El mito de la “nacionalización”

Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal

Como si de algo sorprendente se tratara, las denuncias hechas por el ex presidente de YPFB-Transportes han sido recibidas por algunos círculos políticos y periodísticos como si el ex candidato presidencial de NFR hubiera sido el portador de una verdadera revelación. Como era de suponer, algunos aspirantes a candidatos opositores fueron los que con más entusiasmo las recibieron, suponiendo sin duda que algún rédito electoral podrían obtener al sumarse al alboroto originado en las nuevas denuncias.

Sin embargo, una semana ha sido suficiente para que el asunto vuelva al punto de donde salió: la tenebrosa oscuridad donde desde hace tres años se toman las decisiones relativas a la riqueza hidrocarburífera de nuestro país. El autor de las denuncias gozó de unos días de fama y seguramente nadie volverá a acordarse de él.

Que el asunto no haya merecido otra suerte es lo lógico y normal. Es que a estas alturas de la historia de la “nacionalización” ya nadie que esté medianamente informado puede hacer alardes de indignación –sin caer en lo ridículo-- ante una manera de actuar que no es la excepción, sino la regla. Es el caso de la manera como se procedió a comprar las acciones de Shell y Ashmore, procedimiento que en nada se distingue de todo lo hecho en nombre de la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Que se trata de un pésimo negocio para el país, es evidente. Que se actuó sin asomo de transparencia, también. Que quienes negociaron en nombre del Estado lo hicieron como neófitos en el asunto, lo que los hizo presa fácil de los representantes de las transnacionales en las negociaciones, es incuestionable. Pero nada de eso es nuevo y mucho menos sorprendente.

Así se explica que al Gobierno le haya resultado tan fácil salir del paso. No importa que hasta ahora nadie haya podido precisar la magnitud del monto de las deudas de Transredes que será asumido por el Estado. Tampoco importa que entre una versión y otra haya algunas decenas de millones de dólares de diferencia. Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal.

Es tan incontrovertible el mito, que está fuera del alcance de cualquier argumento racional. El que se haya llegado a tal punto de confusión es en gran medida atribuible a la eficiencia con que los propagandistas del MAS lograron imponer esa idea, como muchas otras. Pero tanto éxito no hubiera sido posible si, además, no tuvieran al frente una oposición ideológicamente vencida, incapaz de ir más allá de las manifestaciones externas de los problemas. La facilidad con que se soslaya ese monumental fraude que fue todo el proceso de “nacionalización” es una de las claras muestras de lo rotundo que fue el triunfo ideológico del MAS,

El síndrome de la rana hervida

En Bolivia, el papel de ese sistema nervioso confundido y adormecido lo cumplen las élites políticas de la oposición

Con cada día que pasa, decreto tras decreto, arbitrariedad tras arbitrariedad, en Bolivia se va consolidando de manera lenta pero segura un nuevo régimen económico, político y social. Sutilmente, casi sin que se lo note, ya hemos dejado de ser una República para pasar a ser un “Estado Plurincional” y tras ese asunto, aparentemente sólo formal, abundan las muestras de en Bolivia se está produciendo una profunda revolución, un cambio de enormes proporciones; una transformación que dejará muy honda huella en el destino de más de una generación.

Pero si la sutileza con que los cambios se van produciendo es una de las características del proceso, la otra, no menos importante, es la candidez de quienes tendrían que estar a la vanguardia de los sectores de la ciudadanía que no creen que el camino elegido sea el mejor de los posibles. Los “líderes” de la oposición, lejos de advertir la magnitud del desafío que tienen al frente y actuar en consecuencia, son los que con más entusiasmo minimizan el fenómeno político, lo caricaturizan, lo menosprecian y, en algunos casos, lo disfrutan.

¿Cómo se explica tan extraña manera de proceder? Una posible explicación la hallamos en lo que se conoce como el “síndrome de la rana hervida”. Consiste en que si introducimos una rana en una olla de agua caliente, la rana reacciona, da un salto y escapa. Pero si la introducimos en una olla de agua tibia y procedemos a calentarla lentamente, la rana permanece en el agua hasta morir. Es probable, incluso, que en algún momento se adormezca y entre en un plácido sueño del que nunca más despertará.

Se trata de un famoso experimento mediante el que se comprueba la capacidad que tienen los organismos vivos para adaptarse a cambios negativos siempre y cuando éstos no sean tan intensos que activen los mecanismos de defensa. Si los cambios son sutiles, paulatinos, tan leves que no resulten perceptibles, la rana muere sin siquiera haberse enterado de lo que le sucedió. En vez de activarse los mecanismos de defensa se activan inútilmente los de adaptación, pues el sistema nervioso no ha podido interpretar adecuadamente las señales de peligro.

Muy similar es lo que está ocurriendo en la sociedad boliviana. Ya el agua se acerca al punto de ebullición, pero cada grado que aumenta la temperatura sigue siendo percibido como algo tan irrelevante que no motiva al salto salvador.

El papel de ese sistema nervioso confundido y adormecido lo cumplen las élites políticas de la oposición. Quienes tendrían que activar los mecanismos de defensa son, paradójicamente, quienes proponen esperar a que el agua se enfríe; que pase la “sensación térmica” para que, bajo su conducción, todo vuelva a su estado normal. Sin su labor adormecedora, sería más probable una oportuna reacción.

La expansión de los cocales

Estamos ante una lacra que SE expande a un ritmo que supera el seis por ciento anual que indican las frías estadísticas

Según la última versión del informe que anualmente presenta la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la extensión de los cultivos de coca en nuestro país se ha incrementado en un 6 por ciento durante el último año, cifra que podría ser aún mayor si se considera que el cálculo finalizó en septiembre del año pasado.

El dato en sí mismo no es novedoso, pues es por todos conocida la tendencia al permanente incremento de los cultivos de hoja de coca en territorio nacional, la que no hizo más que acentuarse desde que el instrumento político creado por los productores de coca se hizo cargo de la conducción del país.

No por conocido, sin embargo, el dato deja de ser alarmante. Es que como las mismas organizaciones de productores de coca lo reconocen, más del 60 por ciento de la extensión actual corresponde a cultivos ilegales, cultivos cuyo producto no está destinado al consumo tradicional de la hoja de coca. Eso significa, simple y llanamente, que es una producción que se destina a la creciente producción de cocaína.

Ese dato, que tampoco puede sorprender a nadie, adquiere sin embargo especial significación si se lo ve a la luz de una gran cantidad de noticias que casi diariamente revelan las características, esas sí novedosas, que durante los últimos tiempos ha adquirido la transformación de coca en pasta base de cocaína. Es que si algo se ha “democratizado” en el “nuevo Estado Plurinacional de Bolivia”, es la elaboración de droga.

La “hoja sagrada”, ahora amparada por la nueva Constitución Política del Estado, en su condición de materia prima de la cocaína, ha salido de las selvas del subtrópico cochabambino para ser procesada en modernas fábricas que ya no requieren de las viejas pozas de maceración, y por lo tanto pueden ser instaladas en cualquier lugar. Gracias a la asimilación de nuevas tecnologías, el circuito coca – cocaína ha adquirido una nueva dimensión que va más allá de los datos cuantitativos.

Los efectos nocivos de tal fenómeno son por demás evidentes. No sólo porque ya no son sólo los hijos de los cocaleros los que están sometidos a los riesgos del fácil dinero mal habido, lo que los hace fácil presa de los vicios que ligados al submundo de las drogas. Los ríos y los terrenos antes dedicados al cultivo están siendo también contaminados a una escala nunca antes vista.

Más allá de las frías cifras, estamos ante una lacra que está expandiéndose a un ritmo que supera el seis por ciento anual que indican las estadísticas. Una calamidad que está destrozando las bases de la estructura económica y social de gruesos sectores de la población que hasta ahora se mantuvieron fuera del alcance de tan maligno fenómeno. Una expansión que se produce bajo la aureola de la “hoja sagrada” y las “milenarias tradiciones”.

Padrón biométrico y transparencia

Los sistemas informáticos son sólo herramientas y los resultados que arroje su aplicación dependen de las intenciones de los operadores

Con la adjudicación a la empresa Nipon Electric Company (NEC), sociedad argentino-japonesa, del suministro del equipo biométrico, la solución informática, la capacitación y el soporte técnico para el empadronamiento de las casi cuatro millones de personas habilitadas para participar en las próximas elecciones generales, se ha superado uno de los últimos escollos que se interponían en el camino que debe conducir a las elecciones de diciembre próximo.

Se ha ingresado así a una nueva fase en la que la parte más pesada de la enorme tarea pendiente recaerá sobre las Cortes Departamentales Electorales. Ellas tendrán que avanzar contra el tiempo por un terreno desconocido, pues la tarea que se le ha encomendado no tiene antecedentes en su ya vasta experiencia acumulada en la organización de procesos electorales.

Por lo que se ha informado, las cortes electorales contratarán a más de diez mil personas eventuales para que participen en el registro de la ciudadanía. Ese personal tendrá que ser sometido a intensos entrenamientos, pues no será nada fácil la tarea que les será encomendada.

Para llevar a término su misión, las cortes electorales tendrán que hallar la forma de motivar a la gente para que se registre sin esperar los últimos días, como es habitual. Es tan enorme la cantidad de gente que deberá empadronarse que sólo si se imprime un ritmo sostenido desde el primer hasta el último día será posible cumplir el objetivo.

En el hipotético caso de que pese a las previsibles dificultades que se encontrarán en lo que queda del camino sean superadas con éxito, y que el objetivo de construir un nuevo padrón biométrico sea alcanzado, se habrá sin duda dado un enorme paso hacia la modernización de nuestro sistema electoral.

No debe perderse de vista, sin embargo, que por modernos y eficientes que sean ese los recursos técnicos empleados para empadronar a la ciudadanía seguirá siendo siempre el factor humano el principal. Las máquinas y los sistemas informáticos son sólo herramientas y los resultados que arroje su aplicación dependen de las intenciones de los operadores.

Por ello, la transparencia y confiabilidad del próximo proceso electoral sigue dependiendo, como antes, de la capacidad que tengan las organizaciones políticas de la oposición de supervisar todo el proceso. Tener delegados que supervisen la marcha del mismo, y una organización capaz de tener presencia en cada mesa a lo largo y ancho del territorio nacional, sigue siendo su obligación principal.

Mientras los partidos políticos no sean capaces de ejercer su derecho y cumplir su obligación de hacerse presentes con sus representantes en todo el territorio nacional durante todo el proceso, para supervisar desde el registro hasta la emisión y cómputo de los votos, de nada habrá valido todo el esfuerzo que se está haciendo para construir un costoso padrón biométrico.

Pando, laboratorio del “nuevo estado”

En Pando se ponen a prueba y perfeccionan muchos de los pilares del “Nuevo Estado” que ya está en vías de construcción


Un amplio reportaje publicado el pasado domingo por un matutino colega de La Paz, da cuenta de la magnitud de un plan que está siendo ejecutado por el Movimiento al Socialismo para hacer del Departamento Pando un enclave bajo el control absoluto de esa organización política.

Para tal efecto, según el informe que comentamos, trabajan mancomunadamente diversas instancias gubernamentales, la Prefectura de cuyo control se hizo el MAS tras la defenestración del democráticamente prefecto elegido, y la alcaldía de Cobija así como las de otros municipios ya copados por el partido oficialista.

Muchas instituciones del Estado están involucradas en el proyecto, pero el rol principal está reservado para las Fuerzas Armadas que han desplazado a un gran número de sus efectivos a lo largo y ancho de ese Departamento. Pero no son sólo las FF.AA. bolivianas. Junto a los militares bolivianos están decenas de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, quienes constituyen el Comando Binacional Amazònico.

Entre las muchas tareas a las que se dedican los integrantes del Comando Binacional está la intensa labor de adoctrinamiento. Los fundamentos doctrinales del “socialismo del Siglo XXI” son asiduamente impartidos entre todos los habitantes de la región, pero especialmente entre los jóvenes a quienes se prepara intensamente para futuras batallas ideológicas.

Simultáneamente, se promueven masivos flujos migratorios principalmente desde comunidades altiplánicas y del trópico cochabambino; de zonas en las que la hegemonía masista es absoluta desde hace ya mucho tiempo. Son miles de parejas y familias jóvenes, a las que se les otorgan tierras y medios de producción bajo la estricta tutela de diversas instancias del aparato estatal.

Como se sabe, hace ya varios años que muchos de los esfuerzos del gobierno central están dirigidos a ampliar su influencia en esa región del país que por sus características geográficas y demográficas resulta un punto estratégico cuyo control tiene enorme importancia no sólo desde el punto de vista electoral sino económico, político y militar. Pero tales afanes adquirieron especial ímpetu después del 11 de septiembre de 2008, cuando el gobierno se anotó uno de sus más importantes triunfos en su intensa lucha contra la oposición cívico regional.

A partir de entonces, Pando ha pasado a ser una especie de laboratorio de ensayo donde se ponen a prueba los más diversos procedimientos para “colonizar” una región originalmente hostil al masismo y su proyecto político. Es fácil suponer que a medida que tales métodos vayan siendo perfeccionados por la práctica, serán luego reproducidos en otras zonas que por ahora no son tan fácilmente sometidas a las reglas del “Nuevo Estado”, el que no se conforma con el gobierno, el que aspira al “Poder Total”.

Los “escandaletes” de cada día

Pequeños alborotos que van pasando sin dejar huella, pero impiden que los temas realmente importantes reciban la atención que merecen


Uno de los muchos síntomas a través de los que se manifiesta el avanzado estado de descomposición en el que están las principales instituciones de nuestro país, incluidas las empresas estatales, es que ya nada es motivo de escándalo. A lo más que llegan las noticias que cotidianamente dan cuenta del avance del mal es a provocar efímeros “escandaletes”.

Los “escandaletes” son pequeños alborotos ocasionados por los excesos en que suelen incurrir las figuras del mundo del espectáculo, de la farándula o de la política. Se trata por lo general de asuntos poco relevantes, pero atractivos desde el punto de vista del “marketing” informativo. Por eso suelen ocupar grandes titulares, pero pasan al olvido con la misma facilidad con que de un día a otro adquieren gran notoriedad.

Es también característica de los “escandaletes” tener su origen en el afán con que las estrellas de la farándula, o quienes aspiran a serlo, buscan atraer sobre sí mismas las luces y las miradas de la gente incauta de cuya veneración se alimentan mientras les dura su efímera fama, fortuna o poder.

Como se ve, el término “escandalete” es el que mejor se ajusta a la mayor parte de los temas que periódicamente se van sucediendo en la agenda informativa nacional. Pequeños alborotos que van pasando sin dejar huella, pero que a su paso impiden que los temas realmente importantes reciban la atención que merecen.

El más reciente ejemplo de lo dicho es el que se refiere a la “nacionalización” de Transredes. Gran “revelación” que nada aportó a lo que ya era ampliamente conocido, aunque haya pasado desapercibido, pero contribuyó a que sigamos acostumbrándonos a un estado de cosas que por lo común ya va siendo visto como normal.

Que a estas alturas de la historia del “proceso de cambio” sea a través de mal fingidos arranques de patriotismo, honestidad y perspicacia que diriman sus pugnas internas los diversos clanes que se disputan a dentelladas los despojos de YPFB y sus subsidiarias, no es algo que deba sorprender. Lo raro sería que ante tantos millones de dólares disponibles, los representantes del gobierno “indígena originario campesino” actúen de otro modo.

Pero tan penoso como lo anterior es que los representantes de la oposición parlamentaria, entre quienes casualmente superabundan los expertos en temas hidrocarburíferos, se declaren tan sorprendidos como cualquier neófito ciudadano cada que sele un nuevo detalle de la tan aplaudida “nacionalización”. Lo que cabía esperar era que sean ellos los que fiscalicen el proceso, y no que se limiten a hacer alardes de mojigatería cada que se pone en evidencia la facilidad con que es burlada su vigilancia.

Así, pasado el nuevo “escandalete”, lo único real que quedará será una pandilla de ganadores, y otra de perdedores, en la disputa por el control de la planilla de sueldos de una de las empresas “nacionalizadas”.

El fin de la república

La facilidad con que el MAS logró despojar a Bolivia de su condición de República es una muestra de lo lejos que va el proceso


Cuando tras el fracaso de la Asamblea Constituyente, las bancadas parlamentarias del MAS y Podemos se asociaron para cometer una de las mayores aberraciones de que se tenga memoria en la historia contemporánea de Bolivia, al atribuirse la tarea de redactar en “mesas clandestinas” el nuevo texto constitucional, lo hicieron dejando tantos cabos sueltos que serán muchos los años, si no décadas, que habrá que esperar antes de que se despejen los efectos negativos de tanto desmán.

Uno de los más elocuentes ejemplos de lo dicho es el referido a la nueva denominación de lo que era la República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional de Bolivia”. Como si se tratara de un detalle irrelevante, el asunto pasó poco menos que desapercibido hasta que el gobierno aprobó el Decreto Supremo 048 mediante el que pone en vigencia lo que manda la nueva Constitución.

Como se recordará, entre los argumentos que en su momento esgrimieron los parlamentarios de Podemos para justificar su aprobación al nuevo texto constitucional figuraba el relativo al uso del término “República”. Muy orgullosos, como parte de la “campaña pedagógica” que desarrollaron para “hacernos entender” las virtudes del texto consensuado, explicaron que habían logrado que esa palabra aparezca –una sola vez— en solo uno de los artículos. Una mención irrelevante que en nada modificó el hecho de fondo, que consiste en que los ideólogos del MAS lograron evitar que aparezca en el artículo correspondiente a la caracterización del “Nuevo Estado Plurinacional”.

En su momento, el asunto no mereció mayor atención. Pero ahora, cuando el gobierno ha decidido pasar de las declaraciones líricas a los hechos, recién se alzan los primeros gritos al cielo. Tarde, como suelen ser todas las reacciones de quienes atrincherados en la candidez subestiman la firmeza con que el MAS se propone ejecutar su proyecto de destrucción de la institucionalidad republicana.

Ahora, cuando ya estamos ante un hecho prácticamente consumado, las principales críticas se dirigen a los aspectos más pedestres del asunto. Como el relativo al costo económico que tendrá el entierro de la República de Bolivia en la papelería oficial.

Por supuesto no se trata de minimizar ese aspecto del problema pues no son nada despreciables los montos de dinero que serán despilfarrados para tal efecto. Pero mucho más grave es el impacto político e ideológico que se esconde tras tan aparentemente inocente medida.

Es que al despojar a nuestro país de su condición de República en los documentos oficiales, ya no queda nada que nos ate a lo que desde el punto de vista de los ideólogos del MAS es un detestable resabio del “colonialismo occidental”: las instituciones republicanas. Queda despejado el camino para la destrucción de las mismas se consume sin que haya argumento capaz de evitar tan enorme salto hacia la barbarie.

La multiplicaciòn de los bonos

Menos visible, pero no por eso menos importante, es el impacto cultural que la proliferación de bonos trae consigo

Dos nuevos bonos recientemente creados por el gobierno para beneficiar a otros tantos sectores de la población --los beneméritos de la guerra del Chaco y los funcionarios públicos-- han dado nuevo vigor a una ya muy antigua polémica acerca de las virtudes o defectos de esa forma de distribuir el dinero, tanto desde el punto de vista económico como del político.

El asunto no es nada nuevo pues tiene sus orígenes en la otorgación del Bonosol, hace ya doce años, durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Como se recordará, tal medida fue objeto de las más severas críticas inspiradas en la racionalidad económica, unas, y en los mezquinos cálculos electorales, otras. Pero lo que en los hechos se impuso fue la conveniencia de los circunstanciales gobernantes. Ninguno de los más feroces críticos del Bonosol tuvo el valor de eliminarlo y a lo más que se atrevieron sus detractores fue a cambiarle de nombre.

Fue así que el Bonosol sobrevivió a más de una gestión gubernamental sin sufrir más que uno que otro retoque cosmético. Los más profundos cambios se hicieron en el nombre, pues cada gobierno quiso imprimirle su propio sello. Fue una de las muchas formas como se manifestó la pequeñez de quienes tuvieron en sus manos durante esos años los destinos del país.

Con esos antecedentes, no resultó sorprendente que el gobierno del MAS hiciera lo mismo que todos sus antecesores y el Bonosol pase a ser uno de los pilares de su política social sólo que, cómo no, con el nombre una vez más cambiado, esta vez por el de “Renta Dignidad”. Hasta ahí, nada nuevo.

Pero el tema de los bonos dejó de ser sólo una forma de dar continuidad a una de las medidas “estrella” del MNR, cuando el rebautizado Bonosol no sólo que sobrevivió al ser adoptado con mucho entusiasmo por los nuevos gobernantes sino que comenzó a reproducirse sin medida ni concierto. Los bonos Juancito Pinto para los niños, Juana Azurduy de Padilla para las madres gestantes, otro para los beneméritos de la Guerra del Chaco y uno más para los funcionarios públicos, han reabierto una polémica que no por antigua es menos pertinente.

Como es fácil constatar, el asunto trasciende con mucho lo estrictamente económico, aunque sea éste el principal aspecto del problema. Los efectos políticos de una tan densa red de hilos que hacen a ancianos, niños, jóvenes, mujeres y empleados públicos directamente dependientes de la dádiva gubernamental no son menores. Y menos visible, pero no por eso menos importante, está el impacto cultural, el que se produce en la mentalidad no sólo de los directamente beneficiados, sino de quienes los rodean. Una mentalidad que se caracteriza por la pasiva extensión de la mano pedigüeña. La mendicidad elevada a la categoría de política de Estado.

Interpretaciones simplistas de la realidad

La oposición boliviana y el gobierno peruano coinciden al buscar explicaciones simplistas a fenómenos cuya complejidad ignoran

Como no podía ser de otro modo, dado el contexto en que se produjo, el mensaje que el Presidente Evo Morales envió hace un par de semanas a la cuarta “Cumbre Continental de Pueblos Indígenas”, en el que los instó a "asumir su destino como pueblos" para que "todos sepan que (…) de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución”, ha dado lugar a una ola de noticias, análisis y comentarios que han relegado a un plano muy secundario a todos los demás temas.

Al asunto se dedicaron los principales espacios de los medios de comunicación; fue motivo de los más sesudos análisis y las más audaces especulaciones, con lo que quedó demostrado, una vez más, cuán fácilmente la atención colectiva puede ser llevada de un tema a otro. Seguramente, dentro de unos pocos días ya nadie se acordará del asunto, por lo menos no en Bolivia, pues otra “revelación” dará lugar a nuevos devaneos noticiosos.

Pero tan notable como la facilidad como los más diversos temas entran y salen de la agenda informativa, es la ligereza con que son tratados mientras gozan de su efímera actualidad. En el caso que nos ocupa, resulta penoso el simplismo con que se buscan explicaciones a lo que se considera una “torpeza” presidencial. El “mal asesoramiento”, el “desconocimiento de la historia” son, entre otras similares, las principales causas a las que se atribuye la manera como Evo Morales conduce sus relaciones con Perú y sus organizaciones indígenas y populares.

El origen de tal manera de interpretar los hechos está en la persistencia con que se subestima la magnitud, la seriedad y la proyección del proyecto político encabezado por Evo Morales. Como se lo menosprecia, se intenta banalizar sus actos despojándolos de todo atisbo de seriedad, como si no fueran más que una sucesión de errores.

Diametralmente opuesta, pero no por eso menos alejada de la realidad, está la interpretación que de los últimos hechos ocurridos en la amazonia peruana hacen importantes dirigentes políticos de ese país. Según ellos, Evo Morales, a través de su carta, fue el autor de una insurrección protagonizada por inocentes nativos manipulados por el Presidente boliviano y sus agentes infiltrados.

Como es fácil constatar, tanto una como otra interpretación, pese a lo distantes que están en las apariencias, tienen un elemento en común: tienen como punto de partida una visión simplista de la realidad, de los factores económicos, políticos y sociales que dan lugar a fenómenos como el poder del MAS, en Bolivia, o la insurrección de los indígenas, en Perú.

Mientras quienes pretenden contrarrestarlos, desde la oposición en el caso boliviano, o desde el gobierno, en el peruano, se esmeren en subestimar a tan vigorosos movimientos políticos, es poco probable que logren algún éxito.

Efectos políticos del cambio climático

Lo que está ocurriendo en Perú es un buen ejemplo de lo que puede ser una de las principales fuentes de conflicto de los próximos años


Hace algunos días, el Foro Humanitario Internacional (GHI, por sus siglas en inglés) dio a conocer en Londres un informe sobre los efectos que el cambio climático global tiene sobre la vida cotidiana de gran parte de la humanidad. Destaca el hecho de que quienes más lo sufren son quienes menos tienen que ver con las causas que lo producen. Y viceversa.

Entre los datos más elocuentes que se citan en el informe, se destaca el relativo a la cantidad de muertes que está ocasionando ya el cambio climático a través de hambrunas, enfermedades y desastres naturales. Se calcula que las alteraciones ecológicas son causa directa o indirecta de 315 mil muertes. Según algunas previsiones, al ritmo actual de deterioro ambiental, dentro de 10 años será el 10 por ciento de la población terrestre la que enfrentará grandes dificultades para sobrevivir.

Tan impactantes como los fríos números son los rasgos cualitativos de los sectores más afectados, así como de los que con más facilidad eluden los efectos negativos del cambio climático. Es que la relación entre el grado de responsabilidad en el deterioro medioambiental y el padecimiento de sus consecuencias es inversamente proporcional. Es decir, quienes más contaminan son los menos afectados, y quienes más armoniosamente viven con la naturaleza, sus principales víctimas.

Según los datos del informe que comentamos, eso se refleja en el hecho de que los 50 países más pobres del mundo sólo han generado el 1% de las emisiones de dióxido de carbono, principal determinante del deterioro atmosférico. Se trata de regiones que soportan los daños de las inundaciones o sequías, de la elevación del nivel del mar o del avance del proceso de desertificación, entre otras calamidades.

Exactamente la misma injusta distribución de responsabilidades y perjuicios se reproduce a escala de cada país. Quienes menos se benefician con los resultados de la sobreexplotación del medio ambiente son quienes más directamente sufren las consecuencias de la deforestación, la contaminación de las aguas y las alteraciones que sufre el ciclo agrícola a raíz de los cambios en el régimen de lluvias.

Como no es difícil imaginar, tal estado de cosas lleva consigo el germen de gravísimos problemas económicos, sociales y políticos, que tarde o temprano dejarán su estado latente para manifestarse con todo su potencial explosivo.

Lo que está ocurriendo estos días en Perú, donde es precisamente la confrontación de dos visiones mutuamente excluyentes sobre la manera de actuar frente a los recursos naturales, es un buen ejemplo de lo que puede dejar de ser un episodio aislado para ser una de las principales fuentes de conflicto de los próximos años.

Es tan serio el asunto, que lo menos que puede hacerse es recurrir a cómodas simplificaciones.