Veinte años después de que se creyó haber llegado al “fin de la Historia”, asistimos a la inauguración de un nuevo capítulo
En un artículo publicado en estas páginas con el título “Derribando el muro” el columnista Michael Mayer el pasado jueves nos recordaba que por estas fechas se produjo casi simultáneamente una serie de acontecimientos que cambiaron el mundo. Se refería al desenlace sangriento de las protestas de la Plaza Tiananmen, la muerte del clérigo revolucionario de Irán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, y las elecciones polacas en las que se impuso Solidaridad.Ahora, veinte años después, estamos asistiendo a acontecimientos cuya importancia es, por lo menos, tan grande como los señalados por Meyer. China se ha consolidad como una potencia económica de primer orden y uno de los regímenes más represivos del planeta; Irán, como todos los países del mundo islámico, no menos represivos que el chino, ha adquirido un rol protagónico que ya no puede ser soslayado; una nueva ola de regímenes de izquierda avanza en América Latina, y el capitalismo se enfrenta a la mayor crisis de la historia cuyo epicentro está en Wall Street.
Cada uno de esos hechos, visto aisladamente, es suficiente para ser considerado un hito en la historia contemporánea. Si se los ve en conjunto, su importancia es aún mayor pues dan cuenta de un fenómeno que marca el fin de una época y el inicio de otra.
La facilidad con que el régimen del Partido Comunista Chino logró que el vigésimo aniversario de la atroz matanza de Tiananmen pase poco menos que desapercibido ante la indiferencia y complicidad del “mundo libre” que no se inmuta ante la impunidad con que en ese país se violan los más elementales derechos humanos, es un muy elocuente signo de los tiempos que corren.
El drástico viraje de la política exterior estadounidense en sus relaciones con el mundo islámico es igualmente significativo. La ola de nacionalizaciones con que EE.UU. intenta conjurar el desmoronamiento de sus bases económicas, con lo que se ha puesto en manos del Estado los principales pilares de su sector financiero e industrial, no son datos menos relevantes.
En lo que a América Latina se refiere, la decisión adoptada por la OEA de levantar el veto que pesaba sobre el régimen cubano ha sentado las bases para que se legitimen regímenes como el venezolano o el boliviano que se encaminan hacia modelos políticos que hace sólo unos años parecían inconcebibles.
Esos acontecimientos, entre muchos otros, contrastan de manera rotunda con la hipótesis según la cual hace veinte años habíamos asistido al “Fin de la Historia” con el triunfo del liberalismo. En los hechos, la democracia liberal no se ha expandido, sino que está en franco retroceso a escala planetaria y el liberalismo económico ha cedido su lugar a una fuerte ola de estatizaciones.
Se puede pues afirmar que lejos del fin de la historia, estamos asistiendo al inicio de una nueva.
sábado, 6 de junio de 2009
viernes, 5 de junio de 2009
La ofensiva de Morales contra Perú
Las relaciones entre Bolivia y Perú se acercan a un punto cuya gravedad supera las más pesimistas previsiones
Desde hace ya mucho tiempo, y con una crudeza que se ha intensificado notablemente durante los últimos días, el Presidente Evo Morales ha desencadenado una feroz ofensiva verbal contra su homólogo peruano, Alan García, lo que ha desatado un conflicto diplomático que se con cada día que pasa se agrava hasta adquirir dimensiones temibles.
Inicialmente, con cierta benevolencia, la ola de ataques fue atribuida al carácter lenguaraz del mandatario boliviano quien nunca se destacó por la prudencia cuando de hacer declaraciones públicas se trata. Sin embargo, vistas con más detenimiento las cosas, se hallan razones para temer que el asunto es mucho más grave y que esa actitud beligerante tiene motivaciones y objetivos más serios de lo que se quisiera creer.
Como se recordará, no fue con el ascenso de Alan García que se inició la andanada de agravios contra Perú y sus mandatarios. Prácticamente desde el día que asumió la presidencia, Morales dedicó provocadoras frases al entonces Presidente peruano Alejandro Toledo, mientras no escatimaba elogios al entonces candidato Ollanta Humala.
La derrota que el pueblo peruano infligió en las urnas a Humala, el representante en Perú del proyecto de “Socialismo del Siglo XXI”, fue sufrida por Morales como un agravio personal. Pero más aún, fue un muy duro golpe para el proyecto político continental encabezado por Hugo Chávez. A partir de entonces, revertir esa derrota adquirió el carácter de prioridad en la geopolítica chavista, y Evo Morales, por lo que se ve, asumió el rol de instrumento ejecutor del plan.
Ese contexto, al que se deben sumar los éxitos que cosecha la política económica e internacional del gobierno de Alan García, los que contrastan con los fracasos de Venezuela y Bolivia, es el que explica la persistencia con que Morales destila su furia mientras alienta sin disimulo a las organizaciones políticas y sindicales, pero sobre todo a las indígenas que se oponen al gobierno peruano.
El mensaje que Morales envió recientemente a la “Cumbre Continental de Pueblos Indígenas” que se realizó en la frontera con Bolivia, en el que instó a sus participantes a construir la "segunda y definitiva independencia" de América, a "asumir su destino como pueblos" para que "todos sepan que (…) de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución”, lo dice todo.
Si se considera, además, que durante los últimos días se ha iniciado en el vecino país una ofensiva de indígenas amazónicos que se proponen cortar el suministro eléctrico a las principales ciudades peruanas, lo que amenaza con desencadenar enfrentamientos, se tiene un cuadro completo de la gravedad del contexto en que se produce una tensión diplomática que, al paso que vamos, puede tener gravísimas consecuencias para ambos países.
Desde hace ya mucho tiempo, y con una crudeza que se ha intensificado notablemente durante los últimos días, el Presidente Evo Morales ha desencadenado una feroz ofensiva verbal contra su homólogo peruano, Alan García, lo que ha desatado un conflicto diplomático que se con cada día que pasa se agrava hasta adquirir dimensiones temibles.
Inicialmente, con cierta benevolencia, la ola de ataques fue atribuida al carácter lenguaraz del mandatario boliviano quien nunca se destacó por la prudencia cuando de hacer declaraciones públicas se trata. Sin embargo, vistas con más detenimiento las cosas, se hallan razones para temer que el asunto es mucho más grave y que esa actitud beligerante tiene motivaciones y objetivos más serios de lo que se quisiera creer.
Como se recordará, no fue con el ascenso de Alan García que se inició la andanada de agravios contra Perú y sus mandatarios. Prácticamente desde el día que asumió la presidencia, Morales dedicó provocadoras frases al entonces Presidente peruano Alejandro Toledo, mientras no escatimaba elogios al entonces candidato Ollanta Humala.
La derrota que el pueblo peruano infligió en las urnas a Humala, el representante en Perú del proyecto de “Socialismo del Siglo XXI”, fue sufrida por Morales como un agravio personal. Pero más aún, fue un muy duro golpe para el proyecto político continental encabezado por Hugo Chávez. A partir de entonces, revertir esa derrota adquirió el carácter de prioridad en la geopolítica chavista, y Evo Morales, por lo que se ve, asumió el rol de instrumento ejecutor del plan.
Ese contexto, al que se deben sumar los éxitos que cosecha la política económica e internacional del gobierno de Alan García, los que contrastan con los fracasos de Venezuela y Bolivia, es el que explica la persistencia con que Morales destila su furia mientras alienta sin disimulo a las organizaciones políticas y sindicales, pero sobre todo a las indígenas que se oponen al gobierno peruano.
El mensaje que Morales envió recientemente a la “Cumbre Continental de Pueblos Indígenas” que se realizó en la frontera con Bolivia, en el que instó a sus participantes a construir la "segunda y definitiva independencia" de América, a "asumir su destino como pueblos" para que "todos sepan que (…) de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución”, lo dice todo.
Si se considera, además, que durante los últimos días se ha iniciado en el vecino país una ofensiva de indígenas amazónicos que se proponen cortar el suministro eléctrico a las principales ciudades peruanas, lo que amenaza con desencadenar enfrentamientos, se tiene un cuadro completo de la gravedad del contexto en que se produce una tensión diplomática que, al paso que vamos, puede tener gravísimas consecuencias para ambos países.
jueves, 4 de junio de 2009
Cuentas pendientes con la historia
El afán con que el gobierno quiere ayudar a olvidar a las víctimas de las dictaduras es un mal presagio sobre lo que nos depara el porvenir
“La historia es como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, mirando lo que fue, nos anuncia lo que será”. Esa sabia frase, de cuya validez da abundantes testimonios la experiencia acumulada por toda la humanidad, adquiere especial importancia en tiempos como los que vivimos, cuando el peso de acontecimientos de los que fueron protagonistas quienes nos precedieron se hace sentir con todo vigor en nuestro presente.
Durante los últimos días hemos sido testigos de dos elocuentes muestras de lo dicho. Una de ellas la dieron las dificultades que aún tenemos para reconciliarnos con cuanto ocurrió hace doscientos años al iniciarse el proceso que condujo a la constitución de la República de Bolivia, cuya existencia ha sido puesta en duda por el actual régimen. Otra, es la demanda de parientes de las víctimas de las dictaduras militares que asolaron nuestro país, quienes exigen la apertura de los archivos mantenidos hasta ahora en el secreto en los sótanos del Ministerio de Gobierno y de la Sección II de las Fuerzas Armadas.
Como nos lo recuerdan quienes perdieron a sus seres queridos, ese espantoso capítulo de nuestra historia ha dejado tantas heridas abiertas que no puede ser cerrado, y mucho menos borrado de la memoria colectiva, si antes no se hace justicia con la memoria los muertos y desaparecidos.
A esa razón, por sí misma suficiente para que el tema merezca ser asumido como uno de plena actualidad, se suma la inminente posibilidad de que los factores que dieron lugar a tanta atrocidad se reproduzcan en nuestro país. La creciente frecuencia con que se violan impunemente los más elementales derechos humanos, y la reaparición de organizaciones y doctrinas que conciben la acción política como una guerra cuyo objetivo es la eliminación física de los adversarios, son algunos de los hechos que hacen temer que no estamos lejos de recaer en las peores experiencias de nuestra historia por no haber sabido asimilar sus amargas lecciones.
La actitud gubernamental ante la demanda de las víctimas de las dictaduras militares, que consistió en negar la existencia de archivos en el Departamento II de las FF.AA. que permitan hacer justicia con la memoria de las víctimas, primero y en negar su apertura pública, después, es otra muestra de lo vivo que está el espíritu que animó a quienes recurrieron a los más viles métodos para eliminar a sus oponentes.
Para evitar que esos episodios de nuestra historia se repitan, es urgente revitalizar en la conciencia colectiva el respeto a los valores básicos inherentes a la convivencia civilizada. El restablecimiento de la causa de los derechos humanos como algo que por su valor intrínseco está por encima de las conveniencias coyunturales de quienes gobiernan, es algo que no admite concesiones.
“La historia es como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, mirando lo que fue, nos anuncia lo que será”. Esa sabia frase, de cuya validez da abundantes testimonios la experiencia acumulada por toda la humanidad, adquiere especial importancia en tiempos como los que vivimos, cuando el peso de acontecimientos de los que fueron protagonistas quienes nos precedieron se hace sentir con todo vigor en nuestro presente.
Durante los últimos días hemos sido testigos de dos elocuentes muestras de lo dicho. Una de ellas la dieron las dificultades que aún tenemos para reconciliarnos con cuanto ocurrió hace doscientos años al iniciarse el proceso que condujo a la constitución de la República de Bolivia, cuya existencia ha sido puesta en duda por el actual régimen. Otra, es la demanda de parientes de las víctimas de las dictaduras militares que asolaron nuestro país, quienes exigen la apertura de los archivos mantenidos hasta ahora en el secreto en los sótanos del Ministerio de Gobierno y de la Sección II de las Fuerzas Armadas.
Como nos lo recuerdan quienes perdieron a sus seres queridos, ese espantoso capítulo de nuestra historia ha dejado tantas heridas abiertas que no puede ser cerrado, y mucho menos borrado de la memoria colectiva, si antes no se hace justicia con la memoria los muertos y desaparecidos.
A esa razón, por sí misma suficiente para que el tema merezca ser asumido como uno de plena actualidad, se suma la inminente posibilidad de que los factores que dieron lugar a tanta atrocidad se reproduzcan en nuestro país. La creciente frecuencia con que se violan impunemente los más elementales derechos humanos, y la reaparición de organizaciones y doctrinas que conciben la acción política como una guerra cuyo objetivo es la eliminación física de los adversarios, son algunos de los hechos que hacen temer que no estamos lejos de recaer en las peores experiencias de nuestra historia por no haber sabido asimilar sus amargas lecciones.
La actitud gubernamental ante la demanda de las víctimas de las dictaduras militares, que consistió en negar la existencia de archivos en el Departamento II de las FF.AA. que permitan hacer justicia con la memoria de las víctimas, primero y en negar su apertura pública, después, es otra muestra de lo vivo que está el espíritu que animó a quienes recurrieron a los más viles métodos para eliminar a sus oponentes.
Para evitar que esos episodios de nuestra historia se repitan, es urgente revitalizar en la conciencia colectiva el respeto a los valores básicos inherentes a la convivencia civilizada. El restablecimiento de la causa de los derechos humanos como algo que por su valor intrínseco está por encima de las conveniencias coyunturales de quienes gobiernan, es algo que no admite concesiones.
miércoles, 3 de junio de 2009
Hacia un régimen de partido único
La candidez de los aspirantes a candidatos es el complemento perfecto de un proyecto político que se encamina hacia su consumación
Entre las muchas características del proceso político que está en plena ejecución en nuestro país desde hace algo más de tres años, hay dos que se destacan por ser las que marcan el ritmo y la profundidad con que éste se desarrolla. Una de ellas es la eficiencia con que el Movimiento al Socialismo avanza hacia la consumación de su proyecto, a pesar de sus muchos traspiés. La segunda, la inexistencia de una oposición política capaz de hacerle frente.
Entre las muchas muestras de la firmeza con que el MAS avanza hacia el logro de sus objetivos hay una que se destaca. Es la consolidación de su control sobre gran parte del territorio nacional donde ya ha dejado de regir el Estado de Derecho. La “republiqueta cuya capital es Achacachi”, que es como el Vicepresidente de la ex República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional” define esa vasta región geográfica que es el altiplano paceño, es la máxima expresión de lo dicho.
Se trata de un territorio en el que ya está plenamente vigente un régimen totalitario, donde nadie puede ejercer sus derechos ciudadanos sin ser sometido a los más brutales métodos represivos legitimados bajo el rótulo de “justicia comunitaria”.
Tan evidente es esa realidad que durante los últimos actos electorales en esa región se ensayó con pleno éxito lo que ya es un sistema monopartidista. Votaciones cercanas al cien por ciento a favor de la consigna oficialista, que más que a un fraude electoral son atribuibles a la eficiente aplicación de la coerción del “nuevo Estado”, así lo demuestran.
Para reforzar, consolidar y expandir ese modelo de organización política ya están movilizadas a lo largo y ancho del país las estructuras orgánicas del MAS y de los “movimientos sociales” que actúan como su brazo operativo. La decisión anunciada por los dirigentes de la provincia Aroma de no permitir el ingreso a “su territorio” a candidatos que no pertenezcan al MAS es sólo una muestra más, pero no la única. En el trópico cochabambino, en muchas provincias vallunas e incluso en vastas regiones del oriente boliviano está ya en plena ejecución el mismo plan.
Tal proceso, desgraciadamente, es facilitado por la inexistencia de una oposición que esté a la altura de las circunstancias. La existente, dispersa, fragmentada, desorientada, sin líderes, ni organización ni ideas claras, que todavía cree ingenuamente que la calidad del padrón electoral es el mayor de los problemas, es el complemento perfecto para la total destrucción de nuestra democracia.
La candidez con que los aspirantes a candidatos se regocijan con la ilusión de que sus imaginarias cualidades personales serán suficientes para derrotar en las urnas a la fórmula oficialista, lo dice todo.
Entre las muchas características del proceso político que está en plena ejecución en nuestro país desde hace algo más de tres años, hay dos que se destacan por ser las que marcan el ritmo y la profundidad con que éste se desarrolla. Una de ellas es la eficiencia con que el Movimiento al Socialismo avanza hacia la consumación de su proyecto, a pesar de sus muchos traspiés. La segunda, la inexistencia de una oposición política capaz de hacerle frente.
Entre las muchas muestras de la firmeza con que el MAS avanza hacia el logro de sus objetivos hay una que se destaca. Es la consolidación de su control sobre gran parte del territorio nacional donde ya ha dejado de regir el Estado de Derecho. La “republiqueta cuya capital es Achacachi”, que es como el Vicepresidente de la ex República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional” define esa vasta región geográfica que es el altiplano paceño, es la máxima expresión de lo dicho.
Se trata de un territorio en el que ya está plenamente vigente un régimen totalitario, donde nadie puede ejercer sus derechos ciudadanos sin ser sometido a los más brutales métodos represivos legitimados bajo el rótulo de “justicia comunitaria”.
Tan evidente es esa realidad que durante los últimos actos electorales en esa región se ensayó con pleno éxito lo que ya es un sistema monopartidista. Votaciones cercanas al cien por ciento a favor de la consigna oficialista, que más que a un fraude electoral son atribuibles a la eficiente aplicación de la coerción del “nuevo Estado”, así lo demuestran.
Para reforzar, consolidar y expandir ese modelo de organización política ya están movilizadas a lo largo y ancho del país las estructuras orgánicas del MAS y de los “movimientos sociales” que actúan como su brazo operativo. La decisión anunciada por los dirigentes de la provincia Aroma de no permitir el ingreso a “su territorio” a candidatos que no pertenezcan al MAS es sólo una muestra más, pero no la única. En el trópico cochabambino, en muchas provincias vallunas e incluso en vastas regiones del oriente boliviano está ya en plena ejecución el mismo plan.
Tal proceso, desgraciadamente, es facilitado por la inexistencia de una oposición que esté a la altura de las circunstancias. La existente, dispersa, fragmentada, desorientada, sin líderes, ni organización ni ideas claras, que todavía cree ingenuamente que la calidad del padrón electoral es el mayor de los problemas, es el complemento perfecto para la total destrucción de nuestra democracia.
La candidez con que los aspirantes a candidatos se regocijan con la ilusión de que sus imaginarias cualidades personales serán suficientes para derrotar en las urnas a la fórmula oficialista, lo dice todo.
martes, 2 de junio de 2009
Lo que es bueno para GM…
Si “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.” habrá que suponer que no será la última empresa en ser nacionalizada
… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.
La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.
Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.
Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.
Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.
A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?
… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.
La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.
Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.
Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.
Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.
A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?
lunes, 1 de junio de 2009
Irán, Israel y el uranio boliviano
Resulta ridículo el afán con que el gobierno pretende negar la realidad y hacer creer que Irán sólo quiere instalar procesadoras de lácteos
Hace siete meses, el 25 de octubre de 2008, en este espacio editorial, bajo el título “El litio y el uranio en el futuro nacional”, decíamos que “absorbidos como estamos por los entuertos de la política cotidiana, poco tiempo nos queda para ver más allá de nuestro limitado horizonte geográfico y coyuntural, aunque no por eso deja de ser importante el contexto económico y político internacional que influirá en nuestro futuro seguramente más que todo lo que hagamos, pensemos y digamos desde nuestro enclaustramiento mental”.
Nos referíamos, como indicaba el título, a la existencia en el territorio nacional de ricos yacimientos de litio y uranio, dos minerales cuya importancia en el mundo actual es tan grande que de ningún modo podrían pasar desapercibidos. “Muchos ojos del exterior están puestos sobre Bolivia y no sólo por el exótico espectáculo que dan nuestras disputas internas sino, y principalmente, porque independientemente de ellas hay una realidad que importa mucho a quienes se ocupan de rediseñar el futuro del planeta”.
Al abordar el tema del uranio decíamos que la trascendencia de éste es aún mayor que la del litio “pues en éste se involucran factores extra económicos, como los geopolíticos por su potencial uso bélico”. “Se sabe por fuentes externas, pues el tema es tratado con gran cautela por autoridades y técnicos del gobierno, que ya están en marcha negociaciones con empresas y países para explotar ese mineral radiactivo”, afirmábamos.
Sosteníamos, además, que tanto en el caso del litio como del uranio “las investigaciones, negociaciones y concesiones se realizan a espaldas del país, situación favorecida porque la atención general está concentrada en temas más pedestres. Grave error el que estamos cometiendo pues estos temas y la manera como se los encare serán sin duda más relevantes para el futuro nacional que las piruetas político-leguleyescas de cada día”.
En más de una ocasión nos hemos referido también a lo peligrosos que son los vínculos que nuestro país ha entablado con Irán. “Tenemos suficientes razones para no ver con desdén el rumbo que va tomando la política exterior de nuestro país. Por el contrario, hay motivos para temer que Bolivia se encamina a jugar un papel de alto riesgo en un muy complejo escenario internacional”, dijimos.
La revelación hecha durante los últimos días por los servicios de inteligencia israelíes, y inverosímil desmentido gubernamental, han confirmado lo que decíamos. Los ojos del mundo están sobre el uranio boliviano y resulta ridícula, por decir lo menos, la manera como el gobierno se empeña en hacer creer que tras la presencia iraní en nuestro país está el inocente propósito de construir plantas procesadoras de lácteos.
Hace siete meses, el 25 de octubre de 2008, en este espacio editorial, bajo el título “El litio y el uranio en el futuro nacional”, decíamos que “absorbidos como estamos por los entuertos de la política cotidiana, poco tiempo nos queda para ver más allá de nuestro limitado horizonte geográfico y coyuntural, aunque no por eso deja de ser importante el contexto económico y político internacional que influirá en nuestro futuro seguramente más que todo lo que hagamos, pensemos y digamos desde nuestro enclaustramiento mental”.
Nos referíamos, como indicaba el título, a la existencia en el territorio nacional de ricos yacimientos de litio y uranio, dos minerales cuya importancia en el mundo actual es tan grande que de ningún modo podrían pasar desapercibidos. “Muchos ojos del exterior están puestos sobre Bolivia y no sólo por el exótico espectáculo que dan nuestras disputas internas sino, y principalmente, porque independientemente de ellas hay una realidad que importa mucho a quienes se ocupan de rediseñar el futuro del planeta”.
Al abordar el tema del uranio decíamos que la trascendencia de éste es aún mayor que la del litio “pues en éste se involucran factores extra económicos, como los geopolíticos por su potencial uso bélico”. “Se sabe por fuentes externas, pues el tema es tratado con gran cautela por autoridades y técnicos del gobierno, que ya están en marcha negociaciones con empresas y países para explotar ese mineral radiactivo”, afirmábamos.
Sosteníamos, además, que tanto en el caso del litio como del uranio “las investigaciones, negociaciones y concesiones se realizan a espaldas del país, situación favorecida porque la atención general está concentrada en temas más pedestres. Grave error el que estamos cometiendo pues estos temas y la manera como se los encare serán sin duda más relevantes para el futuro nacional que las piruetas político-leguleyescas de cada día”.
En más de una ocasión nos hemos referido también a lo peligrosos que son los vínculos que nuestro país ha entablado con Irán. “Tenemos suficientes razones para no ver con desdén el rumbo que va tomando la política exterior de nuestro país. Por el contrario, hay motivos para temer que Bolivia se encamina a jugar un papel de alto riesgo en un muy complejo escenario internacional”, dijimos.
La revelación hecha durante los últimos días por los servicios de inteligencia israelíes, y inverosímil desmentido gubernamental, han confirmado lo que decíamos. Los ojos del mundo están sobre el uranio boliviano y resulta ridícula, por decir lo menos, la manera como el gobierno se empeña en hacer creer que tras la presencia iraní en nuestro país está el inocente propósito de construir plantas procesadoras de lácteos.
domingo, 31 de mayo de 2009
Sin oposición a la vista
Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece, aunque insista en recurrir al victimismo
Cuando ya son sólo seis meses y algunos días los que nos separan del día fijado para las elecciones generales, ya comienza a vislumbrarse en el horizonte un panorama muy poco alentador para el futuro de la democracia en nuestro país.
No nos referimos sólo a las dificultades que trae consigo la enorme tarea de crear un nuevo padrón biométrico, pues éste resulta un factor secundario si se lo compara con el principal que consiste en el desequilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Un desequilibrio que, al paso que vamos, tiende a consolidar en nuestro país un régimen monopartidista.
Lo que hace temer esa posibilidad es que el MAS, además de las ventajas que de por sí le da el uso y abuso del aparato estatal, ya está con todaos sus instancias orgánicas movilizadas para afrontar el reto de diciembre con o sin nuevo padrón. La oposición, en cambio, no da ninguna muestra de vida, no logra revertir el proceso de fragmentación, cuando no disolución, en que está sumida desde hace ya más de tres años y a lo único que atina es a buscar con esmero pretextos que justifiquen con anticipación su previsible fracaso.
Hasta ahora, no ha cuajado el proyecto de formación de una organización política capaz de aglutinar, alrededor de una red de liderazgos nuevos, la voluntad de amplios sectores de la ciudanía que con ansiedad esperan la aparición de quien los represente. Hay demasiados aspirantes a candidatos, pero ninguno de ellos ha logrado dotarse del respaldo orgánico indispensable para una acción política efectiva.
Ninguna de las organizaciones que espontáneamente durante los últimos surgieron para asumir la tarea de aglutinar a los sectores de la ciudadanía adversos al proyecto político oficialista ha logrado dar a luz nuevos liderazgos ni constituirse en sólida base de una opción alternativa. No han logrado hacer confluir sus esfuerzos en una estructura orgánica, y mucho menos esbozar siquiera una base doctrinaria e ideológica, un proyecto político alternativo que guíe sus actos.
Ante tan enorme vacío, los viejos partidos intentan volver a recuperar el terreno perdido. El MNR, ADN, MIR, UCS, NFR salir de sus cenizas aunque algunos de ellos ya ni personería tienen. Podemos, por su parte, ha vuelto a recurrir al mercado de siglas en desuso, esta vez la del PDC, para subsanar su condición de fantasma carente de vida propia, personería, de estructura orgánica y de seguidores.
En tales circunstancias, nadie deberá sorprenderse si el MAS vuelve a arrasar en las urnas. Y de nada servirán, si eso ocurre, las majaderías con que hasta ahora la oposición ha intentado disfrazarse de víctima atribuyendo al atribuir al fraude electoral su fracaso en las lides democráticas. Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece.
viernes, 15 de mayo de 2009
Filme de boliviano gana Festival de Cine de Derechos Humanos
La muestra internacional se efectuó entre el 4 y 10 de mayo en Sucre. Hubo dos categorías más
Tentayape, la última casa, del cochabambino Roberto Alem Rojo, resultó ganador de la categoría Mediometraje en el V Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, que entre el 4 y el 10 de este mes se efectuó en Sucre.
El jurado, compuesto por César Pérez y Rafael García Mora, de Bolivia; Adrienn Luckas, de Holanda; Anne Delstanche, de Bélgica, y Jeffrey Hodgson, de Suiza, entre otros, divulgó su veredicto en horas recientes y, sobre el filme de Alem, señala:
“El tema central ‘derecho a la identidad’ es tratado con claridad; el manejo del lenguaje visual es bueno. Con poco apoyo del comentario, son los propios actores los que muestran el mensaje con su vida. Consideramos que la película transmite valores importantes para el contexto actual del país y para el contexto mundial, por los problemas que la globalización está ocasionando”.
En la categoría Cortometraje, la ganadora fue la cinta Boomerang, del iraní Daryoush Garibzadeh, y la coproducción chileno-estadounidense El juez y el general, de los directores E. Farnsworth y Patricio Lanfranco, triunfó en el apartado de Largometraje.
Tentayape, la última casa, del cochabambino Roberto Alem Rojo, resultó ganador de la categoría Mediometraje en el V Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, que entre el 4 y el 10 de este mes se efectuó en Sucre.
El jurado, compuesto por César Pérez y Rafael García Mora, de Bolivia; Adrienn Luckas, de Holanda; Anne Delstanche, de Bélgica, y Jeffrey Hodgson, de Suiza, entre otros, divulgó su veredicto en horas recientes y, sobre el filme de Alem, señala:
“El tema central ‘derecho a la identidad’ es tratado con claridad; el manejo del lenguaje visual es bueno. Con poco apoyo del comentario, son los propios actores los que muestran el mensaje con su vida. Consideramos que la película transmite valores importantes para el contexto actual del país y para el contexto mundial, por los problemas que la globalización está ocasionando”.
En la categoría Cortometraje, la ganadora fue la cinta Boomerang, del iraní Daryoush Garibzadeh, y la coproducción chileno-estadounidense El juez y el general, de los directores E. Farnsworth y Patricio Lanfranco, triunfó en el apartado de Largometraje.
jueves, 23 de abril de 2009
Oposición violenta vs. oposición democrática
Se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos en sí mismos repudiables
Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.
Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.
Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”
También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.
Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.
Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.
Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.
Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.
Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”
También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.
Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.
Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.
miércoles, 22 de abril de 2009
La dimensión internacional del terrorismo
Los organismos internacionales no deben soslayar su obligación de intervenir en el caso boliviano
A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.
Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.
Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.
La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.
Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.
Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.
A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.
Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.
Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.
La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.
Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.
Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.
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