La candidez de los aspirantes a candidatos es el complemento perfecto de un proyecto político que se encamina hacia su consumación
Entre las muchas características del proceso político que está en plena ejecución en nuestro país desde hace algo más de tres años, hay dos que se destacan por ser las que marcan el ritmo y la profundidad con que éste se desarrolla. Una de ellas es la eficiencia con que el Movimiento al Socialismo avanza hacia la consumación de su proyecto, a pesar de sus muchos traspiés. La segunda, la inexistencia de una oposición política capaz de hacerle frente.
Entre las muchas muestras de la firmeza con que el MAS avanza hacia el logro de sus objetivos hay una que se destaca. Es la consolidación de su control sobre gran parte del territorio nacional donde ya ha dejado de regir el Estado de Derecho. La “republiqueta cuya capital es Achacachi”, que es como el Vicepresidente de la ex República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional” define esa vasta región geográfica que es el altiplano paceño, es la máxima expresión de lo dicho.
Se trata de un territorio en el que ya está plenamente vigente un régimen totalitario, donde nadie puede ejercer sus derechos ciudadanos sin ser sometido a los más brutales métodos represivos legitimados bajo el rótulo de “justicia comunitaria”.
Tan evidente es esa realidad que durante los últimos actos electorales en esa región se ensayó con pleno éxito lo que ya es un sistema monopartidista. Votaciones cercanas al cien por ciento a favor de la consigna oficialista, que más que a un fraude electoral son atribuibles a la eficiente aplicación de la coerción del “nuevo Estado”, así lo demuestran.
Para reforzar, consolidar y expandir ese modelo de organización política ya están movilizadas a lo largo y ancho del país las estructuras orgánicas del MAS y de los “movimientos sociales” que actúan como su brazo operativo. La decisión anunciada por los dirigentes de la provincia Aroma de no permitir el ingreso a “su territorio” a candidatos que no pertenezcan al MAS es sólo una muestra más, pero no la única. En el trópico cochabambino, en muchas provincias vallunas e incluso en vastas regiones del oriente boliviano está ya en plena ejecución el mismo plan.
Tal proceso, desgraciadamente, es facilitado por la inexistencia de una oposición que esté a la altura de las circunstancias. La existente, dispersa, fragmentada, desorientada, sin líderes, ni organización ni ideas claras, que todavía cree ingenuamente que la calidad del padrón electoral es el mayor de los problemas, es el complemento perfecto para la total destrucción de nuestra democracia.
La candidez con que los aspirantes a candidatos se regocijan con la ilusión de que sus imaginarias cualidades personales serán suficientes para derrotar en las urnas a la fórmula oficialista, lo dice todo.
miércoles, 3 de junio de 2009
martes, 2 de junio de 2009
Lo que es bueno para GM…
Si “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.” habrá que suponer que no será la última empresa en ser nacionalizada
… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.
La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.
Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.
Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.
Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.
A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?
… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.
La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.
Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.
Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.
Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.
A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?
lunes, 1 de junio de 2009
Irán, Israel y el uranio boliviano
Resulta ridículo el afán con que el gobierno pretende negar la realidad y hacer creer que Irán sólo quiere instalar procesadoras de lácteos
Hace siete meses, el 25 de octubre de 2008, en este espacio editorial, bajo el título “El litio y el uranio en el futuro nacional”, decíamos que “absorbidos como estamos por los entuertos de la política cotidiana, poco tiempo nos queda para ver más allá de nuestro limitado horizonte geográfico y coyuntural, aunque no por eso deja de ser importante el contexto económico y político internacional que influirá en nuestro futuro seguramente más que todo lo que hagamos, pensemos y digamos desde nuestro enclaustramiento mental”.
Nos referíamos, como indicaba el título, a la existencia en el territorio nacional de ricos yacimientos de litio y uranio, dos minerales cuya importancia en el mundo actual es tan grande que de ningún modo podrían pasar desapercibidos. “Muchos ojos del exterior están puestos sobre Bolivia y no sólo por el exótico espectáculo que dan nuestras disputas internas sino, y principalmente, porque independientemente de ellas hay una realidad que importa mucho a quienes se ocupan de rediseñar el futuro del planeta”.
Al abordar el tema del uranio decíamos que la trascendencia de éste es aún mayor que la del litio “pues en éste se involucran factores extra económicos, como los geopolíticos por su potencial uso bélico”. “Se sabe por fuentes externas, pues el tema es tratado con gran cautela por autoridades y técnicos del gobierno, que ya están en marcha negociaciones con empresas y países para explotar ese mineral radiactivo”, afirmábamos.
Sosteníamos, además, que tanto en el caso del litio como del uranio “las investigaciones, negociaciones y concesiones se realizan a espaldas del país, situación favorecida porque la atención general está concentrada en temas más pedestres. Grave error el que estamos cometiendo pues estos temas y la manera como se los encare serán sin duda más relevantes para el futuro nacional que las piruetas político-leguleyescas de cada día”.
En más de una ocasión nos hemos referido también a lo peligrosos que son los vínculos que nuestro país ha entablado con Irán. “Tenemos suficientes razones para no ver con desdén el rumbo que va tomando la política exterior de nuestro país. Por el contrario, hay motivos para temer que Bolivia se encamina a jugar un papel de alto riesgo en un muy complejo escenario internacional”, dijimos.
La revelación hecha durante los últimos días por los servicios de inteligencia israelíes, y inverosímil desmentido gubernamental, han confirmado lo que decíamos. Los ojos del mundo están sobre el uranio boliviano y resulta ridícula, por decir lo menos, la manera como el gobierno se empeña en hacer creer que tras la presencia iraní en nuestro país está el inocente propósito de construir plantas procesadoras de lácteos.
Hace siete meses, el 25 de octubre de 2008, en este espacio editorial, bajo el título “El litio y el uranio en el futuro nacional”, decíamos que “absorbidos como estamos por los entuertos de la política cotidiana, poco tiempo nos queda para ver más allá de nuestro limitado horizonte geográfico y coyuntural, aunque no por eso deja de ser importante el contexto económico y político internacional que influirá en nuestro futuro seguramente más que todo lo que hagamos, pensemos y digamos desde nuestro enclaustramiento mental”.
Nos referíamos, como indicaba el título, a la existencia en el territorio nacional de ricos yacimientos de litio y uranio, dos minerales cuya importancia en el mundo actual es tan grande que de ningún modo podrían pasar desapercibidos. “Muchos ojos del exterior están puestos sobre Bolivia y no sólo por el exótico espectáculo que dan nuestras disputas internas sino, y principalmente, porque independientemente de ellas hay una realidad que importa mucho a quienes se ocupan de rediseñar el futuro del planeta”.
Al abordar el tema del uranio decíamos que la trascendencia de éste es aún mayor que la del litio “pues en éste se involucran factores extra económicos, como los geopolíticos por su potencial uso bélico”. “Se sabe por fuentes externas, pues el tema es tratado con gran cautela por autoridades y técnicos del gobierno, que ya están en marcha negociaciones con empresas y países para explotar ese mineral radiactivo”, afirmábamos.
Sosteníamos, además, que tanto en el caso del litio como del uranio “las investigaciones, negociaciones y concesiones se realizan a espaldas del país, situación favorecida porque la atención general está concentrada en temas más pedestres. Grave error el que estamos cometiendo pues estos temas y la manera como se los encare serán sin duda más relevantes para el futuro nacional que las piruetas político-leguleyescas de cada día”.
En más de una ocasión nos hemos referido también a lo peligrosos que son los vínculos que nuestro país ha entablado con Irán. “Tenemos suficientes razones para no ver con desdén el rumbo que va tomando la política exterior de nuestro país. Por el contrario, hay motivos para temer que Bolivia se encamina a jugar un papel de alto riesgo en un muy complejo escenario internacional”, dijimos.
La revelación hecha durante los últimos días por los servicios de inteligencia israelíes, y inverosímil desmentido gubernamental, han confirmado lo que decíamos. Los ojos del mundo están sobre el uranio boliviano y resulta ridícula, por decir lo menos, la manera como el gobierno se empeña en hacer creer que tras la presencia iraní en nuestro país está el inocente propósito de construir plantas procesadoras de lácteos.
domingo, 31 de mayo de 2009
Sin oposición a la vista
Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece, aunque insista en recurrir al victimismo
Cuando ya son sólo seis meses y algunos días los que nos separan del día fijado para las elecciones generales, ya comienza a vislumbrarse en el horizonte un panorama muy poco alentador para el futuro de la democracia en nuestro país.
No nos referimos sólo a las dificultades que trae consigo la enorme tarea de crear un nuevo padrón biométrico, pues éste resulta un factor secundario si se lo compara con el principal que consiste en el desequilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Un desequilibrio que, al paso que vamos, tiende a consolidar en nuestro país un régimen monopartidista.
Lo que hace temer esa posibilidad es que el MAS, además de las ventajas que de por sí le da el uso y abuso del aparato estatal, ya está con todaos sus instancias orgánicas movilizadas para afrontar el reto de diciembre con o sin nuevo padrón. La oposición, en cambio, no da ninguna muestra de vida, no logra revertir el proceso de fragmentación, cuando no disolución, en que está sumida desde hace ya más de tres años y a lo único que atina es a buscar con esmero pretextos que justifiquen con anticipación su previsible fracaso.
Hasta ahora, no ha cuajado el proyecto de formación de una organización política capaz de aglutinar, alrededor de una red de liderazgos nuevos, la voluntad de amplios sectores de la ciudanía que con ansiedad esperan la aparición de quien los represente. Hay demasiados aspirantes a candidatos, pero ninguno de ellos ha logrado dotarse del respaldo orgánico indispensable para una acción política efectiva.
Ninguna de las organizaciones que espontáneamente durante los últimos surgieron para asumir la tarea de aglutinar a los sectores de la ciudadanía adversos al proyecto político oficialista ha logrado dar a luz nuevos liderazgos ni constituirse en sólida base de una opción alternativa. No han logrado hacer confluir sus esfuerzos en una estructura orgánica, y mucho menos esbozar siquiera una base doctrinaria e ideológica, un proyecto político alternativo que guíe sus actos.
Ante tan enorme vacío, los viejos partidos intentan volver a recuperar el terreno perdido. El MNR, ADN, MIR, UCS, NFR salir de sus cenizas aunque algunos de ellos ya ni personería tienen. Podemos, por su parte, ha vuelto a recurrir al mercado de siglas en desuso, esta vez la del PDC, para subsanar su condición de fantasma carente de vida propia, personería, de estructura orgánica y de seguidores.
En tales circunstancias, nadie deberá sorprenderse si el MAS vuelve a arrasar en las urnas. Y de nada servirán, si eso ocurre, las majaderías con que hasta ahora la oposición ha intentado disfrazarse de víctima atribuyendo al atribuir al fraude electoral su fracaso en las lides democráticas. Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece.
viernes, 15 de mayo de 2009
Filme de boliviano gana Festival de Cine de Derechos Humanos
La muestra internacional se efectuó entre el 4 y 10 de mayo en Sucre. Hubo dos categorías más
Tentayape, la última casa, del cochabambino Roberto Alem Rojo, resultó ganador de la categoría Mediometraje en el V Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, que entre el 4 y el 10 de este mes se efectuó en Sucre.
El jurado, compuesto por César Pérez y Rafael García Mora, de Bolivia; Adrienn Luckas, de Holanda; Anne Delstanche, de Bélgica, y Jeffrey Hodgson, de Suiza, entre otros, divulgó su veredicto en horas recientes y, sobre el filme de Alem, señala:
“El tema central ‘derecho a la identidad’ es tratado con claridad; el manejo del lenguaje visual es bueno. Con poco apoyo del comentario, son los propios actores los que muestran el mensaje con su vida. Consideramos que la película transmite valores importantes para el contexto actual del país y para el contexto mundial, por los problemas que la globalización está ocasionando”.
En la categoría Cortometraje, la ganadora fue la cinta Boomerang, del iraní Daryoush Garibzadeh, y la coproducción chileno-estadounidense El juez y el general, de los directores E. Farnsworth y Patricio Lanfranco, triunfó en el apartado de Largometraje.
Tentayape, la última casa, del cochabambino Roberto Alem Rojo, resultó ganador de la categoría Mediometraje en el V Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, que entre el 4 y el 10 de este mes se efectuó en Sucre.
El jurado, compuesto por César Pérez y Rafael García Mora, de Bolivia; Adrienn Luckas, de Holanda; Anne Delstanche, de Bélgica, y Jeffrey Hodgson, de Suiza, entre otros, divulgó su veredicto en horas recientes y, sobre el filme de Alem, señala:
“El tema central ‘derecho a la identidad’ es tratado con claridad; el manejo del lenguaje visual es bueno. Con poco apoyo del comentario, son los propios actores los que muestran el mensaje con su vida. Consideramos que la película transmite valores importantes para el contexto actual del país y para el contexto mundial, por los problemas que la globalización está ocasionando”.
En la categoría Cortometraje, la ganadora fue la cinta Boomerang, del iraní Daryoush Garibzadeh, y la coproducción chileno-estadounidense El juez y el general, de los directores E. Farnsworth y Patricio Lanfranco, triunfó en el apartado de Largometraje.
jueves, 23 de abril de 2009
Oposición violenta vs. oposición democrática
Se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos en sí mismos repudiables
Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.
Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.
Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”
También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.
Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.
Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.
Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.
Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.
Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”
También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.
Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.
Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.
miércoles, 22 de abril de 2009
La dimensión internacional del terrorismo
Los organismos internacionales no deben soslayar su obligación de intervenir en el caso boliviano
A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.
Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.
Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.
La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.
Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.
Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.
A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.
Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.
Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.
La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.
Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.
Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.
sábado, 11 de abril de 2009
martes, 7 de abril de 2009
Hacia una oposición democrática
El encuentro de organizaciones ciudadanas que se han propuesto sentar las bases de una oposición democrática es una buena noticia para el país
Por primera vez desde que hace algo más de tres años el Movimiento al Socialismo propinó una feroz derrota electoral a las organizaciones que intentaron constituirse en alternativas a ese proyecto político, ha comenzado a vislumbrarse en el horizonte político del país una alternativa capaz de lidiar en los diferentes escenarios propios de la democracia.
Como no podía ser de otro modo, dado el fracaso de los partidos ya existentes, la iniciativa fue tomada por representantes de una gran diversidad de agrupaciones civiles que durante los últimos años fueron surgiendo a lo largo y ancho del país.
Entre las cualidades de la iniciativa, hay una que se destaca: es que tuvieron el acierto de evitar que el proceso que se inició en el encuentro nacional que tuvo lugar en Santa Cruz se vea perturbado por las pugnas entre los muchos aspirantes a candidatos que anteponen sus propias expectativas individuales en desmedro de un plan de acción que se proyecte hacia el largo plazo y no sólo a una disputa electoral.
Que el tema de las postulaciones haya sido relegado para una etapa posterior hará sin duda más fácil la tarea de maximizar los factores aglutinantes y no dar cabida las potenciales causas de dispersión de voluntades.
Los objetivos principales propuestos para alcanzar en el futuro inmediato, como el rechazo al proyecto de Ley Electoral del oficialismo, la demanda de un nuevo padrón electoral para las elecciones de diciembre, la restitución de una Corte Nacional Electoral transparente e independiente, tienen la virtud de ser suficientemente amplios como para que con ellos se identifique gran parte de la población boliviana más allá de discrepancias secundarias.
Hay, sin embargo, algunos temas que no parecen haber recibido suficiente atención. Es que si bien es cierto que las irregularidades que se produjeron en los anteriores actos electorales contribuyeron a los resultados tan ampliamente favorables al oficialismo, no es menos cierto que eso fue posible, en no poca medida, por la inexistencia de una organización capaz de ejercer los derechos y obligaciones de control durante el proceso electoral y especialmente durante el cómputo de votos.
No se debe perder de vista que mientras en Bolivia no haya una organización política de oposición capaz de movilizar activamente a sus adherentes, no habrá ley, ni Corte Electoral, ni padrón que garantice la transparencia de las elecciones.
Construir una organización que pueda realizar esa tarea no es algo fácil. Es algo que requiere algo más que el voluntarismo de ciudadanos de buena fe. Sentar las bases de una estructura orgánica que apunte al largo plazo es pues tan o más importante que asumir actitudes defensivas.
Por primera vez desde que hace algo más de tres años el Movimiento al Socialismo propinó una feroz derrota electoral a las organizaciones que intentaron constituirse en alternativas a ese proyecto político, ha comenzado a vislumbrarse en el horizonte político del país una alternativa capaz de lidiar en los diferentes escenarios propios de la democracia.
Como no podía ser de otro modo, dado el fracaso de los partidos ya existentes, la iniciativa fue tomada por representantes de una gran diversidad de agrupaciones civiles que durante los últimos años fueron surgiendo a lo largo y ancho del país.
Entre las cualidades de la iniciativa, hay una que se destaca: es que tuvieron el acierto de evitar que el proceso que se inició en el encuentro nacional que tuvo lugar en Santa Cruz se vea perturbado por las pugnas entre los muchos aspirantes a candidatos que anteponen sus propias expectativas individuales en desmedro de un plan de acción que se proyecte hacia el largo plazo y no sólo a una disputa electoral.
Que el tema de las postulaciones haya sido relegado para una etapa posterior hará sin duda más fácil la tarea de maximizar los factores aglutinantes y no dar cabida las potenciales causas de dispersión de voluntades.
Los objetivos principales propuestos para alcanzar en el futuro inmediato, como el rechazo al proyecto de Ley Electoral del oficialismo, la demanda de un nuevo padrón electoral para las elecciones de diciembre, la restitución de una Corte Nacional Electoral transparente e independiente, tienen la virtud de ser suficientemente amplios como para que con ellos se identifique gran parte de la población boliviana más allá de discrepancias secundarias.
Hay, sin embargo, algunos temas que no parecen haber recibido suficiente atención. Es que si bien es cierto que las irregularidades que se produjeron en los anteriores actos electorales contribuyeron a los resultados tan ampliamente favorables al oficialismo, no es menos cierto que eso fue posible, en no poca medida, por la inexistencia de una organización capaz de ejercer los derechos y obligaciones de control durante el proceso electoral y especialmente durante el cómputo de votos.
No se debe perder de vista que mientras en Bolivia no haya una organización política de oposición capaz de movilizar activamente a sus adherentes, no habrá ley, ni Corte Electoral, ni padrón que garantice la transparencia de las elecciones.
Construir una organización que pueda realizar esa tarea no es algo fácil. Es algo que requiere algo más que el voluntarismo de ciudadanos de buena fe. Sentar las bases de una estructura orgánica que apunte al largo plazo es pues tan o más importante que asumir actitudes defensivas.
domingo, 5 de abril de 2009
La hora de las definiciones
Es de esperar que las diferentes iniciativas para preservar la democracia confluyan en un esfuerzo común
“Ha llegado la hora de las definiciones”, dijo hace algunos días el presidente Evo Morales, y no le faltaba razón. En efecto, tres años después de haberse iniciado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana en Bolivia, nos encontramos al borde del punto sin retorno, del punto más allá del cual la democracia puede pasar a ser sólo un episodio de la historia, del pasado de nuestro país.
La batalla final, según la concepción de los estrategas que conducen el proyecto político del MAS hacia su consumación, serán las elecciones de diciembre próximo. Y es para ganar tan decisiva confrontación de fuerzas que todos los recursos de los que dispone el oficialismo se concentran en su objetivo principal: imponer un reglamento electoral que asegure dar, a través de las urnas, el salto final hacia la consolidación de un régimen totalitario.
Para hacer frente a tan ambicioso plan no existe una oposición política que esté a la altura del desafío. La existente, representada por las múltiples fracciones a que se redujo lo que un día fue Podemos, ha dado ya y sigue dando demasiadas muestras de su ineptitud, por lo que nada serio se puede esperar de ella. Muy por el contrario, se puede temer que una vez más, como ya lo ha hecho en otros momentos decisivos, termine dándole al proyecto masista el empujón final, el que le falta para imponerse.
La otra vertiente de la oposición, la cívico-regional, cuya principal base de acción es Santa Cruz, pese a que aún no termina de reponerse de la derrota a que fue conducida en septiembre pasado por las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron, ha asumido el rol conductor de la resistencia civil contra el proyecto hegemónico del MAS.
Otra iniciativa para movilizar a la ciudadanía es la encabezada por Víctor Hugo Cárdenas y secundada por diversas agrupaciones civiles. La base de su propuesta es retirar temporalmente de la agenda de la oposición el tema de los candidatos, y concentrar fuerzas y energías en una movilización ciudadana que, lejos del efecto perturbador de las ambiciones personales, haga oír y sentir su voluntad colectiva para impedir que el totalitarismo logre derrotar a la democracia.
Siendo tan grande el desafío que se tiene al frente, es de esperar que ambas iniciativas, la originada en Santa Cruz y la encabezada por Cárdenas, confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina.
La tarea no será fácil, pues además de las acciones del oficialismo deberán enfrentar la acción disociadora de individuos que, sin tener mérito alguno, aspiran a ser candidatos sin tener más norte que su ya patológico egocentrismo.
“Ha llegado la hora de las definiciones”, dijo hace algunos días el presidente Evo Morales, y no le faltaba razón. En efecto, tres años después de haberse iniciado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana en Bolivia, nos encontramos al borde del punto sin retorno, del punto más allá del cual la democracia puede pasar a ser sólo un episodio de la historia, del pasado de nuestro país.
La batalla final, según la concepción de los estrategas que conducen el proyecto político del MAS hacia su consumación, serán las elecciones de diciembre próximo. Y es para ganar tan decisiva confrontación de fuerzas que todos los recursos de los que dispone el oficialismo se concentran en su objetivo principal: imponer un reglamento electoral que asegure dar, a través de las urnas, el salto final hacia la consolidación de un régimen totalitario.
Para hacer frente a tan ambicioso plan no existe una oposición política que esté a la altura del desafío. La existente, representada por las múltiples fracciones a que se redujo lo que un día fue Podemos, ha dado ya y sigue dando demasiadas muestras de su ineptitud, por lo que nada serio se puede esperar de ella. Muy por el contrario, se puede temer que una vez más, como ya lo ha hecho en otros momentos decisivos, termine dándole al proyecto masista el empujón final, el que le falta para imponerse.
La otra vertiente de la oposición, la cívico-regional, cuya principal base de acción es Santa Cruz, pese a que aún no termina de reponerse de la derrota a que fue conducida en septiembre pasado por las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron, ha asumido el rol conductor de la resistencia civil contra el proyecto hegemónico del MAS.
Otra iniciativa para movilizar a la ciudadanía es la encabezada por Víctor Hugo Cárdenas y secundada por diversas agrupaciones civiles. La base de su propuesta es retirar temporalmente de la agenda de la oposición el tema de los candidatos, y concentrar fuerzas y energías en una movilización ciudadana que, lejos del efecto perturbador de las ambiciones personales, haga oír y sentir su voluntad colectiva para impedir que el totalitarismo logre derrotar a la democracia.
Siendo tan grande el desafío que se tiene al frente, es de esperar que ambas iniciativas, la originada en Santa Cruz y la encabezada por Cárdenas, confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina.
La tarea no será fácil, pues además de las acciones del oficialismo deberán enfrentar la acción disociadora de individuos que, sin tener mérito alguno, aspiran a ser candidatos sin tener más norte que su ya patológico egocentrismo.
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