de un liderazgo opositor que esté a la altura de las circunstancias.
Esa ausencia de liderazgo, que contrasta con la abundancia de candidatos, es la principal carencia de los proyectos políticos que están en gestación. Es tan grande el vacío que no hay quién dispute al oficialismo la iniciativa en el escenario político nacional.
De los muchos aspirantes a candidatos, hay uno sólo que, aunque tímidamente, se ha animado a proponer un camino a seguir ante la posibilidad de que el empadronamiento biométrico no se realice en los plazos previstos. Es Víctor Hugo Cárdenas, quien ha propuesto que ante tal eventualidad, las elecciones generales se posterguen.
Esa posibilidad ha sido de antemano descartada por el oficialismo. Y la oposición parlamentaria, como ya es habitual, se ha resignado sin dar batalla, dándose derrotada de antemano, dejándose vencer con el argumento de que postergar el acto electoral sería vulnerar un mandato constitucional.
Tal argumento, sin embargo, es de lo más deleznable por lo que no tendría que ser difícil que algún líder opositor encabece una campaña para desvirtuarlo. Razones y argumentos legales para tal propósito no faltan.
Es de esperar que no sea necesario llegar a ese punto, pero por una elemental previsión política los aspirantes a liderar en el futuro inmediato a la oposición tienen la obligación proponer un plan de acción alternativo al que, como se puede prever, el oficialismo pondrá en marcha a partir el 23 de agosto próximo.
Víctor Hugo Cárdenas ya ha propuesto contrarrestar la propuesta oficialista de utilizar un padrón mixto con la de postergar las elecciones. Corresponde ahora que la idea se plasme en un plan de acción. Unir fuerzas alrededor de esa consigna podría ser la primera prueba para una coalición que se una alrededor de una causa y no sólo de una figura individual.